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La ejemplaridad y la ética (valores en desuso)

En estos días se renuevan el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo solo para empezar entre los partidos políticos dominantes (P.P. y PSOE), quedando fuera el C. G. P. J., que es el premio gordo del control del Poder Judicial.

Sobra aquí cualquier comentario, ya que, los españoles saben de sobra de que va todo el asunto, al tratarse simple y llanamente acabar con una verdadera división de poderes, entre otras cosas, porque, a mayor inri, en España no existen contrapoderes, que equilibren el sistema.

 Así mismo, ciertos valores como la ejemplaridad y la ética, que podrían servir de contrapeso, aparecen como algo hoy superado por la realidad diaria que se ve, con muy malas consecuencias para los españoles de a pie, así:

** La ejemplaridad se concebía como un valor, siendo en muchos casos una obligación, de forma, que había que comportarse en público de una determinada manera, equiparable a la posición o cargo que se tenía.

Es un hecho cierto, que la situación personal conlleva (o debe implicar) ciertas obligaciones en todos los sentidos, ya que, no es igual que un juez o un político electo defienda una ilegalidad públicamente, que, si lo hace una persona sin responsabilidad profesional o iletrada, ya que, a los primeros le son exigibles actitudes respetuosas con la ley por su posición o su puesto, cosa que no es igualmente obligatoria para los segundos, especialmente, por sus consecuencias hacia los demás.

Desgraciadamente, en estos momentos, la ejemplaridad como parte de la excelencia, en aras de una igualdad perversa, ha pasado a formar parte de la historia, que, además, todos parecen olvidar, porque es patente que se quiere tener el privilegio y la igualdad a la vez (es decir, el santo y la limosna), cuando está muy claro, por ejemplo, que un político aforado no es igual que un ciudadano de a pie ante la justicia: “Hoy mismo todos los españoles lo están viendo publicitado en primera plana”.

** Igualmente, la ética, en días de ubicuidad de personas relevantes, ha perdido su valor de principio de validez universal, respetado por todos y exigible a todos, siempre en función de su situación personal.

En el plano judicial, solo por incardinar nuestro comentario en algún sitio preminente, decir, que en su día se aprobó un Código de Ética Judicial, que sintéticamente conviene recordar, aunque parece que a muchos se les olvida o bien soslayan sus principios de una u otra manera, así:

<< PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL

(Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016)

Preámbulo.

Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

* Independencia.

La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

* Imparcialidad.

La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

* Integridad.

La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal.

El juez y la jueza en sus relaciones personales con los profesionales vinculados a la Administración de Justicia deberán evitar el riesgo de proyectar una apariencia de favoritismo. >>

*** Para finalizar, es público y notorio, que personas significadas ignoran la ejemplaridad y la ética de muchas formas y maneras, así por poner solo un ejemplo: Muchas personas relevantes, en un alarde de ubicuidad y sin pudor, pasan sin pausa alguna del poder ejecutivo a esferas del mundo de la justicia”.

Se mire como se mire, en estos casos entra en crisis la división de poderes, no siendo ejemplos para nadie, especialmente, para el ciudadano de a pie, aunque, siempre conviene recordar, que hablamos de principios de validez universal, como sin duda son los de ética y ejemplaridad.

N.B.  La ejemplaridad y la ética son valores en desuso, pero, sin duda, sus consecuencias son y serán perversas para todos, aunque algunos muchos defiendan equívocamente y de forma interesada su dualidad privilegiada como una idea de justica y libertad, porque, simplemente, no es verdad, sino una mentira corrupta y depravada

La igualdad de los españoles consagrada en la Constitución es por lo que se ve una fantasía.

La desigualdad puesta de manifiesto y el olvido de principios de validez universal,  los perciben una gran mayoría de españoles, que se dan cuenta de esa diferencia que existe entre ellos mismos y sus representantes elegidos por ellos, razón por la que, la desconfianza, la incertidumbre y desigualdad se están apoderando de nuestras libertades y derechos.

