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El arte de premiar la incoherencia – (El P. P. de Córdoba rompe el Contrato con España)

Un análisis crítico sobre los riesgos de la desconexión entre los dirigentes y las bases del centro-derecha.

La reciente configuración de las candidaturas electorales de cara a la próxima cita con las urnas ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores contradicciones de la política del P. P. en el día a día:

“El abismo insondable que separa los grandes discursos sobre la decencia, el rigor y la regeneración democrática de la cruda realidad del tacticismo orgánico en los territorios, aceptando políticas de la izquierda radical en aras de la paz de los sillones”.

Cuando figuras preeminentes del partido como Cayetana Álvarez de Toledo reivindican con firmeza la centralidad de los principios, la honradez intelectual y la lealtad sin fisuras al votante del centro-derecha, el contraste con decisiones concretas en provincias como Córdoba resulta no ya chocante, *sino políticamente desconcertante*. La designación de Salvador Fuentes Lopera -presidente de la Diputación Provincial de Córdoba- como cabeza de lista del Partido Popular al Senado evidencia una peligrosa disonancia cognitiva en las estructuras del partido.

Analizamos las razones que explican por qué este tipo de decisiones desacreditan el discurso nacional, erosionan el valor del voto útil y reflejan una preocupante ceguera estratégica en un momento en que las encuestas muestran un desgaste progresivo del bloque central de la oposición.

1.- La fractura de los dos mundos – (Principios en Madrid, pragmatismo de trinchera en Córdoba).

***Existe una fractura insalvable entre dos formas de entender la política en el seno del Partido Popular:

*El plano discursivo (Madrid): Aboga por la regeneración institucional, la ejemplaridad, la reducción del gasto superfluo y la batalla ideológica sin complejos contra los postulados de la izquierda.

*El plano fáctico (Córdoba): Se sustenta en el más puro pragmatismo de supervivencia, donde la “paz de despacho“ se compra asumiendo e incluso financiando el relato del adversario (como lo atestiguan las partidas presupuestarias provinciales destinadas a memoria democrática, apertura de fosas, a la falta de auditorías en entes públicos deficitarios, etc. etc. ).

Permitir que quien ha vulnerado los compromisos básicos de austeridad y aplicación de los principios ideológicos básicos del partido salte premiado a la Cámara Alta genera una crisis de confianza inmediata en el electorado tradicional.

Se produce un mensaje contradictorio: “Se exige al ciudadano un esfuerzo de fe en un “Contrato con España” que los propios dirigentes provinciales incumplen de manera sistemática”.

2.- La trampa de la prepotencia orgánica – (El error de blindar la gestión local).

¿Cómo es posible que el aparato del partido no advierta la torpeza de esta decisión?

**La respuesta suele hallarse en los vicios tradicionales de las estructuras orgánicas provinciales y nacionales:

*El peso de la maquinaria interna frente al mérito ideológico: En muchas ocasiones, las listas electorales se confeccionan atendiendo a equilibrios de poder interno, cuotas de aparato y apaciguamiento de baronías territoriales, olvidando por completo el estado de ánimo y la sensibilidad del votante de a pie.

*La desconexión con el pulso de la calle: El votante de centro-derecha actual está hiperinformado, es exigente y no concede cheques en blanco. *Asumir que unas siglas bastan para retener la fidelidad electoral es una muestra de soberbia política*.

**Premiar con un puesto de salida al Senado a un gestor cuya labor ha estado jalonada por concesiones ideológicas a la izquierda es interpretar de manera errónea el mandato de cambio que demanda la sociedad**.

3.- El coste electoral – (Retroceso en intención de voto y fuga hacia la abstención o VOX).

Los datos demoscópicos recientes señalan un enfriamiento o retroceso leve pero constante en la intención de voto global del Partido Popular, atrapado muchas veces entre la necesidad de ensanchar su base moderada y el temor a perder perfiles ideológicos más firmes.

