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La elección del 29N en Córdoba – Voto nominal, abstención reflexiva o el coste de blanquear el aparato.

(Voto útil o exigencia de principios)

La aproximación a las urnas el próximo 29 de noviembre coloca al electorado de centro-derecha en Córdoba ante una encrucijada moral y política sin precedentes recientes. Durante años, la apelación al voto útil ha funcionado como un mecanismo de disciplina partidista, un cheque en blanco firmado en favor de las siglas para frenar a la izquierda, sin embargo, cuando la gestión territorial desconecta de los principios anunciados en las tribunas nacionales, *la apelación al voto ciego deja de ser una responsabilidad cívica para convertirse en una trampa de supervivencia para las estructuras orgánicas*.

El debate suscitado en nuestra provincia a raíz de la candidatura de Salvador Fuentes López al Senado -compaginando la presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba con la aspiración a las Cortes Generales- ha destapado las costuras de un modelo agotado:

“El de la política concebida como un modus vivendi endogámico, donde la falta de trayectoria en el sector privado se suple con la acumulación de cargos e institucionales”.

I. La trampa del «voto útil» sin exigencia de principios.

El argumento de cerrar filas a cualquier precio parte de un supuesto falso: *Asumir que el elector es un activo cautivo*.

Cuando desde la Diputación de Córdoba presidida por Salvador Fuentes Lopera se asumen pactos de presupuestos y gobernabilidad con Izquierda Unida, se dotan partidas para la agenda ideológica de la memoria democrática y la apertura de fosas, o se repercute la ineficiencia de entes deficitarios como EMPROACSA y EPREMASA mediante subidas de tasas a las familias y pymes cordobesas, el votante de centro-derecha experimenta una evidente disonancia.

¿Qué utilidad real tiene premiar con un escaño en la Cámara Alta a quien ha ejercido una “paz de despacho” a costa de rebajar los principios de contención fiscal y batalla cultural?

Premiar la incoherencia con el blindaje parlamentario no preserva la alternancia, ya que, simplemente blanquea el tacticismo orgánico (exceso de cálculo oportunista que subordina principios a conveniencias inmediatas)  y devalúa la credibilidad del mensaje nacional de rigor y ejemplaridad.

II. Las tres vías del votante exigente ante las urnas.

Ante este panorama, el votante conservador y liberal ya no se enfrenta a una adhesión incondicional, razón por la que, el mapa de opciones para el 29N se articula en tres respuestas maduras y conscientes:

1.- El ejercicio del voto nominal y selectivo en el Senado: A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas del Congreso de los Diputados, la papeleta del Senado es individualizada. La Constitución y la Ley Electoral otorgan al ciudadano la facultad de marcar de forma diferenciada a los candidatos de su preferencia. **El voto nominal permite respaldar candidaturas de acreditada solvencia profesional mientras se deja en blanco o se excluye la casilla de aquellos perfiles volcados exclusivamente en la disciplina de aparato**. Es el instrumento más directo para enviar un mensaje de corrección a la dirección provincial sin alterar el equilibrio de bloques.

2.- La abstención reflexiva: Lejos de la indiferencia o la apatía, la abstención consciente de las bases de centro-derecha representa un toque de atención frente a la desconexión con la economía real, de forma, que quien se abstiene reflexivamente no renuncia a su ideología, sino que *denuncia la sustitución del mérito y la capacidad por la cuota de partido y el clientelismo orgánico*.

3.- El trasvase hacia opciones sin compromisos de despacho: La consolidación de alternativas en el espectro del centro-derecha responde directamente a la negativa del elector a tolerar concesiones en la gestión local, razón por la que **la fuga de apoyos no la provoca la rigidez del votante, sino la volatilidad doctrinal de quienes prometen rigurosidad en los mítines y la liquidan en las ordenanzas fiscales de la Diputación**.

III. Conclusión – (La dignidad del voto no se negocia).

La verdadera regeneración democrática no vendrá de las directrices de los despachos provinciales, sino del nivel de exigencia con el que los ciudadanos ejerzan sus derechos electorales, ya que, *la política no puede seguir siendo un refugio para quienes carecen de alternativa fuera de las instituciones*, sino quedebe volver a ser un servicio temporal ejercido con solvencia, rigor y respeto absoluto a la palabra dada.

