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Vaciado presupuestario y riesgo de colapso en Andalucía – (Radiografía de la Regularización Masiva)

Existe una asimetría estructural en el Estado autonómico que ahoga a las regiones (CC.AA.):

“La Administración General del Estado legisla y recauda, mientras las Comunidades Autónomas pagan la factura y gestionan la presión asistencial”.

El discurso del “dividendo fiscal milagroso” se sostiene sobre estimaciones oficiales excesivamente optimistas que ignoran la realidad del mercado laboral:

“Empleos precarios, salarios mínimos y bajas bases de cotización que difícilmente generarán los ingresos previstos”.

<-La realidad contable anticipa un saldo neto negativo para Andalucía y el riesgo real de colapso en los servicios públicos->.

<<La Paradoja del Saldo Neto – (Cifras oficiales vs. Realidad económica>>

Concepto Fiscal	Estimación Oficial / Persona / Año	Realidad Ajustada y Destino Financiero
Ingresos Públicos (SS e IRPF)	+3.250 € a +4.900 €	Sobreestimado. Se cotiza por bases mínimas. Van a la Caja Única del Estado.
Gasto Público Asistencial	-1.500 € a -2.100 €	Subestimado. No cubre el coste real de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Asumido por la Junta y Ayuntamientos.
Saldo Neto Consolidado	+1.500 € a +2.800 €	Déficit Real. El balance estatal positivo es una ilusión teórica; el quebranto autonómico es inmediato.

<<Los tres vectores de estrangulamiento financiero y asistencial>>

<-Falla del sistema de financiación: La Seguridad Social recauda al instante cada alta laboral. La Junta de Andalucía, sin embargo, absorbe la demanda del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 232.900 nuevos usuarios sin recibir dotación adicional. Las transferencias estatales se reajustan con un retraso de 12 a 24 meses, obligando a la región a financiar a pulmón un déficit temporal de hasta 380 millones de euros anuales.

<-Sobrecarga de recursos propios: Aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) exige 12 meses de residencia legal, la presión se traslada de inmediato a las partidas regionales y municipales: “La Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), las ayudas de emergencia social, el Bono Alquiler y las becas de comedor saturan presupuestos cerrados”.

<-Impacto territorial desigual y vector fronterizo:

*Almería y Huelva (44% de solicitudes): Soportan la mayor presión asistencial en atención primaria en municipios agrícolas clave.

*Málaga y Sevilla (38%): Tensionan el mercado del alquiler y la escolarización.

*Efecto Transfronterizo Ceuta-Andalucía: La cercanía geográfica convierte a Andalucía en el receptor directo de las crisis asistenciales del norte de África, obligando a asumir costes continuos por derivaciones de menores no acompañados (NNAMNA) y logística de acogida en el Campo de Gibraltar.

La regularización masiva, lejos de ser un motor económico neutro, expone a Andalucía a un colapso financiero e institucional. Mientras el Gobierno central absorbe la recaudación, la Junta asume el coste de gestionar servicios públicos fundamentales para una población en aumento con un presupuesto desactualizado e insuficiente.

N.B. Imagen. Regularización masiva de inmigrantes – Recursos propios de la Comunidad y de los Ayuntamientos – Andalucía – Efectos.

(Nota. El impacto real de la invasión de Ceuta para Andalucía es un gran misterio, pero seguramente será tremendo, especialmente, en relación con los menas, así que, la Junta de Andalucía que se vaya preparando, pues, visto lo visto, sobre Andalucía caerá un buena parte del reparto de los invasores ilegales de Ceuta no repatriaos.

Por otro lado, en pleno caos provocado por la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, varios grupos de marroquíes partieron de la ciudad autónoma para llegar a la costa del Campo de Gibraltar, aprovecharon esta circunstancia excepcional para alcanzar la península ibérica por el Estrecho en motos de agua y embarcaciones de recreo.).

Córdoba, 5 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba – Ayuda a domicilio – I – (Suficiencia y el riesgo real de colapso)

La ayuda a domicilio en Córdoba ya no puede analizarse como un servicio complementario ni como una política social de apoyo marginal. Se ha convertido en una infraestructura pública de cuidados, sostenida sobre miles de trabajadoras, una demanda creciente y un territorio especialmente tensionado por el envejecimiento, la dispersión rural y la insuficiencia financiera.

El dato institucional de los 100 millones de euros proyecta una imagen de fortaleza, pero esa cifra, por sí sola, no explica la realidad operativa del sistema: “Ofertas de empleo que no se cubren, tiempos de desplazamiento que encarecen la atención en los pueblos, presión constante sobre las plantillas y un horizonte normativo que amenaza con agravar todos esos desequilibrios”.

