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Córdoba “A Palos” – Desigualdad sistemática del Gobierno Central (Hasta cuándo soportará Córdoba el Castigo Territorial)

La expresión “Córdoba a palos” ya no es solo un lamento popular, sino la evidencia de una discriminación institucional sistemática que la provincia sufre bajo los sucesivos gobiernos centrales, especialmente desde 2021 con el PSOE de Pedro Sánchez. El norte cordobés, con 85.000 habitantes en Los Pedroches y Alto Guadiato, tiene proyectos bloqueados que agravan la despoblación y frenan el desarrollo económico, y, el Sur tiene bloqueada su ampliación eléctrica. Esta marginación transforma el sentimiento de agravio en un clamor colectivo: Córdoba exige “justicia territorial”.

1.- Situación: Un Castigo Territorial con cifras y realidad.

La provincia, con 780.000 habitantes y un PIB de 15.000 millones de euros (potencial de crecimiento desperdiciado de +5-7%), está a la cola en proyectos nacionales clave: agua, energía y transporte. Córdoba ve cómo Granada y Sevilla, junto a otras comunidades históricas como Cataluña, País Vasco y Navarra, reciben inversiones y prioridad, mientras aquí solo hay reuniones vacías y promesas incumplidas. El resultado no es solo la pérdida de competitividad, sino una despoblación alarmante en el norte (1.000 habitantes/año) y una desigualdad que arrastra a toda la provincia.

2.- Denegaciones Clave: Agua, Energía y Transportes Bloqueados.

*Conexión Embalses (La Colada-Sierra Boyera):

-Propuesta para garantizar el suministro de agua potable (9,3 millones de euros, Junta de Andalucía). El Gobierno la rechaza por “redundancia” e “impacto ambiental”, mientras la obra provisional no cubre las necesidades reales.

-Consecuencia: 200 empleos directos destruidos, costos extraordinarios de emergencia, riesgo despoblación y un sector agroganadero en crisis.

*Aumento de Potencia Eléctrica:

-Córdoba podría liderar la transición renovable con 5 GW de potencia y captar inversión industrial. El Ministerio rechaza la ampliación por falta de “proyectos maduros”, ignorando el círculo vicioso creado por su propia negativa y dejando pasar inversiones de hasta 2.000 millones de euros y miles de empleos.

*Autovía A-81 (N-432):

-Tramo Espiel-Córdoba, crítico por alta siniestralidad y núcleo logístico del norte. Denegación sistemática del Gobierno Central por “baja densidad” e “impacto ambiental”. Mientras Granada avanza, Córdoba continúa con costes logísticos elevados y sin aliviar la mortalidad vial.

3.- Impacto Económico Global: Un lastre para el Futuro.

**Pérdida acumulada 2021-2025: 800-1.000 millones de euros bloqueados, 15.000-20.000 empleos en riesgo y un potencial de 10.000 empleos perdidos (renovables, agro, logística).

**Inversiones industriales & energéticas migrando a regiones vecinas como Extremadura y Castilla-La Mancha.

**Sector agroganadero y turismo rural golpeados por falta de infraestructuras y agua, con costos operativos un 30% superiores.

**Demografía hundida: Emigración juvenil y cierre de servicios básicos, condenando el norte a la extinción paulatina.

4.- Un Modelo de Marginación Institucional Deliberada.

Desde 2021, Córdoba está sistemáticamente excluida de los aviones estratégicos nacionales. La Junta de Andalucía gestiona el agua, pero los proyectos relevantes se frenan desde Madrid. La reacción institucional y civil es de indignación creciente: Diputación, Junta, sindicatos, patronal y asociaciones como Córdoba Abierta (ACOA) exigen respuestas y movilizaciones, pero la Subdelegación del Gobierno responde con “diálogo vacío” y excusas burocráticas.

En redes sociales, el hashtag #CórdobaAPalos ha surgido como símbolo del agravio, mientras los cordobeses vemos cómo Granada y Sevilla reciben lo que aquí se niega.

