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El viraje II: La sinrazón del conflicto por el agua en Córdoba.

En mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo, tomando como ejemplo de lo que no puede ser el conflicto por la conexión de agua entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, en el norte de Córdoba. Este desacuerdo contra los ciudadanos usados como rehenes entre el PP (Junta de Andalucía y Diputación de Córdoba) y el PSOE (Confederación Hidrográfica del Guadiana, CHG) afecta a 80.000 habitantes de Guadiato y Los Pedroches, evidenciando una disputa política que requiere un viraje urgente.

**La situación espuria.

La CHG, dirigida por Samuel Moraleda, rechaza el proyecto de la Junta y la Diputación para una conexión permanente entre La Colada y Sierra Boyera, con un coste de 9,3 millones de euros. Argumenta que las obras de emergencia de 2022-2023 (4,3 millones de euros) ya resuelven el problema de suministro, con infraestructura capaz de transferir 400 litros por segundo, suficiente incluso en sequía. Además, limita la extracción a 3 hm³ frente a los 10 hm³ solicitados, considerando el proyecto redundante e innecesario.

Por su parte, la Junta y la Diputación defienden una solución permanente con múltiples tomas de agua para mejorar la calidad, afectada por contaminación en La Colada (por ejemplo, carbono orgánico elevado, que llevó a una prohibición de agua potable en 2023). Acusan a la CHG de obstruccionismo y cuestionan la falta de transparencia, especialmente por un supuesto informe favorable de la Abogacía del Estado que no se ha compartido.

**Nuestra opinión.

Este conflicto refleja tensiones técnicas, jurisdiccionales y políticas que obstaculizan una solución para los 80.000 habitantes de la zona, que por si mismo es una sinrazón.

**Méritos técnicos.

La CHG tiene razón al destacar el éxito de las obras de emergencia: entre 2023 y 2024 se transfirieron 7.000 millones de litros, evitando el colapso de Sierra Boyera. Sin embargo, su rechazo al proyecto de la Junta parece rígido, ya que las tomas múltiples propuestas podrían mejorar la calidad del agua y la resiliencia a largo plazo, especialmente ante problemas de contaminación en La Colada.

**Tensiones administrativas y políticas.

La autoridad de la CHG sobre la cuenca del Guadiana le da ventaja, pero su cambio de postura tras la cooperación inicial genera desconfianza. La falta de acceso al informe de la Abogacía del Estado refuerza esta percepción. Por otro lado, la insistencia de la Junta en un proyecto costoso podría responder a motivaciones políticas para ganar visibilidad en una región con inseguridad hídrica. Ambas partes, PP y PSOE, parecen priorizar sus intereses sobre el bien común.

**Consideraciones ambientales y económicas.

La CHG critica el impacto ambiental y el coste del proyecto, pero ignora los beneficios a largo plazo de mejorar la calidad del agua. La contaminación de La Colada, reconocida por la CHG, requiere medidas urgentes, no aplazadas hasta 2027.

**Interés público.

Los 80.000 residentes han sufrido restricciones severas, como la prohibición de agua potable en 2023. Aunque las lluvias recientes han aliviado la crisis, la región necesita una solución definitiva para garantizar agua segura frente a sequías y contaminación.

**Propuestas.

  • Negociación y transparencia: La CHG debe compartir el informe de la Abogacía del Estado y negociar de buena fe con la Junta para ajustar el proyecto.
  • Calidad del agua: Priorizar la contaminación de La Colada, evaluando las tomas múltiples como solución complementaria y acelerando las medidas previstas por la CHG.
  • Mediación independiente: Si persisten las tensiones, un panel técnico imparcial debería evaluar las propuestas.
  • Planificación a largo plazo: Colaborar en un plan regional que integre ambos embalses, considerando sequías y cambio climático.

**Conclusión.

La infraestructura actual de la CHG es funcional a corto plazo, pero la propuesta de la Junta aborda mejor los riesgos futuros, especialmente en calidad del agua. La disputa, marcada por tensiones políticas, retrasa mejoras esenciales para el norte de Córdoba.

Urge una colaboración transparente que priorice a los ciudadanos.

N.B. Este conflicto evidencia la necesidad del viraje en la política del PP, uniendo a todos sus poderes territoriales bajo el liderazgo de Núñez Feijóo para resolver problemas reales como este.

Completo mi anterior artículo sobre el viraje de 12/07/25, titulado “El viraje (La hipérbole)”, donde señalé la necesidad de un cambio total en la estrategia del PP, liderada por el presidente Núñez Feijóo en todos poderes territoriales.

Solo la unidad sin exclusiones hará que tenga éxito el cambio de timón realizado por el Presidente Popular.

