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ASOCIACIÓN CÓRDOBA ABIERTA – ACOA – (Defensa de las libertades y de la igualdad)

(Inscrita en el Registro Asociaciones Junta de Andalucía Nº. 11123. Sección Primera).

{Proporcionalidad – El más fuerte (la ley de la fuerza – rebelión pacífica frente a la esclavitud)

Está visto que la fuerza solo avanza en una dirección la del más fuerte, así, con ánimo abierto, aunque la lista sería interminable, se pone de relieve lo siguiente:

*En España un jurado ha condenado por homicidio a un octogenario, que mató con su escopeta a una persona que entró en su vivienda de noche provisto de una motosierra.

*En Europa el Presidente Putin lleva unos años machacando el pueblo de Ucrania y parece que cada vez se va imponiendo el silencio de la fuerza desproporcionada.

*Israel está pasado por la fuerza de ser masacrado por terroristas a ser un estado asesino contra el que cualquier fuerza es posible e incluso aconsejable.

*La mayoría de españoles por la fuerza de una minoría intolerante hemos pasado en un visto y no visto a ser ciudadanos de segunda.

*En el País Vasco están como siempre sometidos al silencio de la fuerza bruta, que ahora se llama silencio cómplice y donde parece que la mayoría de los ciudadanos van a escoger la esclavitud frente a su libertad.

*En Bruselas sede de las libertades de la U. E., la policía por la fuerza ha sometido a unos políticos conservadores, que pretendía reunirse con el único argumento de la fuerza, hasta que la justicia belga ha repuesto la ley y la libertad de reunión.

Es un hecho patente, que la realidad está medida por la fuerza de quien la ejerce sin medida y sin control, de manera que es proporcional todo lo que la fuerza desmedida impone sin justificación ni explicación alguna.}

La ASOCIACIÓN CÓRDOBA ABIERTA -ACOA- nace de la necesidad de defender desde la sociedad civil los derechos y libertades constitucionales y la igualdad de todos, a través, de la articulación de un movimiento ciudadano en Córdoba y en Andalucía, con la finalidad de que los andaluces y los cordobeses no seamos ciudadanos de segunda, sometidos voluntariamente al poder establecido preñado de privilegios, que, además, impone la desigualdad, mediante una sublevación pacífica abierta a todos y para todos por la libertad y la igualdad.

Córdoba, a 18 de abril de 2024

Fdo. Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-

IMPARCIALIDAD JUDICIAL SUBJETIVA Y OBJETIVA (VALOR JUSTICIA Y DEMOCRACIA)

En estos días donde los Jueces plantean una huelga, a la que, sin duda, tienen pleno derecho, conviene señalar algunos puntos con ánimo abierto, que ponen de relieve que la Justicia necesita una reforma integral, así:

1º.- Es un hecho patente que confiar en los jueces con fe ciega, conlleva renunciar a la democracia.

2º.- Se plantea una huelga por Jueces y Fiscales, lo que de por sí, perjudica a nivel de pueblo al poder judicial imparcial e independiente, ya que, los fiscales, como todos conocen, no son parte del poder judicial, sino que son poder ejecutivo.

Lo anterior significa, que se está confundiendo al Pueblo de donde nacen los poderes del Estado, porque el interés de los jueces no es el interés de los fiscales ni puede serlo.

3º.- La reforma integral de la justicia en España es una necesidad imperiosa en todos los sentidos, así por citar algunos ejemplos:

3.1.- Se viene publicitando en estos días, que algunos jueces no tratan a los abogados con la debida consideración y respeto, lo que, simplemente, es verdad, pues cualquier abogado observa en las vistas públicas a las que asiste, como defensor o acusador, que a veces el juez realiza actos inapropiados con gestos de rechazo en las intervenciones del abogado, con lo que está prejuzgado, si o si, el asunto y, además, produce en el abogado una sensación de desamparo en sus pretensiones, suponiendo, sin la menor duda, una ruptura de la imparcialidad del órgano judicial.

Quizás, si en los juicio y las vistas existiera una cámara que grabara al juez o tribunal, esa corruptela judicial se erradicaría.