La cuestión de fondo no es si Córdoba tiene ayuda a domicilio. La cuestión real es si dispone de un modelo financieramente suficiente, laboralmente sostenible y jurídicamente defendible para sostenerla en 2027 y en los años siguientes. Ahí es donde aparece la fractura entre el relato oficial y la lectura técnica.

<<Un servicio esencial en una provincia que envejece>>

En Córdoba, el envejecimiento no es una hipótesis de futuro, sino una realidad demográfica ya instalada. El aumento de personas mayores, la extensión de situaciones de dependencia y la proliferación de hogares unipersonales, sobre todo en municipios rurales, han transformado la ayuda a domicilio en un servicio estructural, de forma, que ya no se trata únicamente de apoyar a personas vulnerables, sino que se trata de asegurar condiciones mínimas de permanencia, seguridad y dignidad en el propio hogar.

Ese cambio obliga también a revisar el lenguaje institucional. Cuando un servicio atiende a más de 12.000 personas en la provincia, sostiene miles de empleos directos y absorbe incrementos anuales de demanda superiores al 20%, deja de ser razonable tratarlo como un simple programa asistencial. Su naturaleza material se acerca mucho más a la de un servicio público esencial de proximidad, vinculado de forma directa al derecho a la autonomía personal y a la efectividad del sistema de dependencia.

<<La economía oculta del cuidado en la Córdoba rural>>

La ayuda a domicilio no solo cuida; también fija población, genera empleo y amortigua el vaciamiento territorial. En una provincia como Córdoba, donde muchos municipios pequeños dependen de servicios públicos capilares para sostener su tejido social, el sector funciona como una auténtica red de estabilidad. Más de 4.500 empleos directos no representan únicamente una cifra laboral, sino que expresan una política territorial de permanencia, especialmente relevante en comarcas donde otras oportunidades de empleo son más débiles.

Sin embargo, esa utilidad colectiva convive con una paradoja persistente. Cuanto más necesario es el servicio en el medio rural, más caro y más difícil resulta prestarlo. Los desplazamientos entre núcleos dispersos reducen el tiempo efectivo de atención, encarecen cada intervención y erosionan la rentabilidad de los contratos. En la práctica, una parte del presupuesto se consume fuera del domicilio del usuario: “En carretera, en tiempos muertos y en costes logísticos que rara vez aparecen en la narrativa pública con la importancia que merecen”.

<<El mito de los 100 millones>>

La referencia a un presupuesto en torno a 100 millones de euros tiene fuerza política y comunicativa, pero no basta para acreditar suficiencia real. Una cifra elevada puede coexistir con una estructura insuficiente cuando el volumen de demanda, el coste laboral, la dispersión territorial y las obligaciones de calidad crecen a mayor velocidad que la financiación disponible. Ese es, precisamente, el riesgo que se percibe en Córdoba.

La mejora de los tiempos de espera en dependencia, reducidos en los últimos años desde parámetros cercanos a 1.200 días hasta entornos de 400 días, constituye un avance relevante desde la perspectiva de gestión. Pero ese progreso no elimina el problema de fondo. Una reducción del atasco administrativo no equivale, por sí sola, a suficiencia material del sistema. Puede haber más rapidez en la tramitación, y, al mismo tiempo, persistir listas de espera encubiertas, intensidades de atención insuficientes o dificultades serias para cubrir servicios ya reconocidos.

Por eso resulta técnicamente razonable distinguir entre presupuesto nominal y presupuesto suficiente. *El primero permite presentar la magnitud del esfuerzo público. *El segundo mide si ese esfuerzo alcanza de verdad para prestar el servicio en condiciones estables, atraer personal, responder a la demanda creciente y absorber los cambios normativos sin deteriorar la calidad.

<<La encrucijada de 2027 – (salarios, jornada y revisión del precio/hora)>>

El año 2027 aparece como un punto de inflexión, ya que, la prevista subida del convenio del sector en torno al 8%, unida a la reducción de jornada, alterará de forma directa la ecuación económica del servicio. Si el precio/hora público no se actualiza de manera suficiente, el sistema trasladará la tensión a algún punto de la cadena: *O se resentirá la viabilidad de las adjudicatarias, *o se deteriorarán las condiciones reales de prestación, *o aumentará la dificultad para cubrir plantillas.

Desde una óptica jurídica, el problema no es menor. Cuando los costes estructurales cambian de forma intensa y previsible, la Administración no puede mantenerse anclada en módulos económicos desfasados sin exponer los contratos a desequilibrios severos. El debate no es meramente presupuestario, sino que es también un debate sobre buena administración, sostenibilidad contractual y adecuación del precio público al coste real del servicio.

