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Disentir y criticar (derecho a discrepar – libertad de expresión)

La Constitución Española de 1978 está preñada con las palabras libertad y democracia, aunque decirlo puede parecer “una obviedad”, pero con la que está cayendo sobre las libertades y derechos de los españoles, apuntarlo no está de más, máxime, cuando empiezan a peligrar la democracia y su división de poderes, siendo claro ejemplo de ello, la elección politizada del Tribunal Constitucional y de otros Órganos básicos para la libertad real de los españoles, aunque, sin duda, lo peor será lo que se nos viene encima con la renovación del C.G.P.J.

A pesar de lo dicho y de que será una pelea quijotesca contra molinos de viento, conviene recordar solo, por ejemplo, que la C. E. establece, entre otras cosas, en su artículo 20:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a)      A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

d)      A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2.      El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. >>

Constitucionalmente está muy claro, que no ajustarse al sentir o parecer de alguien, es decir, disentir, es un derecho fundamental garantizado por la C. E., aunque ahora parece, por lo que se ve en partidos políticos en España, no ajustarse al parecer fundamentalista de las listas cerradas, no solo no es un derecho, sino un pecado capital, dicho de otra manera, un insulto al mando supremo instalado en la cúpula del partido, lo que supone, sin duda, un insulto imperdonable al líder, que dice ser y se autoproclama  la representación viva del pueblo soberano.

En estos días se celebran congresos donde el líder único es elegido por el 98.98% de los asistentes, de manera, que solo el 1,02% no lo han votado, lo que resulta, se quiera admitir o no, bastante alejado de la realidad al ser una verdad de validez absoluta imposible de ocurrir. Si alguien se cree y pretende hacerlo creer a los demás, que un hecho como ese descrito de unanimidad apesebrada, es posible que suceda en la realidad sin trolas ni engaños, es consciente y sabedor de que se miente así mismo.

Tanto éxito repentino y verdadero en la unidad impostada, aunque tenga tufillos de tongo y excluya a quien disiente, abruma a cualquier líder, pues, ni están todos los que son, ni en el orden que son.

Sin capacidad de disentir y de criticar al poder establecido no existe la libertad, pues la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Si para conseguir medrar en política es imprescindible, ahogar la crítica válida y disentir solo en ver quien pelotea más y mejor al líder, y, a su cúpula abducida por su poder omnímodo, la libertad está en peligro, pues,

¿quién puede confiar su vida y hacienda a quien no admite disensión ni crítica alguna?

Lo curioso, además, es que todos ellos deben creer, que los ciudadanos votantes no se enteran de nada ni tienen criterio de nada, lo que demuestra, así mismo, su ceguera y su prepotencia, ya que, no hay más que salir a la calle, hablar y preguntar un poco a los ciudadanos votantes para ver, que la desconfianza, la incertidumbre y el deseo de libertad los llevan a votar opciones respetuosas de la libertad de expresión y de crítica, donde no anidan ni las sanciones, ni las amenazas veladas, ni mucho menos la adulación admitida sin más, además, por el líder y sus corifeos.

Así mismo, en el mundo de la Ética la “apariencia” de independencia e imparcialidad es la esencia de la libertad, pues no solo hay que ser defensor del estado de derecho y de las libertades que lo sostienen, sino que, también, hay que parecerlo. En este punto, entiendo, que ya sean superado todas las limitaciones y fronteras, de forma, que ahora, el autoritarismo ya ni se esconde en sus tropelías libertarias, existiendo ejemplos varios por lo es innecesario citarlos.

La unanimidad sometida empobrece y solo lleva al canibalismo autodestructor.

La única conclusión aceptable de lo dicho, es que esos políticos que van impunemente contra la ley y contra la propia democracia que los sostiene, es que están convencidos, que los españoles en su mayoría son necios, olvidadizos y que disfrutan con que les ninguneen sus libertades y derechos; básicamente, que son tontos de remate y que siempre votarán lo que ellos digan, pues no existen otras opciones.

