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Lloros – aplausos – política de poder (Presidente CEOE – Gonzalo y Boabdil -)

Se dice, que la uniformidad es la muerte y que la diversidad es la vida, lo que quiere decir, que en una democracia en libertad plena caben todas las opiniones, y, todas las actuaciones imaginables dentro de Estado de Derecho y de la Ley aceptada por casi todos, es decir, la Constitución de cada Nación.

Valen los llantos y los lloros, como los del Presidente de la CEOE Sr. Garamendi aplaudido sin más por sus compañeros de artificios, aunque, si cabe una aseveración, como dicen que la Sultana Aixa le dijo a su hijo Boabdil en el llamado Suspiro del Moro en Granada: Llora como mujer, lo que no has sabido defender como un hombre.

Hemos visto al Sr. Garamendi llorando en los aplausos, pero no lo hemos visto llorando por la Constitución Española, por nuestro Estado de Derecho, por el respeto a la ley y la división de poderes; es decir, como se suele decir con rudeza, –aquí se viene ya llorado y con el daño reparado-. Lo cierto es, que, al Presidente de la Patronal, parece que se le ha olvidado algo, concretamente, que es el Presidente de la Patronal de España, no del Gobierno ni de los empresarios catalanes afines al mismo.

Ahora podrían valer las escusas, los llantos y los lamentos, pero el daño a las libertades y derechos de todos los españoles ya está hecho, diga lo que diga el Sr. Garamendi, pues no solo es el contenido de sus palabras sino el momento y el lugar.

Si lo que dijo el Sr. Garamendi, lo hubiera dicho en Granada el día de Andalucía sería una cosa incluso brillante, pero dicho en las actuales circunstancias políticas, lo que dijo y donde lo dijo, no deja de ser un apoyo explícito al Gobierno por los indultos y una patada a la Constitución Española, que consagra -el estado de derecho-, -la división de poderes- y -todas nuestras libertades-, con principios irrenunciables, con contexto o fuera de contexto, como la igualdad, la legalidad y la libertad de los españoles (arts. 1., 9., 14., 20. y cc. C. E.).

{Aunque su dimisión sería una trolería fullera por su imposible realidad, ya que, como se suele decir por el pueblo soberano: -renunciar al cargo ni muerto-}

*** Las comparaciones suelen ser odiosas, aunque, a veces, convenientes para no caer en la desesperanza, de manera, que,

¿alguien se imagina a Gonzalo Fernández de Córdoba (-al Gran Capitán-) renunciando a España, cuando el rey Fernando El Católico lo defenestró a Loja después de ganar un reino?

Ese hecho sería tan inverosímil, como que el Rey Nazarí Boabdil dijera, lo que dicen que dijo en el Suspiro del Moro, pues su amistad con el Gran Capitán y su hombría de bien hacen increíble la frase, y, además, no necesita aplausos.

N.B. Los lloros y los aplausos para cuando alguien se los crea, porque el Presidente de la CEOE cantó la gallina frente al poder del Gobiernoporque dijo lo que dijo sobre los indultos en una circunstancia concreta, en un momento concreto y en un lugar concreto, así que, como se ha dicho -se viene llorado y con explicaciones veraces-.

Los indultos que apoya el Presidente de la CEOE son contra el criterio del Tribunal Supremo, y, su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto total o parcial a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017.

Es un hecho cierto, que el Presidente de la CEOE está contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho- y -contra la Constitución-, y, sin duda, -contra una gran mayoría de españoles-, aunque está muy claro porque lo dijo, sin olvidar, que todo daño exige reparación sin excusas ni llantos.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos, -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, el Presidente de la CEOE ha tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 28 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Obispos – C.E.E. – política – el poder es el poder (en misa y repicando – un lobby)

Recapitulando: La Conferencia Episcopal Española (CEE) está al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo, recordaron los obispos en el Mensaje con motivo del 50 Aniversario de la CEE.