En un sector intensivo en mano de obra, cualquier desviación entre coste real y financiación reconocida se traduce rápidamente en conflicto operativo. De ahí que la discusión sobre 2027 no deba leerse como una reclamación corporativa, sino como un aviso técnico: “Si sube el coste del trabajo y no sube la cobertura pública, el modelo entra en zona de riesgo”.

<<La brecha territorial de la financiación>>

Uno de los argumentos más potentes para una lectura crítica del sistema aparece en la desigualdad de la financiación estatal. La denuncia de que el Estado llega a aportar en el País Vasco alrededor del 50% del sistema mientras en Andalucía su participación ronda el 25% no es una mera comparación política, sino que es una impugnación del diseño material de la igualdad territorial. Si dos comunidades sostienen un mismo derecho social bajo reglas de cofinanciación tan distintas, la promesa de uniformidad del sistema queda gravemente cuestionada.

Para Andalucía, y dentro de ella para provincias como Córdoba, esta brecha tiene efectos concretos, ya que, significa menos margen para mejorar precios/hora, menos capacidad para absorber costes sobrevenidos y más dependencia de esfuerzos autonómicos o provinciales que no siempre pueden crecer al ritmo necesario. En términos jurídicos y políticos, la consecuencia es clara: “El debate sobre la ayuda a domicilio ya no puede limitarse a la gestión local, sino que exige una revisión del reparto estatal de cargas en la Ley de Dependencia”.

<<Duplicar la inversión – (Del modelo oficial al modelo de suficiencia real)>>

Frente al marco de 100 millones, el escenario de 200 millones permite abrir una hipótesis más realista sobre lo que costaría garantizar un servicio robusto. No se trata de inflar artificialmente el gasto, sino de corregir déficits acumulados: ampliar la bolsa horaria, asumir de forma ordenada la subida de costes laborales, crear instrumentos de compensación territorial y desplegar una digitalización útil, no cosmética.

En ese escenario, la bolsa de horas anuales podría pasar de 8 a 16 millones, y el empleo directo crecería de 4.500 a 9.000 profesionales. El objetivo no sería solo atender a más personas, sino atender mejor y con menos fricción operativa. También permitiría reforzar la atención de urgencias sociales hasta 150.000 horas anuales, reduciendo la burocracia en situaciones donde el tiempo de respuesta resulta decisivo.

La clave está en que el gasto adicional no debe repartirse de forma lineal. Parte del incremento debería dirigirse a un fondo específico de compensación por dispersión geográfica, capaz de cubrir kilometraje y tiempos improductivos en la Córdoba rural, y otra parte a un plan de digitalización universal con sensores y sistemas de monitorización preventiva en hogares de personas mayores que viven solas. Así entendido, el aumento presupuestario no sería expansivo en abstracto, sino corrector de desigualdades internas del propio servicio.

<<Empleo, cualificación y el papel de la Universidad de Córdoba>>

El crecimiento del sistema no depende solo del dinero. Depende también de la existencia de personal suficiente y cualificado. Hoy el sector arrastra dificultades para captar trabajadoras en determinados municipios y franjas horarias, en parte por la dureza del trabajo y en parte porque la retribución no siempre compensa las exigencias reales del puesto. La falta de profesionales no es un problema accesorio: es uno de los límites materiales del modelo actual.

Por eso cobra especial relevancia la reivindicación de formación especializada en geriatría y cuidados de larga duración, así como la llegada del Grado en Trabajo Social a la Universidad de Córdoba en el curso 2026-2027. Este hito académico puede convertirse en una pieza institucional estratégica. No solo por el valor simbólico de incorporar un título largamente demandado, sino porque permitirá generar perfiles técnicos de coordinación, supervisión y planificación imprescindibles para un sistema de cuidados cada vez más complejo.

Si Córdoba aspirara realmente a escalar hacia 9.000 empleos directos, necesitaría algo más que auxiliares. Necesitaría estructuras técnicas, mandos intermedios, coordinación sociosanitaria y capacidad de evaluación. En ese contexto, la UCO puede desempeñar una función de anclaje territorial del talento y de profesionalización del ecosistema de cuidados.

<<Inteligencia artificial – (promesa útil, riesgo regulatorio)>>

La introducción de inteligencia artificial en la ayuda a domicilio puede aportar mejoras reales si se orienta a problemas concretos. La optimización de rutas, la asignación más eficiente de trabajadoras según proximidad y perfil, o la detección temprana de incidencias domésticas mediante sensores constituyen aplicaciones plausibles y potencialmente valiosas. En territorios extensos y envejecidos, la tecnología puede reducir tiempos de respuesta y reforzar la seguridad de personas que viven solas.