5.- Crítica Profunda: Más Allá de la Técnica, el Sesgo Político y la Opacidad Gobernante.

Las justificaciones técnicas del Gobierno Central (despidos, impacto ambiental, baja densidad) son refutadas por informes y datos locales que nunca son publicados. La falta de transparencia y rendición de cuentas es tan flagrante como el posible sesgo político, favoreciendo regiones con mayor peso electoral o afinidad partidista.

-Círculo vicioso eléctrico: El Ministerio exige proyectos maduros, pero a la vez bloquea la infraestructura que los haría viables.

-Desigualdad crónica: El PIB per cápita cordobés (19.000 eur.) sigue hundido respecto a la media andaluza (21.000 eur.), agravando la brecha cada año.

El “diálogo vacío” y la ausencia de compromisos públicos de la Subdelegación del Gobierno refuerzan la percepción de castigo, humillando la unidad institucional y social que exige soluciones.

6.- Soluciones: Reacción Cívica y Estrategia Sostenida.

**A corto plazo (2025-2026):

-Alegaciones conjuntas, recursos judiciales inmediatos y movilización social (ACOA, CECO, sindicatos) coordinada: concentraciones, presión mediática y movimientos parlamentarios para revertir bloqueos en agua y energía.

**A medio plazo (2026-2030):

-Exigir la inclusión de Córdoba en los planes nacionales de agua y energía, usando fondos europeos (Next Generation; 1.000 millones disponibles) y tramitando estudios técnicos independientes que desmonten las excusas ministeriales.

**A largo plazo (2030-2040):

-Reindustrialización y clúster de hidrógeno verde, plan de antidespoblación con incentivos fiscales y digitalización, y una mesa de gobernanza territorial permanente que priorice proyectos y evite bloqueos burocráticos.

**Presión social:

-Articular una plataforma cívica fuerte y campañas como “Córdoba Despierta”, movilizando jóvenes y sociedad civil para exigir transparencia, plazos concretos y educación en derechos territoriales.

7.- Conclusión: Córdoba no puede seguir soportando esta humillación.

La situación de “Córdoba a palos” es una crisis de gobernanza y justicia territorial. El argumentario técnico del Gobierno no resiste la evidencia de un desinterés político que perpetúa desigualdades históricas. La unidad institucional y social de Córdoba es el soporte, pero requiere acción coordinada y sostenida: presión judicial, parlamentaria y cívica.

Córdoba no debe seguir esperando ni tolerando injusticias ni desigualdades. Solo la acción colectiva y determinada romperá este ciclo de marginación. Si no se actúa, el norte perderá el 10% de su población para 2030 y el PIB caerá otro 5% y el Sur seguirá estancado sin poder desarrollar su potencial de desarrollo.

Si se actúa como provincia unida, Córdoba puede liderar en renovables y sostenibilidad, generar 10.000 empleos y crecer un 7% en cinco años.

N.B. Córdoba “A Palos” debe dejar de existir, lo mismo que las denegaciones del Gobierno Central a Córdoba y Provincia.

<-Por si faltara algo, el Gobierno rechaza el recurso de la DOP Los Pedroches ante Guijuelo->

Córdoba ya no puede esperar más ni los cordobeses aguantar más injusticias y desigualdades.

Córdoba, 27 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y SS.

Presidente Córdoba Abierta – ACOA -.

Querella presidencial – Presentada y ampliada (Presunta prevaricación del juez Peinado)

(NOTA. El Abogado de Estado del Presidente Sánchez dice en su ampliación de la querella, presentada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el Magistrado Peinado, que el Juez realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas” entre otras acusaciones contenidas en sus escritos de querella.

La querella pedía al T. S. J. M. que investigue al magistrado al considerar que dictó “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a “convicciones propias” que “se apartan de su deber investigador”.).

El un hecho patente y manifiesto que la querella del Presidente Sánchez contra el Magistrado Sr. Peinado a tener múltiples seguidores entre los españoles, que, además, como pagan con sus impuestos las retribuciones del abogado de estado correspondiente, pedirán, sin duda, que sus querellas contra los órganos judiciales que por turno les correspondan, cuando crean que dictan resoluciones injustas y contra la ley aplicable.

