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La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: Un patrón sistemático de impunidad.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra  (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay ánimo de lucro evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve corrupción estructural en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el agujero negro de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Seguridad Social – Deuda y Déficit (Pensiones y más impuestos)

Un grupo numeroso de lectores preguntan espantados por las noticias sobre la deuda y el déficit de la S. S., ya que, parece que ven en peligro el sistema de pensiones, así que, vamos a contestar a algunas preguntas de las que nos han hecho.

A).- ¿Qué significa que la Seguridad Social <se paga con deuda>?

En 2025, el sistema de Seguridad Social en España no recauda lo suficiente con las cotizaciones de trabajadores y empresas para cubrir las pensiones y otras prestaciones. A partir del 4 de octubre, el dinero necesario para pagar estas obligaciones proviene de transferencias del Estado, que a su vez se financia con impuestos y, principalmente, emitiendo deuda pública.

***En números simples:

*Las cotizaciones cubren solo el 73% de lo que se necesita para pagar las pensiones.

*Por cada 4 euros gastados en pensiones, 3 eur. vienen de cotizaciones y 1 eur. de deuda o impuestos.

*Traducido para que todos los lectores lo entiendan, eso significa que, durante los últimos tres meses del año, las pensiones se pagan con dinero prestado.

*La deuda de la Seguridad Social ya alcanza los 126.000 millones de euros, y la deuda pública total supera el 102% del PIB (el valor de todo lo que produce el país en un año).

**Impacto para los ciudadanos: Las pensiones se siguen pagando sin problemas por ahora, pero esta situación aumenta la deuda que deberán pagar las generaciones futuras, lo que podría llevar a mayores impuestos o recortes, si no se actúa con determinación y urgencia.

B).- ¿Por qué hay un déficit  en la S. S. y cuánto tiempo puede durar?

El déficit de la Seguridad Social es <estructural>, es decir, no es algo temporal, sino un problema constante causado por:

**Envejecimiento de la población: Cada vez hay más jubilados y menos trabajadores que cotizan. Hoy hay 2,1 trabajadores por cada pensionista, pero en 2050 serán solo 1,4., siendo optimistas.

**Subidas de pensiones: Las pensiones crecen cada año según la inflación (IPC), lo que aumenta el gasto. (La subida del próximo año rondará los 4.900 millones de euros).

**Sistema de reparto: Las cotizaciones de hoy pagan las pensiones de hoy, pero los ingresos no crecen tan rápido como los gastos.

C).- ¿Cuánto tiempo se puede mantener?

**A corto plazo (hasta 2030): El sistema puede seguir funcionando porque el Estado puede pedir dinero prestado. El déficit en 2025 es de unos 8.000-10.000 millones de euros (0,4-0,5% del PIB).

**A largo plazo (hasta 2050): Sin cambios, el déficit crecerá hasta el 2,3% del PIB en 2050, según expertos. Esto podría llevar a:

Subidas de impuestos o cotizaciones.

Recortes en las pensiones (hasta un 25% para equilibrar el sistema).

Problemas si la deuda pública supera el 120% del PIB, lo que podría generar una crisis de confianza en los mercados.

D).- ¿Qué se puede hacer para solucionar el problema?

Los expertos proponen varias medidas para equilibrar el sistema de Seguridad Social:

1.- Aumentar los ingresos:

*Subir las cotizaciones que pagan trabajadores y empresas (por ejemplo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional ya las aumentó un 0,7% y planea llegar al 1,2% en 2029). Esto aporta dinero rápido, pero puede reducir el empleo y la competitividad.

*Usar más impuestos generales (como IVA o IRPF) para financiar pensiones, aunque esto aumenta la presión fiscal y la deuda pública.

*Reconstruir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (casi agotado desde 2019) con ingresos extra, aunque esto tomaría décadas.

2.- Reducir el gasto:

**Retrasar la edad de jubilación (de 66 años y 4 meses ahora a 68 o más). Esto reduce el número de pensionistas y aumenta los cotizantes, pero es impopular.

**Ajustar cómo se calculan las pensiones (por ejemplo, basándolas en toda la vida laboral, no solo en los últimos 25 años), lo que bajaría las pensiones medias.

**Limitar las subidas de pensiones automáticas según la inflación, para controlar el gasto, aunque esto afectaría al poder adquisitivo de los jubilados.

