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La bula política y otros disparates (igualdad ante la Ley – respeto a la misma por los poderes públicos)

El viernes, 22 de octubre de 2021, la Comisión Permanente del CGPJ ha emitido un comunicado, en relación con la declaración publicada en redes sociales por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 sobre los efectos de la sentencia condenatoria dictada contra el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que dice lo siguiente:

<< La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el siguiente comunicado: 

“La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida hoy en sesión extraordinaria, ha tomado conocimiento de la declaración publicada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en su cuenta en la red social Twitter (@ionebelarra), que dice textualmente que (el diputado del grupo parlamentario Unidas Podemos) Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de que las pruebas demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación

La Comisión Permanente considera que estas manifestaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación, llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable. 

El Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar porque tales declaraciones hayan sido formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación, a lo que se añade el hecho de que son ya varias las ocasiones a lo largo del presente mandato del CGPJ en las que ha tenido que pronunciarse en este sentido.

Es por tanto necesario recordar que, como es público, notorio y reconocido, el Tribunal Supremo y el resto de los Juzgados y Tribunales españoles, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes; y resulta imprescindible asimismo reafirmar una vez más que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. 

Por último, el Consejo General del Poder Judicial vuelve a hacer un llamamiento, especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel, a que no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya. Los vocales Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda han votado en contra. >>

***Twitter

Alberto Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo, aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación. 6:20 p. m. · 22 oct. 2021·Twitter for iPhone.

N.B.  Solo un pequeño comentario hoy, ya que, con leer el Comunicado del CGPJ se adivina la bula política y cualquier disparate:

La igualdad ante la ley y el respeto a la misma por todos, sin exclusión alguna, incluidos en primer lugar los poderes públicos,  que consagra e impone la Constitución Española (arts. 9, 10 y 14), han quedado reflejadas en el Comunicado de la Comisión Permanente del C. G. P. J., es decir, del Poder Judicial.

La desigualdad existente, puesta de manifiesto, entre políticos aforados-privilegiados y el resto de los españoles, supera cualquier comparación y comentario que se quiera hacer, entrando en la jungla profunda del disparate, así:

¿Si cualquier español de a pie acusa de prevaricación, con publicidad, a un Magistrado/os del Tribunal Supremo, le pasaría algo o no?

En esas estamos, de forma, que como diría un ilustre personaje:

Pues, -eso-.

Las querellas ahora van a contramano, es decir, en dirección contraria.

Córdoba, a 24 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.  

Productividad – empleo (flexibilidad – recualificación permanente – innovación)

A modo de introducción un comentario: El paro en España (en Andalucía es aterrador), aunque se intenta disfrazar, es un asunto sin resolver, pero que lo más extraño es que a los poderes públicos parece que no les afecta.

Cuando se publican datos sobre el desempleo, simplemente, se eliminan colectivos parados del conteo, a la vez, que se crea empleo público innecesario por improductivo para minorar las cifras de parados, de manera, que los datos publicitados oficialmente no reflejan la realidad, sino que son una fantasía montada para aparentar una situación paralela alejada del problema. Así, se han hechos públicos datos sobre el desempleo, que minoran el número de personas en esa situación, pero indudablemente es una realidad distorsionada, ya que, si a las cifras publicitadas oficialmente le sumamos el empleo público innecesario y los parados reales no contabilizados, cualquier cifra publicada se debería incrementar, al menos, en un millón de personas.

En España sin incrementar la productividad en todos los sentidos será imposible crear empleo estable y de calidad, ya que, sin una producción eficiente y rentable cualquier unidad productiva está abocada a la desaparición o a una situación de parálisis económica.

Según la Real Academia Española (RAE) -la productividad-: Es un concepto que describe la capacidad o el nivel de producción por unidad de superficies de tierras cultivadas, de trabajo o de equipos industriales.

