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Funcionarios y empleados en Corporaciones Locales (¿Cuántos son?)

Se acercan elecciones municipales y un grupo de mis lectores, me hace una pregunta que, desgraciadamente, soy incapaz de contestar.

¿Cuántas personas están empleadas en las Corporaciones locales – Ayuntamientos, Diputaciones, etc. etc.-

La información veraz es un derecho que la C. E. garantiza en su art. 20. cuando  dice: “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

Así que, a ello.

Para empezar una declaración sobre la pregunta: “NO TENGO NI LA MENOR IDEA DE CUANTOS SON”.

Se habla de que son  800.000 empleados de todo tipo, aunque, creo que una cifra más real puede ser sobre 1.500.000 personas las que están en las nóminas de las Corporaciones Locales.

Quizás, la Seguridad Social y la AEAT con sus bases de datos lo pueden saber, pero, es evidente, que están mudos en este asunto, porque, es algo que afecta a todos los partidos políticos.

¿Alguien sabe cuántos chiriguitos, empresas, asociaciones, fundaciones, entidades con ánimo y sin ánimo de lucro, institutos, etc. etc. hay en las corporaciones locales?

Se que la pregunta tiene trampa, porque nadie pude ser capaz de contestarla por razones evidentes y, además, a los poderes públicos locales ni se les ocurre.

La reforma laboral puesta en marcha por la Ministra Srª. Díaz ha sido el remate al descontrol de empleados públicos de las corporaciones locales y sus aledaños, porque ha conseguido aumentar de forma incalculable esos empleados públicos, a la vez, que ha sembrado de contratos precarios indefinidos el sector privado.

Cualquier ayuntamiento o diputación tiene contratados en sus entidades paralelas casi el doble de sus funcionarios, de manera, que además, a estas cifras de empleados hay que sumar los cargos políticos de confianza de todos los partidos, que suelen figurar como asesores, secretarios, personal contratado externo, etc.

El acceso a esos puestos de trabajo, siendo benevolente, suele ser todo lo contrario a lo que la Constitución contempla de igualdad, mérito y capacidad, ya que, lo primero de todo es la relación directa o indirecta con el partido que gobierna la institución municipal o provincial.

Si alguien lo duda, que compruebe puesto de trabajo por puesto de trabajo, ¿quién ocupa esos puestos de trabajo público?

Que esos trabajos públicos sean de carácter permanente o temporal estimo que ya es demasiado demoledor, pues, vuelvo a decir lo mismo, que alguien compruebe.

¿cuántos de esos empleados públicos se convierten en fijos y por descontado a tiempo completo?

Creo, que por lo dicho,  mis lectores comprenderán porque soy incapaz de contestar a su pregunta.

Lo único que es verdad, es que las corporaciones locales, máxime, en tiempos de elecciones municipales son agencias de colocación sin mesura ni control.

N.B. A la pregunta de los funcionarios y empleados en Corporaciones Locales, ¿cuántos son?

Solo puedo responder con la verdad, {que no tengo ni idea}.

La Constitución Española dice, que es un derecho de los españoles “la información veraz”, y, aquí y ahora, -la única verdad en este asunto, es la existencia de un desconocimiento casi absoluto-, lo que es una verdad de valor indiscutible.

Igualdad, merito y capacidad.

Córdoba, a 20 de febrero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Libertad – AEAT – el todo y la nada (la mayoría no está de acuerdo)

La libertad es un bien escaso, es más, es un bien extraño, porque se tiende, además, a confundir el todo con la nada, cosa que hoy día sucede con la Agencia Tributaria (AEAT).

Digo lo que digo, porque se tiende generalmente a confundir a todos los funcionarios, a todas las autoridades y a todos los empleados de la AEAT con un pequeño grupo del mismo Organismo administrativo tributario, que actúan por encima de la Ley imponiendo su voluntad como única razón, cosa que sin la menor duda no es cierta.

Por otro lado, los despropósitos que trascienden de la AEAT con los ciudadanos, no son sino un reflejo de la sociedad española, donde, es evidente, que la libertad real de los españoles de a pie está bajo mínimos. Dicho de otra forma, el peligro inminente para la libertad de los españoles es el mismo en la AEAT, que, en resto de las Administraciones Públicas, igual que en el resto de cualquier colectivo que exista en España, da igual, que se trate de políticos, jueces, abogados, ingenieros, curas, obispos,  etc. etc.

Lo esencial ahora y siempre para la libertad real de los ciudadanos es que hay que ser conscientes, de que “la libertad no se defiende sola y, además, siempre está en peligro”, de manera, que siempre hay que estar dispuesto a defenderla de cualquier ataque injusto y contra ley.

