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La Diputación de Córdoba (El continuismo que nadie prometió y el viaje a la Luna del PP)

Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.

<<Anatomía de la promesa incumplida>>

Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.

Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.

<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>

La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:

<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.

<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.

El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.

<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>

¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?

La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.

Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.

<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>

Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.

Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.

<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>

El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.

Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.

N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.

Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.

De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.

Córdoba, 25 de diciembre de 2025.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

Una historia de fantasmas – Administración Paralela (Nadie sabe dónde está y para qué)

Según la RAE, un fantasma es “todo aquello que es inexistente o falso”. En España, la administración paralela está formada por miles de entes públicos cuya existencia, actividad o sentido económico y social son opacos o desconocidos.

*Administración General del Estado

Existen más de 500 entes públicos dependientes de ministerios, con presupuestos propios y autonomía para contratar sin procesos transparentes. Según la Intervención General del Estado, hay 215 entes instrumentales, más de 200 empresas y 35 fundaciones, sumando unos 450 entes, además de 43 sin adscripción clara. Aproximadamente el 15% (68 entes) se consideran “fantasmas” por su falta de control y transparencia, según el Tribunal de Cuentas.

*Comunidades Autónomas.

En julio de 2025, se registran 1.772 entes autonómicos (organismos, agencias, fundaciones y consorcios) con escaso control parlamentario, calificados como una “red de gasto opaco” por especialistas.

*Administración Local.

Se estiman 17.170 organismos locales, de los cuales 4.191 son entes dependientes. Al menos 1.239 (30%) carecen de adscripción clara, siendo considerados “fantasmas”. De estos, 675 son asociaciones, 414 fundaciones, 83 sociedades, 66 consorcios y 1 comunidad de usuarios.

*Andalucía.

En 2023, Andalucía tenía 1.794 entes autonómicos, incluyendo agencias, empresas, fundaciones y consorcios. De estos, 69 fundaciones se consideran opacas o inactivas, con alertas de mala gestión en organismos como IDEA o el Consorcio de Transportes de Sevilla. La falta de fiscalización y transparencia persiste en decenas de entidades.

*Conclusión.

Cientos de entidades públicas en España operan sin supervisión clara, especialmente 1.200 – 1.240 entes locales, 1.772 autonómicos y unos 68 estatales “fantasmas”. Este fenómeno pone de manifiesto y evidencia una administración paralela con déficits de control y transparencia, cuya existencia y propósito son cuestionables.

N.B. Nadie sabe dónde están y para qué sirven.

Lo único cierto es que los fantasmas existen en la Administración Pública de España y en todos sus niveles.

Córdoba, 7 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1. Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.B. Todo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular “de que el dinero público no es de nadie”.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es “UNA INFORMACIÓN VERAZ”.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Por encima de la Ley (impunidad y desigualdad)

Ahora que solo se habla de lawfare judicial, leo, que la Secretaria General del P. P. Srñª. Gamarra ha dicho públicamente, “que los políticos no están por encima de la ley”, lo que, siendo cierto, solo es una media verdad, ya que, según la Constitución Española de 1978, hasta hora vigente, lo que dice <<es que nadie está por encima de la Ley> (ver art.9. C. E.), salvo lo que establece el art. 56.3 de la misma, al decir que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad”.

Entiendo, que lo dicho significa, que cualquier ciudadano español puede ser llamado a declarar por el Congreso y el Senado de acuerdo con la ley. Dejando claro, *primero, que las Cámaras mencionadas deben justificar suficientemente el ¿por qué? de su citación para que el ciudadano en cuestión pueda ejercer su derecho a comparecer o no, y/o, -bien declarar o no-, y, *segundo, que todos los diputados y senadores, para que no lo olviden, también, están sometidos a la Ley (C. E.).

El Estado Social y Democrático Constitucional (art. 1. C. E.) impone el sometimiento y cumplimiento de la ley, y, el principio por el que todas las personas, instituciones y entidades, incluido el Estado, están sometidas a leyes, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, leyes que deben ser compatibles con las normas y principios internacionales de derechos humanos.

El Estado de Derecho garantiza la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación social en la toma de decisiones y la legalidad sin arbitrariedad.

N.B. La C. E. de 1978 deja muy claro que “todos los españoles sin exclusión son iguales ante la ley”, de forma, que por encima de la Ley solo hay impunidad y desigualdad.

Córdoba, a 2 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.