Córdoba, 19 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Huelga de Letrados II (Reforma Integral de la Justicia)

Todos ya contra la huelga de Letrados de la Administración de Justicia, cosa que es normal, porque a alguien hay que echarle la culpa de cómo está la “Justicia en España” y porque ha puesto de manifiesto a nivel de calle que la Justicia que hay es un muerto viviente, algo así, como la Seguridad Social del Ministro Escrivá.

Todos los españoles saben y sienten que la Justicia en España es un desastre, dicho de otro modo “una injusticia manifiesta”.

Sólo es viable, si se quiere arreglar el estropicio, “llevar a cabo una reforma integral de la misma partiendo de cero”, porque lo que hay, salvo algunas o muchas personas, es poco o nada aprovechable.

Los españoles pueblo puede decir lo que piensan, partiendo de algunos ejemplos sin ánimo cerrado porque los casos lo desbordan todo, así, decir que opinan de:

*Tribunal Constitucional.

*Consejo General del Poder Judicial.

*Fiscalía General del estado.

*Tribunal Supremo con funcionamiento excluyente de los ciudadanos, lleno de reglas de inadmisión de todo, especialmente, si lo que el español de a pie lo que pretende es defender sus derechos frente a cualquier Administración.

*Un sistema de recursos contra las resoluciones judiciales injusto y cautivo de las administraciones, de forma, que si quieres un recurso de reposición a pagar 25 euros, y, salvo milagro, las costas, un recurso de apelación 50 euros y las costas, un recurso de queja 30 euros y posiblemente las costas, de manera que aunque se puede seguir, pararemos aquí por prudencia.

*En la misma senda contra los ciudadanos españoles es lo cierto, que cuando un particular recurre contra la Administración, todo son cortapisas en los órganos judiciales, que se me dirá, que no en todos, pero lo cierto y verdad es que los órganos judiciales casi siempre se posicionan en favor de las administraciones, en cualquier sentido que fastidie al español de a pie. A título de simple ejemplo:

*Si la Ley dice que la Administración debe remitir un expediente completo de acuerdo con el art. 48 de la LJCA y la requerida se salta la ley y envía el expediente Adminsitrativo que quiere arbitrariamente y sin ningún pudor, de forma, que al ciudadano pagano solo le queda recurrir, por supuesto, pagando su recurso y probablemente las costas del mismo.

*Enfrente se encuentra el ciudadano una legión de letrados y abogados, que curiosamente el paga con sus impuestos, que le hacen la vida imposible con todo tipo de triquiñuelas legales, que curiosamente los órganos judiciales suelen permitir porque siempre se admite de defienden el interés general. (A veces está claro que no es así ni mucho menos, pero da lo mismo). La legión de Abogados del Estado, Fiscales también, letrados de las CC. AA., letrados y abogados de las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones), abogados de las empresas y fundaciones, etc. que son innumerables y que repito, paga el recurrente ciudadano, no contribuyen casi nunca al respeto a la Ley y al cumplimiento del principio de legalidad, porque no se comportan como servidores públicos, sino como mercenarios al servicio de la causa de quien le paga, sea justa o injusta.

*Se podría seguir hasta un infinito casi cómico, pero con lo dicho todos los españoles lo entienden.

La huelga de Letrados ha servido como he dicho para poner de relieve el estado caótico de la justicia en España y la necesidad de su reforma integral. Tal y como están las cosas, solucionar la huelga legal de los letrados, no servirá para nada, pues queda toda la malicia del sistema, que muchos no quieren ni oír hablar de arreglarlo en aras de la justicia y del pueblo soberano.

Finalmente, hago algunas propuestas para la Reforma Integral de la Justicia, con ánimo abierto, en favor del pueblo soberano, así:

1.- Crear un Cuerpo de Letrados independiente dedicados al servicio del Pueblo y de sus ciudadanos de a pie, con la finalidad única de defender gratuitamente al ciudadano español frente a los desafueros de las Administraciones Públicas y de la Fiscalía y de los propios órgano judiciales y para todos los casos que se le planteen de falta de respeto a ley y de desprecio al principio de legalidad por los mismos.

2.- Que desaparezcan los cobros y pagos por los recursos contra las administraciones para el español de a pie, así como, las costas por recurrir actos administrativos, salvo casos de evidente temeridad y/o mala fe, que deberán ser debidamente motivadas.

3.- Crear una justicia independiente en todos los órdenes y planos, bien dotada económicamente y que, en la medida de lo posible, sea rápida en todas sus instancias.

N.B. Reforma Integral de la Justicia.

Decir, como ahora, que todos los males son derivados de unos Letrados en huelga y todos contra ellos, es un disparate como la reforma de la S. S. del M. Escrivá.

Pronto habrá que escoger y votar, y, para empezar , no estaría nada mal que los ciudadanos tuviéramos información veraz,  seguridad y propuestas serias y claras, es decir, saber lo que es posible y lo que es imposible, y, por lo tanto, conocer cuando es verdad o cuando un engaño.

Córdoba, a 19 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.