Author Archives: Enrique Garcia Montoya

Maniobras de distracción – Gonzalo (guerrilla política y el Gran Capitán)

Llama la atención, qué en España, con todo lo que está cayendo, Gobierno y oposición parece que están jugando al “arte de la guerra” de Sun Tzu. No importan los problemas reales del País, lo esencial para todos ellos es dar la sensación de que se ocupan de los españoles, cuando la dura verdad es que solo hacen maniobras de distracción.

Solo están de acuerdo en una cosa, “nunca los españoles deben tener una información veraz”, así:

¿Alguien sabe, el número de personas fallecidas por la pandemia, cuantos emigrantes han sido trasladados en avión a la península desde Canarias, quienes componen el comité de expertos del Sr. Illa, que negociaciones se traen entre manos con el CGPJ, etc. etc., hasta una meta ilimitada y perversa?

Cuentan, que las maniobras de distracción y la guerra de guerrillas las inventó y/o perfeccionó Gonzalo Fernández de Córdoba y Enríquez de Aguilar (al que todos conocemos como el Gran Capitán), en la Guerra de Granada, donde con una de esas tretas valientes conquistó Loja e hizo prisionero al monarca nazarí Boabdil, y, que, curiosamente, este último terminó considerándolo su amigo.

Las comparaciones pueden ser odiosas o no, pero, lo verdaderamente importante, es que entre las maniobras de D. Gonzalo y los comportamientos torticeros (injustos-contra ley) de Gobierno-oposición existe una gran diferencia, tanto de fondo como de forma. El “Gran Capitán” siempre era el primero y nunca engañaba ni a sus amigos ni a sus enemigos, simplemente, luchaba con unos dando la cara y defendía a los suyos, siendo siempre el primero en el combate. Dicho de otra forma, siempre decía la verdad y obraba en consecuencia.

Resulta notorio, que en la política española se han instalado las “maniobras de distracción injustas y contra la ley”, además, aceptadas por todos los partidos políticos dominantes indexados en el sistema electoral perverso, que nadie quiere cambiar, solo perfeccionar en su propio provecho.

 Un ejemplo claro de lo dicho, es el CGPJ, que todos quieren dominar, ya que, les resulta inaudito y molesto en extremo, que exista una división de poderes real. Entonces, para engañar a los españoles montan estrategias de distracción tratando de sortear la Ley, de forma, que no tratan de fortalecer la independencia del poder judicial, sino dar la sensación injusta de que creen en la división de poderes, proponiendo soluciones espurias para dominar a los jueces y tribunales, asiéndolos suyos por el método de viralizar la institución del CGPJ, introduciéndose en ella e infectándola con elementos subordinados a ellos.

Dicho de otra forma, tratan de que los miembros del CGPJ sean juristas sometidos e implicados a la disciplina del partido, así, harán que los nombramientos y los puesto o cargos de los jueces se asignen a los suyos, logrando luego resoluciones al dictado de sus cúpulas sumamente democráticas, como todos los españoles saben.

Lo expuesto es lo que hay: ¿Alguien lo duda?

Existe entre los partidos políticos dominantes o participes cómplices unanimidad en la aceptación del sistema distracional instaurado, de forma, que no quieren, ni de lejos, que cambie el modelo, lo que quieren es, que “cada uno de ellos tenga el poder de elegir el máximo de los miembros de la institución de turno”, haciendo así posible, que dichas instituciones sean una prolongación de ellos mismos con todas sus consecuencias perversas.

En resumen, prefiero las maniobras de distracción del Gran Capitán, siempre dando la cara y el primero en la línea de fuego, dando ejemplo de valentía y sin engañar a nadie, pues todos están informados y no se les oculta nada. Aunque, está clarísimo, que ninguno de estos partidos ni sus cúpulas democráticas quieren avanzar hacia un sistema más libre e independiente, prefiriendo infectar las instituciones con los virus de sus listas cerradas, opacas y dependientes de su propio poder.

Todos ellos deberían empezar por procurar a los españoles una información veraz sobre cualquier tema (art. 20 C. E.), para conseguir una participación real de los mismos en la toma de decisiones, cualesquiera que sean, aunque conlleve una limitación de su poder piramidal.

N.B. En España estamos inmersos (todos los días) en las maniobras de distracción de los partidos políticos dominantes y sus partícipes cómplices, de forma, que lo que en D. Gonzalo era una fuerza positiva, aquí se ha convertido en una forma torticera (injusta) de engañar a los españoles.

