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Plusvalía – III- Ayuntamiento Córdoba (más de lo mismo)

Leo en el Diario Córdoba de ayer en papel (07-11-21- Domingo – págs. 4 y 5) una entrevista a Salvador Fuentes -Teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba-, firmada por Irina Marzo, donde se dice, entre otras cosas:

<< ** “Yo no puedo prescindir en una semana de 15 millones”.

**  Tras la sentencia del Tribunal Constitucional ha cifrado en 15 millones lo que supondrá la eliminación del impuesto de plusvalías en Córdoba. ¿Cómo les afectará a los cordobeses?

De forma cautelar, a partir del 26 de octubre suspendimos la liquidación de este impuesto, lo que sí está obligado todo el mundo es a declarar

** Por lo que sabemos a través de la FEMP, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a buscar una solución. Tenemos la esperanza de que antes de que acabe el año el Gobierno de España o bien saque una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación vía real decreto, o si no tendrán que poner encima de la mesa una cuantía suficiente. En cualquier caso, exigimos al Gobierno que acabe con el limbo legal al que nos ha llevado por su inacción con las plusvalías. >>

Lo dicho por el Teniente Alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, es la expresión manifiesta del dislate, que repiten los políticos todos, cuando hablan del Impuesto de Plusvalía declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional -Pleno- de fecha 26-10-2021.

Está muy claro, que el problema-asunto del Impuesto de Plusvalía no es de ahora, sino que viene de muy lejos en el tiempo, porque para todos los políticos lo que sienten los ciudadanos ante un impuesto tan injusto y tan abusivo es lo de “menos”, lo esencial para ellos es exprimir al español de a pie a cualquier precio, aunque siempre ha existido un grupo de políticos que han manifestado su desacuerdo ante un impuesto tan falto de equidad.

El nefasto Presidente Sr. Rajoy con su mayoría absoluta no solo no bajó el rigor impositivo, sino que subió los impuestos en contra de lo que había prometido, y, además, por si alguien tenía duda de su actuación mendaz, aprobó una “ley de amnistía”, declarada inconstitucional después, para favorecer a la mayoría de los españoles defraudadores. Aquí solo decir, que la actual situación del impuesto de plusvalía es la historia de un disparate impositivo permitido y auspiciado por casi todos los políticos, enfrascados en el gasto público al precio que sea, dejando a los ciudadanos a los pies de los de los caballos. 

De lo que se trata ahora, no es de buscar recursos públicos con una figura impositiva justa, proporcional y equitativa, sino de imponer, sí o sí, otra trapisonda contra el criterio del T. C. en su sentencia sobre la plusvalía. Se quiera ver de una u otra forma, la plusvalía impositiva es un impuesto abusivo e injusto, ya que, entre otras cosas realiza una triple imposición, en origen gravando la adquisición, y, a continuación, con las plusvalías municipales y las que recaen sobre el IRPF, de manera, que es un hecho probado, que todos los políticos están de acuerdo en saquear al ciudadano, además, realizando una actuación que destierra la ética tributaria, ya que, deslegitima el sistema y anula la Constitución:

Todos los políticos corren, con la Ministra de Hacienda a la cabeza,  a ver quien hace renacer el impuesto de plusvalía con más rapidez e inquina impositiva.

Finalmente, es curioso y significativo, que todos los grupos y políticos que reclaman más y más recursos públicos a través de más impuestos, raramente se ocupan del gasto público, de explicar al ciudadano como se gastan sus impuestos y de eliminar gastos innecesarios, conllevando, dicha actitud generalizada entre la clase política, a destruir la responsabilidad social e impositiva de los contribuyentes, poniendo, se quiera reconocer o no, en peligro el sistema tributario, al desaparecer su legitimación y su fundamento ético.

N.B. Reitero una verdad absoluta: [Que todos los políticos en activo están de acuerdo en restituir, cuanto antes mejor, el impuesto de plusvalía, que llamaran como quieran , pero que en esencia es lo mismo: -injusticia-, -desproporción- y -falta de equidad-].