La Iglesia en España, ahora, aparece haciendo política, ya que, el poder espiritual y sus valores morales no son de este mundo, de manera, que sus obispos en bloque están como con el poder, que es el poder del Gobierno, así:

*Primero fueron los obispos catalanes en perfecta unión a favor de las tesis independentistas en Cataluña.

* Al día siguiente de los indultos a los presos golpistas, el portavoz de los obispos, Luis Argüello, ha fijado públicamente la postura de la Conferencia Episcopal Española respecto a Cataluña y de los obispos catalanes.

* M. Argüello ha dicho, entre otras cosas:

Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia -lo que supone el respeto a la división de poderes-, porque no haya actitudes inamovibles y porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad.

Como se dice ahora en España y que todo el mundo comprende: “Pues eso”.

Que conste, que no me parece ni bien ni mal, ya que, simplemente, constato un hecho: {La Conferencia Episcopal Española está haciendo política y, por ello, debe estar sometida a la crítica como cualquier político, al dejar de ser -un poder espiritual- por voluntad propia}.

Aunque otra cosa, debe quedar clara, -que no se puede estar en misa y repicando-, que traducido significa, que todo los que haga la Iglesia y su Conferencia Episcopal es ya política, de forma, que ya no puede parapetarse en valores intemporales para el resto de sus actividades:

{Se está en el plano político temporal o el plano intemporal de los valores cristianos o como se les quiera llamar}.

Lo único cierto, es que -la Conferencia Episcopal Española ha bajado al terreno de la política-, y, aquí hay que juzgarla en todo con criterios políticos, pues, estar en dos sitios a la vez es imposible (los arts. 9., 14. y 20. y cc. de la C. E. con sus derechos y obligaciones nos vinculan a todos, -a los Obispos también-).

En un Estado de Derecho, en una democracia, la autoridad máxima del Estado se encuentra distribuida en tres poderes, que emanan del Pueblo soberano: el poder legislativo conformado por diputados y senadores, el poder ejecutivo compuesto por el presidente el resto de sus ministros y el poder judicial conformado por jueces y tribunales.

Ahora, parece que en España tenemos otro poder que es la Iglesia Católica, que ha abandonado su plano moral y ha bajado a la arena política, razón por la que deberá decidir, ¿dónde está en política?, pues ya se ha posicionado en un asunto, lo que implica, lo quiera reconocer o no, que ha entrado de lleno en política, abandonando su plano intemporal y tomando partido.

Los Obispos Españoles se han convertido en un lobby político más, con todas sus consecuencias positivas y negativas; es decir, según el Diccionario de la RAE, la Conferencia Episcopal Española se ha transformado por su propia voluntad declarada en -un grupo de presión-, * que es un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social, por tanto, –en España.

-Lo de los Obispos Españoles y su CEE es política de mucho calado, porque se han pasado muchos pueblos -.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certezaaunque la claridad de los Obispos es de agradecer, ya que, por fin -cantan la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco al acecho si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagradoscomo la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claroque ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan los Obispos Españoles y su CEE  son contra el criterio del Tribunal Supremo-Sala de lo Penal-, y su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

Es un hecho cierto, que los Obispos españoles están contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho y contra la Constitución-, y, sin duda, contra una gran mayoría de españoles, aunque está muy claro que les da igual.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, los Obispos han tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 26 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Declaraciones sin sorpresas – certezas – Obispos y Empresarios (cantar la gallina)

Ahora, al Presidente de la CEOE, Antonio Garamendi Lecanda,  y, a los Obispos catalanes habría que darles las gracias por su claridad (dicho de otra forma, por cantar la gallina), en sus declaraciones sobre los indultos, pero a la vez, habría que pedirles, que renuncien a todos sus privilegios que procedan de los españoles, como las subvenciones a sus organizaciones y, que, por ejemplo, los Obispos catalanes pidan expresamente a los españoles no independentistas, que no pongan la cruz en su renta para la Iglesia Católica, sino solo en favor de servicios sociales.

