Tag Archives: administrativa

Problemas de Córdoba VIII. Dejación de funciones en la Crisis del Agua (Instituciones Públicas en stand by)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo a la dejación de funciones de todas las Instituciones Públicas en Córdoba, que ha privado de agua potable a los habitantes de la Zona Norte de Córdoba, que son casi 85.000 personas.

Lo último ha sido, que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha rechazado contra toda ley y justicia la autorización a la Junta de Andalucía para realizar la obra definitiva de conexión del embalse de La Colada con el de Sierra Boyera por la vía de los hechos consumados, la situación descrita es, se mire como se mire, un insulto a los cordobeses, a todos, no solo a los de la Zona Norte, motivo por el que todas las Instituciones con poder de gobierno son responsables de la falta de agua potable en la Zona afectada, de manera, que ha habido una enorme falta de dejación de funciones de todas las Instituciones con responsabilidad en este asunto desgraciado.

Problemas de Córdoba VIII: Dejación de Funciones en la Crisis del Agua.

La falta de agua potable en el norte de Córdoba, que afecta a más de 80.000 personas en 28 municipios, es un escándalo que evidencia la dejación de funciones de las administraciones públicas. Desde abril de 2023, la sequía extrema, la contaminación del embalse de La Colada y la inacción institucional han privado a la población de un derecho humano básico. Este artículo analiza las responsabilidades de las instituciones implicadas, las causas estructurales y las soluciones urgentes necesarias.

<<La Crisis del Agua en el Norte de Córdoba>>

Desde abril de 2023, el colapso del embalse de Sierra Boyera por la sequía y la contaminación del embalse de La Colada, con altos niveles de carbono orgánico total (COT) y vertidos, han dejado sin agua potable a la Zona Norte. La población depende de camiones cisterna y agua embotellada, con graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El relator de la ONU, Pedro Arrojo, calificó esta situación como una “grave transgresión” del derecho al agua, pero, tras más de dos años, no hay solución definitiva.

<<Dejación de Funciones por las Administraciones Públicas>>

**Junta de Andalucía.

La Junta, responsable de la gestión hídrica y la calidad del agua, ha fallado en:

-Retrasos en soluciones: Las obras para modernizar la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, licitadas por 11 millones de euros, avanzan lentamente y no resolverán la crisis a corto plazo.

-Falta de previsión: A pesar de advertencias sobre la sequía en 2023, no se garantizó un suministro alternativo.

-Negligencia en vertidos: La contaminación de La Colada, vinculada a vertidos ganaderos y residuales, no ha sido controlada, ignorando informes previos desde 2013.

-Ausencia de liderazgo: No ha mediado eficazmente entre administraciones ni ha presentado un plan integral.

**Diputación de Córdoba y Emproacsa.

Emproacsa, encargada del abastecimiento provincial, ha mostrado:

-Infraestructuras obsoletas: La ETAP de Sierra Boyera no puede tratar el agua contaminada de La Colada. Las obras de modernización, iniciadas en 2024, no concluirán antes de finales de 2025.

-Mala planificación: La conexión La Colada-Sierra Boyera, propuesta en 2022, no incluyó medidas para garantizar la potabilización.

-Gestión ineficaz: La reducción del suministro por camiones cisterna en 2023 agravó la crisis, y las pérdidas en la red de distribución no se han abordado.

-Despilfarro financiero: Emproacsa, al borde de la quiebra, ha requerido inyecciones de fondos públicos sin resolver el problema.

**Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

La CHG, bajo el Ministerio para la Transición Ecológica, es responsable de:

-Bloqueo de proyectos: Ha paralizado la conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera, una solución viable con agua de mejor calidad, pese a contar con 9 millones de euros.

-Errores estratégicos: En 2022, priorizó La Colada, cuya agua resultó contaminada, descartando Puente Nuevo.

-Falta de control: No ha evitado la contaminación de La Colada, un problema conocido desde hace años.

**Gobierno Central.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha mostrado:

-Inversión insuficiente: Los fondos asignados en 2024 para la ETAP de Sierra Boyera no resuelven la emergencia.

-Falta de coordinación: No ha liderado una respuesta conjunta, ignorando advertencias de la ONU y preguntas parlamentarias.

-Ausencia de urgencia: La conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera, clave para una solución definitiva, no estará lista antes de 2027.

<<Causas Estructurales>>

La crisis refleja problemas sistémicos:

*Abandono histórico: La Zona Norte ha sufrido décadas de desinversión en infraestructuras hídricas.

*Gestión ineficaz de la sequía: Las administraciones no han adaptado sus planes al cambio climático, con reservas en la cuenca del Guadiana al 21,1% en 2023.

*Contaminación descontrolada: Vertidos ilegales y ganadería intensiva han dañado La Colada sin sanciones efectivas.

*Descoordinación administrativa: Las competencias compartidas han generado un vacío de responsabilidad.

<<Impacto y Reacción Social>>

+Sanitario: La falta de agua potable causa problemas cutáneos, gastrointestinales y ansiedad, especialmente en niños y ancianos.

+Económico: Ganaderos sacrifican animales por los costes del agua, y la hostelería sufre pérdidas.

+Movilización: La Plataforma Unidos por el Agua ha liderado protestas, marchas y una huelga de hambre en 2023.

+Eco internacional: La crisis ha sido destacada por el Tiempos de Nueva York y el relator de la ONU.

<<Soluciones Urgentes>>

*Conexión Puente Nuevo-Sierra Boyera: La CHG debe autorizar y acelerar esta obra antes de 2027.

