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Tribunal Constitucional – alarma confinada – tarde, demasiado tarde (los daños ya están hechos y la reparación imposible)

Que el Tribunal Constitucional haya declarado, que el Estado de Alarma (02/20) vulneró derechos fundamentales y que por ello fue inconstitucional es “una buena noticia”.

Así mismo, es una verdad indiscutible, que el T. C. ha fallado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la reparación resulta imposible.

También es indudable, que ha existido abuso de poder por parte del Gobierno del Presidente Sánchez, y, que las libertades públicas de los españoles se han visto duramente afectadas.

Ahora se habla de multas nulas y otras cosas menores, pero lo realmente importante es saber, que va a hacer el Gobierno para desfacer parte del siniestro cometido sobre los españoles, aunque parece por las declaraciones de los portavoces del Ejecutivo (aunque vaya en dirección contraria por la autopista), que solo ellos llevan la razón y que todos los demás estamos equivocados. Lo dicho, en dirección contraria y gritando a los que van en la dirección correcta.

El Gobierno dice, que no están de acuerdo con el fallo del T. C., y, que han salvado 450.000 vidas para justificar su actuación inconstitucional, cosa aceptable como derecho que tiene a la libertad de expresión, pero resulta penoso defender algo así, cuando los españoles carecemos de -información veraz-, al no saber, por ejemplo, aún el número real de fallecidos, el número de contagiados, etc. etc. etc., y, ellos tienen la certeza del número de vidas salvadas por su actuación inconstitucional.

Cuando el Presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el 14 de febrero de 2020, se pasó de frenada y traspasó varios pueblos, anulando derechos fundamentales de los españoles, que de alguna forma deberían ser indemnizados, reparándose el daño causado, que no solo es cuestión de dinero, sino sobre todo de dignidad, de libertad y de respeto a la ley.

El Gobierno del Sr. Sánchez debería empezar por asumir responsabilidades, -reconociendo públicamente su error o lo que sea-, -comprometiéndose a dar ejemplo de respeto a la ley-, -mostrando arrepentimiento por haber vulnerado derechos fundamentales de los españoles- y -solicitando a los mismos “un indulto”-, que los ciudadanos deberían conceder o no mediante la celebración de un referéndum al efecto.

Es cierto, que soy un optimista irredento, pues todos dirán que lo que pido es un imposible, cosa que puede ser verdad, pero lo que es indiscutible, es que se han eliminado nuestras libertades durante muchos días mediante un abuso de poder del Gobierno de la Nación, que el T. C. ha declarado inconstitucional, digan lo que digan los voceros oficiales del Ejecutivo.

Con independencia de lo dicho, es también cierto, que otras posibilidades y otras soluciones eran posibles sin vulnerar derechos fundamentales de los españoles, que países como Suecia o Noruega han puesto de manifiesto, que se pueden hacer. A todo ello, hay que añadir la profusión de noticias distorsionadas gubernamentales y la absoluta opacidad con carencia absoluta de información veraz, de manera, que la solución inconstitucional ha sido el confinamiento de los españoles sin derechos y libertades y en total oscuridad informativa, solo aplausos con acoso y derribo.

Oficialmente la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que ha adoptado una resolución atrabiliaria contra el Gobierno de España.

La suyas son (ha dicho la Sñr.ª Robles) –elucubraciones doctrinales– sin –sentido de Estado-, aunque, sin duda, su deslegitimación del T. C. comporta desprecio a la división de poderes.

*** Finalmente, dejando todo lo anterior al pairo, lo mejor es lo que se quiere hacer en Andalucía para dar ejemplo, que consiste en aprobar –que haya sueldos vitalicios para los expresidentes de la Junta-, que es algo, que todos los andaluces estamos esperando como agua de mayo para olvidar la vulneración de nuestros derechos fundamentales; es decir, una especie de bálsamo de Fierabras, que lo curará todo, incluidas las presiones reconocidas del Gobierno a miembros de Tribunal Constitucional.

N.B. El Tribunal Constitucional ha fallado contra el Estado de Alarma tarde, demasiado tarde (17 meses), cuando los daños ya están hechos y la reparación resulta imposible, aunque, más vale tarde que nunca.