Ahora bien, el entusiasmo tecnológico necesita un encuadre jurídico riguroso. La monitorización predictiva en domicilios plantea cuestiones sensibles de protección de datos, consentimiento, proporcionalidad y responsabilidad por decisiones automatizadas. La tecnología puede ayudar a combatir la soledad no deseada y a prevenir situaciones de riesgo, pero no debe abrir la puerta a fórmulas opacas de vigilancia o a automatizaciones sin control humano suficiente.

La discusión relevante no es si la IA debe entrar en el sector, sino bajo qué condiciones normativas, contractuales y éticas debe hacerlo. Un modelo serio exige gobernanza del dato, auditoría de algoritmos, protocolos de intervención y garantías reforzadas para personas especialmente vulnerables.

<<Una tesis de fondo – (el sistema necesita una revisión integral)>>

La ayuda a domicilio en Córdoba no está ante un problema puntual, sino ante una tensión estructural entre demanda social creciente, financiación incompleta, costes laborales al alza y exigencias de calidad cada vez mayores. Por eso el verdadero debate no debería girar en torno a si el sistema funciona razonablemente hoy, sino en torno a si puede seguir funcionando mañana sin una reforma de escala.

La respuesta más verosímil es que el modelo actual solo se mantendrá si se corrigen varias insuficiencias a la vez: una financiación estatal más equitativa, una actualización real del precio/hora, incentivos efectivos para cubrir el territorio rural, inversión tecnológica sometida a garantías jurídicas y una estrategia potente de formación y profesionalización. Sin esas piezas, los 100 millones seguirán siendo una cifra políticamente útil, pero técnicamente insuficiente.

<<Propuesta de cierre>>

Hay que sostener una tesis clara: Córdoba no necesita solo más presupuesto, sino un nuevo marco de suficiencia real para evitar que la ayuda a domicilio entre en una fase de desgaste crónico.

Dicho de otro modo, la pregunta ya no es cuánto cuesta mantener el servicio sobre el papel. La pregunta decisiva es cuánto cuesta sostenerlo de verdad, con empleo digno, cobertura territorial efectiva, seguridad jurídica y capacidad para responder a una sociedad que envejece. Y la respuesta, cada vez con más evidencia, parece alejarse del mito de los 100 millones.

N. B. Imagen. La ayuda a domicilio en Córdoba I – (Suficiencia y el riesgo real de colapso).

Córdoba, 8 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S, S,

Córdoba una nómina pública (Un salto al vacío)

Vista aérea de la mezquita-catedral de Córdoba

<<El riesgo de una economía a dos velocidades>>

Los datos de enero de 2026 son históricos y dejan una realidad preocupante y de difícil solución, ya que, Córdoba ha alcanzado un techo de empleo público con más de 53.700 personas (contando el sector “invisible” de empresas municipales). Mientras la administración se consolida como el gran refugio, el sector privado lucha por no quedar atrás en una provincia, que depende, hoy más que nunca, del presupuesto estatal.

Es un hecho negativo, que al haber tanta renta pública, los precios de los servicios y la vivienda en Córdoba se mantienen estables, lo que a veces dificulta que las empresas privadas puedan competir por el talento, ya que, no pueden ofrecer salarios tan atractivos como los del sector público, y, además, Córdoba depende más de lo que se decida en los Presupuestos Generales del Estado que de lo que ocurra en los mercados internacionales.

1.- El desequilibrio.

Si sumamos el gasto en salarios públicos y el récord en pensiones, el Estado inyecta en Córdoba casi 4.900 millones de euros anuales, así que, para entender la magnitud del dato, hay que señalar, que el 30% del PIB provincial depende directamente de transferencias públicas.

<< La Brecha Salarial)>>

La diferencia entre trabajar para lo público o lo privado en Córdoba no es un escalón, es un barranco de profundidad abisal, así:

Sector	Salario Medio Anual	Salario Mensual (14 pagas)
Público	35.000 eur.	2.500 eur.
Privado	17.509 eur.	1.250 eur.
Diferencia	+100%	+1.250 eur.

(Nota. Esta brecha se explica por la alta cualificación del funcionariado (médicos, docentes) frente a un sector privado local muy atomizado, estacional <agricultura y hostelería> y excesivamente dependiente del Salario Mínimo -SMI-).

2.- La paradoja de la dependencia (El ratio 1,1 a 1).