No queda otra, que exigir a esos partidos políticos y a sus cúpulas y líderes respeto completo a la Constitución, a todos nuestros derechos y libertades fundamentales, a la división de poderes y a toda la llamada condicionalidad del estado de derecho vigente en la U. E.

Es cierto, que se me dirá, que vivo en una nube de ilusiones imposibles, pero si tiramos la toalla y nos sometemos cautivos, dominados por el silencio, estamos más que perdidos, pues la libertad es un derecho y un valor que nadie nos va a regalar, si no luchamos por ella, como hicimos muchos en 1978, renunciando todos y avanzando todos en derechos fundamentales esenciales en cualquier estado de derecho. Se puede no estar de acuerdo, decirlo y defenderlo en cualquier lugar.

Córdoba, a 13 de diciembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

Pacto de Toledo – S. S. – Pensiones – IPC (historia de una desgracia)

Escribir sobre este asunto, es lo más parecido que conozco a pegarse un tiro en el pie, pues con seguridad, muchos están abducidos por una propaganda torticera pública y privada, otros simplemente están interesados por su propia situación de perceptores de una prestación, otros son políticos que solo buscan votos a cualquier precio y, finalmente, otros están convencidos de estar en posesión de la verdad. A pesar de ello, después de muchos años dedicado e implicado en la S. S., dentro y fuera, asumo la obligación de explicar mi opinión sobre un tema vidrioso y del que todos tienen formada una visión, que consideran acertada e indiscutible.

Al día de hoy, por la situación de ruina que arrastramos, es extremadamente delicado hablar del Pacto de Toledo y de sus últimos acuerdos, ya que, estando de acuerdo con su contenido (¿quién no puede estar de acuerdo con subir la pensiones y unirlas al IPC anual?), es imposible compartirlo, si se quiere ir a un Sistema de S. S. viable y posible, cosa, que no solo dice el que escribe, sino el B. de España, la Airef, la U. E., el FMI, y casi todos los expertos e instituciones, públicas y privadas, que conocen e informan sobre el tema.

En el Pacto de Toledo Gobierno y oposición han aprobado una “reforma profunda” de las pensiones (ruego perdonen el dislate), acordando anexar las pensiones al IPC y llevando a cabo un engaño masivo, que implica un aumento del gasto imposible de sostener, imponiendo un sistema con caída al vacío y hurtando a los españoles la realidad del fracaso de un modelo agotado y ruinoso.

El sistema no da más de sí, pero “todos los políticos sin exclusión” siguen empeñados en ocultar y solapar esta clamorosa realidad, porque en el electorado español son significativos más de 9 millones de pensionistas. Piensan, que el último es tonto de remate y lo demás les da igual (pan para hoy y hambre para mañana).

Ligar las pensiones al IPC es mantener un imposible y un ejercicio de demagogia disparatado. En España un tercio del gasto público se destina al pago de pensiones (160.000 millones en 2021), cifra que no hará más que aumentar, ya que, nuestro País presenta una tasa de esperanza de vida en crecimiento exponencial y una de natalidad en decrecimiento continuado.

Las pensiones en su estructura actual son insostenibles, diga lo que diga, el Pacto de Toledo, ya que, la población activa no podrá sostener un sistema atrabiliario y dislocado.

(Datos EPA. 3T. 2020. Población total: 47.329.981. Activos. Ocupados: 19.176.900 + Parados: 3.722.900 = 22.899.800. Pensiones: Octubre – 2020 – 9,77 millones, lo que implica que hay más de 9 millones de pensionistas).

Racionalmente, resulta admitido casi por unanimidad por todos los expertos, que el objetivo para mantener el sistema debería ser avanzar hacia un tipo contributivo, aunque la parte asistencial seguiría existiendo por imposición del artículo 41 de la C E., por lo que se precisaría, recuperar el factor de sostenibilidad, mejorar a los trabajadores que retrasen su jubilación, fomentar el ahorro privado con planes de empresa, abrir una cuenta de ahorro a largo plazo a los mayores de edad con cargo al Estado y, así, un largo etc. de medidas, que el Pacto de Toledo ha ignorado, haciendo un brindis al sol.

El Acuerdo del Pacto de Toledo, con su aprobación inexplicable de la realidad y complaciente con una temerosa alianza de todos contra todos y caiga quien caiga, se limita a engañar a los españoles, ya que, sí o sí, con lo aprobado, se está expoliando el ahorro conjunto de los activos para sufragar unas pensiones desfasadas, que impedirán sostener a sus perceptores futuros.