La reacción del Gobierno un dislate fuera del sentido común, que, de nuevo, pone en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El que piense, que este asunto ha terminado con la sentencia del T. C., se equivoca de principio a fin, ya que,  ante la reacción airada del Gobierno y sus corifeos, es más necesaria que nunca una actuación de todos los poderes públicos y de la sociedad civil en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

Resulta evidente la intención del Gobierno de seguir demoliendo nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como los valores superiores de nuestra democracia: la -libertad-, la -justicia-, la -igualdad-, el -respeto a la ley-, la -división de poderes- y el -pluralismo político.

Diga lo que diga el Gobierno y sus voceros: El fin nunca justifica los medios”.

Córdoba, a 16 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Varas y embudos (ley – engaños – ancho, por un lado – doble por otro)

La doble vara de medir y la ley del embudo es lo mismo, consiste en aplicar a los que no están de acuerdo contigo tu verdad o tu mentira, según te convenga en cada caso.

En España la vara de medir en el respeto a la Ley, que es la base de la democracia y de estado de derecho, ha pasado a mejor vida, pues, por lo que se ve diario la ley solo se aplica en una dirección, a la vez, que nuestro tribunal Constitucional dormido y en espera, inane en su inutilidad.

En Alemania, por ejemplo, unos ciudadanos interesados plantean a su órgano Constitucional un asunto, como el de los Fondos de la U. E. y la legitimidad del endeudamiento de Alemania para conseguir esos fondos Europa y, curiosamente, en escasos meses el asunto esta resuelto y desbloqueada la paralización de los fondos.

En España ahora el Tribunal Constitucional empieza a discutir, si el primer estado de alarma en su contenido excesivo vulneró derechos fundamentales de los españoles, sobrepasando el contenido constitucional previsto para esta medida legal.

Diga lo que diga el T. C., una vez terminado el estado de alarma, no servirá para nada, salvo para demostrar, que deberían haber dimitido por inacción legal todos sus miembros hundidos en el -stand by-.

La Ley constitucional se ha vulnerado a la vista de todos los españoles, pero lógicamente no pasa nada, pues hay una -doble vara de medir-; es decir, se aplica con impunidad absoluta la ley del embudo, y, además, no pasa nada, porque la inseguridad jurídica, la arbitrariedad y la falta de respeto a la ley de los poderes públicos forma ya parte de nuestra vida diaria, reinando la incertidumbre, la desconfianza de los ciudadanos y la desesperanza.

Ahora nos abruman con los indultos como único tema posible de discusión, con varas de medir embudadas, pero, de verdad alguien cree, ¿que en España alguien respeta la ley?, o por en contrario, ¿se actúa por todos los poderes públicos a la contra con doble vara de medir y aplicando siempre la norma del embudo?

Los indultos no son sino la culminación de una serie de despropósitos legales, llevados a cabo por poderes públicos una y otra vez desde hace tiempo, al amparo de silencios de casi todos, donde participa el resto de los poderes del Estado -legislativo y judicial-, ya que, ninguno de ellos se ha preocupado de otra cosa, que no sean ellos mismos.

A pesar de ello, los ciudadanos han sido y son compelidos al cumplimiento de la ley estricto y severo bajo pena de los mayores males para ellos, de forma, que, por citar algunos casos de -doble vara de medir, claramente embudada hasta extremos increíbles-, señalaré algunos: *La policía parece que solo tiene una vara de medir contra los ciudadanos, de la que están excluidos los políticos, que solo aplican la vara de la falta de ejemplaridad y autenticidad, bajo el lema perverso –del tu más-; *los jueces y tribunales se parapetan de los ciudadanos con miles de obstáculos formales aplicados al límite, que impiden a los españoles pasar una barrera cortante de inadmisiones por variados motivos, como los llamados interés casacional o constitucional; *las Instituciones del Estado están tomadas al asalto, como por ejemplo, la Fiscalía General (pues eso), la Abogacía del Estado, la CNMV, las grandes Empresas públicas, y, así, un larguísimo etc. interminable.

Ante la evidencia, los españoles, como se ha visto en Madrid, solo piden que los dejen votar en unas elecciones libres cuanto antes mejor, aunque una cosa debe quedar clara, que los denostados por los indultos y otras muchas distorsiones legales, no engañan a nadie, que no se haya querido dejar engañar.

El Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución de 1978, que pretenden demoler unos pocos muchos, instituyó una división de poderes y una democracia plena, de forma, que ahora, solo falta que funcione esa división de poderes, aunque debe aceptarse por todos, que la libertad y el resto de nuestros derechos fundamentales no se defienden solos, sino que hay que luchar para defenderlos, ya que, eliminar la libertad, como se ha podido comprobar en estos dos años desgraciados para el respeto a la ley, es relativamente fácil, desde un poder público ejercido autoritariamente, bajo el paraguas fraudulento de un estado de alarma inconstitucional, y, un T. Constitucional en el mundo de los sueños y desactivado.

