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La desigualdad anida bajo (el respeto a la Ley está cayendo en desuso)

 Se dice por activa y por pasiva que Ley de Amnistía, se ha cargado de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Ya he dicho en varios foros públicos, que soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

Creo que la aplicación justa de la Ley no admite excepciones, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, y, a la vez, admitir excepciones o eximentes a cualquier tipo de violación de la ley, sea por acción, sea por omisión, aunque se disfrace de cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando espacios opacos donde se niega una aplicación de la ley igual para todos.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos abiertos, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la inaplicación de la ley cuando conviene el políticos de turno, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay políticos, jueces y autoridades públicas (corporaciones locales, entidades publica varias, y, así, un larguísimo etc.) que de una y mil formas comenten “lawfare” contra los ciudadanos de a pie, sirviendo como ejemplo abierto, casos **donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley por acción u omisión, **donde Alcaldes dictan decretos saltándose la ley, etc. etc., siendo evidente que a sus resoluciones les falta ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E., porque pasan por encima de la Ley aplicable, situándose, además, en un mundo paralelo de impunidad.

DICHO DE OTRA FORMA, HAY *LAWFARE* CASI A DIARIO CONTRA LOS CIUDADANOS DE A PIE, MIENTRAS QUE PARA POLÍTICOS Y JUECES SE DENUNCIA QUE SUFREN “GUERRA SUCIA JUDICIAL” EN ESCLUSIVA, CUANDO LA REALIDAD ES QUE LA IGUALDAD Y EL RESPETO A LA LEY HA DESAPARECIDO PARA  CASI TODOS LOS ESPAÑOLES.

Ahora, que casi todos estamos en defensa de igualdad y de la Ley para todos igual, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos políticos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder (autonómico, local, etc.) vienen realizando “amnistías pequeñitas” mediante el sistema de no respetar la ley aplicable por acción u omisión.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque eso va contra el bien común de los españoles.

2.- Es un hecho patente, que no se puede estar con Ley y contra la ley, aplicando amnistías varias cuando conviene, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.B. La defensa de una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, es ineludible y prioritaria, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga excepciones, donde algunos puedan cobijarse con absoluta desigualdad e impunidad.

El respeto a la ley no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople, porque la igualdad es de todos los españoles.

Córdoba, a 8 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público  realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado  a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.B. Todo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular “de que el dinero público no es de nadie”.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es “UNA INFORMACIÓN VERAZ”.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Inflación – empleo – paro (situación de emergencia)

Los precios creciendo sin parar ya se están soportando por los españoles en sus compras diarias, sobre todo en los productos de primera necesidad, además, la economía no mejora, de forma, que el empleo y el paro están hundidos en una espiral interminable, que lleva a una situación extremadamente compleja y preocupante.

La guerra de Ucrania será el remate que hundirá la recuperación económica con efectos nocivos en la inflación, en el empleo y en el paro, de manera, que, no queda otra, que adoptar medidas urgentes de contención de los precios, de reestructuración del mercado de trabajo, de adecuación a la realidad del ciclo productivo y de adaptación inmediata a la realidad económica.

Por otro lado, la política en España se transforma, día a día, con una pérdida continua de derechos y libertades fundamentales, ya que, el Estado Social y de Derecho que consagra la C. E. de 1978 está en su nivel más bajo de respeto por todos los poderes públicos, de manera, que cuando la Constitución dice en su artículo 1. que “la soberanía reside en el Pueblo” y en su artículo 6. dice, que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política y que su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”, parece que estamos en otro País.

La forma de ejercer el poder por la Gobierno del Presidente Sánchez produce escalofríos en todas las libertades fundamentales de los españoles, pareciendo que la división de poderes está desapareciendo y que el Estado de Derecho se diluye en manos de un poder público devastador de derechos y  usurpador de la libertad. Ejemplos de lo dicho sobran por doquier: Confinamiento inconstitucional, gobierno a base de decretos leyes a porrillo, ocupación de las Instituciones Públicas, ataque sin tregua a la división de poderes y así, un largo etc. de asuntos vidriosos por su inconstitucionalidad.

Por otro lado, los partidos de la oposición están instalados en su autodestrucción y en la inoperancia casos del P.P., de Cs. y de todos los partidos independentistas.

Frente a los problemas tremendos que tenemos que afrontar inflación, empleo, paro, recuperación económica, etc., los españoles estamos huérfanos y abandonados por los poderes públicos, peligrando, sin duda, nuestros derechos y libertades constitucionales.

Si los poderes públicos no respetan la Constitución y el resto de nuestro ordenamiento jurídico, como, por ejemplo, ha ocurrido ahora en el P. P. con el caso del espionaje a la Srª. Ayuso por su propio partido, saliendo su Presidente Sr. Casado a publicar una supuesta ilegalidad de la Presidenta de Madrid, que, sin entrar en profundidades, supone la perpetración de varios delitos e infracciones administrativas gravísimas contra la Ley de Protección de Datos (delito de revelación de secretos, posibles delitos de calumnias e injurias, delitos de acoso, y, violación de toda la normativa de protección de datos, etc. etc.), alguien de verdad puede creer, ¿que estos presuntos delincuentes están en condiciones y dispuestos a solucionar la inflación que nos corroe descontrolada, los problemas de empleo y paro y el inicio de la recuperación económica, solo por señalar algunos problemas urgentes?

Así mismo, la U. E se prepara para varios años de precios descontrolados, advirtiendo el BCE y la mayoría de los entendidos y técnicos de un proceso de inflación elevada, que podría durar varios años.

Ante la situación precaria de la recuperación económica, de la inflación, del empleo y del paro, se reitera, que, no queda otra, que adoptar medidas urgentes de contención de los precios, de reestructuración del mercado de trabajo y de adecuación a la realidad del ciclo productivo, siempre, sin desconocer la realidad económica de España, ya que, auto-engañarse disponiendo de lo que no se tiene, es lo peor de todo.

No hacer nada y permanecer pasivos siguiendo una tradición tancredista acreditada del inefable Presidente Rajoy, nos llevará a una situación límite en el plano social, económico y político.

N.B. La situación de emergencia por la inflación, por el empleo y por el paro es una realidad, que se agrava día a día, situándonos en clara estanflación con todas sus maldades añadidas, de forma, que no hacer nada es un suicidio colectivo.

Frente a la pasividad auto-engañosa solo es posible una reacción rápida de todos, ya que, es una realidad, que los españoles conocen, que tienen que desaparecer,  *los desequilibrios, como el que está creciendo entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, *que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Una cosa es evidente, los españoles estamos huérfanos y abandonados por los poderes públicos, peligrando, sin duda, nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 25 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.