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Constitución – derechos y libertades fundamentales (de expresión – de información veraz)

En España y ahora convine recordar, que hace más de 40 años una gran mayoría de españoles votamos y aprobamos la Carta Magna de 1978, renunciando todos a algunas de nuestras ideas, olvidando los agravios y llegando a un acuerdo histórico, que trascendió nuestras fronteras y se convirtió en un ejemplo mundial de concordia y libertad.

Ocurre en estos tiempos de incertidumbre, que unos pocos demasiados han decido demoler esa Constitución, quizás, porque los derechos y libertades que consagra son una ofensa para sus ideas excluyentes, que no admiten otra cosa que su despotismo distintivo y único como la verdad original.

Así mismo, es un hecho aceptado por todos, que la Constitución de 1978 ha conseguido para todos los españoles el período más largo de paz y prosperidad, que ha conocido España, gracias a un grupo llamado los padres de la misma y un pueblo soberano que la hizo suya, aprobándola en masa.

Esos derechos y libertades recogidos en la Constitución, que son el mallazo de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, están en serio peligro, ya que, -por el Gobierno se ataca la división de poderes-, -se controlan o eliminan nuestras libertades ilegítimamente con estados de alarma sobrepasados en su duración y contenido-, -se vulneran a las bravas derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio con patadas policiales a las puertas-, -crece la desigualdad y se reduce la libertad de los españoles-, -se destruye la unidad constitucional de la Nación-, -el sector público crece sin cansancio comiéndose al sector privado cercado por la ruina-, y, en definitiva, la situación en España es muy complicada y nociva, de forma, que si no defendemos nuestras libertades las perderemos, al ser algo indiscutible, que la libertad no se defiende sola.

Aquí, solo citar, como ejemplo de lo que está en juego en este tablero perverso,  la C. E. que en su artículo 20 dice lo siguiente:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a). A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b). A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c). A la libertad de cátedra.

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

3. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. >>

Se cita la Constitución, porque la Guardia Civil controló actos de desafección al Gobierno de todos los españoles -durante varios meses en el primer estado de alarma-, llevando a cabo vigilancia y monitorización de las redes y páginas web a esos efectos con carácter general, realizando más de 50 informes al efecto, asunto que ha sido inspeccionado por la Agencia Española de Protección de Datos, así:

1.- Lo reconoció en rueda de prensa públicamente el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, durante el primer estado de alarma.

2.- El Estado Mayor de la Guardia Civil envió una orden a todas las zonas y comandancias, para identificar bulos y mensajes que pudieran generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno.

3-   El Ministerio del Interior así lo ha reconocido, justificando las actuaciones de vigilancia en la Estrategia de Seguridad Nacional.

4.- La Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento por ese motivo, acordando finalmente por una resolución el archivo de esas actuaciones.

Siendo ingenuo, pienso por el bien de nuestras libertades, que cuando la AEPD ha procedido al archivo de la causa, debe ser, porque esas actuaciones de la guardia civil y de otros cuerpos de seguridad implicados en el asunto, nunca han afectado a datos personales protegidos, pero, incluso agradeciendo la actuación inspectora de la AEPD, el tema produce gran inquietud a cualquier persona preocupada por sus derechos y libertades constitucionales.

El simple hecho de que esas investigaciones se hayan producido, con estado de alarma o sin él, puede constituir, se quiera reconocer o no, una vulneración ilegítima de los derechos fundamentales de los españoles, que, además, resulta agravada, por la absoluta falta de información veraz completa e inmediata sobre un asunto tan importante para los ciudadanos.

La resolución de archivo de la AEPD debería hacerse pública por la propia Agencia y por el Gobierno para tranquilidad de todos los españoles, dejando claro, además, que esos controles masivos a los ciudadanos, salvo casos de autorización del poder judicial, se han terminado y no volverán a repetirse.

