El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.
Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.
Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.
Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.
En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.
N.B. Lo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.
A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma, que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.
No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.
Córdoba, a 17 de octubre de 2024.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.