El dato más crítico para la sostenibilidad de Córdoba es su ratio de dependencia, ya que, por cada 1,1 trabajadores en el sector privado (quienes generan la riqueza vía impuestos), hay 1 persona que recibe un cheque directo del Estado (empleado público o pensionista).

**Nota. La analogía de la familia: “Si Córdoba fuera una familia de 10 adultos: 5 trabajarían en el sector privado con sueldos modestos, 4 serían pensionistas y 1 sería empleado público con el sueldo más alto de la casa”. Existe un equilibrio es extremadamente frágil.

3.- Un análisis crítico (“Desplazamiento” del talento).

Nos referimosa la reducción de la inversión privada, que ocurre cuando el gobierno aumenta el gasto público, porque aquí reside el verdadero problema estructural, ya que, no es solo que el sector público sea grande, es que su estabilidad y altos salarios generan un efecto succión del talento, así:

<-Fuga de cerebros a la oposición para entrar en la administración pública, porque los jóvenes más brillantes de la UCO prefieren dedicar 4 años a estudiar un examen que a emprender o innovar. El riesgo es que Córdoba se convierta en una “fábrica de opositores”, mientras la industria local languidece por falta de perfiles personales que lleven a cambios significativos en su entorno.

<-Competencia desleal por el consumo, porque la renta pública estable mantiene los precios (vivienda, servicios) en niveles que el trabajador privado medio apenas puede costear.

4.- Propuestas de cambio.

Para evitar un “salto en el vacío” que termine en un golpetazo, Córdoba debería activar tres motores antes de que el gasto público sea inasumible:

1.- La BLET como catalizador: La Base Logística del Ejército no debe ser solo “más empleo público”, sino el imán para que empresas tecnológicas privadas ofrezcan salarios competitivos (40k-50k eur.) que rompan la brecha.

2.- Digitalización de la “grasa” administrativa: Aprovechar la IA para automatizar tareas burocráticas y no reponer plazas administrativas, trasvasando esos recursos a inversión productiva.

<-Fusión de Micro-Pymes: El sector privado cordobés necesita ganar tamaño y calidad, pues solo las empresas grandes pueden invertir en la tecnología necesaria para subir la productividad y, por ende, los salarios.

<<Conclusión>>

Córdoba sobrevive gracias al “escudo” del Estado, pero no puede prosperar solo con él, de forma, que el reto para 2026 no es reducir los servicios públicos, sino fortalecer el motor privado para que el talento elija la empresa antes que la plaza pública.

El motor privado debe arrancar antes de que el público se agote.

N. B. Empleo Público en Córdoba no puede ser un salto al vacío de la nada, sino una transformación profunda de las estructura productiva de la Provincia, que permita que las empresas privadas creen empelo estable, productivo y competitivo.

Es un hecho patente, que Córdoba tiene una economía “Público-Dependiente” y la radiografía de la provincia de Córdoba es impresionante:

*Gasto en Empleo Público: 2.030 M, eur./año.

*Gasto en Pensiones: 2.842 M, eur./año.

*TOTAL: 4.872 millones de euros anuales.

(Nota. Considerando que el Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Córdoba ronda los 16.000 millones de euros, casi el 30% de toda la economía cordobesa depende directamente de transferencias de dinero público (nóminas de la administración o pensiones.

Este “escudo” protege a la provincia en las crisis (porque el dinero siempre llega), pero también explica por qué la economía privada local tiene tantas dificultades para destacar).

Córdoba, 12 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Deuda del Ayuntamiento de Córdoba (Visión Crítica e Innovadora)

Un grupo amplio de lectores preguntan en -ACOA- sobre la deuda del Ayuntamiento de Córdoba, pues argumentan, que todas las informaciones oficiales que reciben están sazonadas con muchos edulcorantes de que -todo va muy bien-, así que, analizaremos la deuda un poco más allá de los simples números, avanzando hacia un modelo innovador.

La deuda del Ayuntamiento de Córdoba, según vemos a primera vista en Córdoba Abierta (ACOA), refleja una gestión financiera aparentemente prudente, con una reducción de la deuda viva (162 millones de euros en junio de 2025) y una deuda comercial compleja (5-7 millones de euros en el tercer trimestre de 2025). Sin embargo, los datos oficiales -basados en informes del Banco de España, el Ministerio de Hacienda y los presupuestos municipales- suelen ofrecer una narrativa edulcorada que elude cuestiones estructurales.

Desde ACOA pretendemos reexaminar la deuda financiera y comercial del Ayuntamiento desde una perspectiva crítica, cuestionando la sostenibilidad de las estrategias actuales y proponiendo soluciones innovadoras.

