Explico a mis nietos preguntones, Gonzalo y Ángela, como está el gasto público y con la esperanza de que es posible una solución en beneficio de todos.
Primera Imagen. La realidad.
Segunda Imagen. Presión Fiscal y Despilfarro.
Tercera Imagen – El Sumidero. Un pozo sin fondo.
Cuarta Imagen – El Cambio. Construyendo y reestructurando el Sistema.
Quinta Imagen – La Solución.
Una sociedad próspera y equilibrada, libre de cargas burocráticas innecesarias y con una gestión transparente y responsable de los recursos de todos.
N.B. Explicando a mis nietos Gonzalo y Ángela el gasto público y como llegar a una sociedad transparente y próspera en beneficio de los ciudadanos
Córdoba, 25 de marzo de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
Un grupo de cordobeses me escribe diciendo: “La bolsa de la compra cuesta más y pesa menos”, y, tienen razón, ya que, los datos oficiales sitúan la inflación nacional en el 2,3 % (febrero 2026), pero cualquier familia que compre huevos, frutas, verduras o aceite sabe que la realidad es otra. La inflación subyacente ya escala al 2,7 % y, en la cesta básica cordobesa, los alimentos superan el 3 % interanual (datos locales confirmados). La reduflación (mismo precio, menos producto) y el encarecimiento de hostelería (+5 % aproximado en servicios) completan el cuadro.
El índice general actúa hoy como una celosía digital, ocultando la erosión real del poder adquisitivo, aunque ya no vale solo denunciarlo, sino que ha llegado el momento de piratear el sistema.
<<Espejismo oficial vs. Radiografía real (enero-febrero 2026)>>
Categoría
Variación oficial aproximada
Impacto real en Córdoba
Alimentación
+3,0–3,4 %
Recorte directo en el plato diario
Hostelería y restauración
+4,5–5,5 %
Ocio y turismo local castigados
IPC general nacional
+2,3 %
Maquillado por electricidad (-18 % mensual)
IPC subyacente
+2,7 %
Inflación “incrustada” y estructural
(Fuente: INE indicador adelantado febrero 2026 + desgloses Andalucía. Nota: “Los datos provinciales detallados por grupos se publican con retardo, y, la percepción ciudadana coincide con la subyacente”.
<<Una sospecha y una solución tecnológica>>
La inflación acumulada desde 2021 supera el 23 % en términos reales para la clase media trabajadora, que no es “temporal”, sino que es estructural, sin embargo, repetir “gasto público desbocado” sin más ya no basta, hay que ir a un verdadero salto crítico, pasando de la queja a la creación de datos.
**Innovación 1: IPC Ciudadano. Imagina un software de código abierto (impulsado por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba) donde cada cordobés escanea su ticket de compra con el móvil, y, a través de la IA se agregan miles de cestas anónimas en tiempo real, ponderadas por ingresos reales (no por la cesta media del INE).
*Resultado: “Un índice diario, transparente y geolocalizado”. Córdoba podría ser la primera provincia española con un “tablero de inflación” público y verificable por un libro de contabilidad digital compartido, y, adiós al “maquillaje metodológico”.
**Innovación 2: Cadena de suministro trazable con libro de contabilidad digital compartido e inmutable. Por ej. los olivares, huertas y ganadería de Córdoba pueden transformar el activo en un nuevo instrumento digital con propiedades adicionales su producción, de manera, que cada litro de aceite o kilo de tomate llevaría un QR que muestre coste real de energía, transporte y margen, y, así, el consumidor sabría exactamente dónde se genera la inflación (sequía, fertilizantes o intermediarios) y premiaría con su compra a los productores locales eficientes.
(Nota. Lo peor de todo es no moverse esperando que alguien venga a arreglar el problema.)
<<Amenazas globales vs. escudos cordobeses>>
1.- Tensiones arancelarias con EE.UU. y posible bloqueo en Ormuz → riesgo energético.
*Solución aplicable: Córdoba tiene sol y viento de sobra. Proyecto “Hidrógeno Verde Córdoba” (piloto en los terrenos de la antigua central térmica de Puente Nuevo) + almacenamiento en baterías de segunda vida.
*Objetivo: Cubrir el 40 % de la demanda provincial de electricidad en un tiempo razona sin depender del crudo.