Una democracia plena, regida por un Estado Social y Democrático de Derecho constitucional, como la española, -bajo ninguna circunstancia que no esté prevista en la Constitución-, puede admitir vulneraciones de derechos constitucionales por nadie, incluido, con mayor motivo, el Gobierno principal garante de los mismos.

La libertad de expresión y todas sus consecuencias constitucionales son algo irrenunciable para todos los españoles, de forma, que sobra cualquier comentario más.

N.B.  La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Contra los abusos y las actuaciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la Constitución, dejando claro, que ninguna actuación de los mismos, que afecte a derechos fundamentales, debe existir sin autorización judicial.

Cualquier actuación de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad, vulnerando la Constitución y nuestras libertades, es ilegal con efectos de nulidad de pleno derecho, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 15 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración II – empleados públicos – faltas y sanciones (democracia = legalidad)

El control de la actuación legal de la Administración (interno y externo) es algo imprescindible, que no se puede dejar de llevar a cabo en ningún momento, de forma constante y eficaz sin excusa ni pretexto, pues no va en ello nuestros derechos y libertades fundamentales constitucionales.

La Constitución regula las normas y principios por los que se erige España como un Estado Social y Democrático de Derecho, y, nadie puede actuar al margen de los límites constitucionales, máxime, cuando se trata de poderes públicos, como puede ser la Administración y sus autoridades y empleados.

La C. E. impide el uso arbitrario y personal del Ordenamiento Jurídico y obliga a respetar el principio de legalidad.

Ignorar la ley aplicándola torticeramente a sabiendas y conscientemente, basada solo en la voluntad del empleado público responsable de cualquier resolución, encausándola, a mayor inri, en la Constitución o/y en cualquier norma legal, no puede ser un error o un desencuentro fortuito, sino que es una burla descarnada a todos los españoles, que queremos, que el Texto Constitucional y el resto del ordenamiento jurídico en España se respeten, ya que, no hay democracia sin respeto a la ley.

Se debe acudir al texto de la Constitución, porque hay que sancionar a los empleados públicos, que burlan la ley, y, anteponen su voluntad y su interés personal a la letra y espíritu de la misma, así:

** Artículo 1: 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. Dejando claro en su nº. 2., que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”.

**Artículos 9 y 10: “La Constitución garantiza el principio de legalidad y el respeto a la ley”.

Si todos los poderes públicos y todos los españoles han de respetar la Constitución, no parece admisible, que cualquier Administración a través de resoluciones injustas y contra ley (-dictadas a sabiendas por algunas de sus autoridades y/o empleados públicos-), lleve a cabo actos que supongan vulnerar la misma y el resto de las leyes, perjudicando y agraviando, además, a particulares afectados directamente y al resto de la sociedad española (al pueblo soberano).

Es reprobable constitucionalmente, permitir el incumplimiento de la Ley para hacer realidad la sola voluntad personal de un empleado público, que no solo no respeta los requisitos legales, sino que, además, los utiliza torticeramente de forma fraudulenta para conseguir su objetivo injusto –con plena conciencia y falta de equidad.

Si el hecho arbitrario contra ley de un empleado público se produce, la Administración, sin escusa ni pretexto alguno, debe proceder contra el empleado público responsable, a la vez, que debe restituir y compensar al ciudadano perjudicado de todos los daños y perjuicios derivados de la resolución injusta. Los jueces y tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales son la última opción, antes, de oficio, por actos arbitrarios e injustos de sus empleados públicos las administraciones deben actuar en cumplimiento del mandato constitucional del respeto a la ley y al principio de legalidad, restaurando la equidad y la justicia frente a resoluciones desviadas de poder.

En estos supuestos no cabe exoneración alguna, pues se vulneran la Constitución Española de principio a fin y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, de forma, que solo es aceptable una solución, sancionar al empleado público arbitrario responsable, y, a la vez, compensar al particular agraviado en todos sus perjuicios, todo, además, de oficio por la propia Administración.

