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La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: Un patrón sistemático de impunidad.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra  (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay ánimo de lucro evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve corrupción estructural en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el agujero negro de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Las cosas importantes – la palabrería – el gasto público innecesario (La inflación y las subvenciones)

Hemos celebrado el día de la Constitución, aunque da la impresión en esas celebraciones públicas de luces y fiestas, que muchos políticos de todos los partidos (quizás demasiados) han abrazado la política del olvido de las cosas importantes, dedicándose por ejemplo, a los alumbrados, a la propaganda de lo improductivo, al aumento del gasto público innecesario y a las subvenciones, de manera, que, a mayor dislate, si algún ciudadano se mueve y pretender crear riqueza le cae un impuesto, y, que si se atreve a sacar la cabeza a pesar de la imposición fiscal, se le saca una ley y/o una ordenanza que lo regula y, curiosamente, cuando se para sometido a la “cultura de lo no importante imperante” le dan una subvención; es decir, hemos llegado a un mundo maravilloso donde lo políticamente correcto no son las cosas verdaderamente importantes, sino que lo que prima, es dedicarse al mundo de lo etéreo y de la propaganda “influenzer”, ya que, lo ahora determinante en el universo “woke” dominante es gastar en lo superfluo adobado con dinero público, procedente, a ser posible, del aumento de la deuda pública y del déficit público.

En vez de liberar la capacidad productiva de la economía y del mundo de las ideas creativas, lo que se proyecta e inculca, es aumentar la intervención gubernamental en el sector privado real y productivo, mediante un crecimiento del bucle interminable de todos los poderes públicos en aras del inmovilismo económico, político y cultural, que desgraciadamente solo produce inflación y una sociedad subvencionada desde lo público, que crece exponencialmente.

Para justificar todo gasto público innecesario se mantiene, que todo se arregla con estímulos monetarios laxos, aunque, la verdad es que el resultado es la inflación, que machaca los salarios y asfixia el crecimiento real perjudicando siempre a las posiciones más pobres y necesitadas social y culturalmente.

Lo que hay es lo que hay, así que ha llegado la hora de la sublevación pacífica de los españoles, que creemos que otra forma de política es posible y que hay que luchar por las “cosas importantes” como el valor justicia, la libertad y la igualdad, de forma, que en ese camino necesario asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” serán los instrumentos de autodefensa ciudadana.

N.B.  A llegado la hora de las cosas importantes y de dejar a un lado  la palabrería woke sufragada con gasto público innecesario, porque el camino no puede ser la inflación y las subvenciones públicas basadas en la deuda y el déficit.

Es la hora de pelear por la libertad y la igualdad real de todos.

Córdoba, a 7 de diciembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.