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Andalucía – Elecciones II (Ética y Legalidad)

*Andalucía es la CC. AA. con más personas desempleadas de  España, así, el número total de parados en Andalucía es de 821,6 miles de personas en el trimestre 4 de 2021 y su tasa de paro es del 20,18. (Ver la Encuesta de Población Activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística -INE-). No hablo de inactivos, ni de Ertes, de ni empleo precario, ni de empleo por horas para no agigantar el problema y porque no es necesario por ahora, de forma, que con lo dicho sobra.

*De la renta per cápita de los andaluces más de lo mismo y, así, se podría seguir con otros indicadores.

*Por otro lado, en Andalucía estamos en elecciones

*Así mismo, leo en un artículo del digital Voz Populi de 23/04/22 (JOAQUÍN HERNÁNDEZ), “que la Junta de Andalucía ha firmado con el Presidente de la RFEF contratos por valor de  11,5 millones (trece contratos), poniéndose en primera línea el contrato de la Copa del Rey como ejemplo de los numerosos negocios que ha sellado el presidente de la RFEF con el Ejecutivo andaluz:  La Junta paga a la Federación 1,2 millones de euros (1,45 millones con IVA) por cada final de la Copa del Rey en concepto de diferentes formas de “patrocinio” en favor de la marca de Andalucía.”.

No me parece mal, que se promocione Andalucía a través del deporte, pero como ahora hay elecciones vendría bien informar de forma veraz (art. 20.1.d. C. E) sobre esos gastos, y, sobre cuanto se está invirtiendo, por ejemplo, en Andalucía en medidas estructurales contra el paro y para promocionar el empleo.

Aquí aparece una dicotomía entre Ética y Legalidad inexplicable, pues, a simple vista, parece que en Andalucía esos millones al Presidente RFEF son excesivos con la que esta cayendo sobre los andaluces y sobre el Sr. Rubiales por su forma de actuar, de manera, que una explicación pormenorizada en las elecciones de todos esos gastos sumamente oscuros y vidriosos, no sería exigir mucho a los políticos responsables de la Junta de Andalucía.

**A primera vista, esos gastos descritos pueden ser legales, y, lo serán, pero desde un punto de vista ético, con la situación andaluza como está, parecen poco presentables.

**Por otro lado, la legalidad tiene un componente ético insoslayable, para cualquiera quien sea el que se responsabilice de su implantación, que resulta irrenunciable en su aplicación.

Si nadie da una explicación clara, razonable y completa, como ahora hay elecciones andaluzas, que cada uno vote lo que quiera, pues ya todos los andaluces saben lo que hay.

N.B.  En Andalucía hay elecciones, pero sus asuntos sin explicación clara -como el descrito- son numerosos, así que, -una información veraz- al respectosería necesaria y conveniente por los políticos responsables por meras razones de sanidad pública.

Lo expuesto sobre los millones al Presidente de la RFEF es solo un ejemplo de gasto público perverso, donde la legalidad se antepone a la ética, sirviendo de parapeto excluyente de cualquier responsabilidad, pero, sin duda, los casos de despilfarro público, de gasto superfluo, en Andalucía son numerosos y desconocidos, y, no hablo solo de la Junta de Andalucía, sino también de Diputaciones, Ayuntamientos y de todas sus empresas (chiringuitos varios).

La ética, se considere más o menos importante, nunca puede ser algo ajeno a la legalidad, ya que, toda Ley en su aplicación tiene un contenido ético irrenunciable, de forma, que cuando la legalidad aplicada se aparta totalmente de la misma, se produce una aplicación de la ley contraria al Estado Social y Democrático de Derecho y a los principios esenciales que consagra la Constitución.

No existen los principios de legalidad ni de respeto a la Ley que no tengan un componente ético irrenunciable.

Hay elecciones y a votar en libertad, pero que nadie se llame a  engaño:  “Todos los andaluces sabemos lo que hay y lo que no hay”.

Córdoba, a 24 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estanflación – maldades – seguridad y silencio (rebelión contra la injusticia -sea cual sea-)

La votación del Congreso de la convalidación del R. D. L. de la Reforma Laboral es último ejemplo de una maldad a la vista pública de todos los españoles y sálvese quien pueda.

Las maldades públicas, está visto, que existen en muchas formas, pero si se ocultan en el silencio se convierten en algo peligroso en extremo, ya que, la incapacidad de cualquier sociedad civil de decir no y de sublevarse cuando es necesario, puede llevar a que la injusticia, si se opta por la  comodidad, la seguridad y el silencio, anide de forma permanente en esa sociedad que lo acepta todo, de manera, que, si se da el supuesto opresor consentido una y otra vez, quizás, entonces,  sea demasiado tarde y no se pueda ni protestar.