Finalmente, no se puede olvidar, que la Constitución Española establece en su artículo 41, “que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Es por ello, que nadie pude obviar, que todos los españoles tienen derecho a unas prestaciones suficientes y que el desempleo, se quiera o no se quiera, esta dentro del Sistema de S. S., razón por la que cuando de habla de -gastos impropios-, que se quieren sacar de las cuentas de la S. S., entiendo que se está olvidando nuestra Carta Magna en estos supuestos.

El problema no está en subir las prestaciones cuando no se puede financieramente, sino que en España los recursos del Sistema de S. S. no se distribuyen en base al principio de igualdad constitucional (art. 14 C. E.), de forma, que entre la prestación por ejemplo, de una viuda/o y la prestación máxima de jubilación existe un abismo de desigualdad, y, no me sirve, que se diga, que la diferencia está en que se ha cotizado más al Sistema (aunque siempre con aportaciones topadas), ya que cuando la S. S. pasa a ser financiada con impuestos de todos los ciudadanos (en 2020 los prestamos del Estado han sido de 51.000 millones, sin hablar del déficit de la S. S. que será pagado siempre por el Estado),  ese argumento no sirve ni puede tener valor alguno.

N. B.  Creo, el acuerdo del Pacto de Toledo sobre las pensiones indexándolas al IPC es un disparate, aunque todos los políticos benefactores, a sabiendas, han creado a los españoles un buen sueño imaginario, tan bueno que nos lo podemos creer, es decir, la S. S. es un Ente maravilloso, que flota en el vacío de los gastos impropios, de los préstamos y de las transferencias del Estado benefactor inacabable.

Discutir una cosa tan buena, se presenta complicado, aunque todos los españoles perciben, que es un engaño y que la realidad es mucho más perversa, aunque, ¿quién se atreve con la verdad oficial, aplaudida por todos los políticos y todos los medios de comunicación buenistas de un bienestar necesario, según el Pacto de Toledo talismán indiscutible y oráculo de la verdad?

Sin embargo, el final desequilibrado está más cerca, así, que, o corregimos en rumbo, o cabalgamos hacia el desastre final. Es necesario volver a la realidad, pues, se diga lo que diga el Pacto de Toledo y sus voceros, no se podrá aguantar un gasto público alejado de la verdad, y, los ajustes llegarán impuestos por la U. E., por la simple razón, de que la Unión sabe que el sistema actual es inviable.

La S. S. no podrá seguir flotando en el vacío intemporal de su propia realidad deficitaria, razón por la que muchos esperamos, que la cordura y la responsabilidad vuelvan cuanto antes.

Córdoba, a 22 de noviembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Prevaricación administrativa (el filósofo y el capitán)

Según cuenta Platón en su diálogo de la Apología de Sócrates, este se defendió de una acusación falsa ente el Tribunal de los 500 de Atenas y fue condenado a beber la cicuta por defender la verdad.

En España, muchos vamos a tener que beber la cicuta, ante la mentira y una prevaricación administrativa de libro de nuestro filósofo catalán independentista al que apoya sin fisuras su Gobierno, si los españoles no toman cartas en el asunto, unidos en defensa de nuestros derechos y libertades y del Estado de Derecho Constitucional.

Desde el punto de vista legal, conviene citar;

1º.- El artículo 404 del Código Penal tipifica el delito de prevaricación administrativa, en relación con la autoridad y/o funcionario público que dictare una resolución injusta a sabiendas, así dice: “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

[La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que puede ser exponente la STS 606/2017, de 7 de julio, para que aflore el delito de prevaricación será preciso:

a).    Que se dicte una resolución arbitraria por autoridad o funcionario en asunto administrativo;

b).   Que ocasione un resultado materialmente injusto;

c).    Que la resolución se dicte con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario, consciente de que actúa contra el derecho; y

d).   Que la actuación sea intencionada, “a sabiendas”, en la terminología del precepto penal, es decir, que se adopte la resolución con pleno conocimiento de su injusticia. En relación con este último presupuesto, la STS 766/1999, de 18 mayo, afirma que este elemento subjetivo exige, que la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúe de tal modo porque quiere ese resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración, esto es, con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, ( STS. 443/2008 de 1.7), lo que permite excluir aquellos supuestos en los que el funcionario tenga “dudas razonables” sobre la injusticia de su resolución. Estima la doctrina que en esta última hipótesis nos hallaríamos en el ámbito del derecho administrativo-sancionador.]