Hay que acudir a la sabiduría popular, que en uno de sus refranes dice, que “nunca es tarde si la dicha es buena”, para agradecerles su hasta ahora escondida claridad, y, preguntarles:

¿si los empresarios españoles están de acuerdo con el Sr. Garamendi? y,

¿si los Obispos del resto de España están de acuerdo con sus compañeros catalanes? (especialmente la Conferencia Episcopal Española, a cuyo frente está el arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella y Omella, Presidente de la misma).

Es algo indiscutible, que digan lo que digan están haciendo política, de manera, que deben ser tratados como cualquier otro político, y, sometidos a cualquier crítica sea la que sea y venga de donde venga, pues, como dice otro refrán popular, un vaso medio vacío es también uno medio lleno, pero una mentira a medias, de ningún modo es una media verdad”, de forma, que como están haciendo ellos unilateralmente, “no se puede estar en misa y repicando”.

El Sr. Garamendi se queja del revuelo sobre los indultos por sus palabras, pues, dice que -se saca punta a todo- (lo que dijo fue: si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos”; aunque, ahora afirma el condecorado, que se han sacado de contexto); de manera, que solo falta el Sr. Omella situado en posición de queja, también, aunque habría que preguntarles:

¿si están con la Constitución Española?

¿si están con el Estado Social y Democrático de Derecho español?

Lo de los Obispos catalanes y lo del Presidente de la CEOE es de libro de mucho miedo.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certeza, aunque la claridad de los Obispos catalanes y del Presidente de la CEOE es muy de agradecer, ya que, por fin -canta la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco escondidos si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claro, que ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan el Presidente de la CEOE, Sr. Garamendi, y los Obispos catalanes, el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, en su Informe de Indulto de 26/05/2021 los rechaza, al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-.

Córdoba, a 19 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Cuestión prejudicial – Tribunal Supremo – TJUE – Justicia Belga (criterios estables – Llarena está de coña)

Decía hace unos días, que el T. S. de España está dominado por un formalismo excluyente para los particulares (dejamos a salvo lo político, que tiene todas las preferencias) y, claro, en Europa todo se sabe, de manera, que no puede extrañar a nadie y menos a los Magistrados de Nuestro Alto Tribunal, que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, fugados en Bruselas, tengan su inmunidad protegida y avalada, en todo momento, por la Justicia Belga o la Justicia Británica, ya que, como dice el refrán popular: dónde las dan las toman.

El pleno del Parlamento Europeo, si aprueba una resolución favorable al suplicatorio remitido por el T. S. sobre la inmunidad de los fugados (amparados por jueces europeos), permitirá que el caso pase a la justicia belga y británica.

Por otro lado, es algo conocido, que lo ocurrido con el exconsejero Lluís Puig no presagia nada bueno para pretensión del T. S., y, sin duda, beneficiará a los fugados de cara a la decisión final de la justicia belga. Concretando, en una reciente sentencia, el Tribunal de Apelación Belga rechazó la extradición del exconsejero de cultura catalán, por un presunto delito de malversación, al considerar, que el Supremo español no es el órgano competente para juzgar el caso, y, que existe un claro riesgo de violación de la presunción de inocencia por las declaraciones de jueces y autoridades políticas españolas.

Así mismo, el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo de España,  Pablo Llarena, buscando un escudo y curándose en salud, pretende presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE para que fije <criterios estables>, que aclaren las razones por las cuales se puede pedir y/o denegar una euroorden contra los procesados.

Mucho me temo, que la operación del Magistrado Llarena para anticiparse a la justicia belga, le va a pasar, lo que le ocurre a los particulares, que acuden en solicitud de un último cobijo al Tribunal Supremo; es decir, se encontrará con formalismos excluyentes de su competencia en la justicia europea, lo que por toda lógica indignará al Alto Tribunal Español, pero llenará de regocijo a la España plurinacional, a medio Gobierno y a media U. E., donde, además, con el  ejemplo cainita de nuestro propio País, seguirán pasándose la justicia española por un sitio ordinario y malsonante.