Si no se respeta la legalidad (arts. 9 y 10 C. E.) por todos, y, se sigue aplicando la ley de la doble vara de medir, la posible solución aparece muy lejana, ya que, solo por poner un ejemplo:

¿Existe respeto real a las minorías por los poderes públicos?, como decía un personaje ilustre –pues eso-.

Frente a la falta de respeto a la legalidad por los poderes públicos (todos sin exclusión), los particulares afectados por normas contra ley, solo les queda asistir mudos al desaguisado legal, ya que, según interpretan el T. Constitucional y el T. Supremo los ciudadanos nunca están legitimados para solicitarles amparo; de manera, que así nos va, aunque desde luego ellos los primeros, si visualizamos y comprobamos lo que está pasando en Europa con España, que sin duda, la concesión de los indultos de corazón y concordia ha terminado de arruinar.

El principio de igualdad de los españoles del art. 14 y el respeto a la Ley por todos del art. 10 de la C. E. han quedado eliminados en agua de borrajas, siendo lo peor, que, destruida la confianza interior y exterior en el estado de derecho, solo queda incertidumbre, inseguridad jurídica y desigualdad para todos, incluso para los autores del dislate legal.

Recuperar la reputación, dentro y fuera de España, en nuestro Estado de Derecho, en la división de poderes y en el respeto a la ley por todos los poderes públicos, sin duda, va a ser una tarea continuada de muchos años y harto difícil.

A partir de ahora la colaboración de Europa con la Justicia española será algo casi imposible. El Consejo de Europa ya ha advertido, que en España no se garantizan los derechos fundamentales y que se han dictado resoluciones injustas, no garantistas y contrarias a la ley.

¿Cómo va Europa creer en el Poder Judicial de España, si el Gobierno dice que los indultos existen para equilibrar a ese poder del Estado?

N.B.  Las varas de doble medida y las leyes del embudo significan siempre engaño a los ciudadanos, pues conllevan desigualdad e injusticia.

Contra la arbitrariedad y las resoluciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley, dejando claro, también, que ningún responsable debe quedar impune.

Las resoluciones injustas que violan el principio de legalidad,  vulneran la Constitución, produciendo efectos perversos en nuestras libertades fundamentales, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social, según consagra el art. 10 de la C. E.

Córdoba, a 23 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estado de Derecho – división de poderes- imparcialidad (independencia del poder judicial – asociaciones – soberanía del Pueblo)

Quizás, en estos días de eliminación paulatina de la división de poderes en España se olvida, que según la Constitución (art. 117.1) la justicia emana del pueblo y que la independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana y no un privilegio personal de los jueces.

Es cierto, que en España el Estado de Derecho y su división de poderes están diluyéndose y desapareciendo sin pausa ni control, también, es verdad, que sin un poder judicial independiente real y efectivo no existe la democracia ni los derechos y libertades, que la distinguen de los regímenes autoritarios; sin embargo, observo desde hace tiempo, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

La conclusión anterior viene al examinar una serie de hechos patentes con motivo del debate sobre la independencia judicial, así:

* En España los jueces, en gran parte, están agrupados en asociaciones propias que tienen nombres significativos (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia) que ya las definen, aunque sus miembros nieguen cualquier dependencia ideológica; a pesar de ello, los ciudadanos españoles las distinguen claramente por sus inclinaciones ideológicas, así: una conservadora, otra progresista, otra centrista y otra que se dice independiente, todo, además, impulsado por los medios de comunicación que no dudan al realizar sus calificativos de las mismas según su supuesta ideología.

Siempre he entendido, que todos los jueces son independientes, libres, democráticos e imparciales (aunque, ahora, algunos de ellos directa o indirectamente se empeñen en ubicarse ideológicamente por sus resoluciones y/o sus declaraciones), según dispone la Constitución cuando dice (art. 117.1), que la justicia se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

* El Código de Ética Judicial dice recoger los PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), así, dice:

Preámbulo. Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, ademásfortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

Independencia. La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

Imparcialidad. La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

*  Se publica, que los jueces piden a la UE que actúe contra España por estar en riesgo el Estado de Derecho, ya que, tres asociaciones judiciales han remitido un escrito, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho por las últimas reformas del Gobierno, que, a su juicio, afectan a la independencia judicial, concretamente, son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), remitiendo un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Justicia Didier Reynders.