Combinando un análisis basado en datos oficiales con un enfoque crítico, buscamos desafiar el statu quo y fomentar un debate sobre cómo Córdoba puede redefinir su futuro financiero.

1.- La Deuda Viva – Una historia de éxito engañosa-.

1.1.- Los Números en Contexto.

La –deuda viva- del Ayuntamiento asciende a 162 millones de euros (junio 2025), un 7,4% menos que los 175 millones de 2024 y 1 millón menos que en el primer trimestre de 2025. Con una deuda per cápita de 500 euros (325.000 habitantes), está por debajo de la media andaluza (600 euros) y nacional (700 euros). Además, la deuda representa el 28% del presupuesto municipal de 2025 (587 millones de euros), un ratio menor que el de Sevilla o Málaga (270 millones cada una). Estos datos, junto con una tendencia sostenida de reducción y una previsión de 15 millones de nuevo endeudamiento en 2025 para inversiones, sugieren una gestión fiscal responsable.

**Perspectiva Crítica: Aunque la reducción es positiva, la narrativa de <declive sostenido> oculta problemas estructurales. El 28% del presupuesto destinado a la deuda, aunque moderado, limita la flexibilidad para emergencias o proyectos transformadores.

*Comparar Córdoba con Sevilla o Málaga ignora las diferencias de escala: “La menor base económica y fiscal de Córdoba implica que su deuda, aunque más baja en términos absolutos, ejerce una presión desproporcionada”.

1.2.- Orígenes: Una Dependencia Heredada.

La deuda proviene principalmente de préstamos bancarios (70-75%, p.ej., BBVA, CaixaBank), líneas del ICO y el Estado (15-20%, p.ej., fondos COVID-19) y, en menor medida, de la Diputación y fondos europeos (5-10%, p.ej., NextGenerationEU). La mayor parte se acumuló durante las crisis de 2010-2020 (crisis financiera y COVID-19), con un 90% de carácter financiero a largo plazo (10-20 años) y tipos de interés del 2-4%.

**Perspectiva Crítica: La dependencia de bancos comerciales para el 70-75% de la deuda evidencia una falta de diversificación en las fuentes de financiación. Los bancos, aunque fiables, imponen calendarios de pago rígidos y cargas de intereses que podrían mitigarse con instrumentos innovadores, como bonos verdes o asociaciones público-privadas. El uso de fondos europeos, aunque beneficioso, genera dependencia de ciclos externos, con riesgos significativos cuando los fondos NextGenerationEU finalicen después de 2026.

1.3.- Destino: Priorizando el Statu Quo.

El 50-60% de la deuda se destina a gastos corrientes (salarios, servicios básicos), mientras que el 30-40% financia inversiones (p.ej., Aucorsa, Sadeco, Emacsa). En 2025, solo 15 de los 37 millones de euros en inversiones se financiarán con deuda, priorizando fondos propios para vivienda, zonas verdes y cultura.

**Perspectiva Crítica: Destinar el 50-60% de la deuda a gastos corrientes es insostenible.

“Los salarios y servicios básicos deberían cubrirse con ingresos corrientes, no con endeudamiento”.

*La transición hacia el uso de fondos propios para inversiones es positiva, pero el presupuesto de inversión (37 millones) es insuficiente frente a ciudades más grandes, limitando la capacidad de Córdoba para abordar el deterioro urbano, la transformación digital o los objetivos climáticos.

La apuesta por inversiones “seguras” como Aucorsa descuida proyectos de alto impacto, como infraestructuras de ciudad inteligente o redes de energía renovable.

2.- La Deuda Comercial – La Carga Oculta.

2.1.- Retrasos Persistentes.

La deuda comercial, que incluye facturas pendientes a proveedores, cotizaciones a la Seguridad Social y obligaciones con Hacienda, no forma parte de la deuda viva y se analiza por separado.

En septiembre de 2025, se estima dicha deuda en 5-7 millones de euros, con un Plazo Medio de Pago (PMP) de 35 días, mejorando desde los 58 días de 2024, pero aún por encima del límite legal de 30 días (Ley 3/2004). En 2024, el superávit de 38,3 millones se destinó a la deuda financiera, no a la comercial, lo que ha perpetuado la morosidad.

**Perspectiva Crítica: La mejora en el PMP es notable, pero los retrasos crónicos (hasta 58 días en 2024) afectan especialmente a proveedores locales (construcción, servicios), que suelen ser pymes con poca capacidad para absorber impagos.

*La priorización del superávit para amortizar deuda financiera en lugar de liquidar facturas comerciales refleja una visión cortoplacista, que perjudica la economía local y la reputación del Ayuntamiento.