Aquí no cabe de ninguna forma admitir o permitir el refrán de que siempre hay un roto para un descosido, ya que, no se puede aceptar, que el empleado público con su actuación contra ley se sienta bien o de seguirle la corriente, sino de respetar, si o si, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente en España, si se quiere, que tenga existencia real nuestro Estado de Derecho, que se basa en el respeto al principio de legalidad.

En una democracia plena nacida de un Estado social y democrático de Derecho como la española, el respeto a la Ley es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, aunque es bien sabido, que en la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, el respeto a la ley parece desaparecido, produciéndose distorsiones, que vulneran la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico, de manera, que, hay que rechazar (queen uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo), empleados públicos se convierten en verdugos de sus propios ciudadanos (dejando a un lado el respeto a la ley), actuando arbitrariamente en su perjuicio.

Sin embargo, lo peor está, en el hecho de que algunas administraciones renuncian a su propio autocontrol (-con una dejación de funciones consciente o culposa-), que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos injustos, cargando, además, sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, se enrocan en su falta de objetividad y de justicia sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos, que han actuado contra o fuera de la Constitución y de las leyes.

Insisto en que el control de la Administración, forma parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone, la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Lo expuesto es una realidad en algunas administraciones en España, pero que nadie crea, que a él no le afecta nuestra denuncia, porque la defensa de la libertad y de la ley es tarea de todos, no solo de los poderes públicos, de manera, que cada uno desde donde esté y desde donde pueda, tiene una obligación positiva de denunciar el incumplimiento de la ley por las administraciones y/o sus empleados, cuando vea resoluciones contra ley (injustas) dictadas arbitrariamente, sean las que sean.

Es cierto, que existe un temor latente en el ciudadano por las actuaciones posteriores de esas administraciones en caso de denuncia, porque algunos empleados públicos vindicativos puedan realizar actos de auto – venganza, convencidos de su poder y de su impunidad, pero, está claro, que si permitimos por temor esos actos ilegales, que vulneran la Constitución y nuestras leyes, los efectos serán nocivos para todos nosotros, ya que, se impondrá un silencio cautivo y la preeminencia impune de unos pocos empleados públicos, que abusan de su poder ilegítimamente con absoluto desprecio al pueblo, que los mantiene y de donde nace su poder usado de manera espuria.

Por cierto, dejando, además, a la gran mayoría de empleados públicos (que aplican la ley con justicia y al servicio del pueblo-),  a “los pies de los caballos”, pues, sin duda, los ciudadanos pueden creer (-cosa que es falsa-), que todos los funcionarios y empleados públicos son iguales en sus desafueros, cuando realmente es todo lo contrario, ya que, la inmensa mayoría de los empleados públicos reniegan de esa forma de actuar contra ley, siendo los primeros en rechazar comportamientos arbitrarios, injustos y contrarios a la Constitución y al resto de nuestras leyes y siendo seguramente los más perjudicados.

Esos funcionarios o empleados públicos arbitrarios deben ser sancionados y apartados del servicio público, ya que, nos va en ello la libertad y todos nuestros derechos constitucionales

(La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre- en su art. 95 y cc. regula y sanciona esas conductas).

N.B.  El control de la Administración forma parte de la división de poderes, de manera, que, el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar impune y al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, se impone una actuación de oficio inmediata de la propia Administración en defensa del particular afectado y del bien común;

Si la Administración se separa de la ley, permitiendo resoluciones de sus empleados públicos arbitrarias, –dictadas a sabiendas- y, no se adoptan sanciones inmediatas contra ellos, restaurando, además, los perjuicios causados, se estará asaltando nuestra democracia, admitiéndose actos contra ley e intereses espurios nacidos de la injusticia, que destruyen nuestras libertades y derechos fundamentales.