2.- Inflación alimentaria crónica.
*Solución: Crear una red de “granjas verticales modulares” en polígonos industriales y azoteas de Córdoba capital y pueblos. (Ej. IA + hidroponía + drones de riego reducirían un 30 % el coste de frutas y verduras frescas y eliminarían la dependencia de importaciones climáticamente vulnerables). (Nota. Por el mundo se están transformando desiertos y lugares inhóspitos en centros de cultivo.)
<<Asfixia fiscal vs. productividad inteligente>>
Es un hecho probado, que la combinación precios altos + impuestos elevados erosiona el ahorro, de forma, que hay que cambiar el sistema de subsidios perpetuos, así que, se propone un giro radical:
<-Deducción fiscal para empresas cordobesas que inviertan en tecnología agrícola y energía verde.
<-“Cheque productividad” personal: “Cada trabajador que complete formación gratuita en IA o contabilidad digital recibirá un crédito fiscal directo de 500 a 800 € anuales”.
<-Contención inteligente del gasto público: “Aplicar la IA para auditar en tiempo real duplicidades y fraudes”.
<<Conclusión – (Fragilidad vs. resiliencia generacional>>
El crecimiento económico que se pregona oficialmente es algo artificial si la clase media sigue empobrecida, y, Córdoba tiene ahora una oportunidad histórica única, concretamente, <<ser la primera provincia española que pasa de “víctima de la inflación” a -laboratorio de soluciones inflacionarias->>.
Con IPC Ciudadano, -granjas verticales, hidrógeno verde y formación masiva en tecnologías de productividad-, en un tiempo razonable la cesta básica cordobesa podría costar menos en términos reales que hoy, mientras creamos empleo cualificado y atraemos talento joven que huye de las grandes ciudades.
(Nota. No se trata de negar los datos oficiales, se trata de superarlos con datos mejores, con tecnología propia y con una visión clara, de manera que la inflación no sea el destino sino el catalizador que Córdoba necesita para reinventarse.)
La bolsa de la compra no tiene que seguir pesando menos, ya que, se puede hacer que en el futuro pese más… en oportunidades.
N.B. Inflación en Córdoba – Visión crítica – Imagen explicativa.
(Nota. La inflación real, que grava los alimentos más necesarios, es oficialmente un misterio, aunque los cordobeses la sienten en sus bolsillos creciendo día a día).
Córdoba, 13 de marzo de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
Las cifras de empleo en Córdoba parecen, a primera vista, una buena noticia, porque la tasa de paro ha bajado. Los titulares oficiales lo celebran, aunque hay una pregunta importante, que nadie formula, concretamente:
¿el paro baja porque se crea empleo, o porque los cordobeses se están marchando?
La respuesta es la segunda, y eso, desgraciadamente, no es una recuperación, sino una hemorragia silenciosa.
<<El paro oficial vs. El paro real>>
La EPA del cuarto trimestre de 2025 sitúa el desempleo en Córdoba en el 17,04%, unas 65.300 personas y la verdad es que suena muy bien, pero podría sonar peor, porque el dato real del desempleo es bastante más grave.
**Hay principalmente dos grupos que quedan fuera de esa cifra y explican lo que decimos, así:
*Los fijos discontinuos: Es verdad, que tienen contrato, pero la realidad es que trabajan poco tiempo y, curiosamente, el SEPE no los cuenta como parados, pero nadie los ve.
*El paro invisible: Personas que llevan años buscando empleo sin éxito y han dejado de intentarlo, de manera, que cómo no buscan, no “cuentan” en las cifras oficiales, aunque realmente están y existen.
**Solo sumando ambos grupos, la tasa de paro real asciende al21,5%.
Uno de cada cinco cordobeses en edad de trabajar no trabaja, de manera, que esa es la verdad sin filtros.
<<El truco del denominador>>
Entonces, ¿por qué baja el paro oficial si no hay una gran explosión de empleo industrial?
La respuesta es matemática y es, desgraciadamente, brutal.
**La población activa de Córdoba ha descendido (oficialmente) un 1,1% en el último año. Cuando el denominador de la fracción se achica, el porcentaje mejora, aunque no haya mejorado nada en el numerador.