Se podrá decir, que exagero, pero lo que expongo, es la dura realidad de muchos particulares ante el Tribunal Supremo, de manera, que ante la mínima sus recursos son declarados inadmitidos y, desgraciadamente, aquí vale todo y hay normas de inadmisión para todo, como la interpretación restrictiva de derechos que se hace con el llamado interés casacional, que solo es un ejemplo de esa actividad excluyente, pues las inadmisiones proliferan por doquier, situando la indefensión de los impugnantes en el mismo lugar que Puigdemont, pero, al contrario.

Dicho de otra forma, en Europa para los fugados todas las garantías y derechos de defensa, en España para muchos particulares recurrentes en auxilio y amparo ante el T. S., formalismo excluyente limitativo de derechos en su impugnación.

¿A alguien le puede extrañar lo que pasa en la justicia de Europa con los fugados y el T. S. de España?

N.B. Es una realidad, que, a veces y en aumento, el Tribunal Supremo no es lugar de cobijo y amparo para los ciudadanos, sino un arrecife de coral cortante, quizás, porque la verdad es, que casi todo en la justicia de España al mayor nivel está dedicado a “lo político” (solo se habla y se falla, mayormente, por ejemplo, sobre el Procés, sobre Gurtel, etc., etc.), y, parece que se olvida, que la justicia es del pueblo donde reside la soberanía y de sus ciudadanos, de manera, que si se ignora ese hecho primigenio del estado de derecho,  estamos listos, y, claro en Europa lo saben y actúan en consecuencia.

Desde otra perspectiva, los efectos de lo expuesto, solo pueden ser negativos para España y para la confianza exterior que proyectamos en la U. E. y en el resto de Europa, de forma, que, si queremos que nos respeten, la independencia real de la justicia en España debe empezar en favor de sus ciudadanos, pues, no se debe olvidar de cara al exterior, que todo se sabe.

El día 23/02/2021 la Euro-cámara limitó el levantamiento de la inmunidad del fugado Puigdemont al caso de la euroorden pendiente en Bélgica, lo qué traducido significa, que se hará lo que diga el juez belga. Es decir, la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al Parlamento Europeo, queda en el limbo, lo mismo que le pasará a su cuestión prejudicial, lo que implica, una vez más, que el T. S. de España, a nivel de respeto en la U. E. y sus estados miembros, está a los pies de los caballos.

Por si faltara poco, en España estamos liados con la renovación del C. G. P. J., de forma, que hay un embrollo tremendo de manos metidas en la justicia con toda impudicia, que atenta contra la independencia del poder judicial, olvidando todos los que intervienen en el desafuero judicial público y a la vista de toda Europa, que la verdadera justicia reside en el pueblo de donde nace, crece y se sostiene. Por todo lo dicho, es un hecho indiscutible, que en España el Estado de Derecho Constitucional está tocado de muerte, y, además, en Europa están convencidos de ello, a parte, que está claro que no somos Francia ni Alemania.

Después en la U. E. a España y a sus jueces les pasa lo que se ve, que nadie se fía de nosotros en materia de justicia, sin olvidar, el jolgorio político que mantenemos a todos los niveles, lo que nos conduce al desastre judicial en el territorio de la Unión, incluso cuando la petición la realiza el Tribunal Supremo de España.

Dicho mal y pronto: Llarena está de coña y ni él se lo cree.

Córdoba, a 8 de marzo de 2021

Fo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Tribunal Supremo – Tribunal Constitucional – reforma poder judicial (no son, demasiadas veces, lugares de cobijo y amparo)

En estos días los partidos políticos están empecinados en la renovación del C. G. P. J., cosa que todos ven lógica y normal, con indiferencia del trabajo de mercaderes persas con que se lleva a cabo, que por lo que se vislumbra, no llevará a la independencia del Poder Judicial, sino a un alambicado proceso de cambiarlo todo para seguir igual; es decir, no existe división de poderes real y efectiva (que es una de las bases de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado por la Constitución Española), sin la que la democracia no existe.