Córdoba, a 22 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Control de la Administración – división de poderes – estado de derecho (democracia – principio de legalidad – respeto a la ley)

Un lector de nuestra web pregunta sobre el control de la Administración, a la vista de los anteriores artículos argumentando, que no es posible controlar el funcionamiento de las administraciones públicas, porque, según dice, las autoridades y funcionarios públicos no quieren participar en ese control por corporativismo y defensa de sus propios intereses, ya que, si el control se hace real y  efectivo ven peligrar su estatus privilegiado, además, presume que los empleados públicos se consideran algo aparte del resto de los ciudadanos, cosa con la que personalmente, como funcionario que he sido, considero una apreciación equivocada, que implica desconocer la conducta diaria de la gran mayoría de los funcionarios o empleados públicos; de forma, que intentaré explicar mi postura y convicciones sobre este asunto complejo lleno de recovecos legales, y, desafortunadamente de costumbres desviadas, algunas veces, por una inercia trasnochada, que identifica poder con la aplicación de la ley de forma arbitraria e injusta, que se aparta del mandato constitucional.

En una democracia plena nacida de un estado social y democrático de derecho, la división real de poderes es la esencia de sus libertades y derechos fundamentales, de manera, que los tres poderes del estado (legislativo, judicial y ejecutivo) se controlan unos a otros en armonía dentro de la Ley, sin embargo, no basta con ello, es necesario una regulación propia de cada uno de esos poderes, así: el  legislativo se autocontrola con los distintos grupos que lo componen, realizando unos contra otros en armonía democrática un constante contraste de pareceres y opiniones; el judicial realiza a través de su órgano de gobierno una labor de fiscalización y control del funcionamiento de los distintos miembros de ese poder; y, finalmente, el ejecutivo lleva a cabo una labor de autocontrol de su propia administración mediante órganos establecidos legalmente para evitar arbitrariedades y desviación de poder de sus autoridades y empleados y/o funcionarios públicos, siempre al amparo de la legalidad en cumplimiento de sus fines de servir al bien común y a los ciudadanos (al pueblo).

Esta es la teoría, aunque es bien sabido, que la realidad muchas veces, quizás, demasiadas, se aparta del respeto a la ley, produciéndose distorsiones, que vulneran derechos y libertades fundamentales del estado de derecho. Aquí, reside el problema, que venimos denunciando del comportamiento torticero de la administración pública en algunas ocasiones, que en uso arbitrario de un poder que se le ha delgado por el pueblo, se convierte en verdugo de sus propios ciudadanos dejando a un lado el respeto a la ley y actuando arbitrariamente en su perjuicio; además, renunciando a su propio autocontrol con una dejación de funciones consciente o culposa, que impide toda reacción positiva de dar solución a hechos erróneos e injustos, nacidos de una endogamia perversa, que carga sobre los ciudadanos su propia responsabilidad negligente o dolosa, ya que, en vez de solucionar el asunto de oficio, resarciendo al particular agraviado todos sus daños y perjuicios sufridos y sancionando al empleado público arbitrario, se enroca en su falta de objetividad y justicia, obligando al ciudadano a hacer frente a los problemas ocasionados por sus autoridades y funcionarios públicos, al adoptar una postura inane, silente y carente de objetividad.

En España lo expuesto está ocurriendo casi a diario, ya que, las AA. PP. haciendo dejación de funciones, dejan, en algunos casos, a sus empleados campar a sus anchas adoptando resoluciones injustas a sabiendas y contra ley sin ejercer su debido control, aunque, lo peor viene, cuando producida la resolución contra ley, la misma se ejecuta con graves daños al ciudadano de a pie, y, la Administración lejos de actuar de oficio corriendo el estropicio, se pone de perfil dejando al particular agraviado solo y lejano, de manera, que, además, cuando reclama, a veces, saca su artillería pesada no para defender al ciudadano perjudicado, sino para amparar a funcionarios o empleados públicos, que flagrantemente han violado la ley, sin tomar ninguna medida sancionadora contra esos empleados públicos que han actuado fuera de la Constitución, sin objetividad, sin equidad y de forma injusta conscientemente.

