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La paradoja del PP en Córdoba y la erosión de la confianza en el voto útil – (De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral)

I. La lección no aprendida – (Memoria, decepción y la quiebra de la confianza).

En una reciente reunión política con electores de centro-derecha, la conversación sobre las próximas elecciones generales dejó al descubierto una realidad indiscutible:

“Nadie tiene votantes en propiedad”.

Un contertulio, votante histórico del Partido Popular, expresaba con absoluta claridad su decisión de abstenerse o respaldar a VOX en la próxima cita electoral y, sin duda, **su argumento no nacía de la radicalidad**, sino de la desesperanza y del peso de la memoria.

En las urnas pesan la cabeza y el corazón, pero sobre todo cuentan las expectativas y los precedentes, y, es un hecho patente e indiscutible que el electorado de centro-derecha arrastra aún la amarga sensación de la etapa de Mariano Rajoy:

**La experiencia de haber otorgado una holgada mayoría absoluta para comprobar cómo las convicciones y las promesas estructurales se quedaron en la puerta del Consejo de Ministros**.

Hoy, el PP de Alberto Núñez Feijóo se enfrenta exactamente al mismo fantasma. La premisa del electorado que busca un cambio de Gobierno es cristalina: “Quieren sustituir a Pedro Sánchez, pero exigiendo garantías absolutas de lo que ocurrirá al día siguiente”.

Y en ese escenario, cuando el principal partido de la oposición demuestra temor al “qué dirá la izquierda”, el voto que se percibía como “útil” se convierte, a ojos de miles de ciudadanos, en un cheque en blanco sin garantías.

II. Córdoba como síntoma – (El «Contrato con España» roto por la vía de los hechos).

Alberto Núñez Feijóo presentó el «Contrato con España» bajo el compromiso solemne de cuatro pilares: **decir la verdad, **respetar la ley, **hacer que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.

Prometió una acción política orientada a los hechos y no a la pirotecnia verbal.

Sin embargo, el valor de la palabra dada en los atriles de la capital debe revalidarse en los presupuestos y en los boletines oficiales de las instituciones territoriales, y, concretamente, en la Diputación Provincial de Córdoba, *ese contrato no solo se ha transgredido*, **sino que se ha roto formalmente por la vía de los hechos bajo la presidencia de Salvador Fuentes Lopera*.

*** Asistimos a una inaceptable doble contabilidad política:

<-La contabilidad para Génova: Discurso de austeridad, rigor fiscal, batalla ideológica y fiscalización al Gobierno central.

<-La contabilidad para Córdoba: Capitulaciones presupuestarias, concesión de la agenda ideológica y pragmatismo de conveniencia.

Para lograr la abstención de Izquierda Unida en los Presupuestos de 2026, la gestión provincial ha asumido y financiado las prioridades del adversario ideológico: “Partidas de memoria democrática y apertura de fosas dotada con 400.000 euros, un aumento desproporcionado del gasto corriente y la subida de tasas al ciudadano, a lo que se suma la cobertura económica, mediante transferencias a fondo perdido y sin la debida auditoría de eficiencia, a empresas públicas provinciales con déficit estructural como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras).

El pacto técnico para una infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano, pero el pacto que financia el relato ajeno y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato electoral es, sencillamente, capitulación inadmisible.

III. El premio electoral a la incoherencia y la trampa del falso pragmatismo.

Lo que hasta ayer era una seria advertencia de incoherencia local se ha convertido en una sangrante provocación electoral, pues *la confirmación de Salvador Fuentes Lopera como cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba transforma el distanciamiento ideológico en un premio político en toda regla*.

Frente a esta deriva, la dirección nacional del Partido Popular ha optado por un silencio positivo que roza la complicidad orgánica, de forma, que en lugar de exigir disciplina programática y fiscalizar los acuerdos en las corporaciones provinciales, Génova convalida la maniobra elevando al máximo responsable de esta gestión a la Cámara Alta.

**La pregunta que se formula el electorado ante esta designación es inevitable:

¿Con qué avales se premia institucionalmente en la lista al Senado a quien ha ejercido como rompedor directo del modelo de buen gobierno y austeridad que se promete a nivel nacional?

IV. Conclusión – (Principios frente a siglas).

Si el «Contrato con España» no obliga a quienes gobiernan bajo sus siglas en las provincias ni condiciona la confección de las listas electorales, las promesas de regeneración quedan reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.

Un contrato que no vincula a sus propios gestores no es un contrato: “Es un eslogan de campaña”.

La designación del presidente de la Diputación como número uno al Senado abre una brecha de credibilidad que explica por sí sola la reconfiguración del mapa del centro-derecha, de manera, que por ello, quienes hoy contemplan mover su voto hacia VOX o hacia la abstención exigente no actúan a la ligera: *Buscan una salvaguarda moral y de gestión*.

Para que el voto útil no vuelva a ser un cheque en blanco, el electorado no debe conformarse con promesas de atril, sino que debe exigir tres garantías inmediatas ante la cita electoral del 29N:

1.- Rectificación programática expresa: Compromiso público de no financiar con fondos provinciales agendas ideológicas ajenas ni partidas de memoria instrumentalizadas para obtener paz presupuestaria.