2º.- Nuestra Constitución dice en su artículo 14, que “los españoles son iguales ante la ley”, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social;

Sin embargo, lo expuesto no es lo único, ya que el artículo 9. 3. de la C. E. garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

3º.- El Código Civil dice en su artículo 6. 4. que: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

** Por lo dicho, es algo muy claro, que el estado de alarma constitucional no está para aplicarlo en fraude de ley sin mesura y sin proporcionalidad, rompiendo, además, la igualdad entre los españoles que garantiza el art. 14 de la Constitución.

Por ello, muchos españoles sentimos miedo, peligro e incertidumbre, ya que si hay algo que destroce y elimine la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, eliminando sus libertades, es cuando, los poderes públicos desoyendo el art. 9 de la Constitución ignoran la aplicación justa de la Ley, adoptando medidas desproporcionadas y aprobando normas arbitrarias, desconociendo, a sabiendas, que nuestra Carta Magna consagra, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

¿Alguien puede creer, que el Gobierno de España ha aprobado su R. D. L. de alarma de Madrid en base a la salud de los madrileños y de los españoles con arreglo a la Constitución, o, por el contrario, es más cierto que ha actuado movido por la soberbia y la prepotencia derivadas del rencor ideológico?

** Es un hecho cierto, que el filósofo, su capitán y su gobierno están fuera de la ley y contra la Ley, simplemente, están fuera del Estado de Derecho y contra la división de poderes, ya que ni aceptan la Ley ni las resoluciones del Poder judicial, imponiendo un estado de alarma en Madrid, que, sin duda, bordea el delito de prevaricación administrativa, afectando no solo a los madrileños, sino a todos los españoles, porque, sí o sí, ocasiona y ocasionará gravísimos daños sociales y económicos a todos ellos.  

El estado de alarma impuesto a la C. C. A. A. de Madrid, no ha hecho otra cosa, que imponer por la fuerza y en fraude de ley las medidas que el TSJM declaró inconstitucionales, pasado por encima del Poder judicial sin disimulos y con toda la prepotencia posible. Vamos un dislate jurídico, que vulnera cualquier mesura y proporcionalidad en la aplicación de la Ley.

N.B.  Los españoles estamos inmersos en la incertidumbre por la actuación del filósofo y su capitán, y, vemos, que estamos abocados al desastre, ya que, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos solo se vislumbran graves problemas, que llevarán a conflictos sociales derivados de la ruina económica y sanitaria.

Lo que el Gobierno ha hecho en Madrid, ¿lo haría en Cataluña o en el País vasco? (Derecho y principio de igualdad constitucional).

Repito, que así, no hay solución posible, pues sin consensos, sin acuerdos y sin generosidad de todos los españoles sin exclusión, y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados y al resto de nuestras leyes, no puede haber solución legítima y pacífica.

Córdoba, a 11 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Inseguridad jurídica – incertidumbre – fraude de ley (Estado de Derecho y división de poderes)

La sensación es, que están en peligro nuestros derechos y libertades, que nuestra Constitución consagra al definir nuestro País como un Estado Social y Democrático de Derecho, donde tiene plena vigencia la división de poderes. El Gobierno de la Nación ha tomado una preocupante deriva autoritaria, entrando en riesgo grave nuestras libertades constitucionales y la división de poderes garante de todo estado democrático de derecho.

En las últimas horas se han producido dos hechos importantes, que afectan para bien y para mal a nuestro Estado de Derechos y a la división de poderes, afectando, además, a todos los españoles en sus derechos y libertades y, especialmente, a los ciudadanos de la CC. AA. de Madrid, así:

1º.- Tribunal Superior de Justicia de Madrid.  Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Auto de 08/10/2020. Nº. 128/2020: “La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid ha denegado, por verse afectados los derechos y las libertades fundamentales, la ratificación de las medidas acordadas en el apartado tercero de la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública”.

(Nota: El Poder Judicial hizo su trabajo para bien, dejando claro que la división de poderes existe por ahora).

2º.- R. D. L. de alarma para Madrid.

Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOE» núm. 268, de 09/10/2020. Entrada en vigor: 09/10/2020.

Artículo 2. Ámbito territorial. El estado de alarma declarado por el presente real decreto resultará de aplicación en el territorio de los siguientes municipios de la Comunidad Autónoma de Madrid:

a) Alcobendas.

b) Alcorcón.

c) Fuenlabrada.

d) Getafe.

e) Leganés.

f) Madrid.

g) Móstoles.

h) Parla.

i) Torrejón de Ardoz.

