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SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

(Análisis de la dualidad público-privada y el impacto de la regularización masiva).

1.- Una “religión civil” en crisis.

La sanidad pública en España se percibe como el pilar fundamental del contrato social, sin embargo, en abril de 2026, el sistema se enfrenta a una paradoja: Mientras mantiene la excelencia en intervenciones de alta complejidad, su base operativa -la atención primaria y la gestión de esperas- presenta síntomas de agotamiento estructural. El debate ya no es solo ideológico, sino aritmético.

2.- Análisis – (Signos vitales vs. fragilidad).

Es un hecho comprobado y patente, que  el Sistema Nacional de Salud (SNS) padece una enfermedad crónica de gestión caracterizada por:

<-Listas de espera: A pesar de las reformas administrativas, la demora media para cirugías no urgentes supera los 120 días, de manera, que la atención primaria sufre un embotellamiento que impide su función preventiva.

<-El factor demográfico: Aproximadamente, el 20% de la población es mayor de 65 años y consume el 70% de los recursos, además,  este gasto estructural es rígido y creciente, dejando poco margen de maniobra para imprevistos o aumentos de demanda externa.

3.- La simbiosis necesaria – (Sector Privado como “pulmón”).

La realidad actual es la de un modelo híbrido, porque la sanidad privada no es un accesorio, sino un componente sistémico cuya desaparición provocaría un colapso inmediato del sector público.

<<Dependencia Operativa>>

MecanismoDescripciónImpacto Sistémico
ConciertosDerivación de pruebas y cirugías menores.Supone el 10-12% del gasto; sin ellos, las listas de espera serían inasumibles.
Modelo MUFACECobertura para 1,5 millones de funcionarios.Su quiebra trasladaría a toda esa población a la pública de golpe, saturándola.
Seguros Privados12 millones de usuarios (1 de cada 4 españoles).Actúa como válvula de escape financiada directamente por el ciudadano.

4.- El factor de tensión – (Regularización masiva).

El escenario de una regularización que, sumada al efecto llamada y reagrupaciones, alcance una cifra aproximada a más de un millón de personas, altera profundamente la capacidad de absorción del sistema.

<<Desafíos económicos y asistenciales>>

<-Desequilibrio contribución-gasto: Si bien la regularización formaliza trabajadores, estos suelen cotizar por bases mínimas, de forma, que el coste de los servicios públicos asociados (especialmente en áreas de alto uso como pediatría y maternidad, donde la media de hijos de esta población suele ser superior a la nacional) supera la recaudación neta inmediata.

<-Un embudo logístico: No es solo un problema de dinero, sino de tiempo y espacio, ya que, las plantillas de médicos de familia (con cupos de 2.000 pacientes) no pueden absorber un aumento del 4-5% de la población de forma repentina.

<-Capital humano: Formar a un médico de familia requiere muchos años, y, no existe una bolsa de profesionales disponible para atender a más de un millón de nuevos usuarios de forma inmediata.

5.- El límite de absorción – (sanidad de dos velocidades).

La solidaridad, principio rector del sistema, tiene un límite físico, de forma, que superar la capacidad de carga del SNS conlleva riesgos sociales graves:

1.- Degradación por dilución: Al repartir recursos finitos entre más usuarios, la calidad percibida cae, lo que “iguala a la baja” el derecho a la salud.

2.- Fractura del contrato social: El contribuyente que sostiene el sistema con sus impuestos percibe que no recibe el servicio por el que paga, lo que acelera el éxodo a la sanidad privada y/o el descontento social en la base del sistema.

3.- Deslegitimación de lo público: La sanidad pública corre el riesgo de convertirse en un servicio de beneficencia para quienes no tienen otra opción, perdiendo el respaldo de las clases medias que son su motor político y financiero.

6.- Conclusión – (Hacia una catástrofe de gestión).

La intención política de universalidad choca frontalmente con la imposibilidad económica y logística de absorber una regularización masiva de personas en un sistema ya tensionado.

<-Poder vs. querer: No se trata de falta de voluntad, sino de la imposibilidad de estirar infraestructuras y personal especializado más allá de su punto de rotura.

<-Resultado previsible: Si no se aplican límites de absorción basados en criterios técnicos y de sostenibilidad, el sistema entrará en un “coma” funcional donde la cantidad de usuarios anulará la calidad de la prestación.

El futuro del modelo exige reconocer que la solidaridad depende de la fuerza del sistema, de forma, que sin una planificación seria que priorice la equidad para los actuales contribuyentes y la colaboración con el sector privado, el colapso será total.

N. B.  Imagen – Real y crítica.

(Imagen analítica de la dualidad público-privada y el impacto de la regularización masiva).

Córdoba, a 23 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Pensiones en Córdoba y País Vasco: Desigualdades y Propuestas para un Sistema Más Justo.

