Si uno visita hoy el embalse de La Colada, en el norte de nuestra provincia, se encuentra con una estampa que sintetiza a la perfección el fracaso de lo público:
“Un embalse donde está tajantemente prohibido el baño por la presencia de cianobacterias tóxicas”.
Un mar de agua inutilizable en mitad de comarcas (Los Pedroches y el Alto Guadiato) que engloban a más de 80.000 habitantes.
Tras años de parches, camiones cisterna y titulares grandilocuentes, la realidad es tozuda:
“Ninguna de las tres administraciones implicadas tiene un interés real en resolver el problema de raíz”.
Se ha instalado un cómodo juego de culpas cruzadas donde el Estado, la Autonomía y la Diputación se señalan en círculo, mientras los ciudadanos pagan la factura, consumen agua sometida a tratamientos químicos agresivos y, para colmo, soportan la narrativa implícita de ser los únicos culpables de la situación.
1.- El tablero del escaqueo – (Tres administraciones, cero soluciones).
Para entender por qué La Colada sigue siendo un ecosistema degradado, basta con observar la trampa del reparto de competencias. Un escenario idóneo donde todos tienen excusas y nadie asume la carga:
<-El Gobierno Central / CHG (MITECO) – (La trinchera burocrática).
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha optado por el rigorismo administrativo para congelar la concesión definitiva de agua y el uso de la torre de toma fija. Alega «redundancia técnica» con las tomas flotantes provisionales.
Sin embargo, paralizar la infraestructura definitiva aboca a la potabilizadora a captar el agua de peor calidad de la superficie (plagada de algas) y deja al norte de Córdoba en una vulnerabilidad jurídica permanente.
<-La Junta de Andalucía – (La rendición de antemano).
Escudándose en que la titularidad del embalse es estatal, la administración autonómica ha actuado con pasividad en el origen de la contaminación. La Junta posee competencias exclusivas en materia medioambiental y ordenación del territorio que apenas ha explotado:
“No ha apretado el acelerador en las inspecciones sobre vertidos ganaderos o purines, ha sido tibia en la delimitación de Zonas Vulnerables a Nitratos y arrastra un retraso histórico en la ejecución completa de las depuradoras (EDAR) que vierten a la cuenca”.
<-La Diputación de Córdoba – (Emproacsa) – (Trinchera vs. conflicto).
Centrada casi de forma exclusiva en la batalla judicial y política contra la CHG para vender el relato del «agravio comparativo», la corporación provincial ha volcado sus esfuerzos en el final del tubo, concretamente, “gastar ingentes recursos en potabilizar agua hiper-contaminada mediante química avanzada, en lugar de liderar soluciones transversales de su competencia, como planes preventivos de biorremediación o el impulso de infraestructuras públicas para la valorización de residuos ganaderos”.
[ CHG / MITECO ]
“Falta control de vertidos” ↙ ↖ “Deniega concesiones”
↓ ↑
[ JUNTA DE ANDALUCÍA ] ⇄ [ DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ]
“Sin competencias en DPH” “Guerra judicial como pancarta”
│
▼
[ CIUDADANOS Y GANADEROS ]
(Abandonados, culpables y paganos)
2.- Limpiar el agua al final del tubo – (Ineficiencia económica y técnica).
Desde un punto de vista técnico y jurídico, la estrategia adoptada es insostenible. En lugar de actuar en el vaso del embalse o en la disciplina ambiental de la cuenca, las administraciones han optado por el parche tecnológico reactivo.
*Tratar un agua profundamente eutrofizada mediante oxidación avanzada y químicos en la ETAP no es una solución ambiental, sino que es una costosa medida de contención*.
Desde el prisma del Derecho Administrativo y la gestión pública, abordar este problema exigía una actuación preventiva. Cuando un litigio acaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la denegación de una concesión o la impugnación de expedientes periciales, el ciudadano ya ha perdido.
Las batallas sobre la presunción de veracidad de los informes de parte de la Administración o sobre los vicios en la medición de la calidad del agua solo sirven para dilatar en los juzgados lo que debió resolverse con voluntad política e inversión estructural.
3.- El ciudadano – (Abandonado, culpable y pagano).
La consecuencia final de esta parálisis institucional es una triple condena para los vecinos del norte de Córdoba:
1.- Abandonados: Sin garantías jurídicas a largo plazo de suministro hídrico de máxima calidad y con un recurso natural restringido (con prohibición explícita de uso recreativo o baño).
2.- Paganos: Soportando el coste financiero de tratamientos de potabilización hiper-complejos y procesos judiciales eternos financiado con dinero público.
3.- Culpables: Sometidos a una narrativa donde se responsabiliza genéricamente al sector primario o al consumo local, mientras las instituciones encargadas de velar por el Dominio Público Hidráulico y el Medio Ambiente miran hacia otro lado.
<<Conclusión – (Se necesita política de Estado, no parches).>>
El problema de La Colada no se va a resolver en un tribunal de lo contencioso-administrativo ni con notas de prensa cruzadas. Requiere la activación inmediata de un Plan Integral de Restauración de la Cuenca, que combine la disciplina ambiental efectiva de la Junta, la flexibilidad concesional de la CHG y la inversión en gestión de residuos e infraestructuras preventivas de la Diputación.
Mientras continúen atrincheradas en sus respectivas competencias para no asumir el coste político y económico de la solución de raíz, las tres administraciones seguirán siendo cómplices de un mismo resultado:
<-el abandono de más de 80.000 ciudadanos->.
N.B. Imagen. La Colada un conflicto que nadie quiere resolver y como siempre los culpables son los ciudadanos.
En el cruce de acusaciones estéril, el perjudicado directo es el ciudadano y el tejido productivo del norte de Córdoba. Las tres Administraciones tienen cuota de responsabilidad: *la CHG por rigidez burocrática y falta de inversión estructural, *la Junta por tibia en la disciplina ambiental sobre el terreno, y *la Diputación por preferir el enfrentamiento competencial al desarrollo de soluciones transversales de su competencia.
Córdoba, 25 de julio de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