3.2.- Los términos y plazos se aplican desigualmente a jueces y abogados, ya que, si un juez incumple un plazo no pasa nada, pero si a un abogado se le pasa un plazo su derecho precluye.

Arreglar legalmente lo dicho, es relativamente fácil.

3.3.- Citar más casos se antoja como algo innecesario, aunque para finalizar, poner de manifiesto que es un hecho la excesiva contaminación política de algunos jueces, dejando a salvo el respeto a la parcela íntima de jueces y magistrados a la que nadie se puede negar.

4º.- Creer a ciegas en la imparcialidad judicial no puede ser un dogma de fe, porque es algo manifiesto. que nos movemos en el plano de la obra de seres humanos.

Creer que la U. E. va a venir a resolver nuestro problemas de justicia es un dislate, que lleva a un bucle sin fin con consecuencias inaceptables, de forma, que sin un gran pacto de todos, lo que significa del pueblo soberano, la solución justa en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no llegara.

N.B. La imparcialidad e independencia real de los jueces es algo esencial en el “valor justicia”, que es la base de nuestra democracia.

La reforma integral de la justicia en España es una necesidad imperiosa y urgente, ya que, lo que está pasando es inadmisible, pues solo pensar en la *no renovación del CGPJ y *en un Tribunal Constitucional ideogilizado sin mesura lleva a la desesperanza al mundo de la justicia.

Córdoba, a 9 de mayo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Pensiones consensuadas al estilo Escrivá (rajonismo puro y duro)

Leo que el Sr. Rajoy – Expresidente del Gobierno ha sido “mediador” entre el Presidente del P.P. Sr. Feijóo y el Sr. Conde Pumpido Presidente del Tribunal Constitucional, y, que A. N. F. no ha aceptado dicha mediación, lo que sin duda es prueba de que el P. P. está ahora en manos prudentes.

Lo anterior viene a cuento, porque las acciones y omisiones del Presidente Rajoy son como para ponerse a rezar con llanto incluido, de modo, que sólo como ejemplo a título enunciativo abierto de lo que no puede ni debe ser:

*Cogió un Partido con mayoría absoluta y lo dejó donde estamos.

*Aprobó una amnistía fiscal de nefasto recuerdo y peores resultados, donde sigilosamente se acogieron todos los defraudadores habidos y por haber, de la que, además, no se ha vuelto a saber.

*Eligió y acogió con su demostrada inanidad al Sr. Escrivá, a la Sñrª. Calviño, al Sr. Simón de la epidemia del coronavirus, y, así un largo etc. de personas entregadas a la defensa de los valores y principios democráticos del centro y de la derecha. El resultado está a la vista.

*Lo expuesto exime de mayores comentarios.

Los Empresarios (CEOE, ATA, etc.) dicen, a la vista de la reforma consensuada al estilo Escrivá, que todo es un disparate contra las empresas y que no puede ser, olvidando el extraordinario pasteleo que han tenido y vienen teniendo con el Gobierno del Presidente Sánchez, cuando deberían recordar sus acuerdos varios con el Gobierno, tal como ocurrió, por ejemplo, con la Reforma Laboral, que tan justos y perturbadores resultados está dando con el empleo y el paro.

Ha llegado el momento, no de quejarse, sino de hacer propuestas serias y sensatas sobre las pensiones y su reforma, teniendo en cuenta la realidad social y económica de España, de manera, que eso es lo que se espera del resto de Partidos Políticos que no son el Gobierno y sus afines, así como, de cualquier parte interesada como son los Empresarios.

N.B. La Reforma anunciada del Ministro Escrivá puede ser buena o mala, pero, lo que no se puede negar, es, que es una propuesta.

Los empresarios y el resto de partidos políticos deben poner sobre la mesa y a la vista informada de los españoles su propuesta sobre las pensiones, pues ha llegado el momento de ofrecer algo concreto y dejar de llorar.

Que la anunciada es una reforma de las pensiones de pan para hoy y hambre segura para mañana, la mayoría de los expertos en S. S. lo sabemos. Quejarse sólo no sirve ya.