La democracia y el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución imponen el derecho a discrepar y disentir, y, a poder decirlo públicamente, sin temor a que no sea el lechero el que llame a tu puerta, por eso, cuando un partido se auto golpea reduciéndose  a un cortijo cerrado, donde nadie puede opinar sin ser un traidor irredento, siendo, en cambio, los que amenazan, coaccionan y diluyen la libertad interna, los que ostentan el poder del colectivo político, la fiesta interna del autoritarismo liberticida acabará con arrasarlo a él mismo el primero (todo), pues mal puede dirigir en libertad y democracia una Nación ese político, si no es capaz de instaurar un régimen de libertades reales en su propio partido.

N.B.  Disentir y criticar, junto con los derechos a discrepar y a la libertad de expresión, son unas de las bases de la libertad y del estado de derecho en cualquier Nación democrática, ya que, el político que cercena los derechos y libertades de sus ciudadanos está actuando claramente contra el Estado de Derecho.

En España hemos entrado en una espiral liberticida, donde los que deberían ser ejemplo de libertad, se está pasando al lado oscuro del autoritarismo excluyente, donde solo se admite la doctrina oficialbajo todo tipo de amenazas y vejaciones, incluso de tipo personal, pues para los enemigos de la libertad todo vale, todo les debe estar permitido en el uso torticero de su poder, aduciendo, además, que son la imagen viva y la representación real del Pueblo soberano.

Sin embargo, olvidan que todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, y, para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que cualquier español sea quien sea, tenga menos derechos y libertades que otros, aunque esos otros sean los líderes  de un partido político, además,por el simple hecho del uso de la fuerza contra la libertad, de manera, que, si ese argumento liberticida ampara a los que infringen la Norma Básica constitucional, la libertad y el estado de derecho bases de la democracia real desaparecerán.

La falsa unidad nacida de la imposición excluyente con castigo de los que disienten, produce en los votantes un rechazo masivo, pues perciben, que a ellos les puede ocurrir lo mismo, si discrepan limitándose sus libertades y derechos.  

La arbitrariedad en el ejercicio del poder produce efectos demoledores en nuestras libertades fundamentales, la esperanza solo reside, en que el Pueblo Soberano vota libremente y tiene memoria.

Córdoba, a 22 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sometimiento – política del miedo – silencio (Estado de Derecho y libertades)

El Estado de Derecho garantiza la libertad para todos, de manera, que cuando alguien, sea quien sea, se salta algunos o todos los principios que fundamentan el mismo, pierde completamente la razón, máxime, si, además, pretende imponer su voluntad sin consenso y solo con el miedo y la fuerza, empujando únicamente en una dirección y olvidando las demás; aunque una cosa es segura, que fracasará, porque se sitúa fuera del Estado de Derecho, que dice respetar y los españoles se darán cuenta.

Así mismo, es un hecho indiscutible, que, si, a mayor inri, ese alguien se somete cautivo hacia los que cree superiores (obviando en este caso el estado derecho, que en el supuesto anterior dice que fundamenta su actuación), está incurriendo no solo en una contradicción, sino también en un despropósito del tamaño de un agujero negro, por ignorar las enormes proporciones del daño que produce y por sostener dos varas de medir, cuando solo existe una verdad, que es la defensa de la libertad y de la igualdad como base de cualquier estado de derecho.

Los casos como los descritos son numerosos, aunque parezca mentira, de forma, que solo veremos algunos clamorosos, así:

1º.- * El caso de Polonia es de libro de miedo, por un lado, la U. E. con todos sus poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) atacando y poniendo contra las cuerdas a los polacos con amenazas de todo tipo, acusándoles de no respetar el estado de derecho, curiosamente, solo a ellos, aplicando una política de desigualdad entre los estados miembros de la U. E.; por otro lado, la democrática Bielorrusia apoyada sin disimulos por el democrático Sr. Putin atacan a Polonia y sus fronteras, que son las de la U. E.

Bruselas en un alarde de inanidad perversa solo realiza declaraciones vacías y melifluas, dejando a Polonia sola y abandonada, repitiendo la historia maldita de Europa, de forma, que solo los británicos, quizás como siempre, aunque fuera de la U. E. siguen siendo Europa, y, han enviado fuerzas militares a Polonia, aunque solo sea una pequeña fuerza.