3.- Cambios estructurales:

<-Introducir un sistema mixto: Combinar el sistema actual (donde las cotizaciones pagan pensiones directamente) con planes de pensiones privados obligatorios, como en Suecia o Chile. Esto reduce la presión sobre el sistema público, pero requiere una transición costosa.

<-Fomentar la natalidad y el empleo joven: Con incentivos fiscales o formación, para tener más trabajadores cotizando en el futuro. Sin embargo, el impacto tardaría 20-30 años.

<-Atraer inmigrantes jóvenes para aumentar las cotizaciones, aunque esto requiere políticas de integración efectivas.

4.- Otras ideas:

**Digitalizar la Seguridad Social y combatir el trabajo no declarado para recaudar más.

**Financiar las pensiones no contributivas (para personas sin cotizaciones suficientes) con el presupuesto general, liberando unos 10.000 millones de euros del sistema contributivo, aunque al final pagarán todos los españoles con sus impuestos o con más deuda.

**Promover el ahorro privado para complementar las pensiones públicas.

E).- ¿Qué impacto tendrán las reformas en las pensiones y la pobreza?

a).- Pensiones medias (1.400 €/mes en 2025):

*Sin cambios: Las pensiones crecerán con la inflación hasta 2035, pero luego podrían bajar un 11% (a 1.490 € en 2050) debido a recortes para controlar el déficit.

*Con reformas parciales (retrasar jubilación y más cotizaciones): Las pensiones se mantienen estables, cayendo solo un 3% (a 1.662 € en 2050).

*En crisis económica: Sin reformas, una recesión podría reducir las pensiones un 28% (a 1.013 € en 2050).

*Con reformas profundas (sistema mixto y más empleo): Las pensiones públicas crecen menos, pero se complementan con 200 €/mes de ahorros privados, llegando a 2.196 € en 2050.

b).- Pensiones mínimas (850 €/mes en 2025):

*Sin cambios: Suben hasta 1.062 € en 2035, pero luego caen a 980 € en 2050 (-15% real).

*Con reformas parciales: Crecen a 1.054 € en 2050 (-6% real).

*En crisis económica: Caen a 683 € en 2050 (-20% real), afectando gravemente a los más vulnerables.

*Con reformas profundas: Suben a 1.232 € en 2050 (+45% real), pero sin ahorros privados, ya que, estos beneficiarios suelen tener pocas cotizaciones.

3.- Pensiones no contributivas (484,61 €/mes en 2025):

**Sin cambios: Suben a 576,81 € en 2050 (+19% real), pero la pobreza entre beneficiarios aumenta al 60,5% (354.000 personas).

**Con reformas parciales: Suben a 611,10 € (+26% real), con pobreza al 58,1% (340.000 personas).

**En crisis económica: Caen a 451,87 € (-7% real), con pobreza al 69,1% (404.000 personas).

**Con reformas profundas: Suben a 703,15 € (+45% real), con pobreza al 51,9% (304.000 personas).

F).- Pobreza en mujeres mayores (60% de beneficiarias de pensiones no contributivas):

***Las mujeres son más vulnerables por carreras laborales más cortas y mayor longevidad. En 2050:

*Sin cambios: La pobreza sube al 62,5% (219.375 mujeres).

*Con reformas parciales: Al 60,1% (210.951 mujeres).

*En crisis económica: Al 71,1% (249.561 mujeres).

*Con reformas profundas: Al 53,9% (189.189 mujeres).

G).- Recomendaciones prácticas.

No hay una solución única, pero los expertos sugieren combinar:

1.- Retrasar la edad de jubilación a 68-70 años de forma gradual.

2.- Crear un sistema mixto con ahorros privados obligatorios para nuevos trabajadores.

3.- Limitar las subidas de pensiones en años de alta inflación.

4.- Fomentar la natalidad y el empleo joven para asegurar más cotizantes.

Estas medidas distribuyen el esfuerzo entre generaciones y evitan una crisis fiscal grave. Sin reformas, en 2035-2040 podrían ser necesarios recortes de hasta el 25% en las pensiones o subidas fuertes de impuestos. Además, se deben priorizar políticas para proteger a los más vulnerables, como mujeres mayores y beneficiarios de pensiones no contributivas, con ayudas adicionales como subsidios de vivienda.

N.B. Seguridad Social – Deuda y Déficit: Es necesario un cambio estructural profundo y realizar una campaña de concienciación de la sociedad civil dirigida a publicitar la verdad, es decir, que el Sistema de la S. S. en España ya está topado, de forma, que se reforma o el futuro de su viabilidad será un desastre.