<-Casos como el de Córdoba actúan como un acelerador de este desgaste:

1.- Desactivación del entusiasmo: El votante desencantado no suele acudir a las urnas con ilusión, de forma, que opta por la abstención reflexiva o busca refugio en formaciones como VOX, a las que percibe como una salvaguarda más firme frente a la “melancolía” de los acuerdos de despacho.

2.- Devaluación de la marca: Cuando el votante comprueba que el rigor fiscal y la batalla cultural se quedan en meras herramientas dialécticas para los mítines, la credibilidad de la alternativa de gobierno se desploma.

Conclusión – (La urgente necesidad de alinear la teoría con la práctica).

La política no solo debe ser honesta, sino parecerlo en cada rincón donde se gestione el dinero público. Que Salvador Fuentes no haya dimitido –ni haya sido apartado por la dirección nacional ante la evidente contradicción de su gestión– *demuestra que una parte de las cúpulas sigue sin entender que los ciudadanos ya no votan por inercia*.

Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida y creíble para liderar el cambio en España, el primer paso inexcusable pasa por exigir coherencia interna. *Un partido que premia la incoherencia territorial está, irremediablemente, cavando el foso de su propia debilidad electoral*.

**La decencia de la que habla Álvarez de Toledo en Madrid no puede ser una excepción parlamentaria, sino la norma imperativa que rija desde el último ayuntamiento hasta el Consejo de Ministros**.

N. B. Imagen. Los riesgos de la desconexión entre los dirigentes y las bases del centro-derecha.

(Nota. Feijoó presenta su candidatura en Madrid con Cayetana Álvarez de Toledo y la Presidenta Ayuso, y, en Córdoba encabeza la lista al Senado Salvador Fuentes. Es un abismo abisal.

Las consecuencias: El P.P. se mantiene a duras penas sin crecer, VOX crece con fuerza y el PSOE asoma la cabeza y se refuerza.)

Córdoba, 29 de octubre de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El tripartito de la inactividad – (La Colada y el arte de no resolver nada)

Si uno visita hoy el embalse de La Colada, en el norte de nuestra provincia, se encuentra con una estampa que sintetiza a la perfección el fracaso de lo público:

“Un embalse donde está tajantemente prohibido el baño por la presencia de cianobacterias tóxicas”.

Un mar de agua inutilizable en mitad de comarcas (Los Pedroches y el Alto Guadiato) que engloban a más de 80.000 habitantes.

Tras años de parches, camiones cisterna y titulares grandilocuentes, la realidad es tozuda:

“Ninguna de las tres administraciones implicadas tiene un interés real en resolver el problema de raíz”.

Se ha instalado un cómodo juego de culpas cruzadas donde el Estado, la Autonomía y la Diputación se señalan en círculo, mientras los ciudadanos pagan la factura, consumen agua sometida a tratamientos químicos agresivos y, para colmo, soportan la narrativa implícita de ser los únicos culpables de la situación.

1.- El tablero del escaqueo – (Tres administraciones, cero soluciones).

Para entender por qué La Colada sigue siendo un ecosistema degradado, basta con observar la trampa del reparto de competencias. Un escenario idóneo donde todos tienen excusas y nadie asume la carga:

<-El Gobierno Central / CHG (MITECO) – (La trinchera burocrática).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha optado por el rigorismo administrativo para congelar la concesión definitiva de agua y el uso de la torre de toma fija. Alega «redundancia técnica» con las tomas flotantes provisionales.

Sin embargo, paralizar la infraestructura definitiva aboca a la potabilizadora a captar el agua de peor calidad de la superficie (plagada de algas) y deja al norte de Córdoba en una vulnerabilidad jurídica permanente.

<-La Junta de Andalucía – (La rendición de antemano).

Escudándose en que la titularidad del embalse es estatal, la administración autonómica ha actuado con pasividad en el origen de la contaminación. La Junta posee competencias exclusivas en materia medioambiental y ordenación del territorio que apenas ha explotado:

“No ha apretado el acelerador en las inspecciones sobre vertidos ganaderos o purines, ha sido tibia en la delimitación de Zonas Vulnerables a Nitratos y arrastra un retraso histórico en la ejecución completa de las depuradoras (EDAR) que vierten a la cuenca”.