2.2.- Seguridad Social y Hacienda – Algunos matices.

El Ayuntamiento está al corriente con la Seguridad Social (cotizaciones por 1.500 empleados) y Hacienda (sin deudas reportadas por IVA o IRPF). Sin embargo, la ausencia de deudas significativas con estos organismos no compensa la morosidad con proveedores, que genera tensiones con el tejido empresarial local.

**Perspectiva Crítica: Aunque estar al día con Seguridad Social y Hacienda es positivo, la falta de transparencia sobre cómo se priorizan estos pagos frente a los proveedores locales plantea preguntas sobre la equidad en la gestión de tesorería.

*Cabe una pregunta: ¿Se está sacrificando el apoyo a las pymes locales para cumplir con obligaciones estatales?

3.- Riesgos Sistémicos y Oportunidades Perdidas.

3.1.- Riesgos.

**Dependencia Bancaria y de Fondos UE: La estructura de la deuda, dominada por bancos y fondos europeos, expone a Córdoba a fluctuaciones en los tipos de interés y a la finalización de programas como NextGenerationEU.

**Morosidad Comercial: Los retrasos en los pagos a proveedores, aunque en descenso, erosionan la confianza del sector privado y podrían derivar en sanciones legales.

**Falta de Ambición Inversora: El presupuesto de inversión (37 millones en 2025) es insuficiente para abordar desafíos estructurales como la despoblación, el cambio climático o la digitalización.

3.2.- Oportunidades Perdidas.

a).- Financiación Innovadora: Córdoba no explora alternativas como bonos verdes, crowdfunding municipal o asociaciones público-privadas, que podrían financiar proyectos sostenibles sin aumentar la deuda tradicional.

b).- Digitalización y Transparencia: El portal de transparencia (cordoba.es/transparencia) podría integrar herramientas de visualización de datos en tiempo real sobre la deuda y el PMP, fomentando la rendición de cuentas.

c).- Inversiones Transformadoras: Proyectos como una red de energía renovable, un sistema de movilidad inteligente o un hub tecnológico (concentrador) podrían posicionar a Córdoba como líder en innovación, pero requieren una visión más audaz.

4.- Propuestas Innovadoras.

1.-Diversificación de Financiación:

*Emitir bonos verdes municipales para financiar proyectos de sostenibilidad (parques solares, eficiencia energética en edificios públicos).

*Crear un fondo municipal de inversión participativa, donde los cordobeses puedan financiar proyectos locales a cambio de retornos simbólicos (p.ej., descuentos en servicios municipales).

2.-Optimización de la Tesorería:

*Implementar un sistema de pago prioritario para proveedores locales, usando el superávit y los 180 millones en caja para reducir el PMP por debajo de los 30 días.

*Desarrollar una plataforma blockchain para gestionar pagos a proveedores, garantizando transparencia y rapidez.

3.-Inversiones Estratégicas:

*Destinar al menos el 50% de las inversiones de 2026 a proyectos de alto impacto: una red de transporte eléctrico, digitalización de servicios públicos o un clúster tecnológico para atraer startups.

*Crear un laboratorio de innovación urbana, financiado parcialmente con fondos europeos, para prototipar soluciones de ciudad inteligente.

3.-Transparencia Radical:

*Publicar un panel interactivo en tiempo real en el portal de transparencia, mostrando la evolución de la deuda, el PMP y el destino de cada euro invertido.

*Organizar foros ciudadanos trimestrales para debatir la gestión de la deuda y recoger propuestas de la ciudadanía.

5.- Conclusión – Un modelo financiero innovador y diferente.

El Ayuntamiento de Córdoba ha logrado reducir su deuda viva y mejorar su deuda comercial, pero la gestión actual carece de la audacia necesaria para transformar la ciudad. La dependencia de bancos, la morosidad con proveedores y la falta de inversiones ambiciosas limitan el potencial de Córdoba.

*Proponemos un cambio de paradigma: diversificar la financiación, priorizar la economía local y apostar por proyectos innovadores que posicionen a Córdoba como referente en sostenibilidad y tecnología.

N.B. Nuestro artículo plantea un enfoque crítico e innovador sobre la deuda del Ayuntamiento de Córdoba para competir y avanzar con luz propia.

Córdoba, 2 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.

Afiliaciones y Cotizaciones a la Seguridad Social en España (Anomalía y misterio)

Los lectores quieren una explicación clara y razonablemente fundada de ¿por qué? crecen las afiliaciones a la Seguridad Social y en cambio la cuantía de la recaudación por cotizaciones es menor.