Para la economía de la unidad productiva se entiende, que es el vínculo que existe entre lo que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra, materiales, energía, etc.), de forma, que la productividad está unida a la eficiencia y al tiempo, ya que, cuanto menor sea el tiempo invertido en conseguir el producto deseado, mayor será la cualidad y la calidad productiva del sistema.

Algunos de los aspectos necesarios que no deben olvidarse, si se quiere construir una empresa rentable son: <<-la calidad-, -la producción-, -la eficiencia-, -la innovación-, -la tecnología- y -los nuevos métodos de trabajo-, a los que hoy día hay que unir sin remedio la cualificación permanente de los trabajadores>>.

La crisis pandémica está demostrando, que está cambiando la forma de trabajar, dirigiéndose la actividad de la unidad productiva hacia una realidad diferente, regida por normas de actuación indispensables, así:

* Flexibilidad.

* Certidumbre, confianza y seguridad jurídica. 

* Acuerdos crecientes entre empresa y trabajador y donde los empleos independientes se imponen tanto para la unidad productiva como para el productor.

* Las normativas rígidas impuestas unilateralmente están abocadas a su inaplicación, pues la norma real es la productividad y la competitividad.

* El teletrabajo se impone progresivamente, pero se está demostrando que es necesaria una interrelación dentro de la empresa, de forma, que las situaciones de presencia y de trabajo a distancia de mesclen buscando la excelencia.

Sin embargo, es algo evidente, que no todos los trabajos son adecuados para el teletrabajo o el trabajo más flexible, pues hay que contar con las preferencias de los trabajadores y la interdependencia de tareas. En entornos de trabajo muy híbridos habrá que cuestionarse muchas cosas para alcanzar la coordinación de tareas, la gestión de equipos y sin que nadie de la empresa se quede atrás, ofreciendo a todos igualdad de oportunidades.  

* La cualificación permanente de los trabajadores se presenta, como algo ineludible e imprescindible para la creación de empleo estable y a jornada completa, ya que, solo saldrán adelante los puestos de trabajo realmente productivos, lo que exige formación permanente tanto para la empresa como para el trabajador.   

* La adopción de la tecnología digital y la automatización se muestran como algo imprescindible para aumentar la agilidad general de la unidad productiva.

*  Hay que luchar contra los embates del proteccionismo y de los sistemas impositivos impeditivos, pues esos procesos aumentarán los costes globales y reducirán la competitividad.

*** En definitiva, impulsar la productividad es el objetivo, de forma, que el aumento de esta variable en estos años será una necesidad para cualquier empresa, lo que conlleva a la necesidad de permitir mayor flexibilidad, sin olvidar, que hay sectores que han salido fortalecidos, pero otros, como pueden ser la hostelería, el turismo y también la energía, se han paralizado en parte e incluso han desaparecido, lo que implica, que hay que combatir todos los extremos que impidan la innovación y la productividad en el futuro, ya que, por ejemplo, las grandes concentraciones de sectores emergentes pueden dañarlas; a la vez, que determinadas implicaciones sociales y políticas, como pueden ser *la disminución del nivel educacional, *la imposición de políticas fiscales equivocadas y excesivas, y, *los escándalos como los del Congreso y el Tribunal Supremo enfrentados, pueden presionar la productividad laboral dañándola.

N.B. Es un hecho patente, que la productividad y el empleo conllevan -flexibilidad-, -recualificación permanente- e -innovación-, a la vez, que exigen +información veraz, +respeto a la ley, +confianza y +que desaparezcan la incertidumbre y la inseguridad jurídica.

La verdad y la información permanente son las bases de una productividad continua, que lleve a España a la senda de la recuperación social y económica, que permita avanzar hacia soluciones eficaces, ya que, nada sólido puede nacer del engaño que siempre impedirá prosperar.