**Es el “efecto denominador” y en Córdoba opera a pleno rendimiento por dos razones:
*La fuga de talento: Los jóvenes de 18 a 30 años se van a Málaga, a Madrid, al extranjero.
Al salir del censo cordobés, dejan de ser parados aquí y desaparecen de las listas oficiales. La estadística local mejora, pero la Provincia pierde, pues los más dotados y mejor preparados se van y se quedan los de peor cualificación y más baja productividad.
*El vaciamiento rural: “En comarcas como Los Pedroches o el Guadiato, el paro no baja porque hayan abierto fábricas, sino que baja porque los vecinos se han ido”.
<<Han tirado la toalla – (11.400 Personas)>>
Hay un dato que debería preocuparnos, ya que, 11.400 cordobeses están en inactividad por puro desánimo. No buscan empleo porque han dejado de creer que existe para ellos.
**Este grupo tiene rostro:
*El 62% son mujeres, abandonadas por un mercado que no concilia y una precariedad que no dignifica.
*Casi la mitad son mayores de 50 años, trabajadores que el sistema etiqueta como “obsoletos irrecuperables” y descarta sin contemplaciones.
*Un 12% son jóvenes que no estudian ni buscan porque el salario ofrecido no cubre, en muchas ocasiones, ni el autobús para ir a trabajar.
No son estadísticas, son vecinos de Córdoba a los que el mercado laboral ha expulsado.
<<El problema de fondo – (La productividad).
Córdoba produce 64.880 € de valor por trabajador, un 12% menos que la media nacional.
**El desglose por sectores es revelador:
Sector
VAB por trabajador
Diagnóstico
Industria (Lucena y Provincia)
71.200 €
Competitiva a nivel europeo
Servicios (Turismo y Comercio)
48.500 €
Estacional y frágil
Agricultura
32.400 €
En estado crítico
(Nota. El problema no es que el cordobés trabaje poco, sino que el problema es, que las estructuras empresariales -atomizadas en micropymes, con inversión en I+D casi inexistente- no le permiten rendir al nivel de sus capacidades reales.
<<El SMI de 2026 – (Solución vs. veneno)>>
La subida del Salario Mínimo a 1.221 € es justa en su intención, pero en una economía tan frágil como la cordobesa actúa como un arma de doble filo, así:
<-En el campo, acelera una mecanización forzada o directamente el abandono de cultivos.
<-En el comercio, obliga a reducir jornadas para compensar el incremento de costes de Seguridad Social.
<-En el tejido de micro-pymes, el riesgo es más serio, ya que, cuando el coste de ser legal es insoportable, algunos optan por la economía sumergida. No por vocación, sino por supervivencia.
<<Una Provincia que adelgaza por ambos lados>>
El diagnóstico final no admite rodeos ni disimulos, ya que, el mercado laboral de Córdoba se contrae por arriba -menos activos- y por abajo -más inactivos por desánimo-.
La bajada del paro en Córdoba no es un signo de prosperidad, sino que es la realidad de una Provincia que pierde lo más valioso que tiene: “Su gente”.
Córdoba no puede resignarse a ser una provincia de pensiones y subsidios, de forma, que necesita políticas que reestructuren a fondo el sistema vigente y que vayan más allá del dato conciliador de la EPA, y, *que incentiven la productividad, *que anclen a los jóvenes y *que recuperen a los descartados.
N.B. El empleo en Córdoba como siempre mal, pues nadie quiere enfrentar el problema real, limitándose todas las Instituciones (Estado, CC.AA., Diputación y Ayuntamientos), a gastar dinero público en la creación de puestos de trabajo en todas sus estructuras internas y en empresas públicas innecesarias y/o ruinosas, cuando, además, muchos de esos puestos no se corresponden con una necesidad real, sino con la idea de colocar afines políticos, familiares y amigos,
Una provincia que exporta su talento para maquillar una estadística, no está avanzando, simplemente, está envejeciendo.
En política, la distancia entre la promesa electoral y la praxis administrativa suele medir la integridad de un proyecto y en la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP), esa distancia no es una brecha, es un abismo. Lo que estamos presenciando y sufriendo los cordobeses no es simple “pragmatismo” o “realpolitik local”, sino que es *una desconexión total con los principios liberales y *una rendición incondicional ante el modelo de gestión socialista.