*** Por lo expuesto, entiendo, como decía antes, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio-derecho pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

Puede ser que esté equivocado y espero, además, que sea así, y, que unos jueces independientes, libres e imparciales administren justicia en nombre del pueblo español del que nace toda soberanía y la división de poderes, entre ellos, el poder judicial independiente.

La independencia de poder judicial no es ni puede ser un privilegio de los jueces, sino algo que pertenece a los ciudadanos españoles, y, supone una garantía absoluta de su derecho a la justicia.

En la U. E. la independencia del poder judicial no se entiende de otra forma, y, es algo, que forma parte indiscutida de la condicionalidad de su estado de derecho, teniendo una gran influencia en Europa, de manera, que cuando un Estado miembro viola esa norma fundamental del derecho de la Unión, las Instituciones europeas se ponen en marcha, tratando de eliminar las injerencias de cualquier otro poder del estado en la justicia, que puedan poner en riesgo su división de poderes real y efectiva

*** El español de a pie está más que harto, quemado por la pandemia, se siente en la ruina, está lleno de incertidumbre y de desconfianza en la justicia y tiene poca o ninguna confianza en su futuro, y, si ello, además, lo vironizamos con la política de ideologizada del odio, que nadie se llame a engaño, cuando se produzca una desgracia, y, una situación permanente de violencia social, que tiene muchos voceros, como ha demostrado el propio Gobierno de la Nación en el Congreso.  

Se podrá discutir el estado actual de la independencia del poder judicial en España, pero es innegable, que motivos de preocupación sobre la división de poderes real y efectiva en nuestro país existen sin la menor duda.

Sin un poder judicial independiente de verdad no existe la democracia y el estado de derecho que la sustenta, máxime, si como ocurre ahora en España estamos sometidos por un estado de alarma inconstitucional con nuestros derechos y libertades sometidos, restringidos, si no eliminados de raíz. (art. 116 C. E.).

Por si faltara algo, ya se ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda, dirigida a imponer una prórroga del estado alarmante, para que al Presiente Sánchez se le pida de rodillas por los políticos, las CC. AA. y por todo el mundo mundial, por la razón perversa repetida hasta la verdad, de que no existe otra posibilidad.

En estos días aciagos en todos los sentidos, ya hay voces de poderes públicos liberticidas, que aceptan el envite oficial convertido en “mantra verdadero” de más prórrogas del estado de alarma, que imagino, debe ser porque no han tenido bastante con lo que ha caído sobre nuestras libertades, como pueden ser, la anulación del Congreso, el abuso de legislar por Decretos Leyes (creo que van 35), la falta de transparencia del Gobierno en muchos asuntos, la invasión y toma  de las instituciones del Estado (CIS, TVE, el abuso policial de la fuerza vulnerando derechos fundamentales, etc.), cuando lo que realmente hace falta es una vacunación urgente para todos cuanto antes, realizando los poderes públicos, sin excepción, una información veraz inmediata y completa sobre la pandemia, de forma, que, la  participación de la sociedad civil en la lucha y control de la enfermedad sea una realidad, pues otro modelo es posible y absolutamente necesario en defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales.

*** En España actualmente no hay independencia efectiva de poderes, pero, esa independencia debe ser la consagrada en el art. 117.1 de la Constitución de 1978, que dice: 

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

La justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos, de manera, que nadie crea ni defienda que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Así mismo, es un hecho patente, que la confianza de los ciudadanos en la justicia y su independencia en España está bajo mínimos, por el control ideológico y político a que está sometido el poder judicial (interior y exterior), de manera, que muchas veces, según el juez o tribunal que te toque, ya se sabe por dónde caerá la resolución, sobre todo, cuando entran en juego intereses políticos en los temas enjuiciados.

En España, se quiera admitir o no, se ven casos, donde la garantía constitucional del derecho al juez imparcial se vulnera a la vista de todos por jueces ideologizados, aunque siempre hay alguien, que dice creer, que a ese juez de turno se le puede recusar, lo que supone, que ese alguien vive en el mundo de la fantasía. Lo dicho implica, que los ataques a la independencia e imparcialidad del juez o tribunal no se lleva solo a cabo por los poderes políticos, sino que, también, en ocasiones, los propios jueces debilitan con sus actuaciones impregnadas de ideología al poder judicial, pues destruyen la confianza de los ciudadanos en la justicia (todos somos conscientes de esa realidad negativa).