No estaría mal, empezar a explicar a los españoles la realidad en la que estamos, y, frente la reforma del Ministro Sr. Escrivá, exponer una reforma concreta, que, además, de ser respetuosa y justa para los pensionistas ofrezca medidas y soluciones viables acordes con nuestra situación económica y social.

Con 3.500.000 parados oficiales, con un empleo en regresión en cantidad y en calidad, con una productividad en descenso por hora trabajada, con una deuda pública disparada, con un crecimiento económico en declive, con un gasto publico en ascenso continuado, etc. etc. es necesaria otra propuesta que no sea la del Gobierno-Escrivá, todo los demás son distracciones electorales dirigidas al Pueblo Español, al que muchos políticos y empresarios consideran incapaz de pensar y decidir en libertad. Inanidad rajonista.

Pronto habrá que escoger y votar, pero los ciudadanos, pensionistas o no, necesitan tener información veraz y seguridad en saber lo que hay y lo que no hay, lo que es posible y lo que es imposible, y, por lo tanto, una verdad o un engaño.

Córdoba, a 11 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sensación de Inseguridad III – El Reparto (+ paro y + afiliaciones a la S. S.)

Hablando de la sensación de inseguridad en España son un ejemplo los datos oficiales sobre el paro y las afiliaciones a la S. S., por la sencilla razón de que esos números no cuadran.

Si fuera real en términos absolutos que hay más afiliaciones a la S. S. la cifra de parados debería ser positiva hacia la baja, de forma, que no siendo así, la realidad es que el mismo trabajo se está repartiendo entre más trabajadores. Es decir, aumentan las afiliaciones porque el mismo trabajo se está dividiendo entre más personas, lo que significa que no se crea más empleo, sino que está creciendo el empleo a tiempo parcial, sea indefinido o no, de manera, que hay más personas trabajando pero las horas de trabajo efectivo son las mismas: “Vamos, que la sensación de inseguridad y la falta de información veraz son una realidad”.

El estado de inseguridad (jurídica, de información veraz, etc. etc.) en España es algo evidente, de manera, que si o si, que hoy solo se puede acudir buscando protección a las normas del derecho de la U. E. y a su aplicación efectiva.

Una cosa es cierta: “La forma del contar el paro que hace el Gobierno y su Ministra de Trabajo es un dislate equivocado y absurdo”.

Simplemente, no puede ser verdad.

Una cosa es medir y otra falsear la realidad, además, a la vista de todo el mundo sin ninguna clase de complejos.

El problema está en que la sensación de inseguridad en el empleo y en las cifras reales de paro aumenta día a día, porque, no se trata solo de que exista un número de parados desconocido (añadir a los número oficiales los 600.000 parados escondidos y los miles de inactivos desconocidos), sino que las cifras de desempleo real es un mundo ignoto, que parece que nadie quiere aclarar.

Si los ciudadanos nos aquietamos ante los incumplimientos silentes de las cifras de desempleo oficiales, que son falsas porque son irreales, esperando que nunca nos tocará, sin la menor duda, nuestros derechos y libertades están en peligro de desaparecer, y, porque, además, la inseguridad en todos los aspectos va aumentando de manera contagiosa.

La seguridad en España pasa, se quiera admitir o no, por la verdad de las cifras oficiales del Estado, por el respeto al Estado de Derecho y por la aplicación efectiva de normas seguras por el Estado y por todos sus órganos políticos, administrativos y judiciales, ya que, cualquier otro cosa es simplemente una falacia.

Por otro lado, las noticias que viene proporcionando España a nivel internacional en los últimos años son una muestra palpable de inseguridad, que atenaza y amenaza a los ciudadanos españoles, de forma, que solo queda exigir que desaparezca, cuanto antes mejor, si queremos defender y garantizar nuestro estado social y democrático de derecho.

(Nota aclaratoria: << La EPA del cuarto trimestre de 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, son las siguientes:

La población española es de 47.475.420 habitantes.
Los menores de 16 años, que no pueden legalmente trabajar, están en 7.338.920 (un 15,5% del total).
Los mayores de 16 años, en edad de trabajar, son un 84,5% de la población, es decir, son 40.136.500 personas.
La población en edad de trabajar se sitúa en 23.487.800 de españoles activos (un 49,5%), existiendo 16.648.600 de inactivos (un 35,1%).