Córdoba, a 3 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración – división de poderes – estado de derecho (democracia – principio de legalidad – respeto a la ley)

Un lector de nuestra web pregunta sobre el control de la Administración, a la vista de los anteriores artículos argumentando, que no es posible controlar el funcionamiento de las administraciones públicas, porque, según dice, las autoridades y funcionarios públicos no quieren participar en ese control por corporativismo y defensa de sus propios intereses, ya que, si el control se hace real y  efectivo ven peligrar su estatus privilegiado, además, presume que los empleados públicos se consideran algo aparte del resto de los ciudadanos, cosa con la que personalmente, como funcionario que he sido, considero una apreciación equivocada, que implica desconocer la conducta diaria de la gran mayoría de los funcionarios o empleados públicos; de forma, que intentaré explicar mi postura y convicciones sobre este asunto complejo lleno de recovecos legales, y, desafortunadamente de costumbres desviadas, algunas veces, por una inercia trasnochada, que identifica poder con la aplicación de la ley de forma arbitraria e injusta, que se aparta del mandato constitucional.

En una democracia plena nacida de un estado social y democrático de derecho, la división real de poderes es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, de manera, que los tres poderes del estado (legislativo, judicial y ejecutivo) se controlan unos a otros en armonía dentro de la Ley, sin embargo, no basta con ello, es necesario una regulación propia de cada uno de esos poderes, así: el  legislativo se autocontrola con los distintos grupos que lo componen, realizando unos contra otros en armonía democrática un constante contraste de pareceres y opiniones; el judicial realiza a través de su órgano de gobierno una labor de fiscalización y control del funcionamiento de los distintos miembros de ese poder; y, finalmente, el ejecutivo lleva a cabo una labor de autocontrol de su propia administración mediante órganos establecidos legalmente para evitar arbitrariedades y desviación de poder de sus autoridades y empleados y/o funcionarios públicos, siempre al amparo de la legalidad en cumplimiento de sus fines de servir al bien común y a los ciudadanos (al pueblo).

Esta es la teoría, aunque es bien sabido, que la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, se aparta del respeto a la ley, produciéndose distorsiones, que vulneran derechos y libertades fundamentales del estado de derecho. Aquí, reside el problema, que venimos denunciando del comportamiento torticero de la administración pública en algunas ocasiones, que en uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo, se convierte en verdugo de sus propios ciudadanos dejando a un lado el respeto a la ley y actuando arbitrariamente en su perjuicio; además, renunciando a su propio autocontrol con una dejación de funciones consciente o culposa, que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos erróneos e injustos, nacidos de una endogamia perversa, que carga sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, en vez de solucionar el asunto de oficio, resarciendo al particular agraviado todos sus daños y perjuicios sufridos y sancionando al empleado público arbitrario, se enroca en su falta de objetividad y justicia, obligando al ciudadano a hacer frente a los problemas ocasionados por sus autoridades y funcionarios públicos, al adoptar una postura inane, silente y carente de objetividad.

En España lo expuesto está ocurriendo casi a diario, ya que, las AA. PP. haciendo dejación de funciones, dejan, en algunos casos, a sus empleados campar a sus anchas adoptando resoluciones injustas a sabiendas y contra ley sin ejercer su debido control, aunque, lo peor viene, cuando producida la resolución contra ley, la misma se ejecuta con graves daños al ciudadano de a pie, y, la Administración lejos de actuar de oficio corriendo el estropicio, se pone de perfil dejando al particular agraviado solo y lejano, de manera, que, además, cuando reclama, a veces, saca su artillería pesada no para defender al ciudadano perjudicado, sino para amparar a funcionarios o empleados públicos, que flagrantemente han violado la ley, sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos que han actuado fuera de la Constitución, sin objetividad, sin equidad y de forma injusta conscientemente.

Es decir, la Administración se desentiende del asunto e incluso batalla contra el particular afectado reclamante, haciendo del respeto a la ley que consagra la Constitución una falacia perversa, que destruye la democracia y la confianza de los ciudadanos en la justicia propia de un estado de derecho real y efectivo.