No sé, si los jueces y tribunales adoptarán frente a esas querellas del pueblo español, la misma actitud prudente que, sin la menor duda, adoptará el TSJM en todos los sentidos incluidas las costas procesales.

Con independencia de lo dicho, lo único cierto es, que las querellas contra los órganos judiciales se van a multiplicar por mil, ya que, los españoles seguirán el camino marcado por el Presidente del Gobierno, pues, la Constitución dice en su Título Preliminar, Artículo 1.-:

*1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

*2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La cosa está muy clara, cuando un justiciable del pueblo no este conforme con una resolución judicial puede acudir a la abogacía del estado pidiendo que en su nombre interponga una denuncia o querella por prevaricación judicial contra el juez o tribunal, y, en caso de que su justa petición no sea atendida puede acudir a un abogado particular para que las ponga, pidiendo en el caso de que hay costas, que todas ellas sean a costa del Estado.

En conclusión,

La libertad y la igualdad las ganaremos si nos movemos todos juntos en la misma dirección y dejamos atrás cualesquiera diferencias dañinas para nuestros intereses comunes.

N.B. La necesidad de que el Pueblo Español se mueva en defensa de sus derechos y libertades es algo necesario e indiscutible, ya que, en las actuales circunstancias de deterioro democrático estar silentes y callados es un despropósito, que a la gran mayoría de nosotros nos hace cautivos y rehenes de un poder público injusto, en contra de lo que consagra la Constitución de 1978 en sus art. 1,1, 9., y 14., y cc. sobre la igualdad.

Igualdad y libertad.

Córdoba, a 31 de agosto de 2024.

Cdo. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Libertad – AEAT – el todo y la nada (la mayoría no está de acuerdo)

La libertad es un bien escaso, es más, es un bien extraño, porque se tiende, además, a confundir el todo con la nada, cosa que hoy día sucede con la Agencia Tributaria (AEAT).

Digo lo que digo, porque se tiende generalmente a confundir a todos los funcionarios, a todas las autoridades y a todos los empleados de la AEAT con un pequeño grupo del mismo Organismo administrativo tributario, que actúan por encima de la Ley imponiendo su voluntad como única razón, cosa que sin la menor duda no es cierta.

Por otro lado, los despropósitos que trascienden de la AEAT con los ciudadanos, no son sino un reflejo de la sociedad española, donde, es evidente, que la libertad real de los españoles de a pie está bajo mínimos. Dicho de otra forma, el peligro inminente para la libertad de los españoles es el mismo en la AEAT, que, en resto de las Administraciones Públicas, igual que en el resto de cualquier colectivo que exista en España, da igual, que se trate de políticos, jueces, abogados, ingenieros, curas, obispos, etc. etc.

Lo esencial ahora y siempre para la libertad real de los ciudadanos es que hay que ser conscientes, de que “la libertad no se defiende sola y, además, siempre está en peligro”, de manera, que siempre hay que estar dispuesto a defenderla de cualquier ataque injusto y contra ley.

Sin la menor duda, la AEAT está en boca de todos por algunas actuaciones torticeras, injustas, inquisitivas y abusivas, pero, también, es algo evidente, que esas conductas inconstitucionales, desproporcionadas y faltas de proporcionalidad y equidad se realizan y se llevan a cabo por unas pocas autoridades y funcionarios de la misma, el resto mayoritario de esos empleados públicos son un ejemplo de respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal y como ocurre con la gran mayoría de la Administraciones Públicas sin excepciones.

El verdadero problema reside en el abandono de la libertad a nivel de sociedad civil que existe en España, donde es un “mantra” el sometimiento forzoso o voluntario a la iniquidad de esos pocos funcionarios o empleados públicos, que en abuso manifestó de la Ley, creen que están por encima de toda responsabilidad y que gozan de impunidad, pues están convencidos, que el miedo todo lo puede.

