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La ley II – Cosas que pasan (Poder Judicial – Poder Ejecutivo – Derechos Fundamentales)

El otro día decía algo evidente, “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Curiosamente, dicho lo anterior, en los últimos días sean producido varias noticias, que reflejan la realidad de España y que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, así, algunas como ejemplo:

1ª.- La Audiencia de Barcelona ratifica la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción 7 de enviar a juicio a 46 agentes de Policía Nacional por las cargas del 1-O, mientras el Presidente Sr. Sánchez ofrece amnistía a los agresores de más de 700 agentes

2ª.- El TSJM sentencia que la calle Ferraz no es “área de especial protección” para prohibir manifestaciones, diciendo, además, que el Gobierno buscó un argumento injustificado para cercenar un derecho constitucional de los asistentes a las manifestaciones en Ferraz.

3ª.- El Tribunal Supremo inadmite la querella de VOX contra el ministro del Interior por la actuación policial frente a las concentraciones contra la sede del PSOE, porque el Auto de la Sala dice que “los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación que hacen a la persona aforada”.

Por otro lado, el T. S. dice, respeto a las querellas que se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, contra agentes de Policía, que no es competente por no ser aforados ante la Sala.

4ª.- Duras cargas policiales contra los agricultores de Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes.

*** Visto lo anterior, me ratifico, en que en España el pueblo soberano está sometido a una presión, que le está hundiendo en una confusión perversa, porque, ocurre, ahora, que una carcoma autoritaria (disfrazada de lawfare y en afirmaciones como que el Poder reside en Congreso) está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, y, porque el estado de derecho y el respeto a la ley están en almoneda y en stand by (en espera), llevándose tras de sí la división de poderes.

** La A. de Barcelona, lo explique cómo lo explique, les ha dicho a los españoles, que nada es verdad o mentira y que todo depende del cristal con que se mire, lo que conlleva que la ley y la seguridad jurídica tienen varias puertas de entrada y salida, aunque, desde luego, la cosa esta clara, de forma, que, por ejemplo, -los agricultores de Antequera- y -los ciudadanos catalanes pacíficos del proces- habitan en mundos paralelos diferentes y contradictorios.

** El TSJM ha dicho lo que todos sabemos, que la calle Ferraz no es “área de especial protección”, aunque, los ciudadanos de a pie ya sabemos, también, que para eso está el T. C.

** Las cargas policiales contra los agricultores en Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma, se presentan como algo “desproporcionado”, se mire como se mire.

** El Tribunal Supremo, que, por cierto, es la misma Sala 2. del Proces,  ha dicho lo que tenía que decir, aunque, ha señalado el camino: “No había pruebas” y “otros no son aforados”.

(Nota: VOX lo tiene claro, aunque debería cambiar las personas que dirigen su estrategia jurídica).

La conclusión es la ya expuesta, hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles.

N.B. Las cosas que están pasado en España demuestran que peligra la división de poderes, quedando por aplicar el respeto a la Ley y la defensa del “Estado de Derecho”.

Córdoba, a 9 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Lucha fiscal y abandono de la política (Estado de Derecho y libertad)

Los partidos políticos reinantes se han lanzado a la lucha fiscal para ver quien da más por menos, pero todos paganos. Olvidan en sus propuestas fiscales algo fundamental, que es el gasto público, ya que, ninguno dice cual es su gasto público real ni de donde y como se cubrirá ese gasto, por no hablar ya de que gastos superfluos e innecesarios van a eliminar.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Solo hay una verdad, que es la “verdad fiscal”, que dicho sea de paso, no es algo irreal, porque hay que cubrir servicios públicos completamente necesarios y imprescindibles en cualquier sociedad democrática, que aspire a la justicia social y económica.

Lo extraordinario es que se abandona para ello el Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional, ya que, los principios políticos en los que se basa -“justicia, libertad, igualdad, división real de poderes, estado pleno de las autonomías, respeto a la Ley y un largo etc.”- quedan vacíos de contenido y olvidados.

Al ataque fiscal al que se apuntan todos sin más le falta sin la menor duda “una base y una explicación política”, pues sin derechos y libertades fundamentales, junto con los principios básicos constitucionales (legalidad, seguridad jurídica, etc.), toda reforma fiscal flotará en el vacío de la  nada, de forma, que los ciudadanos de a pie solo serán súbditos paganos y estarán privados de todas sus libertades.

Lo dicho se puede discutir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales son los cimientos de cualquier democracia real, de manera, que si se empieza a construir desde arriba nada pude funcionar, pues es un hecho patente que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano, así, que, cualquier otra cosa, es un disparate y un error incuestionable, máxime, cuando en España (en Andalucía también)  está en peligro el valor justicia, porque el Gobierno de la Nación está demoliendo nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

N.B. Una reforma fiscal justa y equitativa es una necesidad indiscutible, pero nunca puede ser a costa del sacrificio de los derechos y libertades del pueblo soberano constitucional.

Sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin Estado de Derecho es imposible que exista un sistema fiscal justo en cualquier Nación, que aspire a una democracia plena.

En conclusión, lo primero siempre son los cimientos y esta verdad es algo indiscutible y patente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad ante la ley – IV – Jueces y Fiscales (desigualdad con los abogados)

La desigualdad entre abogados y fiscales en los actos del juicio es manifiesta, y, sin duda, encierra una corruptela legal, que todos sabemos que existe.

Como me ha vuelto a pasar, esta vez, quiero escribir algo ante el trato de favor que reciben los fiscales en los tribunales y juzgados (que conste que no en la mayoría afortunadamente), que contrasta en demasía con el trato que reciben los abogados de esos mismos jueces y tribunales, así, es un hecho probado y patente, que desgraciadamente, en muchos casos, demasiados, los fiscales están posicionados en un plano de superioridad respecto a los abogados, que intervienen en los juicios.