El votante del P. P. que apostó por la eficiencia, la austeridad y la baja presión fiscal se encuentra hoy con un ente autocomplaciente, que gasta más en mantenerse a sí mismo que en servir a la Provincia.
1.- El “tasazo” como solución – (Una línea roja rota).
La gran promesa electoral del PP fue una “revolución fiscal”, sin embargo, la realidad de 2024 fue un golpe directo al bolsillo del ciudadano, con una subida del 40,8% en la tasa de basura y del 22% en el agua.
Para 2026, la intención era persistir en esta vía con propuestas de incremento del 17,5% en Epremasa y el 5,37% en Emproacsa, pero la oposición frenó estas subidas, aunque la intención del equipo del Presidente Fuentes y de su equipo de gobierno revela una preocupante solución o receta no liberal:
“Aumentar ingresos por vía impositiva para tapar ineficiencias estructurales, en lugar de acometer una verdadera reestructuración de costes”.
2.- Emproacsa y Epremasa – (“Agujeros negros” del dinero público).
Desde una perspectiva liberal, las empresas públicas deberían tender a la autosuficiencia o, en su defecto, a una gestión bajo criterios estrictos de mercado, pero en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P. se han convertido en sumideros de subsidios masivos.
Desde 2023, se han transferido más de 59 millones de euros a Emproacsa para evitar su quiebra técnica. Este intervencionismo disfrazado de “gestión de la herencia” perpetúa un modelo de subvención continua, que el PP criticaba ferozmente desde la oposición, de forma, que este gobierno del P.P no tiene planes de racionalización ni reformas de calado, de manera, que solo tiene una solución, que es hacer solo inyecciones de capital para comprar una falsa “paz social” y a sus votantes ajo y agua.
3.- Hipertrofia administrativa – (Un monstruo autorreferencial).
El presupuesto consolidado de 2026 es el reflejo de una administración que crece “hacia adentro“, de manera, que por ejemplo, el Capítulo 1 (Personal) alcanza la cifra récord de 235 millones de euros, devorando casi la mitad del presupuesto total.
Mientras los costes fijos y la burocracia se disparan, la inversión real se asfixia, de manera, que la Diputación se ha convertido en un ente que prioriza el mantenimiento de su estructura y de sus puestos de confianza -una suerte de clientelismo encubierto- por encima de su función propia como motor de desarrollo para los municipios de la Provincia.
(Nota. Del agua de la Zona Norte ni se sabe.)
4.- Inversiones a golpe de crédito – (Hipotecando el futuro).
Cuando la gestión no genera ahorro neto porque las nóminas y las pérdidas de las empresas públicas lo devoran todo, solo queda la deuda, de forma, que el anuncio de 60 millones de euros en inversiones para 2026 no viene de una gestión eficiente, sino de operaciones de crédito. Es la “huida hacia adelante” típica de las políticas socialistas, concretamente, gastar hoy lo que tendrán que pagar las generaciones futuras, aumentando la carga financiera en un contexto de tipos de interés al alza.
<<Conclusión – (Quiebra de la confianza legítima)>>
Desde un análisis jurídico-político, un programa electoral genera una expectativa de confianza legítima en el votante, de manera, que romperla sistemáticamente no es solo un error estratégico, sino que es un fraude político.
Hoy, la Diputación de Córdoba bajo el mando de Salvador Fuentes es una administración hipertrofiada, que ejecuta políticas socialistas con siglas de derecha. Se ha elegido el camino fácil:
“Evitar el conflicto y mantener la inercia administrativa en lugar de impulsar la transformación estructural a que se comprometieron”.
Si el PP gestiona un modelo en el que no cree, pero que se niega a desmantelar por temor electoral, el resultado es el desaliento democrático, porque al final parece que votar a este PP es votar una versión del PSOE, pero con el agravante de la incoherencia.
Córdoba y sus ciudadanos merecen una gestión que sea fiel a los principios de libertad y eficiencia que les fueron prometidos.
N.B. En la Diputación de Córdoba el PP abraza todas las políticas socialistas sin rubor.
