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Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque  de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

España no funciona – Verdad o mentira (Servicios Públicos – Gasto Público)

Un grupo amplio de lectores me pregunta ¿si es verdad o mentira que España no funciona?

Antes de comenzar con una explicación de mi opinión, estableceré una cuestiones elementales para que pueda explicar lo que me preguntan, así:

-Existe una sensación generalizada entre los españoles de que España no funciona.

-La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

– La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia.

– Parece que se ha aceptado por una población adormecida, que todos encerrados y aplaudiendo es una cosa maravillosa, lo que es la prueba de que parece que las supuestas víctimas no son personas sometidas, sino cómplices cautivos voluntarios de los que niegan nuestras libertades más elementales. Es decir, ocurre, que parece que a todos los ciudadanos mayoritariamente les da igual y donde una sociedad civil mayoritaria parece disfrutar, por ejemplo, “de los apagones”, aplaudiendo desde los balcones.

Dicho lo anterior, examinaré algunos supuestos claves para explicar a mis lectores, lo que me preguntan si ánimo cerrado ni excluyente, así:

1º.- Estado de la libertad en España.

La realidad al día de hoy es, que parece, que en España la sociedad civil y sus ciudadanos están perdiendo la libertad, pero curiosamente a la mayoría les gusta y lo celebran de fiesta en fiesta, de forma,  que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, las libertades y derechos fundamentales de los españoles, y, aquí reside el verdadero problema, porque ya la mayoría no son víctimas, sino cómplices pasivos de un poder autocrático minoritario, que poco a poco se está apoderando de todo y de todos, mientras esa mayoría pervive en un bosque de botellones festivos.

2.- Respeto a la Ley.

Aquí, seguramente, reside unos de los mayores problemas de España en la actualidad, ya que, si observamos la realidad diaria vemos en todos los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) y en todos sus niveles el respeto a ley ha entrado en un bucle, que le lleva sin pausa a la desaparición.

3.- Separación de Poderes.

La separación de poderes en España está congelada y en situación de stand by (en espera), lo que implica que ya no funciona tal como establece nuestra C. E. dejando nuestras libertades en el aire.

4.- Justicia.

Es un hecho, que la justicia no funciona si adoptamos cualquier estándar serio de control de la nuestra, de forma, que en el último Cuadro de Indicadores de Justicia que elabora la Comisión Europea, España es uno de los países donde más se prolonga la resolución en primera instancia de pleitos civiles, sociales, mercantiles y administrativos, con una duración media de más de un año, únicamente superada por Francia, Italia, Malta, Grecia, Chipre y Portugal.

5.- Economía.

Puede ser verdad, que España es la economía grande de la UE que más crece, pero lo hace en cantidad, no en calidad, con apoyo casi total al sector servicios.

6.- Paro y Empleo.

Mirar a nuestra tasa de paro, a la calidad del empleo y a la productividad, deteniéndonos un poco en los jóvenes, las mujeres y los mayores.

7.- Dinero Público.

El Poder Ejecutivo maneja más dinero que nunca, pero los servicios públicos están en retroceso.

8.- Gasto Público.

Nadie sabe realmente a donde va un gasto público descontrolado,  donde cada vez hay menos inversiones y mayor gasto improductivo.

Conclusión. Creo, en base a todo lo expuesto, que España funciona, pero se ha iniciado un proceso que nos lleva a la ruina, aunque parece que la sociedad civil, los españoles, hemos adoptado la postura de que la democracia se defiende sola, de forma, que mientras tanto solo hay que aguantar y vivir la vida.

A los que me preguntan les digo, que miren a su alrededor y examinen todos los servicios públicos que se pagan con nuestros impuestos, de manera, que vean si esos servicios funcionan mejor o peor, aunque en mi opinión en España algo está fuera de su sitio y que funciona, pero cuesta abajo y sin frenos.

N.B.  Se dice que España no funciona, pero la verdad y/o la mentira están en el funcionamiento de los servicios públicos, de manera que a los que me preguntan les digo que lo que ven es lo que hay.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, así:

a).- Se produce un apagón total y durante demasiado tiempo, de manera, que todos aislados y con velas, y, como consecuencia, los ciudadanos lo celebran con cantos bailes y botellones.

b).- Existe un poder ejecutivo autocrático, sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, y, a la mayoría de la gente parece que le da igual.

c).- Tenemos un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ, y, es al parecer aceptado sin que nadie se subleve.

Parece que vamos de apagón en apagón en una fiesta continua de vino y rosas, donde los ciudadanos victimas parecen esclavos  cómplices de una minoría autocrática y abusona en todos los niveles del poder.

Es un hecho que nuestra democracia está en serio peligro.

Córdoba, a 8 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Lucha fiscal y abandono de la política (Estado de Derecho y libertad)

Los partidos políticos reinantes se han lanzado a la lucha fiscal para ver quien da más por menos, pero todos paganos. Olvidan en sus propuestas fiscales algo fundamental, que es el gasto público, ya que, ninguno dice cual es su gasto público real ni de donde y como se cubrirá ese gasto, por no hablar ya de que gastos superfluos e innecesarios van a eliminar.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Solo hay una verdad, que es la “verdad fiscal”, que dicho sea de paso, no es algo irreal, porque hay que cubrir servicios públicos completamente necesarios y imprescindibles en cualquier sociedad democrática, que aspire a la justicia social y económica.

Lo extraordinario es que se abandona para ello el Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional, ya que, los principios políticos en los que se basa -“justicia, libertad, igualdad, división real de poderes, estado pleno de las autonomías, respeto a la Ley y un largo etc.”- quedan vacíos de contenido y olvidados.

Al ataque fiscal al que se apuntan todos sin más le falta sin la menor duda “una base y una explicación política”, pues sin derechos y libertades fundamentales, junto con los principios básicos constitucionales (legalidad, seguridad jurídica, etc.), toda reforma fiscal flotará en el vacío de la  nada, de forma, que los ciudadanos de a pie solo serán súbditos paganos y estarán privados de todas sus libertades.

Lo dicho se puede discutir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales son los cimientos de cualquier democracia real, de manera, que si se empieza a construir desde arriba nada pude funcionar, pues es un hecho patente que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano, así, que, cualquier otra cosa, es un disparate y un error incuestionable, máxime, cuando en España (en Andalucía también)  está en peligro el valor justicia, porque el Gobierno de la Nación está demoliendo nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

N.B. Una reforma fiscal justa y equitativa es una necesidad indiscutible, pero nunca puede ser a costa del sacrificio de los derechos y libertades del pueblo soberano constitucional.

Sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin Estado de Derecho es imposible que exista un sistema fiscal justo en cualquier Nación, que aspire a una democracia plena.

En conclusión, lo primero siempre son los cimientos y esta verdad es algo indiscutible y patente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.