En este contexto tenebroso, donde domina la opacidad y la falta de transparencia y de información veraz a los españoles, se sitúa uno de los problemas que tiene la justicia en España, concretamente, el papel del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que lejos de ser ambos tribunales un lugar de cobijo y amparo para los ciudadanos españoles, se han convertido en demasiados casos, en el día a día de la justicia, en barreras cortantes, como arrecifes de coral malignos, que impiden a los ciudadanos de a pie, acercarse a sus máximos Órganos de justicia en petición del último amparo judicial posible sobre el fondo del asunto.

Es un hecho desgraciado, que ocurre por variados motivos, pero la realidad es la que es: que cada día es más difícil para el ciudadano llegar a obtener una resolución de fondo en esos Órganos judiciales”, que ampare sus derechos preteridos o denostados por cualquier causa, y, que solo en último extremo podrían solucionar dichos Tribunales Superiores.

Detallaré varios principios y causas, que impiden el amparo de sus derechos a los españoles en el T. S. y en T. C., sin ánimo cerrado ni excluyente, pero que, cada vez, ocupan más espacio limitativo de sus derechos a una justicia verdadera:

* Primero señalar que:  

a).- El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional solo tienen su razón de ser, si son un lugar de cobijo y amparo del ciudadano, que por la causa que sea, entiende que se han vulnerado alguno de sus derechos. Si no es así, ambos Tribunales no pueden tener existencia democrática en un estado de derecho real y efectivo.

b).- Todos los formalismos excluyentes de su competencia y amparo, que impidan a los ciudadanos de a pie acudir ante ellos pidiendo justicia y cobijo sobre el fondo de un asunto, deben desaparecer.

c).- Las costas en sus procedimientos deben ser eliminadas o reducirse a un mínimo equivalente a un salario mínimo, excluyendo siempre, los costes derivados de la participación de cualquier funcionario público, como pueden ser los abogados del estado y ese larguísimo etc. de supuestos servidores públicos pagados con nuestros impuestos, y, que, curiosamente, siempre están contra el ciudadano.

d).- Si el T. S. y/o el T. C. necesitan más medios de cualquier tipo (personales o materiales), -teniendo en cuenta el despilfarro actual del gasto público en España-, deben ser proporcionados de inmediato, sin excusas ni pretextos de clase alguna.

* Segundo, concretar algunas de las causas que impiden el acceso efectivo ante el T. S. y el T. C. de los españoles, que son muchas y variadas, además, en constante aumento cuantitativo y cualitativo, así que, señalaré algunas con ánimo abierto:

a).- Los formalismos excluyentes se han apoderado de ambos Tribunales, de forma, que, en aumento continuo, constituyen una barrera inaccesible, que siempre quedan libremente en las manos del Tribunal, como pueden ser las estimaciones o no de los llamados “intereses casacional o constitucional”.

Es un hecho cierto, que, en muchos casos, se quiera reconocer o no, el asunto termina con una Providencia de medio folio con mera apariencia de motivación, que se limita a decir, que no se cumple la Ley y que no existe ese interés, convirtiéndose todo en una arbitrariedad inadmisible para cualquier estado de derecho; de manera, que el ciudadano a su casa y con costas, lo que, simplemente, es un despropósito.

b).- Las llamadas Salas de Admisión son una barrera inexpugnable, donde se comprueba todo lo que impide el acceso al Tribunal sobre el fondo del asunto, como puede ser, por ejemplo, el número de folios del recurso, o cualquier otra formalidad a la que se le ha dado naturaleza de ley limitativa de derechos.

c).- Las normas procesales de admisión de los recursos se interpretan y aplican, casi siempre, en perjuicio del ciudadano que recurre, incluso llevando a cabo una interpretación “a fortiori” de las mismas. El problema para el ciudadano (que pide el amparo del Tribunal Supremo o Constitucional sin ni siquiera admitirse su recurso), está, en que después no hay otra opción, y, solo queda recoger la resolución de inadmisión y volverse a su casa.