En resumen, si continuamos sumidos en la incertidumbre y en la inseguridad jurídica, derivadas de la falta de igualdad, de libertad informada en la verdad y del escaso o nulo respeto a la ley por los poderes públicos, la productividad será imposible de lograr y con ella desaparecerá la única solución que tenemos para mitigar el desempleo, porque, además, si no es así, perderemos los cimientos de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución.

¿Algún español de a pie sabe lo que está pasando en España?

Pues, -eso-.

Córdoba, a 20 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Falsedad, prevaricación y algo más (principio de legalidad y respeto a la Ley)

Hoy jueves, 30 de septiembre de 2021, leo en el Portal C.G.P.J – Poder Judicial –www.poderjudicial.es-, Noticias Judiciales, la Comunicación del Poder Judicial, que entre otras cosas dice lo siguiente:

[“Que el juez confirma al tribunal italiano que la euroorden contra Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial”.

El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha remitido hoy un oficio al representante de España en Eurojust para que traslade al tribunal de apelación de Sassari (Italia), el auto en el que acordó la prisión provisional del expresidente de la Generalitat y con el que sustentó la euroorden emitida el 14 de octubre de 2019 contra él. 

Abogacía del Estado y la suspensión de la euroorden que nunca se adoptó

Añade el oficio que en el procedimiento ante el TGUE, según parece recogerse en la resolución, la Abogacía del Estado del Reino de España informó al Tribunal que estaban suspendidas las OED emitidas por este Instructor. Como se ha dicho, eso no es así. La decisión de suspender una medida cautelar que era ejecutiva desde el año 2019, es una decisión de este instructor (Recomendación 25) y nunca ha sido adoptada

Agrega el magistrado que esta situación no sería desconocida para la Abogacía del Estado, pues es parte en el procedimiento penal que se sigue ante el Tribunal Supremo de España. Como se ha dicho en el punto 5, nunca le ha sido notificada a la Abogacía del Estado una posible decisión de suspender las OEDs, como tampoco la Abogacía del Estado ha promovido que tal decisión se produzca

Considerando que el Tribunal Supremo no tiene intervención en el procedimiento ante el TGUE y que sí la tiene la Abogacía del Estado, pues el Reino de España es coadyuvante con el Parlamento europeo en ese proceso, el Juez hace referencia a la información facilitada por la Abogacía del Estado y explica a la autoridad judicial italiana que, «”se desajuste de información podría explicar la incorrección que sobre la vigencia de las OEDs aparece en una parte de la resolución del TGUE del pasado 30 de julio, al no haberse podido aportar para la resolución la información proveniente de la Autoridad Judicial a la que corresponde decidir sobre la subsistencia de las medidas cautelares”.]

*** Lo dicho exime de cualquier comentario, aunque solo plantear una pregunta:

¿Qué pasaría si cualquier abogado presenta un documento público en el Tribunal Supremo, al estilo del presentado por la Abogacía del Estado del Reino de España en procedimiento ante el TGUE?

N.B. Falsedad, prevaricación y algo más.

El principio de legalidad y respeto a la Ley por todos los poderes públicos y los ciudadanos son algo consagrado por la Constitución Española.

Aquí sobra cualquier comentario como se ha dicho, solo leer la Noticia Judicial comunicada por el Poder Judicial en su Portal.

Córdoba, a 30 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Lloros – aplausos – política de poder (Presidente CEOE – Gonzalo y Boabdil -)

Se dice, que la uniformidad es la muerte y que la diversidad es la vida, lo que quiere decir, que en una democracia en libertad plena caben todas las opiniones, y, todas las actuaciones imaginables dentro de Estado de Derecho y de la Ley aceptada por casi todos, es decir, la Constitución de cada Nación.

Valen los llantos y los lloros, como los del Presidente de la CEOE Sr. Garamendi aplaudido sin más por sus compañeros de artificios, aunque, si cabe una aseveración, como dicen que la Sultana Aixa le dijo a su hijo Boabdil en el llamado Suspiro del Moro en Granada: Llora como mujer, lo que no has sabido defender como un hombre.