Que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía es lo de menos, se le da la vuelta y se obvia al Tribunal, y, los ciudadanos de nuevo a pagar, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10 al cajón del olvido, además, sin anestesia.

Los españoles contemplamos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes (incluso con efectos retroactivos), por descontado, sin reducción del gasto público innecesario.

Si los poderes públicos continúan su camino esquilmando a los ciudadanos en su patrimonio, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley demostrado por esos poderes, consiguiendo deslegitimar el sistema tributario, al despojarlo de su base ética y de los principios de equidad que lo sostienen.

Córdoba, a 8 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – buena noticia para los ciudadanos – II- (reclamaciones)

En unos días llueven las preguntas de los lectores sobre los efectos de la Sentencia sobre la Plusvalía del Tribunal Constitucional: ¿Qué se puede reclamar? ¿Hay que pagar la plusvalía municipal que han recibido? ¿En las liquidaciones pagadas se puede reclamar la devolución?,  ¿Hay que recurrir las liquidaciones recibidas? y, así, un larguísimo etc.

Como premisas básicas se debe señalar y destacar varias cosas:

A).- << El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en Pleno ha resuelto lo siguiente:

          PARTE DISPOSITIVA:

          “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

         Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.  

         La sentencia considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina, que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

         El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia. >>

B).- El Código Civil en su artículo 6. 3. dispone: Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

C).- Decía, entre otras cosas, en el anterior artículo:

1.- Esperaremos a leer la sentencia y sus votos particulares, que serán los que se aplicarán en una nueva Ley exprimidora, aunque ahora un poco de alegría para los ciudadanos de a pie, ya que, resulta perverso, que los poderes públicos hayan reaccionado todos a -la contra-, dejando claro, que tamaña injusticia debe ser reparada de inmediato, al quedar desamparados todos los Órganos Públicos, que han visto como el T. Constitucional  ha metido la mano en sus bolsillos, igual que ellos durante muchos años y, a veces, con crueldad han despojado a muchos ciudadanos de parte de sus bienes, siendo por su puesto las clases medias y bajas las más oprimidas por el ilegal impuesto de plusvalía.

2.- El gasto público según la Ley realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3.- Ahora a los ciudadanos beneficiados por la nulidad de una Ley inconstitucional solo les queda disfrutar mientras puedan, ya que, sin la menor duda, todos los salvadores públicos elegidos por ellos en listas cerradas, se podrán rápidamente de acuerdo para poner en vigor una nueva Ley, que con toda seguridad supondrá una nueva requisa de los patrimonios de los españoles, pues no se puede consentir, que la crueldad de unos Magistrados del T. C. (no todos, gracias a los dioses) haya esquilmado a unos organismos públicos destacados por realizar -siempre- un gasto público de forma equitativa con eficacia y economía.

*** A la luz de todo lo dicho, es evidente, que los actos nulos de pleno derecho no pueden surtir efecto alguno, ya que, simplemente, no han tenido existencia nunca, razón por la que todos los actos inconstitucionales y nulos nunca han tenido existencia legal y, por ello, todos pueden ser reclamados:

**Las liquidaciones de plusvalías de los Ayuntamientos, se diga lo que se diga, son actos nulos de pleno derecho, de manera, que según dice el T. C. en su sentencia no pueden tener efecto alguno, razón por la que todas ellas sin exclusión pueden ser reclamadas ante los Órganos judiciales, que, sin la menor duda, deberán declararlas nulas de pleno, ordenando los mismos, en consecuencia, la nulidad de las liquidaciones de plusvalías municipales practicas no ingresadas por los ciudadanos, que se encuentren recurridas, y, la devolución de las cantidades ingresadas por ese impuesto inconstitucional y nulo.

** Así mismo, los Ayuntamientos de oficio deberían retirar todas las liquidaciones emitidas no abonadas y dejar de practicar liquidaciones de plusvalía.