2º.- * Lo del Partido Popular con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Diaz Ayuso, no es cosa de miedo, sino de tontuna superior, ya que, sus lideres genoveses con una conducta destructiva en vez de fijar sus fuerzas contra su único adversario real, que es el Sr. Presidente Sánchez y su Gobierno, se dedican a pegarse tiros en los pies uno tras otro.

Todas las conversaciones respetuosas con el Gobierno, como ha demostrado la toma del Tribunal Constitucional, con todo lo que ello implica para la separación de poderes y la libertad consagrada en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, se tornan en lanzas ponzoñosas contra la Sñrª. Diaz Ayuso; por cierto, la única mujer del partido que preside una Comunidad Autónoma y la única presidenta de una Comunidad que no preside su partido; además, todo el proceso trufado de amenazas veladas, seguramente convencidos que los electores son tontos de remate y sin memoria.

3º.- * El caso del Gobierno del Presidente Sr. Sánchez con las pensiones y la reforma laboral es para nota; en Europa (U.E.) dice una cosa, y, en España aprueba lo contrario, además, con amenazas para todos y falta de consenso para todos, pretendiendo hacer creer a los españoles lo que no es, con una absoluta opacidad y falta de información veraz.

La CEOE y el Sr. Garamendi ya han probado la vara de medir del Gobierno, aunque siempre estarán prestos a compartir la alegría de consensuar disuadidos por el miedo y las prebendas. Los ejemplos del consenso a la búlgara de la CEOE con el Gobierno son majestuosos, aunque siempre quedan en el vacío de la nada para los empresarios españoles. De nuevo, aparece la doble vara de medir, el miedo y la fuerza, aunque los españoles quedan a un lado, pues su memoria es frágil y su evaluación intelectual está bajo mínimos, según creen los formadores de creencias e ideas nacidas del menosprecio a la soberanía del pueblo.

El estado de bienestar hay que pagarlo, pero también, explicarlo, consensuarlo y administrarlo bien, rindiendo cuentas.

El sometimiento, la política del miedo y la doble vara de medir destruyen el estado de derecho y las libertades, bien sea en Polonia, en el Partido Popular o en el Gobierno de España, aunque lo verdaderamente perverso es lo que espera a los españoles, visto lo visto, si no se someten mansamente a las dobles varas de medir y al secuestro de sus libertades, de forma, que solo queda una oportunidad, que reside en demostrar a los que abusan del poder que se le ha delegado, que solo están recibiendo un préstamo de la soberanía popular, y, que cuando haya nuevas elecciones, ya no será posible votar el mal menor, pues está claro, que existen otras posibilidades de ejercer el derecho al votar, que sientan sus bases en prescindir de todos ellos.

El Estado de Derecho garantiza la libertad, de manera, que cuando alguien, sea quien sea, se salta algunos o todos los principios que fundamentan el mismo, pierde completamente la razón, máxime, si, además, pretende imponer su voluntad sin consenso y solo con el miedo y la fuerza, porque una cosa es segura, que fracasará, situándose a la vez fuera del Estado de Derecho, que dice respetar y los españoles se darán cuenta.

Sin embargo, lo peor de todo es, que esos que creen que el poder les pertenece, te condenan, además, al silencio con miles de pretextos perversos, como desleal, agitador, traidor, etc. etc.

El PREÁMBULO de la Constitución dice:

<< La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.>>

Como se dice ahora en España y todos entienden: “Pues, eso”.

N.B. La hora de la libertad no se puede demorar más, pues el   sometimiento y la política del miedo socaban el estado de derecho y las libertades, de forma, que aceptar la dualidad de buenos y malos al dictado según interesa al que maneja la vara, es una solución perniciosa, que solo favorece la desigualdad y la injusticia.

Se impone, además, el silencio como castigo al que disiente por los que se creen poderosos.

Sostener la libertad real precisa de la participación de todos en su defensa, de manera permanente, fluida y constante, pues, está visto, que los enemigos de la libertad no descansan, siendo los ejemplos reseñados solo una muestra de lo que está ocurriendo a diario y, sin duda, así no podemos seguir:

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional es una muestra desgraciada de lo que se nos viene encima, que continuará con el CGPJ.