La garantía de la imparcialidad objetiva exige, en todo caso, que con su iniciativa el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta, de manera, que lo que debe evitarse, es que el juez asuma el mismo rol indagatorio que la acusación y la defensa; dicho de otra forma, que no sea juez y parte, adentrándose en los caminos ignotos de una posible prevaricación.

Un ejemplo palpable y reciente de lo dicho -control político y resolución ideologizada-, es la del Tribunal Constitucional referida a la candidatura de Toni Cantó; la resolución de apartar a Cantó, apoyada por la Fiscalía, ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Constitucional, Juan José González Rivas y los progresistas Cándido Conde-Pumpido y Asunción Balaguer (ponente); así mismo, los magistrados conservadores Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya que defendían la inclusión de Cantó en las listas, han anunciado votos particulares.

¿En manos de quien estamos en el Tribunal Constitucional?, vamos como en Alemania.

Es una vergüenza, que da susto y que se adentra dentro del mundo oscuro de la presunta prevaricación. ¿Quién puede confiar en la independencia del Tribunal Constitucional?

Si el pueblo del que emana la autoridad del poder judicial no confía en él, porque ve, que ese mismo poder está controlado por los grupos políticos dominantes o por jueces ideologizados, la opinión de los españoles en la justicia se derrumbará por un precipicio de desconfianza.

N.B.  ElEstado de Derecho, la división de poderes, la imparcialidad y la independencia del poder judicial, como sus asociaciones, nacen de la soberanía del Pueblo, de forma, que la justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos; que nadie crea ni defienda, que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Por otro lado, es algo indiscutible, queel Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro nuestro Estado de Derecho y la división de poderes, destruyéndose, a la vez, la confianza del pueblo en la justicia:

La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes real y efectiva no existe estado de derecho.

La confianza de los españoles en la justicia está en bajada permanentede manera, que es casi imposible, encontrar a alguien que crea que existe la independencia judicial, máxime, cuando se contemplan, las actuaciones de los partidos políticos para controlar el poder judicial y de algunos jueces pendientes de su ideología y no de la aplicación justa y respetuosa de la Ley, lo que resulta a los ciudadanos algo perverso y peligroso.

Córdoba, a 16 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Adivinanzas: S. S. – pensiones – y Fondo Recuperación U. E. (misterio – retrasos – incertidumbre)

 Aquí aparecen unas adivinanzas inquietantes, de manera, que para el que no entienda, le diré, que una adivinanza (un acertijo) es, una oración que trata de concretar algo de forma indirecta, para que cualquiera pueda acertar de que se trata, así, por ejemplo:

Los policías tiraron la puerta abajo en una fiesta ilegal de Madrid, porque no existía otro medio.

(Respuesta -mentira-, ya que, una orden judicial para entrar en un domicilio particular en el estado en que estamos, se obtiene en poco rato en el Juzgado de Guardia, sin necesidad de vulnerar un derecho fundamental, como la inviolabilidad del domicilio, que consagra el art. 18 de la C. E.).

Tan conflictivas como la anterior adivinanza, son, las dos dobles, que ahora les propongo:

1ª.- ¿Qué Fondos económicos están en el aire cuando unos empujan por necesidad y otros controlan y deciden por poder?

2ª.- ¿Qué Ministro promete, pero no cumple?

*** Por lo expuesto, se impone una explicación para entender ambas adivinanzas dobles, de cuyo resultado dependemos muchos en la U. E. y en España, así que, vamos a ello:

  • La primera adivinanza se encalla en los estados miembros de la U. E., ya que, mientras unos países, como España, tienen prisa y necesidad inmediata, otros, dilatan los tiempos acuciados por sus ciudadanos, que no ven claro ¿por qué?, <<tienen que dar dinero a los países que, según ellos creen, derrochan y gastan en asuntos superfluos e innecesarios>>.  

Los medios de control y retraso son muchos y variados, además, siempre aparecen otros nuevos, de manera, que no son solo los posibles vetos, sino, que algunos Estados implicados han puesto en marcha la carrera de obstáculos, mientras otros, se retrasan en sus planes con la finalidad de marear la burra del incumplimiento de sus ofertas, por si al final cuela.

La respuesta a esta adivinanza es clara, sin la menor duda, a nadie se lo oculta, que se trata de los Fondos de Recuperación de la U. E. (750.000 millones de euros, de los que España espera recibir 140.000 millones, la mitad a fondo perdido, de los que ya ha comprometido en sus -PGE-2021- 27.000 millones).