** De igual modo, la prudencia aconseja recurrir todas las liquidaciones de plusvalía recibidas, así como, en el supuesto de existir cualquier trasmisión recoger en la escritura pública el fallo de la sentencia del T. C. que declara inconstitucionales y nulos los artículos citados y remitir escrito al respectivo Ayuntamiento sobre ese extremo.

** Las plusvalías ingresadas voluntariamente, por el supuesto contribuyente, podrían y deberían ser reclamadas por los ciudadanos, si lo estiman conveniente a sus intereses, quedando claro, que un acto nulo de pleno derecho y, por tanto, inexistente, no pude estar sometido a plazo alguno de prescripción o caducidad para su reclamación

N.B. Reitero, que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía, así que, ahora los ciudadanos a disfrutar de una buena noticia, mientras puedan, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos están consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10, sin ninguna exclusión.

Los españoles ahora asistimos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes, cosa que no se rechaza, pero que debería estar acompañado por una reducción del gasto público innecesario, aprovechando la ocasión para devolver al futuro impuesto, que sin la menor duda se impondrá, sí o sí, la equidad y la justicia social proclamadas en la Constitución.

Si los poderes públicos no actúan con prudencia, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley por los poderes públicos, que, sin duda, son los que administran en perjuicio de sus ciudadanos, como es el caso de las plusvalías municipales, el Estado Social y Democrático de Derecho, que establece la Constitución de 1978.

Córdoba, a 2 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Impuestos – subidas – Plan de Reformas U. E. (gasto público – sector privado – empleo y paro)

El Gobierno de España siguiendo la estela del resto de naciones de la U. E., Europa y resto del mundo, se ha puesto como objetivo ante U. E. subir los impuestos casi 79.000 millones, como mínimo, aumento que recaerán irremediablemente sobre las clases medias y bajas.

La Ministra de Hacienda, Dñª. María Jesús Montero dijo el pasado año: Se lo voy a decir con mucha claridad: Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora.

Parece que va a ser que no; es decir, todo lo contrario.

Las subidas fiscales recaerán en las rentas medias y bajas para intentar cuadrar unas cuentas públicas -quebradas, o al borde de ello-, que presentan un déficit de más del 11% -50% estructural-, con una deuda pública que supera el 120% del Producto Interior Bruto (PIB).

El Plan de Reformas enviado a Bruselas (que el Gobierno ha presentado varias veces sin cuantificar), promete a Bruselas una subida histórica de los impuestos a las clases medias y trabajadoras para contrarrestar el desastre de sus cuentas, así subirán y/o nacerán los siguientes impuestos:

IRPF.

Sucesiones y patrimonio. 

Peajes autovías. 

Diésel. 

IVA. 

Cotizaciones sociales.

Tasa Google y Tasa Tobin.

Gravámenes a plusvalías ficticias (renta y municipales)

Es cierto, que el Gobierno Central del Presidente Sánchez podría haber optado por otra solución para cuadrar las cuentas del Estado, que sería eliminar y reducir un gasto público disparatado, que tenemos y soportamos, aunque parece que no van por ahí los tiros. Se trataría, como han hecho otros países, de eliminar el gasto innecesario e improductivo y administrarse con arreglo a las normas de ortodoxia más elementales; dicho de otra forma, se trataría simplemente de administrarse bien, como se dice tradicionalmente, como un buen padre de familia.

Sin embargo, se ha optado por todo lo contrario, más gasto público sin control alguno, alza fiscal indiscriminada para paliar unas cuentas públicas insostenibles, además, España será el único país del entorno que sube impuestos en plena crisis.

Solo un ejemplo de los despropósitos: En España se han destruido en el sector privado 500.000 empleos (manejando solo datos oficiales, que todos sabemos dopados) y se han creado 136.700 empleos en el sector público, además, en el sector privado sus empleados han sufrido una baja en sus retribuciones superior al 22%, mientras el sector público no solo no ha reducido sus retribuciones en nada, sino que, además, aumenta las mismas en los PGE un 0,9%. En definitiva, un dislate increíble y disparatado.

