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Anticipos de la Diputación de Córdoba (Ayuda financiera o grilletes para los municipios)

Se dice en el lenguaje popular, que el diablo suele esconderse en los detalles y, sin duda,  en este caso en las cláusulas financieras de los préstamos con las entidades financieras, porque, bajo la amable apariencia de una <-ayuda a la liquidez->, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha articulado un sistema que, más que un apoyo, es una trampa de dependencia a largo plazo para nuestros ayuntamientos.

1. La realidad de los números – (El espejismo de la solvencia).

Para el ejercicio 2026, la suma total anticipada a los municipios asciende a 129,07 millones de euros. A primera vista, parece un despliegue de músculo financiero institucional, sin embargo, al analizar el origen de los fondos, la realidad es otra:

  • Recursos Propios (ICHL): 34,07 M. eur. (Solo el 26,4%)
  • Deuda Bancaria (Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Bankinter): 95 M. eur. (73,6%)

La conclusión es alarmante: 7 de cada 10 euros que la Diputación entrega a los ayuntamientos no son suyos. La institución actúa meramente como un intermediario que pide prestado al mercado privado para luego trasladar el coste y el riesgo al eslabón más débil: El municipio.

2.- La <-trampa de liquidez-> – (Un bucle de deuda).

Este modelo no es una transferencia gratuita, sino un préstamo puente con efectos secundarios devastadores para las arcas locales:

1.- Intereses Pasivos: Los intereses de esos 95 millones de euros en créditos bancarios no los absorbe la Diputación, sino que se detraen directamente de la liquidación final de los impuestos que pagan los ciudadanos.

2.- Opacidad en la Gestión: Al no publicarse los pliegos de condiciones con las entidades financieras, los interventores municipales y los ciudadanos desconocen el coste efectivo real. Es decir, se paga una “prima de opacidad” por una gestión que el ayuntamiento no controla.

3.- El Déficit Estructural: El ayuntamiento recibe el dinero hoy, pero lo devuelve mañana con intereses y gastos de gestión, lo que  genera que, al final del ejercicio, el municipio tenga menos liquidez de la prevista, obligándolo a solicitar un nuevo anticipo el año siguiente. Es el “pecado original” (el efecto contrario) de una deuda perpetua.

3.- El impacto en el ciudadano – (El verdadero pagano).

Como jurista, observo con preocupación cómo este modelo erosiona la autonomía local (Art. 140 CE), porque el coste financiero de esta intermediación no es un concepto abstracto, sino que se traduce en menos dinero para:

Mantenimiento de infraestructuras básicas.

Servicios sociales municipales.

Políticas de empleo local.

-Otros servicios públicos como limpieza, etc.

**Matemáticamente, el impacto se resume en la siguiente fórmula:

*Coste Efectivo = Ibancario​ + Gastos Gestión ICHL + Coste Oportunidad.

4.- Una alternativa. – (Intermediación vs. Mercado Directo).

La justificación oficial es la economía de escala, y, se dice que la Diputación negocia mejor por ser grande, aunque la pregunta es ¿a qué precio?

**Cuadro explicativo:

FactorModelo Diputación (ICHL)Acceso Directo al Mercado
TransparenciaOpaca. El ayuntamiento desconoce la “letra pequeña”.Total. El municipio licita y controla cada céntimo.
DependenciaMáxima. Crea un “cordón umbilical” político.Independencia. Soberanía financiera real.
CosteDual. Interés bancario + estructura del ICHL.Directo. Solo el coste financiero de la operación.

<<Conclusión. (Un modelo que hace prisioneros)>>

El sistema de anticipos del ICHL en Córdoba se ha convertido en un mecanismo de control político bajo el disfraz de gestión técnica, ya que, si un ayuntamiento con solvencia acudiera directamente al mercado, no solo fomentaría su propia eficiencia recaudatoria, sino que dejaría de alimentar una estructura burocrática intermedia que encarece el dinero público y, además, no perdería su independencia y autonomía.

En definitiva, la “ayuda” de la Diputación es, en realidad, una carga financiera diferida, pues mientras la institución provincial obtiene el rédito político inmediato por entregar el cheque, son los ayuntamientos y sus vecinos quienes soportan, en silencio, el peso de los grilletes financieros.