Unos lectores del blog preguntan ¿por qué? las pensiones del País Vasco son muy superiores a las de Córdoba y si existe solución para reparar dicha desigualdad, así que, aunque he escrito sobre las pensiones muchos artículos, creo, que, en este caso, mis lectores merecen una explicación razonable y posible, razón por la que vamos a ello:

<<Situación actual>>

En junio de 2025, la pensión media en el País Vasco (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) es de 1.615 euros mensuales, mientras que en Córdoba alcanza los 1.243 euros (julio de 2025). Esto supone una brecha de 372 euros, y, implica un reflejo de desigualdades estructurales que afectan el derecho a la igualdad (art. 14 de la Constitución Española).

<<Causas de la brecha>>

Las diferencias no son casuales y responden a factores económicos y laborales:

a).- Salarios más altos en el País Vasco: Euskadi tiene sueldos un 20% superiores a la media nacional (28.000-30.000 euros brutos anuales), gracias a su potente sector industrial (siderurgia, automoción, energía). Esto genera mayores cotizaciones a la Seguridad Social, traduciéndose en pensiones más altas. En Córdoba, la economía depende de agricultura, turismo y servicios de bajo valor, con salarios medios de 22.000 euros.

b).- Estabilidad laboral: El País Vasco goza de mayor estabilidad, con carreras cotizadas más largas (a menudo superiores a 40 años) y fuerte negociación colectiva. En Córdoba, la precariedad y temporalidad reducen las bases de cotización.

c).- Estructura económica y demográfica:

*Euskadi tiene la mayor renta per cápita de España y un ratio cotizantes/pensionistas más favorable, y, a mayor inri, su déficit en pensiones se compensa con transferencias estatales, lo que acrecienta las diferencias y supone una injusticia que daña la igualdad.

*Córdoba, con un 20% de población pensionista y menor productividad, queda postergada y sometida a un sistema se transferencias injusto, lo que aumenta la brecha entre pensiones, ya que, el País Vasco recibe más a pesar de tener pensiones superiores.

Estas disparidades persisten pese a revalorizaciones uniformes (2,8% en 2025), ya que, el sistema contributivo refleja desigualdades históricas, a lo que hay que sumar, la injusticia de que las transferencias del Estado para cubrir el importe de las pensiones sean muy superiores al País Vasco que las realizadas a Andalucía y por tanto a Córdoba.

<<Propuestas para un sistema más justo>>

Reducir la brecha requiere abordar las desigualdades estructurales y el modelo contributivo.

**Proponemos medidas viables y equitativas:

1.- Reformas en el sistema de pensiones

*Complementos mínimos más robustos: Aumentar los complementos para pensiones mínimas en regiones como Córdoba (actualmente 522 euros/mes en 2025), financiados por el Estado, para reducir la brecha sin penalizar a regiones con mayores cotizaciones.

*Componente no contributivo: Introducir un suelo de pensión financiado por impuestos generales, garantizando un mínimo digno en toda España, independientemente de las cotizaciones previas.

*Tope a pensiones altas: Limitar las pensiones máximas y redistribuir el ahorro hacia las más bajas, aunque esto podría generar resistencia en regiones como el País Vasco.

2.- Reducción de desigualdades económicas.

a).- Industrialización en Córdoba: Impulsar sectores de alto valor (como la Base Logística del Ejército de Tierra, BLET) mediante incentivos fiscales, formación y captación de inversiones, elevando salarios y cotizaciones a largo plazo.

b).- Fortalecer la negociación colectiva: Promover convenios sectoriales en Andalucía para mejorar salarios y estabilidad, inspirándose en el modelo vasco.

c).- Homogeneizar bases de cotización: Establecer bases mínimas más altas en sectores precarizados (como la agricultura), equilibrando el impacto para evitar aumento del desempleo.

3.- Cohesión territorial.

a).- Fondo de compensación interregional: Crear un fondo estatal o europeo para complementar pensiones en regiones con menor renta per cápita, reforzando el Fondo de Garantía de Pensiones con criterios regionales.

b).- Descentralización económica: Incentivar la instalación de empresas en Andalucía, elevando el PIB per cápita y las cotizaciones.

4.- Educación y empleo.

a).- Formación para trabajos de calidad: Invertir en educación técnica y digital en Córdoba para reducir la dependencia de sectores de baja productividad.

b).- Recualificación laboral: Facilitar la reinserción de mayores de 50 años, prolongando sus carreras cotizadas.

<<Desafíos y Problemas>>

a).- Resistencia política: Regiones con pensiones altas podrían oponerse a medidas redistributivas.

b).- Sostenibilidad fiscal: Las reformas requieren más gasto público, en un contexto de déficit estructural de la Seguridad Social.

c).- Tiempo: Las transformaciones económicas tardan décadas, por lo que urge combinar medidas inmediatas (complementos) con estrategias a largo plazo.