Es casi inevitable, se diría corriente, que cuando un abogado entra en la Sala del Juzgado o Tribunal, se suele encontrar al Fiscal departiendo con el Juez o Tribunal, que en pura lógica estarán hablando del juicio a celebrar. Se me dirá que no es así, aunque un ejemplo de igualdad de trato en estrados entre fiscal y abogado desde luego no es. Sin ser malintencionado, en estos casos, la apariencia de imparcialidad del Juez o Tribunal, se puede afirmar, que -queda en entredicho-.

En el derecho español el asunto está muy claro en la ley, por un lado está el poder judicial, por otro el poder ejecutivo representado por el fiscal y por otro el abogado, es más, la Constitución Española no deja lugar a duda sobre lo dicho, de manera, (i) que el Juez o Tribunal es independiente como representante de unos de los poderes del Estado; (ii) que el Fiscal es el defensor de la ley dependiendo jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado, que ya se sabe quién la nombra (pues -eso-); y, (iii) que el abogado defiende a su cliente de conformidad con la ley.

Es evidente, que el Juez o Tribunal con todas las garantías de independencia, imparcialidad y sujeción a la ley dirige y ordena el proceso y tiene la última decisión como poder judicial; por otro lado, el Fiscal y el Abogado que defienden la ley y la justicia del pueblo soberano en estrados tienen los mismos derechos, de forma, que en aras a la justicia de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, la igualdad de armas en el proceso entre ellos es algo indiscutible, siempre observando la ley y sometidos ambos a la autoridad del Juez o Tribunal.

Lo expuesto, es la teoría que, desgraciadamente, no siempre se cumple, quizás demasiadas, porque, se quiera admitir o no, es un hecho repetido, patente y probado, que, en apariencia, al menos, el fiscal aparece en posición de preeminencia en estrados, además, a veces, se le permiten cosas que de ninguna forma se admiten cuando se trata del abogado.

Lo cierto es, que eso sucede, de forma, que la pretendida igualdad entre fiscal y abogado que la Constitución garantiza aparece diluida en el polvo del camino, aunque, también, es cierto, que el abogado respetuosamente puede hacer ver al Juez o Tribunal esa situación paralegal y anómala, que suele ser aceptada mayoritariamente por el juzgador, aunque, evidentemente, hay casos en que no, razón por la que los abogados prudentemente, aunque equivocadamente, dejan pasar la cuestión por muchos motivos, como pueden ser, -la creencia de que si protestan perjudicaran a su cliente-, -el respeto excesivo al Juez o Tribunal que le hace no querer molestar al juzgador-, etc. etc.; sin embargo, lo único cierto es que si el abogado, ante hechos parecidos a los expuestos, que rompen la igualdad y la equidad del proceso, no protesta debidamente al Juez o Tribunal, están haciendo dejación de sus funciones y perjudicando a su cliente, que en definitiva es el Pueblo Soberano.

Lo dicho, es una falta de respeto a la ley, diluyéndose la vigencia del principio de legalidad constitucional con un reflejo perverso en –la igualdad ante la ley-, que está bajo mínimos en España, aunque nadie puede olvidar, que la C. E. sus arts. 9 y 10 consagra -el principio de legalidad- y -el respeto a la ley-, culminando su declaración con el art. 14, que dice, “que los españoles son iguales ante la ley”.

Lo expuesto sobre los fiscales y los abogados, se quiera admitir o discutir su existencia real, es un hecho cierto y doloroso, contrario a nuestro Estado Social y Democrático de Derecho regido por Constitución, que nos vincula a todos si excepciones.

Los hechos puestos de manifiesto, es evidente, que pueden tener variables, pero existir existen, y, curiosamente siempre el perjuicio se produce contra el Pueblo Soberano, razón por la que se repite la misma pregunta:

¿los españoles son iguales ante la ley?

Según la Constitución cualquier asunto, en virtud de la libertad de expresión, es opinable y/o criticable en libertad y con respeto, de manera, que no se descarta, que algunos abogados piensen que la igualdad es real en estrados entre fiscales y abogados, aunque, sin la menor dudad, una gran mayoría de abogados españoles dirá que no es así, que la Constitución no se cumple: “ley no es igual para todos”.

Las consecuencias de esa desigualdad son y serán nocivas para los españoles y para los tres poderes del Estado, aunque, a veces, cuando uno está con la toga puesta, se siente una desazón profunda, cuando hechos parecidos se producen, siendo cierto, que la mayoría de Jueces y Tribunales siguen respetuosos la Ley y los Criterios aprobados sobre la Ética Judicial.

Para finalizar, no ayuda a cambiar el tercio, que en España jueces y fiscales aparecen en público unidos en defensa de asuntos parecidos, pero olvidando, que esa imagen de unidad confunde al pueblo soberano, que asimila ambas instituciones, de forma, que después tiende a confundir los dos poderes del Estado, -Poder Ejecutivo- y -Poder Judicial-.

N.B.  La igualdad ante la ley de los españoles es por lo que se ve un mundo lejano y sin remedio, ya que, como se ha dicho, la igualdad ante la ley de Abogados y Fiscales se asemeja a un mundo de fantasía. Si alguien lo pone en duda, que pregunte a cualquier abogado.

La desigualdad puesta de manifiesto entre abogados y fiscales, la perciben, no solo los primeros, sino que, también, una gran mayoría de españoles de dan cuenta de esa diferencia que existe entre su abogado y el fiscal, razón por la que, la desconfianza, la incertidumbre y a la pérdida de seguridad en la justica se materializan en el pueblo.

Córdoba, a 15 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.