** La adivinanza verdadera está en saber de verdad, ¿cuándo esos fondos llegarán a los estados miembros?, que algunos, como España, los necesitan con urgencia.

Por ahora, se desconoce si algún País de la Unión hará uso de su derecho de veto, aunque los indicios parecen muy negativos, sin embargo, ya hay un obstáculo imprevisto en marcha, representado por el Tribunal Constitucional de Alemania, que ha admitido una demanda contra el Fondo de Recuperación, alegando los reclamantes, que el Fondo de recuperación va en contra del derecho de la propia U. E. y de la Constitución alemana, que prohíbe al País endeudarse en el exterior.

La respuesta a esta adivinanza es perversa, ya que, ahora mismo, tal y como están las cosas, es casi imposible de concretar y/o acertar, de manera, que los fondos de recuperación están en el aire y nadie sabe con certeza, el cuando ni el como de su verdadera realidad.

  • La segunda adivinanza aparece, cuando el “Ente” de la S. S. española se muestra, en toda su crudeza,  con su cuento oficial de los gastos impropios y su ruina, y, cuando, además, el incumplidor Ministro del ramo, Sr. Escrivá, ha demostrado que es incapaz de controlar el sistema de pensiones, dando largas a las soluciones y a las reformas verdaderas; de forma, que hasta la fecha se mueve en el mundo de la ensoñación, habiendo dilapidado en un  año todo su prestigio que traía de la AIReF, demostrando, que no sabe que hacer ni que dirección tomar, principalmente, porque está claro, que es ineficaz, incompetente, inepto e inhábil sin ser malicioso en el juicio, aunque, siempre, cabe, otra calificación más rigurosa de su actuación, que se adentra en el mundo de lo tenebroso.

La respuesta a esta adivinanza es clara y meridiana, nos referimos al Ministro de S. S., Inclusión y otras cosas, que se muestra incapaz de decir a los españoles, especialmente, a los pensionistas, la verdad de la situación económica negativa del Tesoro Público de España y no solo de las cuentas de la S. S., que se encuentran al borde del colapso financiero, si no se adoptan con carácter urgente reformas estructurales profundas en las cuentas del País, y, con mayor premura, para solucionar la situación ruinosa y desalentadora de la S. S., como exige la U. E.

** La verdadera adivinanza que surge de la anterior es, ¿si el Ministro Escrivá reformará y ajustará las pensiones a su realidad económica o se irá su casa a descansar después de un improbado esfuerzo?

Esta adivinanza por ahora carece de respuesta, aunque a la vista de lo que hay crece la desesperanza.

Solo queda, reafirmar algo evidente, que los recursos del Estado vengan de donde vengan y se llamen como se quiera, van dirigidos a sufragar todos los gastos del mismo, y, por tanto, hablar de gastos impropios y/o de préstamos a la S. S. es una ficción. 

Es indiscutible, que lo que se pone como gasto impropio, préstamo o transferencia a cualquier Departamento del Estado, debe salir de otro sitio del mismo puchero, de donde se quita, lo que implica que el dinero, se mire como se mire, siempre es el mismo; por ejemplo, hablar de ingresos de impuestos y de ingresos de cotizaciones sociales, está muy bien, pero realmente todo son impuestos del Estado y su importe total va al mismo baúl, que es el Tesoro Público de España.

En resumenno hay más dinero que el que hay y se puede distribuir como se quiera, pero siempre será el mismo.

La huida a no se sabe a dónde, es evidente, lo mismo, que no se sabe hasta dónde llegará, pero eso no es importante, para eso están las esperanzas complicadas-bloqueadas en los Fondos de la U. E., la deuda y el déficit, y hasta donde se llegue llegó.

N. B.  Las adivinanzas expuestas sobre la S. S. – pensiones en España y sobre el Fondo de Recuperación de la U. E., son un misterio lleno de incertidumbre, pero, sin la menor duda, son preocupantes para todos los españoles.

No es cierto, que la S. S. sea un Ente maravilloso, que flota en el vacío de los gastos impropios, de los préstamos y de las transferencias del Estado benefactor inacabable, a pesar de las predicciones contables y ficticias del Ministro Escrivá, cuando, sin duda, cada vez más, el final desequilibrado está más cerca, así, que, o resolvemos la adivinanza, o cabalgamos hacia el desastre final.