Es decir, la Administración se desentiende del asunto e incluso batalla contra el particular afectado reclamante, haciendo del respeto a la ley que consagra la Constitución una falacia perversa, que destruye la democracia y la confianza de los ciudadanos en la justicia propia de un estado de derecho real y efectivo.

En España se vienen produciendo casos, donde se dictan resoluciones administrativas a sabiendas de su injusticia y de que son contra ley, asunto que es necesario resolver entre todos, participando la Administración en esa tarea, aunque quiero dejar claro, que tras bastantes años como funcionario público puedo afirmar que esa no es la norma general, ya que, la gran mayoría de los empleados públicos dan ejemplo diario de respeto a la ley. Sin embargo, siguen dándose casos de funcionarios y empleados públicos que aplican la ley según su criterio subjetivo con completa arbitrariedad, buscando solo y realmente la aplicación de su voluntad excluyente, y, sin duda, a estos casos hay que hacerle frente con la ley en la mano exigiendo su aplicación con respeto a la Constitución a sus libertades consagradas.         

A pesar de todo lo dicho, el sistema de contrapoderes diseñado por la C. E. funciona, de manera, que pueden darse altibajos como ahora, pero al final el sistema vigente se auto-controla al imponerse esa regulación de poderes constitucionales, como se ha visto ahora en diversos asuntos, como pueden ser, por ejemplo: La multa de 500 euros impuesta al Presidente Sr, Sánchez por la JEC, que ha sido confirmada por el tribunal Supremo y el Informe sobre el indulto emitido por la Sala de lo Penal del T. S., frente a la postura exenta de pudor del Presidente del Gobierno para los condenados del llamado “proces”.

También, es cierto, que siendo optimista, no dejo de ser un realista irredento, por la sencilla razón de que las libertades no se defienden solas, máxime, cuando los enemigos de la libertad no cejan en su empeño de dejarla en la nada, y, precisamente por eso, hay que dar la batalla contra las resoluciones administrativas injusta dictadas a sabiendas de ser contra ley, ya que, si no lo hacemos así, que nadie piense que la Administración lo hará de oficio, porque la realidad dice todo lo contrario, y, frente a la inacción administrativa solo cabe exigir por los particulares agraviados el cumplimiento de la ley y la sanción de los empleados públicos autores de los desafueros.

Por otro lado, no ignoro que el particular perjudicado, en aras de la justicia deberá realizar un esfuerzo ímprobo y en solitario frente a la maquinaria de la Administración, realizando gastos de todo tipo (personales, económicos, de pérdida de tiempo, etc.) para sacar adelante su denuncia en el expediente sancionador, de forma, que si algún ciudadano espera la menor ayuda o colaboración en su defensa por parte de la Administración, simplemente, está muy equivocado, ya que, la realidad demuestra, que cuando la Constitución Española dice, que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho,de verdad, en la práctica diaria, esa declaración concluyente de la Carta Magna para la misma Administración, se convierte en -un brindis al sol-, cargado de inoperancia desfavorable casi en todos los casos al particular denunciante.

*** Dicho lo dicho, el control de la Administración forma, sin duda, parte de la división de poderes de nuestro estado de derecho, de manera, que la democracia española exige e impone la aplicación efectiva del principio de legalidad y el respeto a la ley por todos, especialmente, por los poderes públicos.