Sin la menor duda, la AEAT está en boca de todos por algunas actuaciones torticeras, injustas, inquisitivas y abusivas, pero, también, es algo evidente, que esas conductas inconstitucionales, desproporcionadas y faltas de proporcionalidad y equidad se realizan y se llevan a cabo por unas pocas autoridades y funcionarios de la misma, el resto mayoritario de esos empleados públicos son un ejemplo de respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal y como ocurre con la gran mayoría de la Administraciones Públicas sin excepciones.

El verdadero problema reside en el abandono de la libertad a nivel de sociedad civil que existe en España, donde es un “mantra” el sometimiento forzoso o voluntario a la iniquidad de esos pocos funcionarios o empleados públicos, que en abuso manifestó de la Ley, creen que están por encima de toda responsabilidad y que gozan de impunidad, pues están convencidos, que el miedo todo lo puede.

A pesar de todo, vengo observando, que la sociedad civil está despertando de un largo letargo y asoman ya personas y colectivos, que están poniendo pies en pared en defensa de la libertad, denunciando a esos pocos muchos autoridades y funcionarios, que se creen impunes y que la legalidad constitucional no va con ellos.

Si algún funcionario o empleado público hace un uso torticero e injusto de la ley, no hay otra cosa que denunciarlo ante las autoridades administrativas y, en su caso, ante los tribunales y jueces.

Es cierto, así mismo, que se trata de una lucha desigual, pues, en principio, el ciudadano aislado se encuentra con todas las trabas del mundo, con un poder casi omnímodo de la Administración, con todos sus recursos, con todos los costes imaginables e inimaginables, con las costas judiciales, etc. etc., aunque está claro, que eso pasa cuando solo es un ciudadano el que se defiende frente al abuso y la injusticia; cuando son una mayoría los que reclaman su libertad por todos los medios, -incluido, por supuesto, su voto-, las cosas cambian radicalmente, empezando por las autoridades agazapadas en su silencio.

Es una realidad, que, si todos los ciudadanos españoles luchamos por la libertad, sin dejar pasar ningún abuso, ningún despropósito legal, ninguna injusticia pública, las cosas empezarán a cambiar, por la sencilla razón, de que los empleados públicos respetuosos de la ley, que están en desacuerdo y rechazan cualquier injusticia en la aplicación de la ley, son una gran mayoría.

En conclusión, el tanto por ciento de empleados públicos que someten el interés general en lugar de servirlo, es el mismo en todos los colectivos de España, de forma, que decir que la AEAT existen más empleados públicos, que actúan y se creen por encima de la ley, es una gran mentira, ya que, en cualquier administración pública o en cualquier otro grupo de profesionales el número de incapaces, negados, aprovechados, etc. es casi idéntico, admitiéndose como máximo la variación en décimas.

Lo esencial en este asunto vidrioso, tenebroso y oscuro es que, si nadie hace nada, los malvados y sus corifeos se imponen, de manera, que un pequeño grupo se confunde con el todo, apareciendo la nada, ya que, se propaga la idea falsa de que todos los empleados públicos solo están al servicio de si mismos, lo que por si mismo es una tremenda injusticia y una mentira:

“Se puede afirmar, sin dudarlo, que la gran mayoría de los empleados públicos están al servicio del bien común y de la Ley, y, que, además, son los primeros interesados en acabar con cualquier abuso en las administraciones públicas”.

Solo la lucha de todos contra los abusos administrativos y los excesos de poder contra ley, conseguirán devolver la libertades y derechos a los españoles, y, que esos grupúsculos que se sitúan por encima de la ley, haciendo solo su voluntad, desaparezcan en beneficio de todos.

N.B. Es una verdad absoluta, que la gran mayoría de los empleados públicos están al servicio del bien común y del cumplimiento de la ley, aunque, también, es cierto, que los grupúsculos de autoridades y funcionarios que se consideran por encima de la ley existen, y, distorsionan para mal el trabajo de la anterior mayoría, ya que, lo que circula son los abusos e injusticias cometidas por unos pocos, embarrándolo todo.

Nace de todo lo dicho, la necesidad de corregir esos desafueros de unos pocos, que exige la partición de toda la sociedad civil y de esa gran mayoría de empleados públicos defensores de la Ley, ya que, sin duda alguna, de la unión nace la fuerza para erradicar un mal que está corrompiéndolo todo.

La libertades y derechos de los españoles precisan de la participación de todos en su defensa, de manera permanente, fluida y constante, pues, está probado, que los enemigos de la libertad no descansan en su afán de someterla y suprimirla.