N. B. Los anticipos de la Diputación a través del ICHL a los Ayuntamientos de Córdoba es una trampa financiera, que, además, hace prisioneros a los municipios que los reciben y, además, los empobrece, reduciendo su inversión real en servicios esenciales.

Es un hecho patente, que el Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba del P. P., con su presidente Salvador Fuentes Lopera, está siguiendo la misma política de la anterior Corporación Provincial socialista, que básicamente consiste en expoliar al ciudadano de a pie, mientras gasta sin control en el mantenimiento de sus estructuras, de forma, que para ese fin todo sirve, como lo demuestra el perverso sistema de anticipos a los ayuntamientos, que simplemente consiste en crear gastos innecesarios y superfluos y, a la vez, reducir las inversiones sociales haciendo prisioneros a los ayuntamientos a través de una deuda inducida y fraudulenta.

Los ayuntamientos que han recibido en anticipo envenenado no se sabe si sienten el engaño de la “ayuda”, pero los ciudadanos de esos municipios, que son los verdaderos paganos, si deben ser informados cumplidamente de lo que están pagando y de lo que están recibiendo a cambio, que cada día que pasa es menor proporcionalmente a la imposición fiscal que soportan.

Córdoba, 5 de febrero de 2026.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: Un patrón sistemático de impunidad.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra  (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay ánimo de lucro evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve corrupción estructural en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el agujero negro de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Comentarios al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET (III)

Participación de la Sociedad Civil Cordobesa en el Proyecto Formativo Singular BLET

En el informe original se identifica una brecha en cuanto a la participación de la sociedad civil, a continuación se incorpora una sección adicional basada en la revisión de fuentes oficiales y públicas disponibles hasta la fecha actual (10 de agosto de 2025).

Esta adenda analiza el estado actual de la involucración ciudadana, evalúa su potencial para fomentar transparencia y confianza, y propone mejoras específicas.

El análisis se fundamenta en documentos y anuncios relacionados con el protocolo firmado el 8 de agosto de 2025, destacando que, aunque el proyecto es reciente, no se evidencian mecanismos explícitos de participación civil en su diseño o ejecución inicial.

**Estado Actual de la Participación de la Sociedad Civil.

*Entidades Involucradas y Ausencia de Menciones Explícitas.

-El protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET es un acuerdo colaborativo entre instituciones públicas (Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba) y el sector empresarial (representado por la Confederación de Empresarios de Córdoba – CECO).

-No se menciona la inclusión directa de organizaciones de la sociedad civil (OSC), como asociaciones vecinales, sindicatos independientes, ONGs educativas, asociaciones o grupos ciudadanos, en la firma o en el diseño del proyecto.

-El enfoque se centra en alinear la formación con las necesidades del tejido productivo local, priorizando el diálogo con empresas para identificar demandas laborales. Aunque se resalta un “diálogo constante con el tejido productivo local” para diseñar políticas públicas, esto se limita al ámbito económico y no extiende explícitamente a la ciudadanía en general. No hay referencias a comités ciudadanos, consultas públicas o mecanismos de rendición de cuentas específicos para este proyecto.

*Oportunidades Indirectas de Participación.

A pesar de la falta de mecanismos directos, existen vías indirectas para que la sociedad civil cordobesa se involucre:

-Acceso a la Formación: El proyecto beneficiará a aproximadamente 7.000 personas, priorizando desempleados (aunque también accesible a ocupados).

Cualquier ciudadano cordobés en situación de desempleo puede inscribirse en los cursos a través de la web de Formación para el Empleo de la Junta de Andalucía.

Los listados de acciones formativas se publican en https://lajunta.es/5qlhc, lo que permite un acceso público y transparente a la información.

Esto representa una forma de participación pasiva, donde individuos contribuyen al desarrollo económico al capacitarse y potencialmente integrarse al mercado laboral generado por la BLET.

-Marcos Generales de Participación Ciudadana: La Junta de Andalucía cuenta con un portal dedicado a Transparencia y Participación Ciudadana, que incluye datos sobre planificación, empleo público y programas anuales. Además, la Diputación de Córdoba tiene una Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, que podría servir como canal para consultas relacionadas.