El Gobierno ha aprobado unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con la mayor cifra de gasto alcanzada hasta la fecha: 456.073 millones; de forma, que si el gasto público se redujera solo un 15% tendríamos 68.410,9 millones de euros más, lo que supone una cantidad parecida a lo que se ha prometido a Bruselas recaudar de más por impuestos. Las cifras de gasto superan por mucho los 379.000 millones del 2020, lo que supone 77.073 millones más.

El trallazo fiscal a los españoles va a ser de “mírame y no te menees”, aunque lo que más llama la atención del Plan de Reformas de España para Bruselas, es el misterio que le rodea, ya que, para Europa se presenta una subida del esfuerzo fiscal en España de casi 79.000 millones, aunque a los españoles solo se les trasmite silencio oprobioso, donde falta como siempre información veraz, habiéndose presentado el Plan al día siguiente del 4 de mayo, lo que de por sí ya implica un delito de ocultación de manera perversa.

El argumento del Gobierno acerca de que sus subidas de impuestos sólo afectan a una minoría, ha quedado en almoneda y no se lo cree nadie, ya que, serán las clases medias y bajas las que soportarán el impuestazo.

La tasa Google, aprobada de forma unilateral de Europa, es un ejemplo claro de lo que no se debe hacer, porque, poder se puede, ya que, sin medir sus efectos negativos es evidente que se ha hecho.

Cuando hablamos y hablamos de recuperación, es pegarse un tiro en el pie, empezar por imponer unas reformas impositivas desacertadas en el momento más contraindicado, máxime, cuando todos los países del entorno van en otra dirección, de manera, que es como el pre suicida, que va en dirección contraria y dice: “hay que ver cuanta gente va equivocada”.

La reducción del gasto público eliminando los gastos innecesarios e improductivos, a la vez, que se realiza una administración rigurosa y controlada, es la única opción aceptable en estos momentos de ruina, sin olvidar las reformas estructurales profundas, que permitan regenerar nuestro tejido productivo y llevar nuestro mercado laboral a la senda de su reconversión creando empleo.

La Constitución dice, entre otras cosas, que no deben caer en el olvido:

Artículo 31. 1.   Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. 2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Artículo 33. 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

N.B.  Las subidas de impuestos indiscriminadas conllevarán más destrucciones de empleo y un aumento del paro, aunque lo peor es la doble cara, que subyace en la información, de forma, que en Bruselas se dice, y, se ofrece una cosa, mientras en España se oculta o se disfraza el golpe impositivo, a la vez, que crece sin control un gasto público ineficiente y disparatado.

La desconfianza de los españoles en salir de la ruina y empezar la recuperación está bajo cero, ya que, las actuaciones de los poderes públicos se sospechan realizadas en abuso de derecho.

Establecer e imponer un sistema tributario injusto dañando la igualdad de los españoles y con tintes confiscatorios, es contra la Ley, y, si al mismo tiempo, se impone una política de gasto público apartada de la equidad y alejada de los criterios de eficiencia y economía, se está contra la ley, y, si a la vez, se ataca el derecho a la propiedad privada y a la herencia con impuestos abusivos, se está vulnerando la Ley.

Si los impuestos pasan a ser confiscatorios, impidiendo la recuperación, mientras crece desbocado el gasto público, se estará vulnerando la Constitución y empobreciendo a los españoles.

Córdoba, a 10 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. Sector Público y Sector Privado (desigualdad y discriminación – 4 millones de paro registrado)

El muro que ya hay levantado entre el sector público y el sector privado se acrecienta, existiendo dos mundos paralelos desiguales, donde las diferencias son cada vez mayores en todos los sentidos, de manera, que se están produciendo faltas de equidad entre los dos mundos, de los que nacen dos sociedades desiguales: donde unala pública, no nota la crisis y mantiene su nivel de vida e incluso lo acrecienta, mientras, la otra, la privada, se va hundiendo en la pobreza y la ruina, sin que se vean, al menos, indicios de que se intenta reconstruir la igualdad.