A pesar de todo, vengo observando, que la sociedad civil está despertando de un largo letargo y asoman ya personas y colectivos, que están poniendo pies en pared en defensa de la libertad, denunciando a esos pocos muchos autoridades y funcionarios, que se creen impunes y que la legalidad constitucional no va con ellos.

Si algún funcionario o empleado público hace un uso torticero e injusto de la ley, no hay otra cosa que denunciarlo ante las autoridades administrativas y, en su caso, ante los tribunales y jueces.

Es cierto, así mismo, que se trata de una lucha desigual, pues, en principio, el ciudadano aislado se encuentra con todas las trabas del mundo, con un poder casi omnímodo de la Administración, con todos sus recursos, con todos los costes imaginables e inimaginables, con las costas judiciales, etc. etc., aunque está claro, que eso pasa cuando solo es un ciudadano el que se defiende frente al abuso y la injusticia; cuando son una mayoría los que reclaman su libertad por todos los medios, -incluido, por supuesto, su voto-, las cosas cambian radicalmente, empezando por las autoridades agazapadas en su silencio.

Es una realidad, que, si todos los ciudadanos españoles luchamos por la libertad, sin dejar pasar ningún abuso, ningún despropósito legal, ninguna injusticia pública, las cosas empezarán a cambiar, por la sencilla razón, de que los empleados públicos respetuosos de la ley, que están en desacuerdo y rechazan cualquier injusticia en la aplicación de la ley, son una gran mayoría.

En conclusión, el tanto por ciento de empleados públicos que someten el interés general en lugar de servirlo, es el mismo en todos los colectivos de España, de forma, que decir que la AEAT existen más empleados públicos, que actúan y se creen por encima de la ley, es una gran mentira, ya que, en cualquier administración pública o en cualquier otro grupo de profesionales el número de incapaces, negados, aprovechados, etc. es casi idéntico, admitiéndose como máximo la variación en décimas.

Lo esencial en este asunto vidrioso, tenebroso y oscuro es que, si nadie hace nada, los malvados y sus corifeos se imponen, de manera, que un pequeño grupo se confunde con el todo, apareciendo la nada, ya que, se propaga la idea falsa de que todos los empleados públicos solo están al servicio de si mismos, lo que por si mismo es una tremenda injusticia y una mentira:

“Se puede afirmar, sin dudarlo, que la gran mayoría de los empleados públicos están al servicio del bien común y de la Ley, y, que, además, son los primeros interesados en acabar con cualquier abuso en las administraciones públicas”.

Solo la lucha de todos contra los abusos administrativos y los excesos de poder contra ley, conseguirán devolver la libertades y derechos a los españoles, y, que esos grupúsculos que se sitúan por encima de la ley, haciendo solo su voluntad, desaparezcan en beneficio de todos.

N.B. Es una verdad absoluta, que la gran mayoría de los empleados públicos están al servicio del bien común y del cumplimiento de la ley, aunque, también, es cierto, que los grupúsculos de autoridades y funcionarios que se consideran por encima de la ley existen, y, distorsionan para mal el trabajo de la anterior mayoría, ya que, lo que circula son los abusos e injusticias cometidas por unos pocos, embarrándolo todo.

Nace de todo lo dicho, la necesidad de corregir esos desafueros de unos pocos, que exige la partición de toda la sociedad civil y de esa gran mayoría de empleados públicos defensores de la Ley, ya que, sin duda alguna, de la unión nace la fuerza para erradicar un mal que está corrompiéndolo todo.

La libertades y derechos de los españoles precisan de la participación de todos en su defensa, de manera permanente, fluida y constante, pues, está probado, que los enemigos de la libertad no descansan en su afán de someterla y suprimirla.

Si se permite, que algunos poderes públicos, sean quienes sean, continúen actuando fuera de la Ley con todo tipo de engaños, y, sometiendo a los ciudadanos con abuso de poder coercitivo e intimidatorio, los españoles viviremos atrapados por la injusticia, nacida de la falta real de respeto a la ley demostrada por esos poderes.

Córdoba, a 15 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.