Esto no es pragmatismo, sino que es una traición ideológica y los votantes del P. P. merecen más que excusas, ya que, es exigible una transformación real, tal como evidencia la dificultad en aprobar el presupuesto 2026 -retirado por falta de acuerdos-, porque, todos saben ya, que el PP del Presidente Fuentes prioriza su supervivencia política sobre sus principios y promesas
No se pude votar a este P. P., pues es lo mismo que votar al Psoe, pero peor, porque cuando se vota socialismo, al menos, se sabe lo que se está votando.
Un grupo elevado de lectores me pregunta sobre la regularización masiva de inmigrantes y me piden una opinión, así que, como suelo hacer intentaré darles una explicación razonable.
En el actual escenario normativo de febrero de 2026, España se enfrenta a un desafío que trasciende lo administrativo para instalarse en el corazón de la justicia social:
“La gestión de la regularización extraordinaria de extranjeros”.
El debate no debe centrarse en la existencia o no de privilegios, sino en la colisión entre la igualdad formal (la ley es igual para todos) y la igualdad práctica (cómo impacta esa ley en un sistema de servicios públicos ya tensionado).
1.- El marco jurídico (La regularización de 2026).
El reciente Real Decreto-ley de regularización extraordinaria busca integrar a una población de entre 500.000 y 800.000 personas que ya conviven con nosotros. Jurídicamente, el objetivo es impecable: “Reducir la economía sumergida, aflorar cotizaciones y garantizar derechos fundamentales”. Una vez obtenida la autorización de residencia y trabajo, estas personas adquieren la condición de residentes legales, accediendo al catálogo de servicios públicos en plenas facultades.
2.- La paradoja de los baremos. – (Parece haber prioridad).
Es fundamental aclarar que no existe una prioridad legal por origen nacional. Los criterios de acceso a guarderías (0-3 años), al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a las ayudas al alquiler son universales y se basan, principalmente, en la vulnerabilidad socioeconómica.
**Sin embargo, aquí es donde surge el conflicto de la “igualdad práctica”, así:
<-El perfil de vulnerabilidad: Los nuevos regularizados suelen presentar niveles de renta más bajos, familias más numerosas y situaciones de precariedad laboral inicial.
<-La puntuación mecánica: Al aplicar los baremos vigentes (donde puntúa más la renta baja o el número de hijos), este colectivo encaja de forma natural en los tramos de máxima prioridad.
**La clave del problema: No es que se favorezca al inmigrante “por serlo”, sino que el sistema está diseñado para primar la necesidad extrema. Cuando esa necesidad se concentra en un grupo recién incorporado al sistema legal, el resultado práctico es que familias españolas de rentas medias o bajas (pero no extremas) se ven desplazadas en las listas de espera.
3.- El riesgo del colapso y la gestión de la escasez.
La justicia de una medida de integración no puede evaluarse de forma aislada a la capacidad del sistema. La incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios cualificados para ayudas sociales sin una ampliación proporcional de la oferta pública produce un efecto de “suma cero”.
<-Educación y Sanidad: La saturación en la Atención Primaria y la falta de plazas en escuelas infantiles no son responsabilidad del inmigrante, sino de una planificación que no prevé el aumento de la demanda.
<-Servicios Sociales: El IMV y las rentas mínimas tienen presupuestos acotados, de forma, que si la base de solicitantes con máxima puntuación crece exponencialmente, el sistema se bloquea para todos.
4.- Conclusión. – (Una solidaridad sostenible).
Como profesionales del derecho, debemos defender que la ayuda al inmigrante es un imperativo humanitario y económico, pero no debe ejecutarse a costa de la erosión de los derechos y servicios de quienes ya sostienen el sistema.
La igualdad formal es un pilar de nuestra democracia, pero si no se acompaña de una inversión pública que absorba la nueva demanda, generamos una desigualdad práctica que fractura la cohesión social. Para que la integración sea real y justa, “el Estado debe garantizar que la ampliación de derechos para unos no signifique la pérdida de servicios para otros”.
N.B. El reto de la regularización es pasar de la igualdad formal a la igualdad práctica, a la vez, que se consigue una integración productiva de calidad, llevándose a cabo una reestructuración completa del mercado de trabajo.
La solución no es el enfrentamiento entre vulnerables, sino una administración de recursos que entienda que la capacidad de acogida está intrínsecamente ligada a la capacidad de prestación.