Hemos visto al Sr. Garamendi llorando en los aplausos, pero no lo hemos visto llorando por la Constitución Española, por nuestro Estado de Derecho, por el respeto a la ley y la división de poderes; es decir, como se suele decir con rudeza, –aquí se viene ya llorado y con el daño reparado-. Lo cierto es, que, al Presidente de la Patronal, parece que se le ha olvidado algo, concretamente, que es el Presidente de la Patronal de España, no del Gobierno ni de los empresarios catalanes afines al mismo.

Ahora podrían valer las escusas, los llantos y los lamentos, pero el daño a las libertades y derechos de todos los españoles ya está hecho, diga lo que diga el Sr. Garamendi, pues no solo es el contenido de sus palabras sino el momento y el lugar.

Si lo que dijo el Sr. Garamendi, lo hubiera dicho en Granada el día de Andalucía sería una cosa incluso brillante, pero dicho en las actuales circunstancias políticas, lo que dijo y donde lo dijo, no deja de ser un apoyo explícito al Gobierno por los indultos y una patada a la Constitución Española, que consagra -el estado de derecho-, -la división de poderes- y -todas nuestras libertades-, con principios irrenunciables, con contexto o fuera de contexto, como la igualdad, la legalidad y la libertad de los españoles (arts. 1., 9., 14., 20. y cc. C. E.).

{Aunque su dimisión sería una trolería fullera por su imposible realidad, ya que, como se suele decir por el pueblo soberano: -renunciar al cargo ni muerto-}

*** Las comparaciones suelen ser odiosas, aunque, a veces, convenientes para no caer en la desesperanza, de manera, que,

¿alguien se imagina a Gonzalo Fernández de Córdoba (-al Gran Capitán-) renunciando a España, cuando el rey Fernando El Católico lo defenestró a Loja después de ganar un reino?

Ese hecho sería tan inverosímil, como que el Rey Nazarí Boabdil dijera, lo que dicen que dijo en el Suspiro del Moro, pues su amistad con el Gran Capitán y su hombría de bien hacen increíble la frase, y, además, no necesita aplausos.

N.B. Los lloros y los aplausos para cuando alguien se los crea, porque el Presidente de la CEOE cantó la gallina frente al poder del Gobiernoporque dijo lo que dijo sobre los indultos en una circunstancia concreta, en un momento concreto y en un lugar concreto, así que, como se ha dicho -se viene llorado y con explicaciones veraces-.

Los indultos que apoya el Presidente de la CEOE son contra el criterio del Tribunal Supremo, y, su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto total o parcial a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017.

Es un hecho cierto, que el Presidente de la CEOE está contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho- y -contra la Constitución-, y, sin duda, -contra una gran mayoría de españoles-, aunque está muy claro porque lo dijo, sin olvidar, que todo daño exige reparación sin excusas ni llantos.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos, -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, el Presidente de la CEOE ha tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 28 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Obispos – C.E.E. – política – el poder es el poder (en misa y repicando – un lobby)

Recapitulando: La Conferencia Episcopal Española (CEE) está al servicio de la Iglesia y de nuestro pueblo, recordaron los obispos en el Mensaje con motivo del 50 Aniversario de la CEE.

La Iglesia en España, ahora, aparece haciendo política, ya que, el poder espiritual y sus valores morales no son de este mundo, de manera, que sus obispos en bloque están como con el poder, que es el poder del Gobierno, así:

*Primero fueron los obispos catalanes en perfecta unión a favor de las tesis independentistas en Cataluña.

* Al día siguiente de los indultos a los presos golpistas, el portavoz de los obispos, Luis Argüello, ha fijado públicamente la postura de la Conferencia Episcopal Española respecto a Cataluña y de los obispos catalanes.