(Nota: El Ejecutivo -el Gobierno de España- en un alarde de prepotencia unilateral hizo su trabajo mal, invadiendo competencias del Poder Judicial, atacando la división de poderes y usando al Ley de forma maliciosa y en fraude con abuso de derecho).

** No hay nada, que justifique la actuación autoritaria de Gobierno de España, como no sea, la soberbia y el deseo autoritario de socavar nuestro Estado de Derecho, ya que, frente al consenso y el acuerdo ha optado por la ley de la fuerza (la ley de la porra), pues, <<si no consigo el apoyo judicial a mis normas inconstitucionales, recurro a la aplicación “a fortiori” de la ley sin disimulos para conseguir mis objetivos>>, lo que simplemente es “un fraude de ley”, usando la norma torticeramente y fuera de sus fines legítimos fijados en la Constitución sin mesura ni proporcionalidad.

Concretamente, nuestro Código Civil dice en su artículo 6. 4. que: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

¿Alguien cree que el Gobierno de España ha aprobado su R. D. L. de alarma de Madrid en base a la salud de los madrileños y de los españoles con arreglo a la Constitución, o, por el contrario, es más cierto que ha actuado movido por la soberbia y la prepotencia derivadas del rencor ideológico?

Que cada uno se responda según sus principios y sus convicciones democráticas, pero está muy claro, que el estado de alarma constitucional no está para aplicarlo en fraude de ley sin mesura y sin proporcionalidad, rompiendo, además, la igualdad entre los españoles que garantiza el art- 14 de la Constitución.

Muchos españoles sentimos miedo, peligro e incertidumbre, ya que si hay algo que destroce y elimine la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, eliminando sus libertades, es cuando, los poderes públicos desoyendo el art. 9 de la Constitución ignoran la aplicación justa de la Ley, adoptando medidas desproporcionadas y aprobando normas arbitrarias, desconociendo, a sabiendas, que nuestra Carta Magna consagra, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Sin embargo, lo expuesto no es lo único, ya que el artículo 9. 3. de la C. E. garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Aquí cabe otra pregunta para quien quiera recibirla:

¿Alguien cree que el Gobierno de España ha respetado la Constitución con su R. D. L. de alarma en Madrid y la división de poderes, y, que no ha usado en su propio interés político algo que pertenece a todos los españoles, ignorando los principios constitucionales de legalidad, de seguridad jurídica y de la responsabilidad y de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos?

En principio, parece que la respuesta tiene que ser negativa, de manera, que se quiera aceptar o no, los españoles sienten miedo, peligro, desconfianza e incertidumbre, al haber comprobado que ha desaparecido su seguridad jurídica y estar perdiendo sus libertades fundamentales.

Todo se agrava aún más, cuando una y otra vez, el Gobierno de España desconoce el art. 20 de la Constitución, que consagra el derecho a “una información veraz”, lo que impide que los ciudadanos (que la sociedad civil), participen en la toma de decisiones para solucionar la terrible situación que tenemos social, económica y sanitaria.

Está más que claro, qué en esta lucha peligrosa de vanidades políticas de poderes públicos de la Nación, basada en ideologías, obviando e impidiendo, además, la partición de los españoles en cualquier solución nos llevará al abismo y al desastre total; dicho de otra forma, nos conducirá a la ruina social, económica y sanitaria, y, sin la menor duda, aparecerán necesidades sociales extremas, que causarán gravísimas distorsiones en la paz social.

** Todo lo expuesto, viene a colación y con ocasión de los dos hechos de importancia gravísima citados, ya que, en España reinan, por cómo se comporta el poder del Gobierno de la Nación, una serie de desajustes sociales extremadamente negativos, que nos llevan a un desastre político y social, y, que enumero:

* Incertidumbre.

* Desconfianza.

* Desesperanza.

* Falta de seguridad jurídica.

* Pérdida de libertades y derechos.

* Desaparición de principios éticos.

** En consecuencia, se olvidan nuestros verdaderos problemas, como el paro, el descontrol de la pandemia, la desolación económica, etc., que ya están generando un drama social perverso; además, ahora por si faltara poco, el Gobierno de la Nación nos precipita a la inseguridad jurídica y a la ruina económica y de nuestras libertades, como está ocurriendo en Madrid con una norma atrabiliaria y sin sentido de la mesura (basada solo en criterios políticos espurios de carácter ideológico), que solo busca lo peor para conseguir sus fines oscuros “de cuanto peor mejor”.