<-La Diputación de Córdoba – (Emproacsa) – (Trinchera vs. conflicto).

Centrada casi de forma exclusiva en la batalla judicial y política contra la CHG para vender el relato del «agravio comparativo», la corporación provincial ha volcado sus esfuerzos en el final del tubo, concretamente, “gastar ingentes recursos en potabilizar agua hiper-contaminada mediante química avanzada, en lugar de liderar soluciones transversales de su competencia, como planes preventivos de biorremediación o el impulso de infraestructuras públicas para la valorización de residuos ganaderos”.

       [ CHG / MITECO ]

   “Falta control de vertidos” ↙  ↖ “Deniega concesiones”

                            ↓      ↑

[ JUNTA DE ANDALUCÍA ] ⇄ [ DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ]

   “Sin competencias en DPH”    “Guerra judicial como pancarta”

                            │

                            ▼

               [ CIUDADANOS Y GANADEROS ]

             (Abandonados, culpables y paganos)

2.- Limpiar el agua al final del tubo – (Ineficiencia económica y técnica).

Desde un punto de vista técnico y jurídico, la estrategia adoptada es insostenible. En lugar de actuar en el vaso del embalse o en la disciplina ambiental de la cuenca, las administraciones han optado por el parche tecnológico reactivo.

*Tratar un agua profundamente eutrofizada mediante oxidación avanzada y químicos en la ETAP no es una solución ambiental, sino que es una costosa medida de contención*.

Desde el prisma del Derecho Administrativo y la gestión pública, abordar este problema exigía una actuación preventiva. Cuando un litigio acaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la denegación de una concesión o la impugnación de expedientes periciales, el ciudadano ya ha perdido.

Las batallas sobre la presunción de veracidad de los informes de parte de la Administración o sobre los vicios en la medición de la calidad del agua solo sirven para dilatar en los juzgados lo que debió resolverse con voluntad política e inversión estructural.

3.- El ciudadano – (Abandonado, culpable y pagano).

La consecuencia final de esta parálisis institucional es una triple condena para los vecinos del norte de Córdoba:

1.- Abandonados: Sin garantías jurídicas a largo plazo de suministro hídrico de máxima calidad y con un recurso natural restringido (con prohibición explícita de uso recreativo o baño).

2.- Paganos: Soportando el coste financiero de tratamientos de potabilización hiper-complejos y procesos judiciales eternos financiado con dinero público.

3.- Culpables: Sometidos a una narrativa donde se responsabiliza genéricamente al sector primario o al consumo local, mientras las instituciones encargadas de velar por el Dominio Público Hidráulico y el Medio Ambiente miran hacia otro lado.

<<Conclusión – (Se necesita política de Estado, no parches).>>

El problema de La Colada no se va a resolver en un tribunal de lo contencioso-administrativo ni con notas de prensa cruzadas. Requiere la activación inmediata de un Plan Integral de Restauración de la Cuenca, que combine la disciplina ambiental efectiva de la Junta, la flexibilidad concesional de la CHG y la inversión en gestión de residuos e infraestructuras preventivas de la Diputación.

Mientras continúen atrincheradas en sus respectivas competencias para no asumir el coste político y económico de la solución de raíz, las tres administraciones seguirán siendo cómplices de un mismo resultado:

<-el abandono de más de 80.000 ciudadanos->.

N.B. Imagen. La Colada un conflicto que nadie quiere resolver y como siempre los culpables son los ciudadanos.

En el cruce de acusaciones estéril, el perjudicado directo es el ciudadano y el tejido productivo del norte de Córdoba. Las tres Administraciones tienen cuota de responsabilidad: *la CHG por rigidez burocrática y falta de inversión estructural, *la Junta por tibia en la disciplina ambiental sobre el terreno, y *la Diputación por preferir el enfrentamiento competencial al desarrollo de soluciones transversales de su competencia.

Córdoba, 25 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.