<<Conclusión>>

Las pensiones en el País Vasco superan a las de Córdoba debido a diferencias económicas y laborales históricas, agravadas por un sistema contributivo que perpetúa desigualdades. Es inaceptable que transferencias estatales compensen más al País Vasco que a Andalucía, vulnerando el principio de igualdad. Proponemos combinar un componente no contributivo en las pensiones, complementos mínimos más robustos y un fondo de cohesión territorial, junto con políticas que transformen la economía cordobesa hacia sectores de mayor valor. Un sistema de pensiones justo y proporcional debe evitar desigualdades clamorosas, garantizando dignidad para todos.

N.B. Las pensiones en Córdoba y en el País Vasco tienen diferencias de cuantías inaceptables, máxime, cuando las transferencia del Estado al País Vasco para complementar sus pensiones son mucho más elevadas, que las transferencias que se hacen a Andalucía y por tanto a Córdoba, razón por la que nuestras propuestas son imprescindibles y necesarias, siendo de aplicación urgente.

Un Sistema de Pensiones de Seguridad Social debe ser justo y proporcional, evitándose siempre desigualdades clamorosas y desproporcionadas.

Córdoba, 24 de septiembre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA)

Desempleo en Córdoba – Un problema abierto de par en par (Desafíos y Soluciones)

Mis lectores me repiten, que llevo tiempo que no escribo nada sobre el paro en Córdoba, así que, aunque todos ellos saben que no me gusta escribir del desempleo, porque creo, que es un asunto gravísimo, que sufre un abandono continuo de los poderes públicos, no puedo negarme, así que, vamos a ello:

<<Situación del desempleo en Córdoba>>

En enero de 2025, Córdoba registró 66.600 desempleados, con una tasa de paro del 17,18%, superior a la media nacional (10,29%, según la EPA del INE).

Es un hecho patente y comprobado que la economía local cordobesa, centrada en agricultura, turismo y servicios, limita las oportunidades laborales, especialmente en la industria.

Las brechas por género, edad y precariedad laboral son los principales desafíos.

<<Brecha de género>>

Las mujeres enfrentan una tasa de desempleo más alta que los hombres, especialmente en sectores como construcción e industria. El 29,2% de las mujeres desempleadas en España lleva más de un año buscando empleo, una tendencia más acusada en Córdoba debido a la precariedad y la penalización por maternidad (reducción de ingresos del 11-28% tras la maternidad).

La brecha salarial persiste (ej. 21% en servicios sociales) y el 27,9% de las mujeres inactivas se dedica a labores del hogar, frente al 6% de los hombres.

<<Mayores de 50 años>>

Este grupo enfrenta un desempleo del 16,9%, con un 59% de mujeres mayores de 50 años en paro de larga duración. El edadismo limita su reinserción laboral, con solo el 3,8% de los contratos en España para mayores de 59 años. En Andalucía, 118.255 mayores de 50 años reciben subsidios, destacando la vulnerabilidad de este grupo en Córdoba.

<<Jóvenes y precariedad>>

Los jóvenes (16-24 años) sufren tasas de desempleo superiores al 20% a nivel nacional, con contratos temporales (media de 47,9 días) y un 41% a tiempo parcial. En Córdoba, la emigración juvenil agrava la reducción de la población activa joven, que ha caído un 27,3% en 20 años.

<<Población inactiva>>

La tasa de actividad en Córdoba es inferior al 59,03% nacional, con una alta inactividad entre mujeres (muchas por labores del hogar) y mayores de 50 años. Se estima que más de 200.000 personas en la provincia son inactivas, lo que refleja barreras estructurales y culturales.

<<Propuestas>>

  • Políticas inclusivas: Programas de formación para mujeres y mayores de 50, combatiendo el edadismo.
  • Recualificación: Cursos en tecnología y energías renovables para jóvenes y seniors.
  • Igualdad salarial: Aplicar la Ley de Igualdad Salarial para reducir la brecha de género.
  • Flexibilidad laboral: Promover teletrabajo y horarios flexibles para conciliar vida familiar.
  • Empleo juvenil: Incentivar contratos estables para reducir la precariedad.

<<Conclusión>>

El desempleo en Córdoba (17,18% en 2025) refleja desafíos estructurales: brechas de género, edadismo y precariedad juvenil. Las políticas inclusivas, la formación adaptada y la reducción de la brecha salarial son esenciales para integrar a mujeres, mayores de 50 y jóvenes al mercado laboral, promoviendo un desarrollo económico equitativo.

N.B.    El desempleo en Córdoba es un asunto gravísimo, que sufre un abandono continuo de los poderes públicos, así, que planteo el por qué, y, aporto algunas propuestas y soluciones.

Córdoba, 13 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA-Córdoba, Inspector de Trabajo y Seguridad Social.