2.- Auditorías externas de gestión: Fiscalización independiente inmediata de las empresas públicas provinciales (EMPROACSA y EPREMASA) antes de acometer nuevos aumentos de tasas o transferencias de saneamiento a fondo perdido.

3.- Vinculación real entre discurso y listas: Que el cumplimiento de los principios de austeridad, verdad y transparencia sea condición sine qua non para representar a la provincia en las Cortes Generales.

La verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada subvención, en cada tasa y en cada presupuesto provincial, de forma, *que cuando las siglas se sitúan por encima de las convicciones y premian la incoherencia, **el electorado tiene toda la legitimidad para exigir garantías absolutas o buscar respuestas en quien verdaderamente asegure la firmeza del cambio**.

N.B. Imagen.  La paradoja del PP en Córdoba y la erosión de la confianza en el voto útil – ((De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral).

(Nota. Las consecuencias: El P.P. se mantiene sin crecer, VOX crece con fuerza y el PSOE se refuerza.)

Córdoba, 27 de octubre de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El tripartito de la inactividad – (La Colada y el arte de no resolver nada)

Si uno visita hoy el embalse de La Colada, en el norte de nuestra provincia, se encuentra con una estampa que sintetiza a la perfección el fracaso de lo público:

“Un embalse donde está tajantemente prohibido el baño por la presencia de cianobacterias tóxicas”.

Un mar de agua inutilizable en mitad de comarcas (Los Pedroches y el Alto Guadiato) que engloban a más de 80.000 habitantes.

Tras años de parches, camiones cisterna y titulares grandilocuentes, la realidad es tozuda:

“Ninguna de las tres administraciones implicadas tiene un interés real en resolver el problema de raíz”.

Se ha instalado un cómodo juego de culpas cruzadas donde el Estado, la Autonomía y la Diputación se señalan en círculo, mientras los ciudadanos pagan la factura, consumen agua sometida a tratamientos químicos agresivos y, para colmo, soportan la narrativa implícita de ser los únicos culpables de la situación.

1.- El tablero del escaqueo – (Tres administraciones, cero soluciones).

Para entender por qué La Colada sigue siendo un ecosistema degradado, basta con observar la trampa del reparto de competencias. Un escenario idóneo donde todos tienen excusas y nadie asume la carga:

<-El Gobierno Central / CHG (MITECO) – (La trinchera burocrática).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha optado por el rigorismo administrativo para congelar la concesión definitiva de agua y el uso de la torre de toma fija. Alega «redundancia técnica» con las tomas flotantes provisionales.

Sin embargo, paralizar la infraestructura definitiva aboca a la potabilizadora a captar el agua de peor calidad de la superficie (plagada de algas) y deja al norte de Córdoba en una vulnerabilidad jurídica permanente.

<-La Junta de Andalucía – (La rendición de antemano).

Escudándose en que la titularidad del embalse es estatal, la administración autonómica ha actuado con pasividad en el origen de la contaminación. La Junta posee competencias exclusivas en materia medioambiental y ordenación del territorio que apenas ha explotado:

“No ha apretado el acelerador en las inspecciones sobre vertidos ganaderos o purines, ha sido tibia en la delimitación de Zonas Vulnerables a Nitratos y arrastra un retraso histórico en la ejecución completa de las depuradoras (EDAR) que vierten a la cuenca”.

<-La Diputación de Córdoba – (Emproacsa) – (Trinchera vs. conflicto).

Centrada casi de forma exclusiva en la batalla judicial y política contra la CHG para vender el relato del «agravio comparativo», la corporación provincial ha volcado sus esfuerzos en el final del tubo, concretamente, “gastar ingentes recursos en potabilizar agua hiper-contaminada mediante química avanzada, en lugar de liderar soluciones transversales de su competencia, como planes preventivos de biorremediación o el impulso de infraestructuras públicas para la valorización de residuos ganaderos”.

       [ CHG / MITECO ]

   “Falta control de vertidos” ↙  ↖ “Deniega concesiones”

                            ↓      ↑

[ JUNTA DE ANDALUCÍA ] ⇄ [ DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ]

   “Sin competencias en DPH”    “Guerra judicial como pancarta”

                            │

                            ▼

               [ CIUDADANOS Y GANADEROS ]

             (Abandonados, culpables y paganos)

2.- Limpiar el agua al final del tubo – (Ineficiencia económica y técnica).

Desde un punto de vista técnico y jurídico, la estrategia adoptada es insostenible. En lugar de actuar en el vaso del embalse o en la disciplina ambiental de la cuenca, las administraciones han optado por el parche tecnológico reactivo.

*Tratar un agua profundamente eutrofizada mediante oxidación avanzada y químicos en la ETAP no es una solución ambiental, sino que es una costosa medida de contención*.

Desde el prisma del Derecho Administrativo y la gestión pública, abordar este problema exigía una actuación preventiva. Cuando un litigio acaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la denegación de una concesión o la impugnación de expedientes periciales, el ciudadano ya ha perdido.