* M. Argüello ha dicho, entre otras cosas:

Nosotros estamos, como los obispos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, por que se respete la justicia -lo que supone el respeto a la división de poderes-, porque no haya actitudes inamovibles y porque se genere un clima de amistad civil y de fraternidad.

Como se dice ahora en España y que todo el mundo comprende: “Pues eso”.

Que conste, que no me parece ni bien ni mal, ya que, simplemente, constato un hecho: {La Conferencia Episcopal Española está haciendo política y, por ello, debe estar sometida a la crítica como cualquier político, al dejar de ser -un poder espiritual- por voluntad propia}.

Aunque otra cosa, debe quedar clara, -que no se puede estar en misa y repicando-, que traducido significa, que todo los que haga la Iglesia y su Conferencia Episcopal es ya política, de forma, que ya no puede parapetarse en valores intemporales para el resto de sus actividades:

{Se está en el plano político temporal o el plano intemporal de los valores cristianos o como se les quiera llamar}.

Lo único cierto, es que -la Conferencia Episcopal Española ha bajado al terreno de la política-, y, aquí hay que juzgarla en todo con criterios políticos, pues, estar en dos sitios a la vez es imposible (los arts. 9., 14. y 20. y cc. de la C. E. con sus derechos y obligaciones nos vinculan a todos, -a los Obispos también-).

En un Estado de Derecho, en una democracia, la autoridad máxima del Estado se encuentra distribuida en tres poderes, que emanan del Pueblo soberano: el poder legislativo conformado por diputados y senadores, el poder ejecutivo compuesto por el presidente el resto de sus ministros y el poder judicial conformado por jueces y tribunales.

Ahora, parece que en España tenemos otro poder que es la Iglesia Católica, que ha abandonado su plano moral y ha bajado a la arena política, razón por la que deberá decidir, ¿dónde está en política?, pues ya se ha posicionado en un asunto, lo que implica, lo quiera reconocer o no, que ha entrado de lleno en política, abandonando su plano intemporal y tomando partido.

Los Obispos Españoles se han convertido en un lobby político más, con todas sus consecuencias positivas y negativas; es decir, según el Diccionario de la RAE, la Conferencia Episcopal Española se ha transformado por su propia voluntad declarada en -un grupo de presión-, * que es un conjunto de personas que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una organización, esfera o actividad social, por tanto, –en España.

-Lo de los Obispos Españoles y su CEE es política de mucho calado, porque se han pasado muchos pueblos -.

N.B.  A nadie le puede sorprender una certezaaunque la claridad de los Obispos es de agradecer, ya que, por fin -cantan la gallina-, aunque estaba claro desde el principio donde estaban en el asunto de los indultos, a pesar, de que, –un poco al acecho si estaban-.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagradoscomo la igualdad de los españoles (art. 14 C. E.), son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho, y, contra los abusos y las actuaciones contra ley de cualquiera, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la misma, dejando claroque ninguna actuación de cualquiera, sea quien sea, que afecte a derechos fundamentales, debe estar fuera de la crítica pública.

Los indultos que apoyan los Obispos Españoles y su CEE  son contra el criterio del Tribunal Supremo-Sala de lo Penal-, y su Informe de Indulto de 26/05/2021 que los rechazaal no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública (que justificarían la concesión de la medida de gracia), diciendo, que, “-la Sala INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, 14 de octubre, dictada en la causa especial núm. 20907/2017”-.

Es un hecho cierto, que los Obispos españoles están contra el Tribunal Supremo, -contra la división de poderes-, contra nuestro Estado de Derecho y contra la Constitución-, y, sin duda, contra una gran mayoría de españoles, aunque está muy claro que les da igual.

El indulto del Gobierno a los políticos catalanes condenados por varios delitos -supone poner en grave peligro nuestro Estado de Derecho y la separación de poderes en España-, a pesar de ello, los Obispos han tomado partido. -Pues eso-.

Córdoba, a 26 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.