La nota discriminatoria más importante, resideen que los poderes públicos forman parte de una de esas sociedades, y, de ninguna forma, por lo que se ve, están dispuestos a bajarse sus privilegios y sus retribuciones sagradas para favorecer a la otra parte camino de la ruina y, además, la privadasi seguimos este camino en dirección contrariaestá en riesgo de desaparecer, al menos, tal y como ha venido siendo hasta ahora, que ha proporcionado muchos años de prosperidad, libertad y bienestar a sus ciudadanos.

*** España ya ha superado la cifra de empleados públicos de la democracia, mientras el sector privado decrece en todos los sentidos, siendo cada vez más pobre y de menor entidad económica y social. A título de ejemplo, un dato, el número de asalariados del sector público ha alcanzado en el cuarto trimestre 2020, la cifra de 3.379.100 de personas con nómina a cargo del contribuyente.

Por lo dicho, veamos otros datos significativos de la EPA-4T-2020que pueden llevar a comprender la magnitud de problema y la necesidad imperiosa de hacer frente al asuntoque se quiera admitir o no, es de todos, así:

** INE – 4T – 2020.  En un añoel número total de empleados públicos ha crecido en 125.800 personasfrente al descenso del número de asalariados privados de 730.400 personas.

En un solo ejercicio oficialmenteel número de trabajadores al servicio de las administraciones (tanto funcionarios como personal laboral o temporales) ha crecido casi un 4%. Concretamente un 3,86%. Esto contrastacon el desplome en el número de asalariados del sector privadoque se ha hundido un 5,37%, según las cifras que pone de relieve el INE.

** Encuesta de Población Activa – Trimestre 4/2020. (miles)

Ocupados:             19.344,3.

Parados:                 13.719,8.

Tasa de actividad:  58,19%.

Tasa de paro:         16,13%.

Inactivos:              16.571.4.

Empleados públicos:  3.379.1

* En el último año la población activa se ha reducido en 94.700 personas.

* España finalizó el año con una subida del paro de 527.900 personas, un 16,5% más que en 2019, hasta alcanzar la cifra de los 3.719.800 desempleados

*  Así las cosas, si a los 3.719.800 parados oficiales les sumamos los inactivos y los sometidos a ERTE, la destrucción real del mercado de trabajo (solo sector privado), queda reflejado en una cifra ruinosa. (Paro, además, dopado con 125.000 empleados públicos más).

* El Gobierno (con gasto descontrolado) cerró el año con 3.379.100 individuos, con nómina a cargo del contribuyente.

– La Administración central tiene 554.800 empleados en la actualidad. Es decir, ha crecido en 20.000 personas.

– Las comunidades autónomas han aumentado su plantilla en casi 100.000 personas en 2020, llegando en el cuarto trimestre de 2020 a 1,94 millones de personas. Han crecido en 92.000 trabajadores más.

– En las entidades locales han llegado a 667.200 empleados, creciendo en 2.500 trabajadores más.

– Las empresas públicas han aumentado la plantilla en 11.200 personas, de forma, que ahora tienen a 172.700 empleados.

***   Paro registrado y paro real.

El paro registrado ha superado al cierre de febrero la cifra de los cuatro millones de personas. En concreto, 4.008.789 trabajadores están registrados en las oficinas públicas de empleo, 44.436 más que en enero.

A finales de febrero, los afectados ERTEs se fueron hasta 900.000 personas, frente a los 740.000 trabajadores registrados un mes antes.

Es un hecho no discutido, que todo el paro, los ertes, el subempleo, los inactivos, etc. afectan exclusivamente al sector privado, lo que significa, que la desigualdad aumenta sin barreras de control. (Desgraciadamente, estamos ya en cifra real de paro de los 7 millones de personas).

Además, el sector productivo privado español es cada vez más pequeño y sostiene a un Estado cada vez más grande, que sólo sabe gastar, subvencionar y aniquilar la riqueza, por ciertocada vez más difícil de generar y en descenso, como lo prueba la caída del PIB al 11%.