<<Introducción>>

En 2025, la Seguridad Social en España registra un récord de afiliados, superando los 21,5 millones, impulsado por la recuperación post-pandemia, la reforma laboral de 2022 y el dinamismo en sectores como turismo y tecnología.

Sin embargo, la recaudación por cotizaciones no crece al mismo ritmo, generando una anomalía: “más afiliados, pero menor recaudación media por persona”.

Explicamos las causas de esta discrepancia y sus implicaciones, basado en datos oficiales y comprobaciones propias hasta septiembre de 2025.

<<Evolución de las Afiliaciones>>

a).- Crecimiento récord: 21,67 millones de afiliados en agosto 2025 (+2,4% interanual), con 2 millones de empleos netos desde 2020.

b).- Reforma laboral: Aumenta contratos indefinidos al 84% (+14 puntos desde 2022).

(Nota. La reforma ha traído los contratos fijos discontinuos y llevado a hacer indefinidos muchos contratos a tiempo parcial o por horas, lo que ha elevado el número de afiliaciones, pero a la hora de cotizar sus bases serán inferiores a los contratos fijos y a tiempo completo, aparte de que los trabajos son de baja cualificación y de salarios menores rozando el salario mínimo.).

c).- Perfiles destacados: Mujeres (47,4% del total), jóvenes (+29% <30 años) y extranjeros (+200.000) impulsan el crecimiento.

d).- Sectores clave: Hostelería, agricultura y tecnología lideran las altas.

<<Evolución de las Cotizaciones>>

1.- Recaudación total: +7,6% en Q1 2025 (43.319 M€), pero la recaudación media por afiliado cae de 724 €/mes (diciembre 2024) a 665 €/mes (agosto 2025).

2.- Factores normativos: El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI, +0,8%) y la cotización de solidaridad para altos ingresos ayudan, pero no compensan la caída.

<<Por qué crecen afiliados, pero no las cotizaciones>>

***La discrepancia se debe a la precariedad laboral:

1.- Temporalidad y contratos cortos: Aunque reducidos, los contratos de <30 días generan altas/bajas frecuentes, inflando afiliaciones pero con pocas jornadas cotizadas (-7,6% en recaudación media).

2.- Tiempo parcial y bajos salarios: Sectores como hostelería y agricultura, con salarios cercanos al SMI, cotizan un 21% menos que la media (385 €/mes vs. 484 € histórico).

3.- Efecto estacional: Verano impulsa afiliaciones (+31.000 en julio), pero con cotizaciones bajas por pocas horas. En septiembre, la recaudación cae un 8,6%.

4.- Inmigración y autónomos: Extranjeros y autónomos jóvenes (+11%) cotizan menos debido a salarios bajos o cuotas variables.

<<Impacto en el Sistema>>

**Sostenibilidad: Saldo positivo (7.540 M€, 0,5% PIB en agosto 2025), pero la baja cuantía media presiona el fondo de reserva. Con 9,5 millones de pensionistas y pensiones en aumento (+4,5%), el desequilibrio crece.

**Economía: Cotizaciones bajas reducen derechos sociales y frenan la convergencia con la UE.

**Riesgos: Persistencia de la precariedad podría aumentar la deuda o forzar recortes en prestaciones.

<<Conclusiones y Propuestas>>

El crecimiento de afiliaciones (+2,4% anual) no se refleja en las cotizaciones debido a la precariedad estructural, estacionalidad y bajos salarios.

***Para corregir esta anomalía:

a).- Inspección laboral: Reforzar controles contra contratos temporales abusivos.

b).- Salarios y cotizaciones: Aumentar el SMI y prorratear pagas extras para elevar bases medias.

c).- Monitoreo: Seguimiento mensual de datos per cápita vía INE/TGSS.

d).- Reestructurar y reformar el mercado de trabajo.

N.B. Las afiliaciones a la Seguridad Social en crecen día a día, en cambio las cotizaciones decrecen en cuantía y cada vez se recauda menos, lo que es una anomalía y a primera vista parece un misterio contradictorio, cosa que ya hemos explicado, y, dejando claro, que solo existe una solución restructurar de raíz el mercado laboral y el sistema de la Seguridad Social.

El hecho probado de que coexistan más afiliaciones y que se recaude menos por las cotizaciones, es un problema perverso para nuestro sistema laboral y de Seguridad Social, que si no se reestructura con urgencia llevará al colapso las cuentas y las pensiones de la S. S.

Córdoba, 1 de octubre de 2025.

Enrique García Monto

Presidente, Asociación Córdoba Abierta (ACOA)