Activos.

** Unos 3.086.800 son autónomos (un 6,5% de la población española).

** Por cuenta jena en el sector privado hay 13.850.800 trabajadores, (un 29,2% de la población),

**Los empleados que cobran del Estado (funcionarios, personal contratado, trabajadores de empresas públicas, etc. etc.) son 3.526.200 asalariados (un 7,4% del total). >>

N.B. La sensación de inseguridad dominante en España oficialmente es una realidad, de manera, que exigir datos reales del paro y de las afiliaciones a la S. S. es una necesidad más para garantizar nuestras libertades.

Una vez más: los datos sobre el paro y las afiliaciones a la S. S., son un ejemplo de que la sensación de inseguridad en España es una realidad, porque esos números no cuadran.

Pronto habrá que escoger y votar entre inseguridad y seguridad, que viene a ser entre libertad y control colectivo, porque es una verdad indiscutible, que la seguridad beneficia a todos y la inseguridad solo al que puede huir de ella.

Córdoba, a 6 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sensación de Inseguridad II – Derecho de la Unión Europea (Ignorar el Estado de Derecho de la U. E)

El estado de inseguridad jurídica en España es algo evidente, de manera, que si o si, hay que acudir buscando protección a las normas del derecho de la U. E. y a su aplicación efectiva.

El problema está en que aun siendo normas de aplicación obligatoria en todos los Estados Miembros de la Unión y de aplicación preferente y preeminente para los estados y todos sus organismos, incluidos, por supuesto, los órganos judiciales, su aplicación efectiva se incumple una y otra vez, de forma, que aunque la Comisión Europea sea la institución de la U. E. encargada de su cumplimiento efectivo, la realidad diaria en España es que se inaplica e incumple, en muchos casos, la legislación de la U. E. sin que la C. E. exija con rigor su aplicación efectiva.

La denuncias planteadas por los ciudadanos de la U. E. pidiendo amparo ante los incumplimientos de las normas de derecho de la Unión por los Estados y sus Órganos administrativos y judiciales (Tratados, Carta de Derechos Fundamentales de la U. E., y demás normas complementarias) suelen caer en saco roto por muchas razones y por la discrecionalidad de la C. E. en la admisión de las denuncias.

A pesar de todo, es un hecho patente que las normas del Estado de Derecho de la U. E. están ahí, se pude exigir su aplicación efectiva y cobijarse a su amparo ante la inseguridad jurídica que se ha instalado en España.

Que alguna Administración Pública y algunos Órganos Judiciales ignoren el derecho de la U. E y su aplicación efectiva, es el claro ejemplo de la necesidad de la aplicación real de su Estado de Derecho en España, de manera, que si los ciudadanos de la Unión nos aquietamos ante los incumplimientos de la legislación de la U. E. y no denunciamos siempre ante la Comisión Europea los incumplimientos de sus normas, sin la menor duda, nuestros derechos y libertades están en peligro de desaparecer, y, porque, además, la U. E. es la Europa de los ciudadanos que la forman.

La seguridad jurídica en España pasa, se quiera admitir o no, por el respeto al Estado de Derecho de la U. E. y por la aplicación efectiva de sus normas por el Estado y por todos sus órganos políticos, administrativos y judiciales.

Las noticias que proporciona España a nivel internacional en los últimos años son una muestra palpable de esa inseguridad, que atenaza a los ciudadanos españoles, de forma, que solo queda exigir siempre la aplicación efectiva del derecho de la U. E. en defensa y garantía de nuestros derechos y libertades.

N.B. A la sensación de inseguridad dominante en España es una realidad, de manera, que exigir la aplicación efectiva del estado de derecho de la U. E. es la última oportunidad para garantizar nuestras libertades.

Es posible que la Comisión Europea ignore una denuncia, pero si las denuncias de los ciudadanos son miles por incumplimiento del derecho de la Unión, la C. E. tendrá que intervenir.

Es un hecho indiscutible, que la inseguridad y, sobre todo, la sensación de inseguridad en España nos están costando muy caras.

Córdoba, a 3 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.