La Seguridad Social se paga con deuda.

Córdoba, a 5 de octubre de 2025-10-04

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Paro en Andalucía – una historia interminable (problemas, reformas y participación social)

El desempleo en Andalucía es la historia interminable de un problema irresuelto, de carácter permanente, con el que convivimos, al parecer, sin esperanza de solución, de manera, que señalaré los puntos principales de esa problemática, que tenemos enquistada:

* Activos. 3.591.910.

* Parados. 985.179.

* Inactivos. 2.797,100.

* Inactivos que no buscan trabajo. 88.450.m.

* Parados que no han trabajado nunca. En Andalucía su número asciende, aproximadamente, a 118.200 personas, que supone un 12% de parados en Andalucía.

* Parados de larga duración en número de 377,4.m en Andalucía y, de estos, 210.4.m son mayores de 50 años

Además, en Andalucía hay 36.3.m personas mayores de 45 años, que no han trabajado nunca.

* Subocupados. Son los trabajadores, que prestan servicios menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. En Andalucía un 11,8% de trabajadores están subocupados, de manera, que, aunque quieren y están disponibles para trabajar más horas, no encuentran dónde hacerlo.

* Falta de formación y cualificación de los trabajadores.  Sin duda, uno de los mayores fallos de nuestro sistema de empleo, de manera, que hay que orientar y capacitar al colectivo de personas desempleadas para incrementar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.  

*** Visto de otra manera, los parados andaluces reconocidos que no encontrarán empleo (mayores de 55 + inactivos) serán unas 212.400 personas, que, si le sumamos un mínimo de 51.880 de parados de 45 a 54 años en las mismas condiciones, la cifra de parados que nunca encontraran empleo asciende a 264.280 personas, que son incapacitados permanentes sociales (paro estructural mínimo y permanente), lo que supone un 29,58% del paro total de Andalucía.

Por otro lado, la tasa de desempleo se distribuye de forma desigual por territorios y sectores, de manera, que las diferencias se presentan como algo irresoluble, porque no se adoptan medidas estructurales y rápidas, que impidan, que la epidemia laboral se extienda cada vez más y con mayor profundidad, convirtiéndose sin remedio en una enfermedad crónica y larvada de nuestro mercado de trabajo.

En Andalucía hay zonas y sectores, como ocurre en toda la extensa zona del Campo de Gibraltar, en los sectores turísticos dependientes de la hostelería y los servicios y en los colectivos jóvenes dependientes de la contratación temporal, donde existe, se quiera ver o no, una realidad desgraciada de proporciones desconocidas, que, además, conlleva efectos colaterales perversos como la droga, el tráfico ilegal, la prostitución y la pérdida de un capital humano imprescindible para su reactivación económica.

Las desigualdades llegan a ser preocupantes en los distintos territorios y en las distintas actividades del sector productivo, ya que, las zonas más afectadas por el turismo, la hostelería y todo el sector servicios soportan un desempleo mayor, unas condiciones de trabajo más temporales y precarias y unas diferencias salariales significativas.

Solo como medida de comparación y en aras de comprender el enorme problema de Andalucía, cito la tasa de paro de dos pueblos grandes de Andalucía (sobre 35.000 a 45.000 habitantes):

La Línea de la Concepción – (Cádiz) = 38,99%.

El Ejido – (Almería) = 17,75%.

La diferencia habla por sí misma.

*** El número total de parados reales en Andalucía (paro registrado + ertes + inactivos) podría aumentar exponencialmente, si no se toman medidas urgentes, pudiendo llegar a 1.525,6 (miles) desempleados, con una tremenda incidencia en los jóvenes, en los mayores de 50 años y en las mujeres, además, agravará el problema, el hecho de que ese paro está distribuido desigualmente por sectores económicos y zonas de Andalucía.

Hay que recordar, que Andalucía tiene una población de 8,4 millones de habitantes, que se distribuyen a lo largo de 87.597 km2, con una densidad de población de 95,8 hab/km2, siendo Andalucía la CC. AA. más poblada de España y la segunda más extensa.

El paro en Andalucía podría alcanzar una tasa general del 42,50%, así mismo, la economía podría descender hasta un 19,5%, como consecuencia de la crisis del coronavirus y la estructura desigual de su tejido productivo.

Hasta la fecha, con lo que está cayendo, nadie ha elaborado un plan de reconstrucción del mercado laboral con reformas estructurales profundas adaptadas al territorio, de eliminación del gasto improductivo estéril y de redistribución de los gastos e inversiones necesarias con equidad territorial y sectores productivos, tratando de igualar a los desiguales.