El 29 de noviembre, cada votante cordobés tiene en su mano la oportunidad de dictar una lección de madurez política:

“Recordar *que la confianza se gana con hechos probados, *que la coherencia no admite dobles contabilidades y *que la papeleta del Senado no es un salvoconducto de aparato, sino el altavoz de la verdad y los principios de nuestra tierra”.

N.B. Imagen. La alternativa del 29N – (Voto útil o exigencia de principios).

Córdoba, 4 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

CARTA ABIERTA

A LA ATENCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA

Asunto: Denuncia sobre la brecha entre el discurso de contención del gasto y la praxis institucional en la Diputación de Córdoba y la necesaria coherencia de la administración autonómica.

Estimado Sr. Delegado Provincial:

Me dirijo a usted de manera pública y formal para trasladarle una honda preocupación compartida por un amplio sector de la ciudadanía cordobesa respecto a la deriva de la gestión pública en nuestra provincia, caracterizada por una inaceptable brecha entre el discurso programático de contención del gasto público y el pragmatismo institucional que se adopta tras alcanzar el poder.

Como es de su conocimiento, el compromiso electoral asumido con la ciudadanía se fundamenta en principios claros: “Eficiencia en la gestión pública, rigor en el gasto, reducción de la hipertrofia administrativa, contención de la presión fiscal y una firme defensa de los valores de un proyecto político diferenciado. Sin embargo, la actuación del gobierno conservador al frente de la Diputación de Córdoba representa una contradicción flagrante con dicho mandato.

A través de esta carta, me veo en la obligación de denunciar los siguientes aspectos fundamentales:

1.- La paradoja ideológica y la consolidación del modelo de gasto: Tras asumir la presidencia de la Diputación de Córdoba, el actual gobierno provincial no solo ha mantenido, sino que ha ampliado el modelo intervencionista y el esquema de subvenciones directas a fondo perdido. A través de acuerdos presupuestarios que destinan fondos a políticas ideológicas pactadas con la izquierda radical (como la financiación de apertura de fosas), se ha priorizado la paz política y la gobernabilidad inmediata en detrimento de la coherencia ideológica y del contrato ético con sus electores.

2.- Perpetuación del clientelismo y endeudamiento bancario: En lugar de reestructurar organismos como el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) para abaratar costes a los consistorios, se ha optado por inflar las cifras de anticipos (alcanzando los 129,07 millones de euros proyectados para 2026) mediante recurrencia masiva a operaciones de crédito con la banca privada (95 millones de euros en pólizas). Esta praxis convierte a la corporación en un «broker» financiero que encarece la administración y perpetúa un asistencialismo que frena la eficiencia municipal y penaliza al contribuyente.

3.- El silencio y la inacción de la Junta de Andalucía: Resulta especialmente grave la pasividad de la administración autonómica. Pretender ampararse exclusivamente en la autonomía local (arts. 137 y 141 CE) para justificar este “silencio clamoroso” constituye un argumento formalista que elude la realidad: “La Diputación de Córdoba recibe nutridos fondos autonómicos para materias clave de la provincia (como la resolución de la crisis hídrica de La Colada), sobre los cuales existe una innegable corresponsabilidad de seguimiento y tutela financiera marco. El silencio de la Junta denota una preocupante primacía de la estabilidad orgánica y la paz del partido por encima del cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria.

El distanciamiento entre las promesas electorales y la ejecución en las instituciones quiebra la confianza legítima de los ciudadanos. Un partido político no es una mera franquicia administrativa, sino un proyecto de valores. Gobernar la Diputación con las herramientas, las concesiones ideológicas y la hipertrofia de gasto propias de otros modelos supone la deserción de los propios principios y genera un inevitable escenario de abstención y desafección electoral.

Por todo ello, le insto, en su calidad de máximo representante del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, a abandonar la pasividad institucional, ejercer la autoridad moral y de fiscalización que le corresponde y velar por que la gestión de los recursos públicos de todos los cordobeses responda con rigor a los principios de eficiencia, transparencia y coherencia que la ciudadanía demandó en las urnas.

En Córdoba, a 23 de julio de 2026.

Atentamente,

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado Provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía y Exsecretario del Parlamento.