Un grupo numeroso de lectores me ha planteado su malestar por el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, y, muchos se preguntan si este pacto justifica retirar el apoyo al PP en las próximas elecciones municipales.
Mi respuesta es clara:
“Esta vez el PP del Ayuntamiento de Córdoba no contará con mi voto, porque hay decisiones que un elector de centro-derecha no puede tolerar sin traicionar sus propios principios”.
El presupuesto consolidado de la Diputación para 2026 alcanza los 522,9 millones de euros, un récord histórico, y, su aprobación fue posible gracias a la abstención de IU. Este acuerdo no solo garantiza una paz silenciosa llena de renuncias a los principios y promesas de, P. P. en la Institución provincial, sino que implica compromisos financieros sustanciales en áreas ideológicamente sensibles para la derecha:
“Memoria democrática, rescate de empresas públicas deficitarias e inversión municipal condicionada – Aumento del gasto público”.
(Nota.- El presupuesto consolidado de la Diputación de Córdoba ha crecido en 137,9 millones de euros (un aumento del 35,8%) desde el primer ejercicio económico elaborado íntegramente bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) en 2024, hasta el recién aprobado presupuesto para 2026.
*Presupuesto consolidado:
2024 385,0 millones de €. -+1,8%
2025 431,0 millones de € -+11,9%
2026 522,9 millones de € -+21,3%.)
<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa).
1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.
El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:
<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.
<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):
*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.
*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.
*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.
***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.
2.- Cobertura del déficit de empresas públicas – (13,14 millones de euros).
IU ha logrado blindar el carácter 100% público de servicios básicos, evitando que las pérdidas de explotación se trasladen a tarifas ciudadanas:
*Emproacsa (Aguas de Córdoba): Cobertura de 6,4 millones de euros de déficit operativo proyectado mediante transferencias de capital, sin aplicar subidas del IPC en tarifas.
*Epremasa (Gestión de Residuos): Déficit previsto de 6,74 millones, con aportación compensatoria inicial de 2,7 millones y compromiso de transferencias extraordinarias para cubrir el saldo negativo total.
3.- Plan Diputación Invierte 2026 – ( 20,6 millones de euros) – Aumento del gasto público.
Núcleo de la inversión territorial exigida por la oposición para inyectar liquidez directa en municipios (crecimiento del 26,4% respecto a presupuestos anteriores):
*Servicios e infraestructuras locales: más de 15,7 millones (obras, redes de agua, viales).
*Actuaciones generales: 1,87 millones (90 proyectos de acondicionamiento).
¨*Protección y promoción social: 0,91 millones (31 iniciativas sociales locales).
Financia 784 actuaciones en 76 municipios, 4 ELAs y 10 mancomunidades.
4.- Refuerzo de servicios sociales e infraestructuras – (Aumento del gasto público).
*Consorcio Provincial de Bomberos: Más de 45 millones para prevención y extinción de incendios.
*Gasto social e inversión municipal: Incremento global de más de 50 millones (+14,92% respecto a 2025) para blindar servicios comunitarios en localidades con menor población.
<<Análisis crítico – (vínculo Bellido-Fuentes – clave)>>
El verdadero problema político no es solo financiero, sino de coherencia ideológica y de marca electoral. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación y mano derecha de José María Bellido en la candidatura municipal, encarna la fusión entre gestión municipal y provincial, lo que genera un efecto de contagio directo:
El malestar por el pacto provincial se traslada automáticamente como factura electoral a la lista del Ayuntamiento de Córdoba.
<<Tres planos de desgaste político>>
1.- Contagio de la marca municipal: El electorado de derechas no distingue entre política provincial y capitalina cuando la misma figura (Fuentes) lidera ambas cotas de poder.
2.- Pérdida de la coartada técnica: Resulta difícil justificar ante el votante ideológico que el acuerdo responde a una mera “necesidad técnica”, cuando quien lo rubrica es un referente político del partido a nivel provincial y local.
3.- Alimentación del relato de VOX: Para la derecha a la izquierda del PP, esta situación es un balón de oxígeno permanente que permite armar un discurso potente:
“No importa a quién votes del PP (Bellido o Fuentes), porque acabarán financiando el ideario de la izquierda con tus impuestos”.
<<La consolidación de la “abstención del castigo”>>
El votante conservador tradicional, que quizás no da el paso de votar a VOX, encuentra en la figura de Fuentes un motivo claro para quedarse en casa, ya que, siente que la “mayoría social” que apoyó al PP se utiliza para dar cobertura financiera a proyectos con los que choca frontalmente. Si la percepción ciudadana es que el PP ha cruzado líneas rojas ideológicas para asegurar la gestión diaria, el coste no será un desgaste temporal, sino un trasvase estructural de votos y una desmovilización difícil de remontar.
<<Perspectiva innovadora – (el pacto como síntoma de un Estado fallido).
Más allá del coste financiero inmediato, este acuerdo refleja una dinámica estructural de fragmentación y debilidad institucional que caracteriza a lo que algunos analistas denominan un “Estado fallido” en ciernes. La necesidad de pactar con formaciones ideológicamente distantes para aprobar presupuestos revela una incapacidad de gobernar con mayoría propia, lo que erosiona la legitimidad democrática y alimenta la desconfianza ciudadana.
En este contexto, el pacto PP-IU en Córdoba no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis más profunda de representatividad y coherencia programática que afecta a todo el sistema político español.
N. B. Imagen. El coste del pacto presupuestario entre el PP e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba para 2026.
(Nota. Elementos clave representados en la ilustración:
- El intercambio del acuerdo: Se muestra la entrega simbólica de fondos presupuestarios de las cuentas públicas de 2026 hacia las prioridades e iniciativas impulsadas por Izquierda Unida (como las partidas dedicadas a la Memoria Democrática y el rescate de empresas públicas deficitarias – Todo aumento del gasto público.).
- El contraste ideológico: La composición pone en evidencia la firma y alianza política entre ambas formaciones en el marco institucional de Córdoba.
- La crítica electorado del PP: En el plano posterior se refleja el descontento y la sensación de desencanto por parte de los votantes del Partido Popular ante la renuncia a sus líneas programáticas tradicionales para asegurar la aprobación presupuestaria.)
Córdoba, 26 de septiembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.