En España se vienen produciendo casos, donde se dictan resoluciones administrativas a sabiendas de su injusticia y de que son contra ley, asunto que es necesario resolver entre todos, participando la Administración en esa tarea, aunque quiero dejar claro, que tras bastantes años como funcionario público puedo afirmar que esa no es la norma general, ya que, la gran mayoría de los empleados públicos dan ejemplo diario de respeto a la ley. Sin embargo, siguen dándose casos de funcionarios y empleados públicos que aplican la ley según su criterio subjetivo con completa arbitrariedad, buscando solo y realmente la aplicación de su voluntad excluyente, y, sin duda, a estos casos hay que hacerle frente con la ley en la mano exigiendo su aplicación con respeto a la Constitución a sus libertades consagradas.         

A pesar de todo lo dicho, el sistema de contrapoderes diseñado por la C. E. funciona, de manera, que pueden darse altibajos como ahora, pero al final el sistema vigente se auto-controla al imponerse esa regulación de poderes constitucionales, como se ha visto ahora en diversos asuntos, como pueden ser, por ejemplo: La multa de 500 euros impuesta al Presidente Sr, Sánchez por la JEC, que ha sido confirmada por el tribunal Supremo y el Informe sobre el indulto emitido por la Sala de lo Penal del T. S., frente a la postura exenta de pudor del Presidente del Gobierno para los condenados del llamado “proces”.

También, es cierto, que siendo optimista, no dejo de ser un realista irredento, por la sencilla razón de que las libertades no se defienden solas, máxime, cuando los enemigos de la libertad no cejan en su empeño de dejarla en la nada, y, precisamente por eso, hay que dar la batalla contra las resoluciones administrativas injusta dictadas a sabiendas de ser contra ley, ya que, si no lo hacemos así, que nadie piense que la Administración lo hará de oficio, porque la realidad dice todo lo contrario, y, frente a la inacción administrativa solo cabe exigir por los particulares agraviados el cumplimiento de la ley y la sanción de los empleados públicos autores de los desafueros.

Por otro lado, no ignoro que el particular perjudicado, en aras de la justicia deberá realizar un esfuerzo ímprobo y en solitario frente a la maquinaria de la Administración, realizando gastos de todo tipo (personales, económicos, de pérdida de tiempo, etc.) para sacar adelante su denuncia en el expediente sancionador, de forma, que si algún ciudadano espera la menor ayuda o colaboración en su defensa por parte de la Administración, simplemente, está muy equivocado, ya que, la realidad demuestra, que cuando la Constitución Española dice, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho,de verdad, en la práctica diaria, esa declaración concluyente de la Carta Magna para la misma Administración, se convierte en -un brindis al sol-, cargado de inoperancia desfavorable casi en todos los casos al particular denunciante.

*** Dicho lo dicho, el control de la Administración forma, sin duda, parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

La Ley aplicable no deja margen para la duda, pero, es un hecho repetido, que algunos empleados públicos dictan resoluciones agresivas y destructoras de los derechos de los españoles, sin que su actuación injusta e ilegal realizada a sabiendas de su absoluta arbitrariedad tenga consecuencia alguna para sus autores, y, sin que, curiosamente nunca pase nada al responsable del desafuero, pues la Administración no suele actuar con objetividad, sino siempre en defensa del empleado público responsable, tal y como refleja el dicho popular: “con razón o sin ella”.

Es por ello, que la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho, en la justicia y en la división de poderes se resquebraja a ojos vistas, por la razón, de que si la Administración no respeta la ley aplicándola cuando es exigible, todo el armazón de contrapoderes en que se basa nuestro estado social y democrático de derecho queda reducido a la nada, despareciendo la democracia real, que simplemente consiste en servir al pueblo soberado del que emana la soberanía.