El caso del Modelo 720 de Hacienda, otro caso más, de una serie interminable de abusos del poder, con la Sentencia TJUE de 27-01-2022. Asunto C-788/19, ha dejado claro,  que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión; constituyendo un ejemplo de que la lucha contra la injusticia, aunque sea desigual, es completamente necesaria en cualquier sociedad, que quiera ser regida por un estado de derecho, de forma, que el silencio cautivo nunca es una buena solución y que siempre es necesario sublevarse ante cualquier abuso, máxime, si procede de los poderes públicos.

Desgraciadamente, el caso de Modelo 720 de Hacienda o la votación de la Reforma Laboral no son los únicos en España, sino que se vienen produciendo demasiados supuestos donde peligra seriamente nuestro estado de derecho, sin que la sociedad adocenada se mueva como las circunstancias exigen, no solo ahora, sino desde hace varios años, de forma, que casos como, la amnistía fiscal vergonzosa declarada inconstitucional, el estado de alarma confinatorio declarado contrario a la Constitución por el T. C., y otros casos más vidriosos e ilegítimos, parece, que se han apoderado de nuestros derechos y libertades constitucionales, sin que nadie responsa de nada y bajo un halo perverso de impunidad, porque, además, los interesados perjudicados se quedan solos en sus reclamaciones (patrimoniales o de otro signo) frente a la situación de privilegio de los poderes públicos, responsables de los desaguisados contra el estado de derecho.  

Por otro lado, agrava la situación en España, el hecho  cierto de que los gastos del Estado han crecido de forma desmedida y, desgraciadamente, en una parte muy importante en gasto improductivo e innecesario (aunque debo aclarar, que el gasto social elemental lo considero gasto necesario y productivo, aunque siempre dentro de la realidad económica de España), mientras reina la oscuridad en asunto trascendentales para los españoles, como los Fondos Europeos y su reparto, el funcionamiento del poder judicial y su renovación, la política fiscal que se avecina y un larguísimo etc. de ejemplos de que, lo que no podía pasar está al borde de pasar.

La recuperación política, social, económica y sanitaria solo será posible, si se diseñan y aplican políticas razonables y equitativas en la aplicación de todos los recursos disponible, no de los que no hay, de forma, que, además, las medidas de reforma deben ser rápidas, eficaces y posibles, permitiendo que aumente la creación de riqueza y la productividad para superar esa barrera negativa, si o si, de que la mitad de la población de España  mantenga y sostenga a la otra mitad, pues esa situación social y económica es insostenible y perversa.

Seguimos con unas cifras de paro tremendas, que nos sitúan en una doble cabeza de la U. E.-.

Por otro lado, es evidente, que la inflación está enseñando sus patas rasposas con un encarecimiento del nivel de vida descontrolado, que, la subida tremenda de la luz, el aumento de impuestos, el gasto público desnortado, etc.  están poniendo a la vista de todos.

El IPC interanual adelantado en el primer mes de 2022 se sitúa en el 6%.

El problema se acentúa, cuando, aunque suben los salarios, los precios aumentan más para los consumidores,  estancándose la recuperación o parándose en seco, produciéndose un efecto perverso de estanflación, con riego claro de que se convierta en algo permanente.

Así mismo, lo que hay está claro, los recursos se saben cuáles son, de forma, que la demora y los errores en el arreglo rápido de la situación económica y social entra de lleno en el abismo de lo perverso, aunque, siempre hay que actuar dentro de la Constitución y del respeto a la Ley, porque aquí no valen los atajos con sacrificios de derechos y libertades.

Hechas las anteriores aclaraciones, entiendo, que lo primero que hay que hacer, es proporcionar a los españoles su derecho efectivo a una información veraz, completa e inmediata (art. 20 CE), de manera, que una vez conocida la realidad por todos los ciudadanos (hombres, mujeres, mayores y menores, etc.), conociendo la verdad económica del País, se puedan adoptar medidas racionales y justas, que necesariamente, deben ser consensuadas por todos o la gran mayoría y aceptadas por la sociedad civil.

Dicho lo dicho, lo único inadmisible, es que los españoles aguanten vulneraciones del estado de derecho constitucional en silencio cautivo, pues si callamos una y otra vez, al final prematuro quedaremos sin libertades y derechos, presos del autoritarismo de unos poderes públicos que se exceden sin mesura en el uso indebido del poder, que el pueblo al que oprimen les ha delegado.

N.B. La estanflación y demás maldades sin rebelión a cambio de seguridad y silencio contra la injusticia -sea cual sea-, es, sin duda, el peor de los negocios de una sociedad civil o de un pueblo.

La unilateralidad excluyente ya no es un valor, que consuele a nadie, los españoles, a pesar de la falta casi completa de información veraz,  saben lo que se juegan si admiten el silencio cautivo, de forma, que conocen lo que se puede hacer de verdad y lo que son brindis al sol, pues ya han superado el miedo propio y/o ajeno. Solo quieren realidades y que no les engañe nadiesea quien sea.

Conocen, que tienen que desaparecer,  *los desequilibrios, como el que está creciendo entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Córdoba, a 6 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoyafebrero

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.