* En estos días se habla de la politización del poder judicial”, pero volviendo a la realidad del ciudadano de a pie, es verdad, que la división política de poderes del Estado es muy importante para la toda la sociedad sin la menor duda, aunque hay otros asuntos de la justicia olvidados, que no funcionan o funcionan mal, como son los casos expuestos del T. S. y del T. C., de los que parece, que nadie se ocupa.

Si la justicia no está al alcance de los ciudadanos, sin barreras de obstáculos ni trámites formalistas aplicados con rigor extremo y en constante aumento, no se puede decir que estamos en un estado de derecho donde existe división real de poderes.

Se podrá estar o no de acuerdo con lo dicho, pero que el problema existe es una realidad incuestionable, lo mismo que, es un hecho indiscutible, que afecta a los ciudadanos, tanto o más, que la elección de los miembros del C. G. P. J.

Por todo lo dicho, al T. S. y al T. C. no solo deben ir los mejores juristas, sino, también, los mayores defensores de la justicia con mayúsculas, es decir, los que nunca se parapetan tras requisitos formales exprimidos contra el ciudadano sin entrar en el fondo del asunto, pues lo contrario es, simplemente, una injusticia que mina el estado de derecho.

Quizás, las circunstancias políticas dominantes en la España plurinacional no son las más apropiadas para hablar ahora de este problema: “una justicia que funcione de verdad sin excesos formalistas y abierta siempre en favor de los ciudadanos”.

Lo que ocurre, a veces, en el T. S. y en el T. C., no es, sino una manifestación más de la degradación de nuestro estado de derecho, algo inadmisible en cualquier democracia que se precie.

N.B. Es una realidad, que, a veces y en aumento, ni el Tribunal Supremo ni el Tribunal Constitucional son lugares de cobijo y amparo para los ciudadanos, quizás porque la verdad es, que casi todo en la justicia al mayor nivel está dedicado a “lo político”, de manera, que solo se habla y se falla, mayormente, por ejemplo, sobre el Procés, sobre Gurtel, sobre recursos de inconstitucionalidad, etc., etc., que no es que sean asuntos sin importancia, sino que, parece que se olvida, que la justicia es del pueblo donde reside la soberanía y de sus ciudadanos, de manera, que si se ignora ese hecho primigenio,  estamos listos.

Desde otra perspectiva, los efectos de lo expuesto sobre el T. S. y el T. C., solo pueden ser negativos para España y para la confianza exterior que proyectamos en la U. E. y en el resto de Europa; de forma, que la reforma de la justicia en España debe empezar en favor de sus ciudadanos, pues, no se debe olvidar de cara al exterior, como se dice vulgarmente, que todo se sabe”.

Como ejemplo, de lo que puede ocurrir en Europa: Ayer 23/02/2021, la Euro-cámara limitó el levantamiento de la inmunidad del fugado Puigdemont al caso de la euroorden pendiente en Bélgica, lo que traducido al román paladino, significa, que se hará lo que diga el juez belga. Es decir, la petición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al Parlamento Europeo (que versa sobre la orden de detención que quedó congelada en Bélgica cuando asumió el acta de eurodiputado el Sr. Puigdemont), queda en el limbo, lo que implica, una vez más, que el T. S. de España queda en Europa a los pies de los caballos en este asunto de los independentistas fugados.

Está bien defender la división de poderes, pero no solo en la política, la verdadera división de poderes está en la justicia del pueblo de donde nace, crece y se sostiene. Lo contrario es, simplemente, un error, siendo benévolo al calificar la situación.  

Córdoba, a 25 de febrero de 2021

Fo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.