Es así mismo, un hecho cierto, que el ciudadano en estos casos puede acudir solicitando amparo de los órganos judiciales contencioso-administrativos, aunque esa iniciativa que es un derecho fundamental conlleva para él gastos enormes de todo tipo;  posibles costas a favor de la administración,  que curiosamente pleitea con sus abogados pagados por los ciudadanos (también, por el particular recurrente); dilaciones temporales en todas las instancias y, en definitiva, un camino largo y espinoso para el particular, terminando, siempre, con un resultado incierto. Reclamar al ciudadano perjudicado, le producirá tremendos desajustes económicos y emocionales con resultados inciertos, y, posibles actuaciones vindicativas de una Administración endogámica, que, en muchos casos, protege a sus empleados o funcionarios públicos, apartándose de toda objetividad y del servicio al pueblo al que debe su existencia y su sustento económico.

Precisamente por todo lo dicho, es imprescindible en cualquier democracia plena como la nuestra, que los contrapoderes del estado funcionen con la máxima eficacia, de forma, que por lo que le toca, la Administración debe corregir y aumentar sus auto – controles sin excusa alguna, adoptando las medidas adecuadas de protección al ciudadano,  y, nombrando a funcionarios o empleados públicos independientes e imparciales, alejados de cualquier corporativismo excluyente, que garanticen un procedimiento justo.

Una cosa es, que el particular perjudicado no pueda o no quiera entrar en un berenjenal de gastos indeterminados y dificultades sin fin, y, otra cosa, que la Administración haciendo dejación de funciones de control propio, se ponga de perfil y desoiga la aplicación de la ley, abjurando de su obligación de actuar de oficio contra el funcionario empleado público que dicta una resolución injusta a sabiendas, ocasionando daños no solo al particular afectado perjudicado, sino, también, al pueblo que ha jurado o prometido defender cumpliendo el mandato constitucional, a la vez, que se destruye la confianza de los ciudadanos en la ley y en la justicia, situando en almoneda nuestro estado de derechos y todos sus derechos y libertades.

N.B.  El control de la Administración (interno y externo) forma parte de la división de poderes, en cualquier estado de derecho regido por la ley y los principios democráticos, como los que consagra nuestra Constitución en su artículo 9., de manera, que el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, es necesaria, sin excusas ni pretextos, una actuación contundente de oficio por la propia Administración en defensa del particular afectado directamente y del bien común de toda la sociedad española, ya que, lo contrario, sería abjurar de la división de poderes y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española de 1978.

Si la Administración se separa de la ley,  construyendo un mundo paralelo a ajeno a la realidad y contra la sociedad española, que la sostiene y le otorga su poder, se estará socavando nuestra democracia, en aras no de un bien común general, sino de intereses espurios nacidos de la arbitrariedad y de la injusticia, que se quiera reconocer o no destruye las libertades y derechos fundamentales. 

Córdoba, a 1 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

El confinamiento en España, ¿es victoria o derrota? (medidas previas de control, ¿se adoptaron o no?)

 

Se dice por el Gobierno, una y otra vez, y, en todos los foros imaginables (televisión, ruedas de prensa, propaganda de todo tipo, incluido el Congreso, como vimos ayer), que el confinamiento ha sido un éxito en la lucha contra la pandemia del coronavirus (a día de hoy oficialmente, llevamos 157.022 contagiados y 15.843 fallecidos y lideramos la tasa de mortalidad en el mundo), cosa que, en principio, puede parecer verdad, aunque para llegar a comprender ese confinamiento necesario de todos los españoles, al aislamiento social y a la paralización de la actividad económica, medidas duras y traumáticas en todos los sentidos, hay que responder y examinar unas preguntas: ¿si con carácter previo al confinamiento el Gobierno adoptó las medidas (políticas, sociales, sanitarias y económicas) previas necesarias en la lucha contra la pandemia?; dicho de otra forma, ¿el confinamiento en España se podría haber evitado y/o, al menos, dulcificado, si se hubieran adoptado en su momento todas las medidas previas y adecuadas para controlar la epidemia?