Así mismo, si a España no llegan ya los Fondos de Recuperación de la U. E.no solo va a ser un mal despertar, sino la vuelta a la realidad que nos absorberá, pues, no se podrá aguantar un gasto público alejado de la verdad, y, los ajustes llegarán por la U. E., por la simple razón, de que la Unión sabe, que la ruina de España, supone la debacle de Europa.

Córdoba, a 3 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. La incertidumbre crece – T. C. Alemania – Fondo de Recuperación (ayudas en el aire, con retraso y un poco de envidia)

La incertidumbre es lo contrario a la tranquilidad, a la confianza o a la certeza, y, se manifiesta en inquietud y parálisis. La incertidumbre proviene de la falta o escasez de conocimientos, es pues, la duda permanente por la falta de información veraz y la insuficiencia de las razones o pruebas en las que se puede fundar una actuación razonable, implicando falta de conocimiento seguro y claro. El exceso de incertidumbre conlleva, que, casi siempre, el ciudadano paraliza su actividad en espera de que la situación sea más clara y confiable.

En España es una realidad indiscutible, que está creciendo la incertidumbre a todos los niveles (político, social, económico y sanitario), apareciendo la inseguridad, la inquietud y la indecisión, entre todos los ciudadanos (con reflejo interior y exterior) con todas sus consecuencias nocivas.

Por si nos faltara algo, en ese proceso continuo de aumento de la inseguridad y de falta de certeza, siguen apareciendo hechos nuevos inesperados, que acrecientan la incertidumbre, así:

*** El Tribunal Constitucional en Karlsruhe, Alemania, paraliza el Fondo de Recuperación, ordenando al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, que no firme la aprobación de la decisión de recursos propios. El tribunal señala, que Steinmeier no puede firmar la decisión hasta que la corte haya resuelto el recurso urgente de una serie de demandantes, que alegan, que el Fondo de Recuperación es contrario a los Tratados de la U. E. y a la Constitución alemana.

El T. C. de Alemania funciona cuando sus ciudadanos demandan amparo, lo que claramente no ocurre en España, dónde el T. C. esta en “stand by” (en espera), silente y cautivo de los poderes públicos y donde los ciudadanos tienen prohibido acudir en solicitud de cobijo y amparo, dónde no se admite nada, y, existe, además, un arrecife cortante impeditivo, que es el llamado interés constitucional.

Si olvidar, la necesidad imperiosa que los españoles tenemos de esos fondos, es lo cierto, que cualquiera siente envidia, cuando se ve, que los alemanes tienen un estado de derecho de verdad.

Sea cual sea la decisión final del Tribunal Constitucional Alemán y se   pronuncie como se pronuncie, el hecho de que paralice una decisión política importante y de profundas consecuencias para toda la U. E., produce la sensación tranquilizadora de que existen contrapoderes efectivos al poder político, cosa que en España es impensable al estar la división de poderes en fase terminal.

Así mismo, en Alemania, se ve, que no creen, que el dinero público no es de nadie; y, saben, que cuesta mucho esfuerzo y sacrificio crearlo y que no se debe gastar indebidamente, teniendo muy claro, que es de los ciudadanos alemanes, no como en España, que se gasta en aumento y sin control demasiado dinero público en gastos superfluos e innecesarios.

En los PGE de 2021 ya figuran 27.000 millones de fondos europeos, de manera, que ya veremos cuando y como llegan los 140.000 millones, pues esto de la Unión Europea es de traca y de una eficacia que asusta, ya que, no son solo las ayudas, sino, también, los asuntos de las vacunas, los planes de vacunación y las medidas de movilidad que casi nadie entiende.

Es público y notorio, que la Comisión Europea  no puede acudir a los mercados para captar los fondos necesarios, hasta que todos los Estados miembros hayan aprobado la decisión de recursos propios. El Ejecutivo comunitario ya sabía, que iba a ser un proceso lento el lograr que todos los Estados lo aprobaran, pero esta decisión de Karlsruhe es un contratiempo más, que no se esperaban, de forma, que ya no son solo Polonia y Hungría los que impiden con su veto, también, están sin aprobación 14 países, entre ellos los llamados frugales.

A destacar, que el comunicado de la corte constitucional alemana no señalacuánto tiempo se tomará hasta resolver el caso por el que ha detenido la ratificación, aunque, parece que un mínimo de tres meses será casi inevitable.

