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Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque  de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

Diputación de Córdoba – (Una traición del PP y un abrazo al modelo que prometió combatir)

En política, la distancia entre la promesa electoral y la praxis administrativa suele medir la integridad de un proyecto y en la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP), esa distancia no es una brecha, es un abismo. Lo que estamos presenciando y sufriendo los cordobeses no es simple “pragmatismo” o “realpolitik local”, sino que es *una desconexión total con los principios liberales y *una rendición incondicional ante el modelo de gestión socialista.

El votante del P. P. que apostó por la eficiencia, la austeridad y la baja presión fiscal se encuentra hoy con un ente autocomplaciente, que gasta más en mantenerse a sí mismo que en servir a la Provincia.

1.- El “tasazo” como solución – (Una línea roja rota).

La gran promesa electoral del PP fue una “revolución fiscal”, sin embargo, la realidad de 2024 fue un golpe directo al bolsillo del ciudadano, con una subida del 40,8% en la tasa de basura y del 22% en el agua.

Para 2026, la intención era persistir en esta vía con propuestas de incremento del 17,5% en Epremasa y el 5,37% en Emproacsa, pero la oposición frenó estas subidas, aunque la intención del equipo del Presidente Fuentes y de su equipo de gobierno revela una preocupante solución o receta no liberal:

“Aumentar ingresos por vía impositiva para tapar ineficiencias estructurales, en lugar de acometer una verdadera reestructuración de costes”.

2.- Emproacsa y Epremasa – (“Agujeros negros” del dinero público).

Desde una perspectiva liberal, las empresas públicas deberían tender a la autosuficiencia o, en su defecto, a una gestión bajo criterios estrictos de mercado, pero en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P.  se han convertido en sumideros de subsidios masivos.

Desde 2023, se han transferido más de 59 millones de euros a Emproacsa para evitar su quiebra técnica. Este intervencionismo disfrazado de “gestión de la herencia” perpetúa un modelo de subvención continua, que el PP criticaba ferozmente desde la oposición, de forma, que este gobierno del P.P no tiene planes de racionalización ni reformas de calado, de manera, que solo tiene una solución, que es hacer solo inyecciones de capital para comprar una falsa “paz social” y a sus votantes ajo y agua.

3.- Hipertrofia administrativa – (Un monstruo autorreferencial).

El presupuesto consolidado de 2026 es el reflejo de una administración que crece “hacia adentro“, de manera, que por ejemplo, el Capítulo 1 (Personal) alcanza la cifra récord de 235 millones de euros, devorando casi la mitad del presupuesto total.

Mientras los costes fijos y la burocracia se disparan, la inversión real se asfixia, de manera, que la Diputación se ha convertido en un ente que prioriza el mantenimiento de su estructura y de sus puestos de confianza -una suerte de clientelismo encubierto- por encima de su función propia como motor de desarrollo para los municipios de la Provincia.

(Nota. Del agua de la Zona Norte ni se sabe.)

4.- Inversiones a golpe de crédito – (Hipotecando el futuro).

Cuando la gestión no genera ahorro neto porque las nóminas y las pérdidas de las empresas públicas lo devoran todo, solo queda la deuda, de forma, que el anuncio de 60 millones de euros en inversiones para 2026 no viene de una gestión eficiente, sino de operaciones de crédito. Es la “huida hacia adelante” típica de las políticas socialistas, concretamente, gastar hoy lo que tendrán que pagar las generaciones futuras, aumentando la carga financiera en un contexto de tipos de interés al alza.

<<Conclusión – (Quiebra de la confianza legítima)>>

Desde un análisis jurídico-político, un programa electoral genera una expectativa de confianza legítima en el votante, de manera, que romperla sistemáticamente no es solo un error estratégico, sino que es un fraude político.

Hoy, la Diputación de Córdoba bajo el mando de Salvador Fuentes es una administración hipertrofiada, que ejecuta políticas socialistas con siglas de derecha. Se ha elegido el camino fácil:

“Evitar el conflicto y mantener la inercia administrativa en lugar de impulsar la transformación estructural a que se comprometieron”.

Si el PP gestiona un modelo en el que no cree, pero que se niega a desmantelar por temor electoral, el resultado es el desaliento democrático, porque al final parece que votar a este PP es votar una versión del PSOE, pero con el agravante de la incoherencia.

Córdoba y sus ciudadanos merecen una gestión que sea fiel a los principios de libertad y eficiencia que les fueron prometidos.

N.B. En la Diputación de Córdoba el PP abraza todas las políticas socialistas sin rubor.

Esto no es pragmatismo, sino que es una traición ideológica y los votantes del P. P. merecen más que excusas, ya que, es exigible una transformación real, tal como evidencia la dificultad en aprobar el presupuesto 2026 -retirado por falta de acuerdos-, porque, todos saben ya, que el PP  del Presidente Fuentes prioriza su supervivencia política sobre sus principios y promesas

No se pude votar a este P. P., pues es lo mismo que votar  al Psoe, pero peor, porque cuando se vota socialismo, al menos, se sabe lo que se está votando.

Córdoba, 26 de febrero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.