Decía ayer, que sentía que la libertad empezaba a estar en peligro y, además, cada día un poco más, pero parece que me equivocaba, porque es mucho peor de lo que podía imaginar.

Precisamente, ayer 19-04-20, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en rueda de prensa del Comité de Técnicos de la pandemia del coronavirus en el Palacio de la Moncloa, ha dicho algo gravísimo para nuestra democracia, concretamente: << Que el Instituto Armado está controlando y monitorizando las críticas que se están haciendo en redes sociales a la gestión que hace el Gobierno de la pandemia >>.

Asegurando, << que la labor de defensa del Ejecutivo es una de las dos líneas de trabajo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. La otra línea, ha dicho es evitar el estrés social que persiguen todos estos bulos >>.

Las palabras del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, hizo que los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska (del que depende el Jefe de la G. C, en asuntos operativos), y de Defensa, Margarita Robles (en temas de personal) negaran esos hechos, pero está muy claro, que nadie puede creer, que José Manuel Santiago se inventara por su cuenta lo que declaró públicamente.

La declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil tiene un contenido muy preocupante para los que defendemos la libertad como bien supremo en un estado de derecho, pues lo que ha dicho públicamente en rueda de prensa, nada menos que en la Moncloa donde reside el Presidente del Gobierno, Sr, Sánchez, es algo que solo se realiza en regímenes autoritarios y en las dictaduras.

La libertad de información, en sus dos vertientes de los derechos a recibir información veraz y a criticar a los poderes públicos (art. 20 C. E.), es esencial para garantizar una sociedad democrática y no admite cortapisas, ni siquiera con un estado de alarma en vigor. Especialmente, la libertad de criticar a los poderes públicos, siempre dentro del respeto al resto de derechos fundamentales, está protegida y garantizada en la C. E.

Esta libertad es una de las bases de la democracia, y, una crisis sanitaria con miles de españoles muertos, como la que soportamos, comandada por un Gobierno inane y alejado de la verdad, no justifica limitarla ni amordazarla, evitando así el control al Gobierno.

Imponer el silencio informativo, por medio de la intervención de la Guardia Civil, deja indefensos a los ciudadanos ante la persecución de la crítica a la actuación del Gobierno, y, es lo cierto, qué no hay peor virus, se quiera reconocer o no por el Gobierno, que la censura, derivada de una vigilancia de las fuerzas de seguridad del estado, contra los ciudadanos españoles que lleven a cabo cualquier crítica que se realice al Gobierno.

Sin duda de ninguna clase, la libertad de expresión incluye el derecho a enunciar críticas a los poderes públicos, encontrándose este derecho garantizado por la Constitución, de manera, que ningún Estado de Alarma autoriza al Gobierno a vigilar, restringir, y, menos aún suspender, el derecho a la crítica a la acción del Gobierno reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española.

La Constitución exige, que la libertad de información se ejerza permitiendo la critica a los poderes públicos, puesto que la libertad de información, junto a la celebración de elecciones libres y democráticas y el principio de división de poderes son los fundamentos irrenunciables y básicos de un estado de derecho democrático.

Es un principio constitucional irrenunciable, que la seguridad jamás debe subordinar a la libertad (bajo ninguna circunstancia), que se conforma constitucionalmente como el valor supremo del estado de derecho y es el derecho fundamental primigenio.

En otras palabras, la declaración del alto mando de la Guardia Civil en la rueda de prensa de ayer, es algo inadmisible en un estado de derecho, y, resulta difícil imaginar un ataque tan directo a nuestra democracia, significando su contenido, sin duda, un acto propio de en régimen autoritario.

Desgraciadamente, las declaraciones del responsable de la Guardia Civil no son un hecho aislado, sirva como antecedentes de lo dicho, los siguientes casos:

** La encuesta del CIS del Sr. Tezanos con preguntas capciosas de igual contenido.

** La entrada por la puerta de atrás del Sr. Iglesias en el CNI, aprovechando una norma que nada tenía que ver con el asunto.

**  La homilía a bocajarro, muy  preocupante, que lanzó el Presidente del Gobierno, prorrogando el estado de alarma hasta el 10 de mayo, razón por la que, dado el modelo de aplicación del estado de alarma, que se está llevando a cabo con eliminación de derechos y libertades básicas de todos los españoles (confinamientos, controles policiales excesivos, falta continuada de toda información veraz, eliminación de toda crítica a las incalificables negligencias del Gobierno, eliminación de la libertad de empresa, cerrojazo al Congreso, paralización casi total de la justicia, múltiples reales decretos ley liberticidas, autoritarismo sin medida y decisiones unilaterales, etc. etc.), la verdad es, que era para sentir una profunda inquietud, al ver que el Presidente realizaba una declaración altanera del ejercicio de un poder fuera de la Constitución.

Como se ve, a simple vista, lo peor es que, paso a paso, el Gobierno va comiéndose nuestras libertades, pues, es una realidad, que cuanto más sufrimos enclaustrados por la pandemia del Estado de Alama excesivo y que supera la ley constitucional, más pretende el Gobierno controlar nuestra libertad, de forma, que se mire como se mire, todo parece formar parte de un plan liberticida para destruir nuestra humanidad libre y limitar día a día nuestros  derechos y libertades y, además, de manera unilateral, sin consultar a nadie, en un alarde de autoritarismo que va acotando nuestra libertad, siempre un poco más.

N. B. El Gobierno no puede seguir con su política limitativa de derechos y libertades (máxime con declaraciones tan peligrosas como las de ayer en la rueda de prensa en Moncloa), y, si el Gobierno no lo hace así, los ciudadanos en masa debemos solicitar el control judicial (tribunales ordinarios, Tribunal Constitucional y a los tribunales de justicia de la UE) y, si no es posible, acudir a cualquier otro medio legal, contra los continuos  excesos y despropósitos legales del Gobierno, que pervierte la ley para conseguir sus fines limitativos de derechos, partiendo de la base cierta de que nuestra libertad constitucional es un derecho inderogable e irrenunciable, sea cual sea la radicalidad de la epidemia, pues, siempre, es preferible morir en libertad, que vivir sin derechos y libertades.

Córdoba, a 20 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba, Inspector de Trabajo y S. S.