Córdoba, a 18 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – III- Ayuntamiento Córdoba (más de lo mismo)

Leo en el Diario Córdoba de ayer en papel (07-11-21- Domingo – págs. 4 y 5) una entrevista a Salvador Fuentes -Teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba-, firmada por Irina Marzo, donde se dice, entre otras cosas:

<< ** “Yo no puedo prescindir en una semana de 15 millones”.

**  Tras la sentencia del Tribunal Constitucional ha cifrado en 15 millones lo que supondrá la eliminación del impuesto de plusvalías en Córdoba. ¿Cómo les afectará a los cordobeses?

De forma cautelar, a partir del 26 de octubre suspendimos la liquidación de este impuesto, lo que sí está obligado todo el mundo es a declarar

** Por lo que sabemos a través de la FEMP, el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a buscar una solución. Tenemos la esperanza de que antes de que acabe el año el Gobierno de España o bien saque una nueva norma que permita restablecer el impuesto con justicia de recaudación vía real decreto, o si no tendrán que poner encima de la mesa una cuantía suficiente. En cualquier caso, exigimos al Gobierno que acabe con el limbo legal al que nos ha llevado por su inacción con las plusvalías. >>

Lo dicho por el Teniente Alcalde de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, es la expresión manifiesta del dislate, que repiten los políticos todos, cuando hablan del Impuesto de Plusvalía declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal Constitucional -Pleno- de fecha 26-10-2021.

Está muy claro, que el problema-asunto del Impuesto de Plusvalía no es de ahora, sino que viene de muy lejos en el tiempo, porque para todos los políticos lo que sienten los ciudadanos ante un impuesto tan injusto y tan abusivo es lo de “menos”, lo esencial para ellos es exprimir al español de a pie a cualquier precio, aunque siempre ha existido un grupo de políticos que han manifestado su desacuerdo ante un impuesto tan falto de equidad.

El nefasto Presidente Sr. Rajoy con su mayoría absoluta no solo no bajó el rigor impositivo, sino que subió los impuestos en contra de lo que había prometido, y, además, por si alguien tenía duda de su actuación mendaz, aprobó una “ley de amnistía”, declarada inconstitucional después, para favorecer a la mayoría de los españoles defraudadores. Aquí solo decir, que la actual situación del impuesto de plusvalía es la historia de un disparate impositivo permitido y auspiciado por casi todos los políticos, enfrascados en el gasto público al precio que sea, dejando a los ciudadanos a los pies de los de los caballos. 

De lo que se trata ahora, no es de buscar recursos públicos con una figura impositiva justa, proporcional y equitativa, sino de imponer, sí o sí, otra trapisonda contra el criterio del T. C. en su sentencia sobre la plusvalía. Se quiera ver de una u otra forma, la plusvalía impositiva es un impuesto abusivo e injusto, ya que, entre otras cosas realiza una triple imposición, en origen gravando la adquisición, y, a continuación, con las plusvalías municipales y las que recaen sobre el IRPF, de manera, que es un hecho probado, que todos los políticos están de acuerdo en saquear al ciudadano, además, realizando una actuación que destierra la ética tributaria, ya que, deslegitima el sistema y anula la Constitución:

Todos los políticos corren, con la Ministra de Hacienda a la cabeza,  a ver quien hace renacer el impuesto de plusvalía con más rapidez e inquina impositiva.

Finalmente, es curioso y significativo, que todos los grupos y políticos que reclaman más y más recursos públicos a través de más impuestos, raramente se ocupan del gasto público, de explicar al ciudadano como se gastan sus impuestos y de eliminar gastos innecesarios, conllevando, dicha actitud generalizada entre la clase política, a destruir la responsabilidad social e impositiva de los contribuyentes, poniendo, se quiera reconocer o no, en peligro el sistema tributario, al desaparecer su legitimación y su fundamento ético.

N.B. Reitero una verdad absoluta: [Que todos los políticos en activo están de acuerdo en restituir, cuanto antes mejor, el impuesto de plusvalía, que llamaran como quieran , pero que en esencia es lo mismo: -injusticia-, -desproporción- y -falta de equidad-].

Que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía es lo de menos, se le da la vuelta y se obvia al Tribunal, y, los ciudadanos de nuevo a pagar, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10 al cajón del olvido, además, sin anestesia.