Las batallas sobre la presunción de veracidad de los informes de parte de la Administración o sobre los vicios en la medición de la calidad del agua solo sirven para dilatar en los juzgados lo que debió resolverse con voluntad política e inversión estructural.

3.- El ciudadano – (Abandonado, culpable y pagano).

La consecuencia final de esta parálisis institucional es una triple condena para los vecinos del norte de Córdoba:

1.- Abandonados: Sin garantías jurídicas a largo plazo de suministro hídrico de máxima calidad y con un recurso natural restringido (con prohibición explícita de uso recreativo o baño).

2.- Paganos: Soportando el coste financiero de tratamientos de potabilización hiper-complejos y procesos judiciales eternos financiado con dinero público.

3.- Culpables: Sometidos a una narrativa donde se responsabiliza genéricamente al sector primario o al consumo local, mientras las instituciones encargadas de velar por el Dominio Público Hidráulico y el Medio Ambiente miran hacia otro lado.

<<Conclusión – (Se necesita política de Estado, no parches).>>

El problema de La Colada no se va a resolver en un tribunal de lo contencioso-administrativo ni con notas de prensa cruzadas. Requiere la activación inmediata de un Plan Integral de Restauración de la Cuenca, que combine la disciplina ambiental efectiva de la Junta, la flexibilidad concesional de la CHG y la inversión en gestión de residuos e infraestructuras preventivas de la Diputación.

Mientras continúen atrincheradas en sus respectivas competencias para no asumir el coste político y económico de la solución de raíz, las tres administraciones seguirán siendo cómplices de un mismo resultado:

<-el abandono de más de 80.000 ciudadanos->.

N.B. Imagen. La Colada un conflicto que nadie quiere resolver y como siempre los culpables son los ciudadanos.

En el cruce de acusaciones estéril, el perjudicado directo es el ciudadano y el tejido productivo del norte de Córdoba. Las tres Administraciones tienen cuota de responsabilidad: *la CHG por rigidez burocrática y falta de inversión estructural, *la Junta por tibia en la disciplina ambiental sobre el terreno, y *la Diputación por preferir el enfrentamiento competencial al desarrollo de soluciones transversales de su competencia.

Córdoba, 25 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Diputación de Córdoba (El continuismo que nadie prometió y el viaje a la Luna del PP)

Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.

<<Anatomía de la promesa incumplida>>

Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.

Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.

<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>

La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:

<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.

<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.

El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.

<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>

¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?

La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.

Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.

<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>

Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.

Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.

<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>

El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.

Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.

N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.

Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.

De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.

Córdoba, 25 de diciembre de 2025.

Por: Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).


Una historia de fantasmas – Administración Paralela (Nadie sabe dónde está y para qué)

Según la RAE, un fantasma es “todo aquello que es inexistente o falso”. En España, la administración paralela está formada por miles de entes públicos cuya existencia, actividad o sentido económico y social son opacos o desconocidos.

*Administración General del Estado

Existen más de 500 entes públicos dependientes de ministerios, con presupuestos propios y autonomía para contratar sin procesos transparentes. Según la Intervención General del Estado, hay 215 entes instrumentales, más de 200 empresas y 35 fundaciones, sumando unos 450 entes, además de 43 sin adscripción clara. Aproximadamente el 15% (68 entes) se consideran “fantasmas” por su falta de control y transparencia, según el Tribunal de Cuentas.

*Comunidades Autónomas.

En julio de 2025, se registran 1.772 entes autonómicos (organismos, agencias, fundaciones y consorcios) con escaso control parlamentario, calificados como una “red de gasto opaco” por especialistas.

*Administración Local.

Se estiman 17.170 organismos locales, de los cuales 4.191 son entes dependientes. Al menos 1.239 (30%) carecen de adscripción clara, siendo considerados “fantasmas”. De estos, 675 son asociaciones, 414 fundaciones, 83 sociedades, 66 consorcios y 1 comunidad de usuarios.

*Andalucía.

En 2023, Andalucía tenía 1.794 entes autonómicos, incluyendo agencias, empresas, fundaciones y consorcios. De estos, 69 fundaciones se consideran opacas o inactivas, con alertas de mala gestión en organismos como IDEA o el Consorcio de Transportes de Sevilla. La falta de fiscalización y transparencia persiste en decenas de entidades.

*Conclusión.

Cientos de entidades públicas en España operan sin supervisión clara, especialmente 1.200 – 1.240 entes locales, 1.772 autonómicos y unos 68 estatales “fantasmas”. Este fenómeno pone de manifiesto y evidencia una administración paralela con déficits de control y transparencia, cuya existencia y propósito son cuestionables.

N.B.  Nadie sabe dónde están y para qué sirven.

Lo único cierto es que los fantasmas existen en la Administración Pública de España y en todos sus niveles.

Córdoba, 7 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público  realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado  a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.B. Todo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular “de que el dinero público no es de nadie”.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es “UNA INFORMACIÓN VERAZ”.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.