La Ley aplicable no deja margen para la duda, pero, es un hecho repetido, que algunos empleados públicos dictan resoluciones agresivas y destructoras de los derechos de los españoles, sin que su actuación injusta e ilegal realizada a sabiendas de su absoluta arbitrariedad tenga consecuencia alguna para sus autores, y, sin que, curiosamente nunca pase nada al responsable del desafuero, pues la Administración no suele actuar con objetividad, sino siempre en defensa del empleado público responsable, tal y como refleja el dicho popular: “con razón o sin ella”.

Es por ello, que la confianza de los ciudadanos en el estado de derecho, en la justicia y en la división de poderes se resquebraja a ojos vistas, por la razón, de que si la Administración no respeta la ley aplicándola cuando es exigible, todo el armazón de contrapoderes en que se basa nuestro estado social y democrático de derecho queda reducido a la nada, despareciendo la democracia real, que simplemente consiste en servir al pueblo soberado del que emana la soberanía.

Es así mismo, un hecho cierto, que el ciudadano en estos casos puede acudir solicitando amparo de los órganos judiciales contencioso-administrativos, aunque esa iniciativa que es un derecho fundamental conlleva para él gastos enormes de todo tipo;  posibles costas a favor de la administración,  que curiosamente pleitea con sus abogados pagados por los ciudadanos (también, por el particular recurrente); dilaciones temporales en todas las instancias y, en definitiva, un camino largo y espinoso para el particular, terminando, siempre, con un resultado incierto. Reclamar al ciudadano perjudicado, le producirá tremendos desajustes económicos y emocionales con resultados inciertos, y, posibles actuaciones vindicativas de una Administración endogámica, que, en muchos casos, protege a sus empleados o funcionarios públicos, apartándose de toda objetividad y del servicio al pueblo al que debe su existencia y su sustento económico.

Precisamente por todo lo dicho, es imprescindible en cualquier democracia plena como la nuestra, que los contrapoderes del estado funcionen con la máxima eficacia, de forma, que por lo que le toca, la Administración debe corregir y aumentar sus auto – controles sin excusa alguna, adoptando las medidas adecuadas de protección al ciudadano,  y, nombrando a funcionarios o empleados públicos independientes e imparciales, alejados de cualquier corporativismo excluyente, que garanticen un procedimiento justo.

Una cosa es, que el particular perjudicado no pueda o no quiera entrar en un berenjenal de gastos indeterminados y dificultades sin fin, y, otra cosa, que la Administración haciendo dejación de funciones de control propio, se ponga de perfil y desoiga la aplicación de la ley, abjurando de su obligación de actuar de oficio contra el funcionario empleado público que dicta una resolución injusta a sabiendas, ocasionando daños no solo al particular afectado perjudicado, sino, también, al pueblo que ha jurado o prometido defender cumpliendo el mandato constitucional, a la vez, que se destruye la confianza de los ciudadanos en la ley y en la justicia, situando en almoneda nuestro estado de derechos y todos sus derechos y libertades.

N.B.  El control de la Administración (interno y externo) forma parte de la división de poderes, en cualquier estado de derecho regido por la ley y los principios democráticos, como los que consagra nuestra Constitución en su artículo 9., de manera, que el hecho de dictar a sabiendas por autoridad, funcionario o empleado público una resolución injusta contra ley, solo por su propia voluntad que impone arbitrariamente, no puede quedar al margen de la ley para la propia Administración.

En estos casos, es necesaria, sin excusas ni pretextos, una actuación contundente de oficio por la propia Administración en defensa del particular afectado directamente y del bien común de toda la sociedad española, ya que, lo contrario, sería abjurar de la división de poderes y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Española de 1978.

Si la Administración se separa de la ley,  construyendo un mundo paralelo a ajeno a la realidad y contra la sociedad española, que la sostiene y le otorga su poder, se estará socavando nuestra democracia, en aras no de un bien común general, sino de intereses espurios nacidos de la arbitrariedad y de la injusticia, que se quiera reconocer o no destruye las libertades y derechos fundamentales. 

Córdoba, a 1 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.