Los españoles contemplamos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes (incluso con efectos retroactivos), por descontado, sin reducción del gasto público innecesario.

Si los poderes públicos continúan su camino esquilmando a los ciudadanos en su patrimonio, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley demostrado por esos poderes, consiguiendo deslegitimar el sistema tributario, al despojarlo de su base ética y de los principios de equidad que lo sostienen.

Córdoba, a 8 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – buena noticia para los ciudadanos – II- (reclamaciones)

En unos días llueven las preguntas de los lectores sobre los efectos de la Sentencia sobre la Plusvalía del Tribunal Constitucional: ¿Qué se puede reclamar? ¿Hay que pagar la plusvalía municipal que han recibido? ¿En las liquidaciones pagadas se puede reclamar la devolución?,  ¿Hay que recurrir las liquidaciones recibidas? y, así, un larguísimo etc.

Como premisas básicas se debe señalar y destacar varias cosas:

A).- << El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en Pleno ha resuelto lo siguiente:

          PARTE DISPOSITIVA:

          “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

         Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.  

         La sentencia considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina, que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

         El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia. >>

B).- El Código Civil en su artículo 6. 3. dispone: Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

C).- Decía, entre otras cosas, en el anterior artículo:

1.- Esperaremos a leer la sentencia y sus votos particulares, que serán los que se aplicarán en una nueva Ley exprimidora, aunque ahora un poco de alegría para los ciudadanos de a pie, ya que, resulta perverso, que los poderes públicos hayan reaccionado todos a -la contra-, dejando claro, que tamaña injusticia debe ser reparada de inmediato, al quedar desamparados todos los Órganos Públicos, que han visto como el T. Constitucional  ha metido la mano en sus bolsillos, igual que ellos durante muchos años y, a veces, con crueldad han despojado a muchos ciudadanos de parte de sus bienes, siendo por su puesto las clases medias y bajas las más oprimidas por el ilegal impuesto de plusvalía.

2.- El gasto público según la Ley realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3.- Ahora a los ciudadanos beneficiados por la nulidad de una Ley inconstitucional solo les queda disfrutar mientras puedan, ya que, sin la menor duda, todos los salvadores públicos elegidos por ellos en listas cerradas, se podrán rápidamente de acuerdo para poner en vigor una nueva Ley, que con toda seguridad supondrá una nueva requisa de los patrimonios de los españoles, pues no se puede consentir, que la crueldad de unos Magistrados del T. C. (no todos, gracias a los dioses) haya esquilmado a unos organismos públicos destacados por realizar -siempre- un gasto público de forma equitativa con eficacia y economía.

*** A la luz de todo lo dicho, es evidente, que los actos nulos de pleno derecho no pueden surtir efecto alguno, ya que, simplemente, no han tenido existencia nunca, razón por la que todos los actos inconstitucionales y nulos nunca han tenido existencia legal y, por ello, todos pueden ser reclamados:

**Las liquidaciones de plusvalías de los Ayuntamientos, se diga lo que se diga, son actos nulos de pleno derecho, de manera, que según dice el T. C. en su sentencia no pueden tener efecto alguno, razón por la que todas ellas sin exclusión pueden ser reclamadas ante los Órganos judiciales, que, sin la menor duda, deberán declararlas nulas de pleno, ordenando los mismos, en consecuencia, la nulidad de las liquidaciones de plusvalías municipales practicas no ingresadas por los ciudadanos, que se encuentren recurridas, y, la devolución de las cantidades ingresadas por ese impuesto inconstitucional y nulo.

** Así mismo, los Ayuntamientos de oficio deberían retirar todas las liquidaciones emitidas no abonadas y dejar de practicar liquidaciones de plusvalía.

** De igual modo, la prudencia aconseja recurrir todas las liquidaciones de plusvalía recibidas, así como, en el supuesto de existir cualquier trasmisión recoger en la escritura pública el fallo de la sentencia del T. C. que declara inconstitucionales y nulos los artículos citados y remitir escrito al respectivo Ayuntamiento sobre ese extremo.