Karlsruhe quiere tener la última palabra sobre la aplicación del derecho de la Unión en Alemania, ya que, en en Tribunal Constitucional alemán se dice, que el BCE no es el amo del universo, teniendo en cuenta, que el T. C. sabe, que los ciudadanos alemanes están en contra de las ayudas a los países despilfarradores, España entre ellos, pues entienden, que nada debe ser gratis y sin control estricto, máxime cuando hay cantidades a fondo perdido.  

Veremos como termina todo, aunque por ahora vamos mal, sin olvidar la condicionalidad del estado de derecho, que con las medidas aprobadas “a fortiori” por el Gobierno de España, como la ley que limita el poder del CGPJ impidiendo los nombramientos necesarios de jueces y magistrados, entramos en fase de veto del cualquier País de la Unión o de una posible intervención paralizadora de los fondos por el Ejecutivo comunitario o el Euro-Parlamento, si entienden, que se limita y ataca la independencia judicial y la división de poderes.

Ahora, está más que claro, que son necesarias, con carácter inmediato, reformas y medidas estructurales de control de gasto público innecesario y superfluo.

*** La incertidumbre crece.

Por todo lo expuesto, es una realidad, que, los españoles sienten que la incertidumbre aumenta, lo que lógicamente les paraliza en todos los sentidos un poco más cada día, impidiéndose la recuperación.

La dura realidad es que estamos entrado en un campo desconocido, lleno de incertidumbre e inseguridad, lo que nos obligará a todos a transformar nuestro entorno económico y social, quitando y transformando todo lo que se pueda, intentando adaptarnos al contexto operativo actual y a la realidad económica nacida de la pandemia.

Es evidente, que la U. E. está superada en todos los sentidos, pero lo del Tribunal Constitucional de Alemania le ha dado el tiro de gracia, pero ha servido para que todos entendamos la fragilidad de la situación en que nos encontramos.

Cuando habían aparecido rayos de esperanza, como las vacunas, los fondos de recuperación y la compra de la deuda de los países por el B. C. E. en grandes cantidades para sostener temporalmente un aumento del gasto público de asistencia social y sanitario, el caso citado de la resolución del T. C. alemán ha demostrado, que los obstáculos contra la pandemia y sus efectos van apareciendo uno tras otro, haciendo que los planes del Ejecutivo de la Unión se derrumben, sin que nadie, además, de una explicación a los ciudadanos preocupados y desinformados.

En España, ya sabemos lo que hay, de forma, que la incertidumbre en todos los campos imaginables ha tomado un rumbo de no retorno, ya que, se mire a donde se mire, solo aparecen obstáculos cada vez mayores, que impiden el inicio de la recuperación. La dura realidad es, que estamos a la cola de Europa – U. E. en casi todo, y, ahora, Alemania con la resolución de su T. C. dispara nuestra incertidumbre, llegando a un punto de parálisis abisal.

N.B. Es algo indiscutible, que la incertidumbre crece en España de forma exponencial, provocándonos una parálisis terminal, de manera, que cuando el T. C. de Alemania paraliza el Fondo de Recuperación la desconfianza aumenta, pues, sinceramente, nadie sabe, que hacer, ni que decisión puede adoptar; es decir, estamos apalancados en una situación permanente de inseguridad plena, que imposibilita tomar decisiones, lo que conlleva una parálisis total, nociva y perversa para todos, que tiene un reflejo interior y exterior, consolidándose en desconfianza para España.

En España son necesarias con carácter urgente reformas estructurales, para adaptarnos a la situación actual, aunque desgraciadamente, cada día que pasa, muestra que eso parece un imposible, ya que, los poderes públicos dominantes están en una guerra de trincheras con olvido de los ciudadanos, mientras que, al haber casi desaparecido la división de poderes, el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el T. S. están silentes y cautivos.

A pesar de todo lo dicho, ha nadie puede sorprender, que se tenga     un sentimiento de envidia por el funcionamiento del T. C. de Alemania como verdadero contrapoder, que en España es un mero espejismo; pero lo cierto es, que la incertidumbre por el Fondo de Recuperación y su realidad inmediata hace, que las ayudas queden en el aire, retrasándose peligrosamente, lo que a la vez conlleva, que crezca la desconfianza en nuestra recuperación, paralizándose todo en un bucle perverso de inacción completa.

Si a la incertidumbre, la inseguridad jurídica y la pérdida de confianza que ya tenemos, le unimos in el retraso o lo que sea en los fondos de ayuda de la U. E., el resultado es descorazonador para todos, convirtiéndose en catástrofe política, social, económica y sanitaria.

Córdoba, a 28 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.