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Listas de Espera Sanitarias – Agenda Oculta Política (Mantener listas de espera como armas)

Uno de mis lectores, muy indignado, me dice que para una operación de hernía inguinal, le han puesto en lista de espera para dentro de cuatro meses (me ahorro otros detalles de su historia), y, me pregunta, ¿qué puede hacer y cual es mi opinión sobre las listas de espera sanitarias?

Curiosamente, casi a la vez, leo en el Periódico Digital El Debate (20/11/2024 Actualizada 10:34) la siguiente noticia:

“La gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, María Dolores Acón, ha presentado su dimisión este martes, menos de una semana después de la polémica suscitada por sus declaraciones en las que ponía en cuestión los datos de las listas de espera sanitarias de Cantabria.

La Sñrª. Acón apuntó a la existencia de «agendas ocultas» que no son asistenciales sino «políticas», porque «se necesita que sigan teniendo cuestiones para tener armas arrojadizas»; sindicales, porque «les interesa que haya una perpetuidad de líneas para poder seguir incorporando más necesidades e incrementos vinculados a la necesidad de mantener las listas de espera»; e incluso de colegios profesionales, «que también tienen algo que ver en esto», así como de las sociedades científicas, que «muchas veces dictaminan una serie de recomendaciones que impiden incorporar especialidades con una polivalencia que permitiría desbloquear determinadas situaciones de lista de espera”.

Imagino, que cuando El Debate publicita la noticia será por que es cierta y no un bulo de los que ahora circulan sin control.

La posible realidad denunciada sobre las listas de espera sanitarias no puede ser más escándalosa, de manera, que todos los poderes públicos afectados Ministerio de Sanidad y CC. AA. con competencias sanitarias debería realizar un examen profundo de las listas de espera para aclarar el asunto, dando de forma inmediata una información transparente al Pueblo, que las sufre y soporta a diario, como le ocurre a mi lector, que me pregunta sobre el tema.

Si es verdad, que existen «agendas ocultas», que no son asistenciales sino «políticas», porque «se necesita que sigan teniendo cuestiones para tener armas arrojadizas»; sindicales, porque «les interesa que haya una perpetuidad de líneas para poder seguir incorporando más necesidades e incrementos vinculados a la necesidad de mantener las listas de espera»; e incluso de colegios profesionales, «que también tienen algo que ver en esto», así como de las sociedades científicas, que «muchas veces dictaminan una serie de recomendaciones que impiden incorporar especialidades con una polivalencia que permitiría desbloquear determinadas situaciones de lista de espera”; alguien de esos poderes públicos, que detentan el poder sanitario, debería responsabilizarse del desastre sanitario de las listas de espera.

Como se comprenderá, me es imposible contestar a mi lector, aunque es algo imperativo, que se debe dirigir la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y al SAS poniéndoles de relieve las declaraciones de ls dimitida Sñrª. Gerente del Hospital Universitario Marquéz de Valdecillas, ya que, en base a ellas es evidente, que las listas de espera fijadas a Nivel Nacional no pueden ser de fiar y, en consecuencia, las listas de espera en Andalucía están bajo sospecha de manipulación.

Si lo expuesto afecta a mi lector, solo cabe una pregunta:

¿cuántos casos existen ahora mismo en Andalucía iguales y/o parecidos, -mejores y peores-?

Ha llegado la hora de la libertad y creo que asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” deben comenzar a moverse y tendrán mucho que decir y hacer en defensa de nuestros derechos y libertades.

N.B.  Si es verdad, que existen Listas de Espera Sanitarias y una Agenda Oculta Política para mantener listas de espera como armas arrojadizas, hay de denunciarlo ante todos los Poderes Públicos competentes.

Al contrario de lo que se dice ahora, SI es SI.

Córdoba, a 21 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

Gasto público insensato y/o imprudente (la impunidad como norma)

Se suele decir (con mucha sorna) alegremente, con ánimo de no cumplirlo, en la actividad diaria de algunos políticos, que se creen impunes (aunque quizás, realmente, lo son), que el dinero público hay que cuidarlo más que el propio por la sencilla razón de que pertenece al Pueblo Soberano.

Digo alegremente, porque proliferan en España casos donde se gasta inútilmente y sin control el dinero publico en cosas suntuosas, obscuras o/y sospechosas, que se presentan  como llenas de imaginación, pero que en realidad conllevan un despilfarro inútil y con resultado cero para el bien común de los ciudadanos.

Citaré tres casos emblemáticos de gasto público improductivo, inútil y lleno de incógnitas para el bien común:

1.- Tranvía de la Ciudad de Jaén.

2.- Trenes chapuceros (mal-medidos) que sobrepasan los túneles en Cantabria.

3.- Recogida de basuras neumática en Córdoba.

Ante la realidad bochornosa solo existe una solución aceptable, arreglar el desaguisado y reestructurar el gasto público hacia la inversión y la productividad reales, realizando todos los ajustes que sean necesarios, pero siempre con respeto a nuestros derechos y libertades constitucionales, con igualdad social y sin que exista discriminación en ningún ciudadano.

Quedaría una consecuencia lógica, que casi nadie cumple, dimisión inmediata, una vez solucionado el desastre de un gasto desnortado, de todos los responsables.

Lo llamativo en todos estos casos es la impunidad de sus autores y responsables, aunque siempre aparezca un currito de segunda fila que asume las responsabilidades, quedando el que “manda” libre de polvo y paja.

Si el gasto público va dirigido o debe ir dirigido a satisfacer necesidades públicas, es algo patente, que cuando el gasto público supone un despilfarro y de ninguna forma cubre esas necesidades, sino que las pervierte, alguien es responsable, de manera, que los insensatos del gasto perverso y dañino al interés común, cuando menos, deberían ser señalados como irresponsables y asumir su desidia cainita en la administración de los caudales públicos, que se le han  confiado dimitiendo, no sin antes reparar el daño causado.

N.B.  Cuando el gasto público resulta insensato y/o imprudente, siendo, además, la impunidad de sus responsables la norma, algo malo está pasado al interés general de los ciudadanos.

La Constitución dice en su artículo  1., “que la soberanía reside en el Pueblo”. Pues, ESO.

Córdoba, a 10 de febrero de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.