Es lo cierto, que el Gobierno se ha parapetado, todo este tiempo, tras las supuestas recomendaciones de los expertos en salud pública, como el Sr. Simón, para justificar, su muy criticable actuación en la epidemia del coronavirus. Así mismo, desoyó las alertas de la OMS y la UE durante los meses de enero y febrero, pero, además, retrasó la aprobación de medidas preventivas hasta mediados de marzo, es decir, solo actuó, cuando ya se registraban miles de contagios y demasiados fallecidos.

Razones, por las que cabe preguntar al Gobierno y sus responsables:

¿Dónde estaba el material sanitario y las medidas para su producción masiva?, ¿dónde los controles generales del personal sanitario y de la población más vulnerable? ¿dónde el uso por toda la población de mascarillas, guantes y resto de epis? ¿dónde los controles de temperatura y la realización masiva de tests rápidos? ¿dónde la preparación de los hospitales y de sus unidades de uci para la pandemia anunciada? ¿dónde el control de las fronteras y de todas las personas que entraban en España? ¿dónde las medidas económicas para reducir el impacto de la crisis? ¿dónde la transparencia e información veraz a todos los españoles continuada y clara en todos los sentidos? ¿dónde la preparación del País para combatir la pandemia en todos los campos posibles?

Los países que se han destacado con éxito en la lucha contra la epidemia, tomaron a tiempo y de forma inmediata medidas de todo tipo para controlar el coronavirus, así que, veamos algunas de ellas:

** Una estrategia sanitaria conformada con la información y con la transparencia destacando alertas a sus habitantes en cuanto tuvieron las primeras noticias de la pandemia, ruedas de prensa libres y abiertas, vídeos, notas informativas de manera diaria, y, haciendo llegar a sus ciudadanos toda la información que tenían sobre el coronavirus.

** Realizando tests masivos en todos los sitios, especialmente, en las fronteras, que se cerraron rápidamente.

** Del mismo modo, se hicieron planes de producción intensiva de material sanitario de todo tipo (mascarillas, batas, guantes, ropa de trabajo especial, respiradores, etc.).

** Llevando a cabo confinamientos o cuarentenas seleccionadas de todos los afectados por el coronavirus o que presentaban posibles síntomas.

** Controles de temperatura a las puertas de edificios públicos, de oficinas, y, poniendo en marcha aplicaciones para el control y seguimiento personal de la sanidad de sus habitantes.

** Haciendo, además, obligatorios el uso de epis (mascarillas, gorros, guantes, ropa de trabajo, etc. por sectores productivos y por la población afectada).

De esta forma, siguiendo una política de prevención amplísima y rigurosa, han logrado un confinamiento menos traumático y riguroso, concentrado sus medidas en proteger a los colectivos de población más vulnerable, como mayores, enfermos crónicos, etc., llevando a cabo un levantamiento progresivo de las medidas de separación social, acompañando el inicio de la recuperación social y sanitaria con medidas económicas, fiscales y de apoyo a las empresas.

Por todo lo dicho, es evidente, que el Gobierno ha actuado tarde y mal, cometiendo todo tipo de errores imaginables, llevando a cabo una política de desinformación día a día, que aun continúa, de forma qué al día de hoy, no sabemos el número real de contagiados, el número real de fallecidos, ni los españoles tenemos medios de protección personal (epis: mascarillas, guantes, ropa, etc.), soportando las personas vulnerables (mayores, enfermos crónicos, etc.), una situación de abandono difícilmente soportable, de manera, que hoy solo tenemos estado de alarma prorrogado una y otra vez, confinamiento riguroso, limitación de derechos y libertades, paro de la actividad económica, destrucción de empleo terrible, paro pavoroso y desesperanza, por todo lo que vemos, que se nos viene encima, sin saber hasta cuándo.