*** Desde otra perspectiva, la IGAE (Intervención General Administración del Estado – Ministerio de Hacienda), en su Inventario de unidades públicas clasificadas dentro del sector Administraciones Públicas (S.13), dice lo siguiente:

Subsector Administración Central (S.1311): recoge la totalidad de las unidades públicas no de mercado controladas por el Estado, incluyendo la propia Administración General del Estado.

Subsector Administración Regional (S.1312): comprende las unidades públicas no de mercado controladas por la Administración General de cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas, identificando para cada unidad la Comunidad Autónoma que ejerce el control.

Subsector Administración Local (S.1313): incluye las corporaciones locales propiamente dichas (identificadas como Administración General) así como, en su caso, las unidades públicas no de mercado controladas por aquéllas.

Subsector Fondos de la Seguridad Social (S.1314), incluye las unidades públicas que gestionan cotizaciones y prestaciones sociales.

Datos por subsector:

Subsector Administración Central (S.1311): 317 unidades.

Subsector Administración Regional (S.1312): 1.314 unidades.

Subsector Administración Local (S.1313): 15.191 unidades.

Subsector Fondos de la Seguridad Social (S.1314): 29 unidades.

Total, de unidades públicas: 16.851.

*** Lo dicho, pone de manifiesto y reflejaque el Sector Público aumenta día a díavampirizando sin tregua al Sector Privado, razón por la que, las diferencias y los desequilibrios están creando sociedades desiguales, donde la equidad está desapareciendo.

Para terminar, es un imposibleque menos de un tercio de la población de un País sostenga y mantenga a los otros dos tercios y que el gasto público esté descontrolado, de forma, que cuando se agoten las posibilidades de la deuda, los fondos de recuperación de la U. E. se gasten (si llegan) y la recaudación del Estado decrezca, si no se recupera la productividad y se igualan las dos sociedades resultantes deshaciendo la desigualdad y recuperando las diferencias entre ellas, España entrará en fase de quiebra sin remedio.

N.B.  Es una realidad, que España no puede recuperarse y progresar sin que el Sector Público y el Sector Privado estén embridados, de manera, que no existan mundos paralelos y sociedades desiguales, existiendo desigualdad y discriminación por pertenecer a uno u otro sector, como desgraciadamente está ocurriendo, donde lo público se convierte en la sociedad hegemónica postergando y sometiendo al sector privado.

Los datos expuestos, los razonamientos realizados y las conclusiones obtenidas, son realidades incuestionables, se miren como se miren, ya que, frente a la evidencia no caben interpretaciones oscurasque siempre apuntan a intereses privativos ideologizadosopuestos al bien común y general de las sociedades democráticas.

Sin control del gasto público solo puede existir desigualdad y discriminación entre los españoles, de forma, que, además, el Estado puede entrar en quiebra y las consecuencias serán desastrosas para la sociedad española.

Destacar, que Andalucía desafortunadamente tiene uno de los niveles más elevados de paro y subempleo (36,3%), aunque si miramos las tasas de desempleo de jóvenes, mayores de 50 años y mujeres la situación es terrible, ya que superamos todo lo imaginable (42%).

En Córdoba en febrero subió el paro en 1.754 personas, en la provincia había el mes pasado 83.265 desempleados (11.482 más que hace un año), un 2,15% más que en enero, de forma, que si se mira la comparativa anual hay una subida del desempleo de un 16%.

Córdoba, a 2 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Gasto público – deuda – tipos negativos – una mentira (hechizados por BCE)

El gasto público en España se viene pagando, en gran medida, acudiendo a la deuda, de forma, que a pesar de los Fondos de Recuperación de la U. E. (cuando lleguen), el peso de la deuda en la financiación del tremendo gasto público será muy importante e irrenunciable por ahora. No hay más que ver el gasto de la Seguridad Social (pensiones, etc.) y el resto del gasto público para comprender, que ni con los ingresos del Estado por impuestos, ni con los fondos europeos, será posible prescindir del dinero procedente de la deuda que seguirá aumentando, ya que, el Gobierno de España no está por la labor de realizar ajustes estructurales en el gasto público, no hay más que seguir la deriva de nuestro gasto en aumento constante e improductivo para comprender hacia donde irá nuestra deuda.