En un contexto más amplio, Córdoba ha lanzado su segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto en marzo de 2025, enfocado en generar más datos, transparencia y participación ciudadana para estar “más cerca de la gente”.

Aunque no vinculado directamente al BLET, este plan podría extenderse para incluir iniciativas como encuestas o foros sobre el proyecto.

Estas oportunidades indirectas permiten una involucración limitada, principalmente como beneficiarios de la formación, pero no en roles activos como la codiseño o supervisión.

**Análisis Crítico: Impacto en Transparencia y Confianza Ciudadana.

*Fortalezas

La publicación abierta de listados formativos y procesos de inscripción fomenta un nivel básico de transparencia, alineado con los principios de gobierno abierto de la Junta y el Ayuntamiento.

Esto puede generar confianza al demostrar que el proyecto es accesible y orientado al empleo local, contribuyendo a la percepción de que las instituciones responden a necesidades reales de la ciudadanía.

*Debilidades.

La ausencia de mecanismos explícitos de participación civil representa una limitación significativa.

Sin inclusión de OSC, el proyecto podría percibirse como elitista o centrado en intereses institucionales y empresariales, erosionando la confianza ciudadana.

No se detallan herramientas como audiencias públicas, encuestas o comités mixtos, lo que contrasta con marcos generales de participación en Andalucía (e.g., el portal de transparencia).

Esto podría generar críticas por falta de inclusividad, especialmente en un proyecto de impacto provincial como la BLET, que afecta empleo, economía y desarrollo urbano.

En términos de transparencia, aunque hay publicación de información, faltan indicadores de impacto (e.g., tasas de inserción laboral) o reportes periódicos, lo que reduce la accountability (habilidad de asumir la responsabilidad plena de nuestras acciones, decisiones y resultados).

**Propuestas para Mejorar la Participación y Transparencia.

Para fortalecer la confianza ciudadana y hacer el proyecto más inclusivo, se recomiendan las siguientes acciones, integrables al protocolo sin alterar su esencia:

1.- Creación de un Comité Consultivo Mixto: Incluir representantes de OSC cordobesas (e.g., asociaciones de desempleados, sindicatos educativos o grupos ambientales) en un comité asesor.

Este podría revisar semestralmente el Estudio de Necesidades Formativas y proponer ajustes, asegurando que la formación responda también a prioridades sociales.

2.- Consultas Públicas y Foros Ciudadanos: Organizar sesiones abiertas o encuestas en línea a través del portal de Participación Ciudadana de la Diputación o la Junta, para recopilar feedback sobre perfiles formativos.

Esto podría alinearse con el Plan de Acción de Gobierno Abierto de Córdoba, promoviendo “mayor transparencia y participación ciudadana”.

3.- Mecanismos de Transparencia Específicos: Publicar informes anuales detallados sobre avances, presupuesto y resultados (e.g., en el portal de transparencia de la Junta), incluyendo métricas como tasas de empleabilidad.

Habilitar un canal de denuncias o sugerencias anónimas para fomentar confianza.

4.- Inclusión en Programas Existentes: Integrar el BLET en iniciativas de participación ciudadana de la Diputación, como programas de cooperación al desarrollo, para atraer a OSC locales y extender el impacto social.

5.- Campañas de Difusión: Lanzar campañas en redes sociales y medios locales para invitar a la ciudadanía a inscribirse no solo como alumnos, sino como voluntarios en talleres o eventos relacionados, fomentando un sentido de propiedad comunitaria.

Estas propuestas, si se adoptan, transformarían el proyecto en un modelo de gobernanza inclusiva, alineado con principios democráticos y potenciando la legitimidad de las instituciones públicas en Córdoba.

N.B. En este Comentarios al Protocolo del Proyecto Formativo Singular BLET se ha puesto de manifiesto la participación de la Sociedad Civil Cordobesa en el Proyecto Formativo Singular BLET, formulando propuestas para mejorar la Participación y Transparencia, y, así, fortalecer la confianza ciudadana y hacer el proyecto más inclusivo, recomendando acciones, integrables al protocolo sin alterar su esencia.

Córdoba, a 11 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.