N.B.  El confinamiento impuesto en España no puede nunca considerarse una victoria, ya que es algo evidente, qué si el Gobierno hubiera adoptado medidas previas de control, tal y como se han señalado, es posible que estuviéramos confinados, pero, seguramente, no tanto tiempo ni de forma tan rigurosa, y, con toda probabilidad, la actividad económica estaría empezando a dar pasos hacia la recuperación, a la vez, que los españoles contagiados y fallecidos alcanzarían una cifra mínima y la epidemia estaría controlada. Por cierto, seguimos sin que se nos facilite información veraz, como consagra el art. 20 de nuestra Constitución.

Córdoba, a 10 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Drones: Vehículos aéreos no tripulados (camino de futuro, entre otros campos, para las explotaciones agrícolas)

** Nota de Prensa sobre operaciones con drones. (Madrid, 4 de julio de 2014.Ministerio de Fomento).

<<El Consejo de Ministros aprueba un marco regulatorio temporal para las operaciones con drones.

 La normativa define los requisitos según el peso de la aeronave tripulada por control remoto y establece las obligaciones que deben cumplir los pilotos y las empresas que las utilicen.

 Los drones de más de 25 Kg deberán inscribirse en Registro de Matrícula de Aeronaves y disponer de un certificado de aeronavegabilidad, los de peso inferior no.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el régimen temporal para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, los llamados drones, de peso inferior a los 150 kilos al despegue, en el que se establecen las condiciones de explotación de estas aeronaves para la realización de trabajos técnicos y científicos.

Esta nueva regulación responde a la necesidad de establecer un marco jurídico que permita el desarrollo en condiciones de seguridad de un sector tecnológicamente puntero y emergente, y será desarrollada reglamentariamente en los próximos meses.

Este reglamento temporal contempla los distintos escenarios en los que se podrán realizar los distintos trabajos aéreos y en función del peso de la aeronave. Además, las condiciones ahora aprobadas se completan con el régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y establecen las condiciones de operación con este tipo de aeronaves, además de otras obligaciones.

Este régimen permitirá que partir de ahora se puedan utilizar drones para realización de trabajos aéreos como son: actividades de investigación y desarrollo; tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la atmósfera, incluyendo actividades de lanzamiento de productos para extinción de incendios; levantamientos aéreos; observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios forestales; publicidad aérea, emisiones de radio y TV, operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento; y otro tipo de trabajos especiales.

Aunque en un primer momento, y hasta que no esté aprobada la reglamentación definitiva, las operaciones que se pueden realizar se limitarán al espacio aéreo no controlado y sobre zonas no pobladas.

El régimen aprobado hoy establece requisitos en función del peso del aparato al despegue y los clasifica en aeronaves de más de 25 kilos, de menos de 2 kilos y de hasta 25 kilos. Pero, independientemente de su peso hay unos requisitos comunes para todas ellas, así como para los pilotos y las empresas que las operen.

Requisitos comunes para todos.

Todos los drones, sin excepción, deben llevar fijada en su estructura una placa de identificación, las empresas operadoras de drones deberán tener, entre otros requisitos, un manual de operaciones y de un estudio aeronáutico de seguridad para cada operación (por ejemplo, con el viento máximo que va a volar).

Todos los pilotos de drones, deberán acreditar, entre otros requisitos, que son titulares de cualquier licencia de piloto, incluyendo la de piloto de ultraligero, o demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos necesarios para obtenerla.

Una de las principales novedades de este reglamento es que, al contrario de lo que ocurría hasta ahora, los drones de menos de 25kg al despegue no deberán estar inscritos en el Registro de Matrícula de Aeronaves y disponer de un certificado de aeronavegabilidad, sí lo tienen que tener los que superen este peso.>>

 **  Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (JEFATURA DEL ESTADO.  BOE: Núm. 163. Sábado. 5 de julio de 2014. Sec. I.   Pág. 52544).

(Ver. Sección 6. ª. Aeronaves civiles pilotadas por control remoto. Artículo 50. Operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto).

Córdoba, a 12 de enero de 2015

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.