*Modernización de la ETAP: Finalizar las mejoras con tecnologías avanzadas (ósmosis inversa, ultrafiltración) en 2025, con financiación conjunta.

*Control de vertidos: Implementar inspecciones y sanciones estrictas para proteger La Colada.

*Plan contra la sequía: Crear un pacto regional con auditorías, interconexiones y medidas climáticas.

*Participación ciudadana: Establecer un foro permanente para garantizar transparencia.

*Compensaciones: Ayudas para ganaderos y negocios afectados.

<<Conclusión>>

La crisis del agua en el norte de Córdoba es una vergüenza colectiva. La Junta de Andalucía, la Diputación, la CHG y el Gobierno Central han fallado en garantizar un derecho fundamental. La desinversión, la descoordinación y la falta de visión han prolongado un drama evitable. Desde Córdoba Abierta (ACOA), exigimos un plan de emergencia con plazos claros, financiación suficiente y acción coordinada. Es hora de acabar con el abandono y garantizar la igualdad para todos los cordobeses. No descansaremos hasta lograrlo.

N. B. Es un hecho patente, que uno de los problemas de Córdoba ha sido y es la grave dejación de funciones en la Crisis del Agua.

El valor justicia constitucional exige que esta situación injusta no dure ni un día más.

Córdoba, 12 de junio de 2025


Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Seguridad Jurídica (Respeto y cumplimiento de la Ley por todos)

Un grupo de lectores me dicen que sus ayuntamientos no cumplen la ley y que sienten una gran inseguridad jurídica.

Solo puedo decir, que en principio, lo que dicen es cierto, pero les digo, que no son solo los ayuntamientos, porque en España está ocurriendo algo muy preocupante y perverso, que se puede resumir diciendo, que los poderes públicos en general han optado por cumplir a la ley a su manera, tanto por acción como por omisión, y, que el ciudadano de a pie queda indefenso, ya que, si quiere que se cumpla la ley tiene que denunciarlo, lo que, sin duda, le trae enormes perjuicios y una gran pérdida de energías  de todo tipo (sociales, económicas, políticas, administrativas y personales).

Pongamos un ejemplo real: Un ciudadano de a pie denuncia a un funcionario con poder de la Hacienda del Estado por la cusa que sea, y, ocurre que lejos de que su denuncia probada sea comprobada e investigada, de inmediato sobre él recaen todo tipo de acciones coercitivas sin  parar y sin medida.

Para defender su derecho el ciudadano de a pie debe acudir a los jueces y tribunales pidiendo amparo y justicia, pues bien, lo que sucede es que tiene que contratar de inicio una legión de abogados a costa de su bolsillo, mientras esos poderes públicos protegidos por una capa insondable de impunidad administrativa, a la vez, son defendidos por una legión irredenta de abogados del estado, letrados de CC.AA., abogados de todo tipo pagados por los ciudadanos de ayuntamientos, diputaciones, etc., que no solo defienden a esos poderes públicos, sino que cuando van a un juicio los jueces y tribunales parten de que la administración pública tiene un plus de legitimidad, de forma, que salvo pruebas fehacientes irrefutables el ciudadano que intenta defender sus intereses frente a una injusticia, es castigado con unas costas fastuosas para pagar, eso dicen, a esos legión de abogados y letrados que cobran de los impuestos de todos. (El Defensor del Pueblo en espera (stand by) cumpliendo sus funciones de ideología política excluyente).

Se puede discutir, lo que  digo, pero todos sabemos que es “LA PURA VERDAD”.

Aunque no es solo eso, sino, que por ejemplo:

¿Alguien conoce algún caso de una autoridad y/o funcionario público denunciado administrativamente, que se abstenga de conocer cualquier asunto vinculado al ciudadano de a pie, que ha presentado una denuncia fundada contra él/ella?

Pero, rizando el rizo de la injusticia, cuando ese ciudadano acude a la justicia (sobrecargada de trabajo, en stand by, y, extraordinariamente lenta, etc. etc.), es más que un hecho patente, que esa autoridad o funcionario lejos de abstenerse inicia una cacería desde su poder administrativo contra él y contra toda su familia, saltándose toda ley. Los casos son numerosos y probados por activa y por pasiva, aunque nunca pasa nada, el funcionario que va contra el art. 103 de la C. E., siguen en su puesto y el ciudadano totalmente jodido queda en situación de espera de justicia, pero pagando.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo la igualdad y el respeto a la ley con su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1.,  que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Una cosa está clara, la ley está y existe, solo falta que todos los poderes públicos la cumplan y, además, que se proteja al ciudadano, que es el pueblo de donde nacen todos los poderes del Estado.

La no aplicación de la ley y/o su aplicación ideologizada por motivos personales y subjetivos crea inseguridad jurídica en España, que conlleva que los españoles transitemos ya por un camino de servidumbre, donde unos pocos nos someten a todos, esa gran mayoría silenciosa, que, además, piensa que ya pasará, así, vemos los desequilibrios legales por donde caminamos callados y, al parecer, conformes.

Frente a la inseguridad jurídica imperante solo cabe ya la autodefensa mediante un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, para recuperar el valor justicia de todos los españoles.

No queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

N.B. Frente a la inseguridad jurídica de una ley que solo se aplica en una dirección y por la fuerza de una coyuntura política autodestructiva y malévola, solo queda la defensa del “Estado de Derecho” por todos y cada uno de nosotros (por todos los españoles).

La seguridad jurídica solo se consigue defendiendo el valor justicia, del que algunos pocos se han apoderado por la fuerza de un poder público ejercitado contra ley.

Córdoba, a 6 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.