En Andalucía se ven, además, de lo dicho, una serie de asuntos problemáticos, que afectan su tasa de paro, así que, veamos varios de ellos:

1.- Nuestra población tiene una demografía envejecida día a día, hecho que resulta una realidad muy difícil de contrarrestar.

2.- Rebrotes de la pandemia que hay que controlar a todos los niveles, acelerando la vacunación. Es evidente, que, además, hay que implicar a los andaluces en la toma de decisiones, con una información veraz e inmediata.

3.- La economía andaluza, basada en el sector servicios, ha vuelto a caer, sin que el Gobierno andaluz en el marco de sus competencias, haya adoptado medidas eficaces. La economía andaluza vuelve a estar parada y con todos sus sectores productivos esenciales en situación de espera (stand-by), previéndose una caída de nuestro PIB perversa.

4.- La inversión extranjera, esencial para nosotros, se ha reducido en Andalucía a nivel bajo cero y solo queda una solución viable, que el Gobierno de la Junta en el marco de sus competencias, cree las condiciones favorables para que esa inversión, que está esperando y retraída, vuelva a nuestra tierra. En definitiva, restablecer la confianza y la seguridad jurídica.

5.- El empleo privado ha caído en picado, mientras que en sector público ha crecido, lo que conlleva graves desigualdades y la necesidad de restablecer necesariamente el equilibrio entre ambos sectores. Todo el impacto del paro en la crisis se lo ha llevado el sector privado.

6.- Por si faltara algo, en Andalucía los ciudadanos estamos desinformados y arruinados, amenazándonos el Gobierno Central, además, con que habrá subidas de impuestos nacionales y otros nuevos de la U. E., de forma, que es hora de que alguien explique, qué está pasando realmente y en qué situación nos encontramos.

Finalmente, repetir que en Andalucía el desempleo es un problema esencial, extremadamente espinoso, complicado y gravísimo, y, no se puede dejar solo al arbitrio de la suerte, se han de tomar ya medidas estructurales de reforma del mercado de trabajo adecuándolo a la realidad de nuestra tierra, y, de reestructuración profunda de nuestra economía, buscando siempre la máxima productividad y el máximo equilibrio territorial y sectorial, fortaleciendo la formación continuada y adaptada de los trabajadores a las nuevas realidades de la economía.

El tema de la formación es fundamental para atajar la destrucción de empleo, ya que, el 99% de los empleos destruidos en 2020 era de media o baja cualificación, de manera, que la formación de los trabajadores en la nueva realidad del mercado laboral es de vital importancia, si se quiere crear empleo estable y sólido.

N.B. El paro en Andalucía es una historia interminable de fracasos, problemas y falta de reformas, con una participación social anulada y desconocida, de forma, que Andalucía tiene un problema tremendo, que el Gobierno de la Junta y el Gobierno Central siempre han ignorado, aunque, sin la menor duda, es unasunto extremadamente espinoso, complicado y gravísimo.

Así mismo, es un hecho, que en Andalucía los ciudadanos estamos desinformados y arruinadosamenazándonos el Gobierno Central, además, con que habrá subidas de impuestos nacionales y otros nuevos de la U. E., de forma, que es hora de que alguien nos explique, qué está pasando realmente, en qué situación nos encontramos, qué vamos a recibir de Europa y cuando, y, qué sacrificios tendremos que afrontar para superar esta situación extrema.

Hay que tomar ya medidas estructurales de reforma, adecuándolas a la realidad de nuestra tierra, y, de recomposición profunda de nuestra economía, realizándose,de una vez,un plan eficaz de formación y cualificación de los trabajadores hacia la nueva realidad del sector productivo, a la vez, que se adoptan las prevenciones necesarias para controlar los rebrotes de la pandemia, pero todo ello, solo puede ser fruto de un trabajo colectivo de todos los andaluces.

Es una realidad incuestionable, que no es momento ni hora para la inacción esperando un maná inexistente, así que, no queda otra, entre todos, que parar la destrucción económica de nuestro tejido productivo y detener el crecimiento ininterrumpido del desempleo en Andalucía.

Es un hecho indudable, que, si seguimos en la inoperancia autodestructiva, en Andalucía el desempleo aumentará hasta cotas insostenibles y sus consecuencias ruinosas nos llegarán a todos.

Córdoba, a 14 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.