Si se permite, que algunos poderes públicos, sean quienes sean,  continúen actuando fuera de la Ley con todo tipo de engaños, y, sometiendo a los ciudadanos con abuso de poder coercitivo e intimidatorio, los españoles viviremos atrapados por la injusticia, nacida de la falta real de respeto a la ley demostrada por esos poderes.

Córdoba, a 15 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Declaraciones de la ministra Sñrª.Celaá sobre la libertad de enseñanza y Programa Educación Cívico-Tributario de la AEAT (al fin y al cabo es lo mismo, se trata de eliminar la libertad del individuo)

 

En estos días me llegan preguntas de muchos sitios y diferentes temas, de forma qué, por razones evidentes, por ahora, solo voy a contestar a dos de las cuestiones planteadas, así:

1ª.- Declaraciones de la ministra Sñrª. Celaá sobre libertad de enseñanza.

La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá ha inaugurado el XV Congreso de Escuelas Católicas con un discurso sobre la relación entre la libertad de enseñanza y la Constitución, y, para dejarlo claro ha dicho:  “De ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza”.

En relación con la libertad de enseñanza, la Sñrª. Celaá ha negado que esta incluya “el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o centro educativo”.

2ª.- Programa Educación Cívico-Tributario de la AEAT (Hacienda).

Se trata de un Programa que ha puesto en marcha Hacienda y se imparte a los alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de toda España.

El temario contiene ejercicios, exámenes, debates y tesis que parten de doctrinas colectivistas, donde el individuo desaparece y solo queda el estado único benefactor. El Programa Cívico-Tributario da por sentado conocidos principios y dogmas colectivistas, así, se mantiene, si o si: Bajada de impuestos, menos ingresos, menos servicios. Se elimina la capacidad de elegir de los niños.

El Estado es el gran benefactor y el individuo debe sacrificar su capacidad de gestionar su economía y ahorros para conseguir el bien común; a la vez, se adoctrina al alumnado para que sean verdaderos “vengadores” del Estado, debiendo ser guardianes activos del bien social dentro del seno familiar, y, se les dice: Haced cartas de reproche a toda persona que utiliza los servicios públicos y que luego no paga sus impuestos.

**Entiendo, que ambos casos precitados forman parte indisoluble de un todo, que está formado por las ideas colectivistas, que sin ningún pudor, sacrifican la libertad del individuo en aras de “una supuesta justicia colectiva”, que a través de impuestos confiscatorios y limitaciones constantes de su libertad en todos los sentidos, tratan de imponer un Estado Benefactor tirando siempre de “pólvora ajena”, que sale progresivamente en aumento del bolsillo de los ciudadanos (especialmente de las clases medias), a la vez, que se imponen a las personas individuales restricciones permanentes y constantes, como son los dos casos enunciados.

Sin embargo, que nadie crea, que los supuestos descritos en este pequeño artículo son los únicos. Se puede afirmar sin error alguno, que las tentativas restrictivas de la libertad individual son crecientes y continuas, así, por ejemplo: En Cataluña, ejemplo paradigmático de limitaciones impuestas, por todos los medios, pacíficos o no, a la libertad individual son permanentes y crecientes (prohibición bajo multa de roturar comercios en español, vigilancia en los recreos a los niños por profesores y compañeros para que no hablen en español; etc. etc.; en el País Vasco donde cuando llegas te aconsejan por tu bien -por supuesto-, que en los bares y/o tabernas tengas cuidado con lo que hablas o dices, que no se te ocurra llevar una bandera de España, pues estarás provocando a los pacíficos vecinos, etc. etc.; y, en España donde derechos fundamentales básicos como la libertad individual (véase aquí los casos citados), que no son sino la punta del iceberg de lo que desgraciadamente se está imponiendo en España día a día, sin que nadie le haga frente con firmeza, con razonamientos fundados y de manera permanente y pública.

N.B. Que nadie crea, que la libertad individual y la democracia se defienden solas, ambas hay que ganarlas día a día sin pausa ni tregua alguna; si alguien lo duda, la historia está plagada de casos desgraciados: Régimen nazi, regímenes comunistas, dictaduras de todo tipo (Venezuela, Cuba, China, y, un largo etc.), y, para terminar, sin ánimo de exhaustividad, es un  hecho probado, en cualquier lugar, que muchos sistemas electorales en países democráticos, son manifiestamente perversos, de forma que impiden que los individuos puedan elegir en plena libertad, pues solo se pueden elegir a los candidatos impuestos por los partidos en listas cerradas, elegidos por las cúpulas de esos partidos. ¿A alguien le suena lo que digo?

Córdoba, a 16 de noviembre de 2019

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.