El BCE, además, ha ido asumiendo parte de esa deuda en claro aumento, de manera, que más pronto que tarde llegará a su tope, y, no quedará otra, que acudir a los mercados a colocar nuestra deuda, que mientras los tipos de interés sean negativos no habrá problemas, pero si los inversores pierden la confianza y los intereses suben la situación será muy complicada.

Parece oficialmente, que España ha terminado 2020 con una deuda pública del 120% del PIB o muy superior (ya que domina la opacidad casi absoluta), un déficit fiscal por encima del 11% y una desaceleración económica sobre el 12% del PIB, pero, curiosamente, se habla por los “mentideros” de la magia del BCE al dopar la deuda pública y diciendo, además, que es sostenible, aunque la verdad es que todo se mantiene por la falacia de los tipos negativos, de los que los ciudadanos de a pie están excluidos.

El Gobierno de España pueden emitir deuda pública hasta un cierto listón, de manera que, más allá de ese límite real, las consecuencias serán un incumplimiento total o un incumplimiento parcial en forma de inflación.

En España si la deuda sirve para generar crecimiento y productividad el camino sería aceptable, ya que, solo si los fondos recaudados a través de la deuda emitida se invierten en proyectos de infraestructura con rendimiento real la solución llegará, pero si el dinero se gasta solo en apoyo de políticas sociales subsidiadas sin productividad, el incumplimiento se alcanzará más pronto que tarde.

Desgraciadamente, el Gobierno de España no va a poner en marcha programas de ajustes y austeridad por su coste político, que no quiere asumir, (no hay más que examinar los Presupuestos del Estado aprobados), mientras que, tampoco, podrá aumentar la recaudación con más impuestos de manera suficiente, aunque siempre podrá no pagar la deuda, algo casi descartable por ahora, razón por la que, sin duda, dado el rumbo de nuestro gasto aparecerá la inflación, porque se habrán alcanzado los límites de la deuda que podemos pagar.

Que conste, que no tomo una postura pesimista, al contrario, creo, que se quieren tomas medidas de control del gasto público, como las anunciadas en relación con la S. S., sin embargo, temo que serán insuficientes, aunque por ahora aguantaremos con los fondos europeos de recuperación, pero si no restablecemos nuestro sistema productivo y reestructuramos el gasto hacia la inversión productiva y hacia la rentabilidad, el límite de nuestra deuda está más cerca que lejos.

N. B.  La deuda empujada por el gasto improductivo, aunque sigan por ahora los tipos negativos, llegará a un límite insoportable, y, la mentira dopada del BCE se romperá en un hechizo real de posibles impagos en cualquiera de sus formas.

Si continuamos el camino marcado en los Presupuestos aprobados, es una realidad, que vamos abocados a un terreno perverso, ya que, que los fondos de recuperación de la U. E. solo cubrirán un tercio de nuestras necesidades de gasto, los ingresos del Estado (aunque se suban impuestos, en estos momentos de ruina una política desacertada) serán insuficientes y la deuda llegará a su límite de no retorno.

La magia del BCE dopando la deuda pública no puede ser para siempre, digan lo que digan, máximo dos años, después vendrá la realidad si no cambiamos el rumbo, sin olvidar, que los ciudadanos no perciben en su día a día las ventajas de los tipos negativos de interés, que solo llega con claridad a los poderes públicos y sus allegados financieros.

Solo existe una solución aceptable, reestructurar el gasto público hacia la inversión y la productividad, realizando todos los ajustes que sean necesarios, pero siempre con respeto a nuestros derechos y libertades constituciones, con igualdad social y sin que exista discriminación en ningún colectivo y/o territorio.

Córdoba, a 4 de enero de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.