** Las plusvalías ingresadas voluntariamente, por el supuesto contribuyente, podrían y deberían ser reclamadas por los ciudadanos, si lo estiman conveniente a sus intereses, quedando claro, que un acto nulo de pleno derecho y, por tanto, inexistente, no pude estar sometido a plazo alguno de prescripción o caducidad para su reclamación

N.B. Reitero, que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía, así que, ahora los ciudadanos a disfrutar de una buena noticia, mientras puedan, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

El principio de legalidad y el respeto a la Ley por todos los poderes públicos están consagrados en la C. E. en sus artículos 9 y 10, sin ninguna exclusión.

Los españoles ahora asistimos atónitos a las declaraciones del Gobierno, de los Partidos Políticos, de los representantes populares elegidos por el Pueblo soberano, que solo se plantean renacer el impuesto de plusvalía municipal de mil formas diferentes, cosa que no se rechaza, pero que debería estar acompañado por una reducción del gasto público innecesario, aprovechando la ocasión para devolver al futuro impuesto, que sin la menor duda se impondrá, sí o sí, la equidad y la justicia social proclamadas en la Constitución.

Si los poderes públicos no actúan con prudencia, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley por los poderes públicos, que, sin duda, son los que administran en perjuicio de sus ciudadanos, como es el caso de las plusvalías municipales, el Estado Social y Democrático de Derecho, que establece la Constitución de 1978.

Córdoba, a 2 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – buena noticia para los ciudadanos (reacción pública – nada de alegrías)

<< El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Gabinete del Presidente. Oficina de Prensa) ha emitido -Madrid, 26 de octubre de 2021- la NOTA INFORMATIVA Nº 99/2021, ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA, EL PLENO DEL TC DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DE LOS ARTS. 107.1 PÁRRAFO SEGUNDO, 107.2 A) Y 107.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES:

         El Pleno ha resuelto lo siguiente:

          PARTE DISPOSITIVA:

          “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

         Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.  

         La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

         El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia.

         La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del Presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer. 

         En los próximos días se notificará la sentencia y los votos particulares junto con una nota de prensa más amplia. >>

Esperaremos a leer la sentencia y sus votos particulares, que serán los que se aplicarán en una nueva Ley exprimidora, aunque ahora un poco de alegría para los ciudadanos de a pie, ya que, resulta perverso, que los poderes públicos hayan reaccionado todos a -la contra-, dejando claro, que tamaña injusticia debe ser reparada de inmediato, al quedar desamparados todos los Órganos Públicos, que han visto como el T. Constitucional  ha metido la mano en sus bolsillos, igual que ellos durante muchos años y, a veces, con crueldad han despojado a muchos ciudadanos de parte de sus bienes, siendo por su puesto las clases medias y bajas las más oprimidas por el ilegal impuesto de plusvalía, en cumplimiento exacto del art. 31 de la Constitución que dice: <<1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. >>

Ahora a los ciudadanos beneficiados por la nulidad de una Ley inconstitucional solo les queda disfrutar mientras puedan, ya que, sin la menor duda, todos los salvadores públicos elegidos por ellos en listas cerradas, se podrán rápidamente de acuerdo para poner en vigor una nueva Ley, que con toda seguridad supondrá una nueva requisa de los patrimonios de los españoles, pues no se puede consentir, que la crueldad de unos Magistrados del T. C. (no todos, gracias a los dioses) haya esquilmado a unos organismos públicos destacados por realizar -siempre- un gasto público de forma equitativa con eficacia y economía.

N.B. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía, así que, ahora los ciudadanos a disfrutar de una buena noticia, mientras puedan, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

Lo que vendrá pronto y más duro, será una Ley urgente, que equilibrará las fuerzas publicas y privadas en aras de la justicia social, de forma, que de inmediato quedará restablecida la equidad fiscal en beneficio del pueblo soberano, todo, además, adobado e incentivado por la propaganda engañosa del bien común, como fin indiscutible y absolutamente necesario para restablecer la justicia social dañada por unos jueces insensibles.

En resumen, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley por los poderes públicos, porque la Constitución y todos nuestros derechos y libertades están al servicio de los poderes públicos, que, sin duda, son los que administran sin pudor ni decoro nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Córdoba, a 27 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.