Los hechos recogidos, son un ejemplo determinante de lo que está ocurriendo, pero que nadie crea, que a este Gobierno autoritario no le afectará, porque esta deriva liberticida, destruyendo el principio de legalidad y la seguridad jurídica alcanzará a todos los españoles, de forma, que mañana a ese que pasa de todo refugiándose en el “que no va conmigo” y, sin duda, a todos nosotros, ya que la ola maligna, espesa e infecciosa de esa forma arbitraria e injusta de ejercer el poder contra ley, sin duda, va a arruinar Madrid primero y después a todos nosotros en cualquier  sentido imaginable.

Es una realidad, que, sin seguridad jurídica, sin división de poderes, sin certidumbre, sin conservación del tejido productivo y un largo etc. de principios, derechos y realidades sociales, desaparece el estado de derecho, y, aparecen la incertidumbre, la desconfianza, la desesperanza y el miedo social, tal y como está ocurriendo en España, acrecentándose todos los problemas hasta el desastre total.

El Gobierno de España, solo se mueve por motivos políticos espurios, basados en una ideología trasnochada, y, es cuando menos imprudente al confiarlo todo a su propio interés político ideológico, pero, estoy seguro, que pronto una sociedad machacada con normas contra sus libertades (las nuestras y las de todos), no puede aguantar mucho si quiere sobrevivir, así, que no le arriendo la ganancia a ese poder con tintes autoritarios.

En resumen, si no recuperamos la confianza y desterramos la desesperanza a base de seguridad jurídica, certidumbre y defensa a ultranza de nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución y con respeto absoluto a nuestro Estado de Derecho, vamos directos a una situación desastrosa y peligrosa para la sociedad española.

N.B.  Los españoles empezamos a sentir miedo, peligro, incertidumbre y desesperanza, porque vemos, qué sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos estamos abocados al desastre, y, ya se vislumbran graves problemas, que pueden degenerar en conflictos sociales derivados de la ruina económica y sanitaria.

La solución es de todos o de ninguno, pues sin consensos, sin acuerdos y sin generosidad de todos los españoles sin exclusión, y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados y al resto de nuestras leyes, no puede haber solución legítima y pacífica. Si alguien lo duda, al tiempo.

Córdoba, a 10 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Madrid y los leones del Congreso (Illa el comi-experto del cierre completo)

He leído y oído a tutiplén, que el vocinglero Ministro de Sanidad Sr. Illa, conocido por sus aciertos contra la pandemia del coronavirus, por sus grandes logros contra el covid-19, por su famoso comité de expertos fantasma y confesado falso, así como,  por otros muchos dislates casi inacabables, ha amenazado a Madrid, a sus Gobiernos Municipal y Regional autónomos legítimamente elegidos y, por tanto a todos los madrileños de la capital o de la región, con que la va a cerrar o confinar totalmente.

Creo, que el Sr. Illa, catalán converso al independentismo atrabiliario, no sabe lo que dice realmente, ni conoce la historia de Madrid, aunque le recuerdo, solo por decir algo,  el glorioso “dos de mayo”, las pinturas negras de Goya y los leones del Congreso llamados por el pueblo como sus héroes de la Guerra de la Independencia Daoiz y Velarde,  como un anticipo de lo que se le vendrá encima si “confina Madrid y a los madrileños”, pisoteando a sus gobiernos municipal y autonómico legítimamente elegidos en elecciones libres y democráticas.

Madrid, sin duda, en esa encrucijada será un Núñez de Balboa gigante, pues, ¿acaso cree, que las fuerzas del orden público van a poder contener (en el caso que quieran) a cinco millones de madrileños hartos de insidias y amenazas lanzadas por un epidemiólogo famoso como Ud. Ministro Illa?

Si se confina Madrid, tenga Ud. y a su Gobierno autoritario en cuenta, que todos Uds. serán responsables de todo lo que ocurra después, que sin la menor duda ocurrirá.

N.B. Sr. Ministro de Sanidad, si su Gobierno, con su recomendación, cierra Madrid, permítame decirle que es Ud. un irresponsable total y absoluto, porque en una Nación regida por una Constitución, que instauró un estado de derecho social y democrático, las cosas no se hacen con la porra en la mano, sino con acuerdos, consensos y colaboración de unos con otros. Le recuerdo a Ud. y a todo su Gobierno, que la transición española, ejemplo del mundo, se hizo pacíficamente a base de renuncias y acuerdos de todos los españoles.

Reitero, Sr. Ministro Illa, Ud. no conoce ni de lejos a los madrileños.

Córdoba, a 27 de septiembre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.