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Amnistía IV – Diputación (Frio, mucho frio fuera del Gobierno del Sr. Fuentes Lopera)

El Sr. Presidente Salvador Fuentes Lopera ha amnistiado a los políticos y gestores de la anterior Corporación Provincial Socialista con cargo a los ciudadanos de Córdoba y Provincia, que serán lo que pagaran una gestión de ruina, y de paso, eliminando toda responsabilidad de la anterior Corporación.

Poner de relieve, que los responsables de la gestión derrochadora de la anterior Corporación Socialista del Sr. Ruiz se han evaporado, como le ha ocurrido al dinero público que malgastaron en ella, gracias a la generosa amnistía del Presidente del P. P.

Basta recordar al Sr. Fuentes y los dirigentes del P. P. que le nombraron digitalmente, a Rita Barberá (Alcaldesa del P. P.), Presiente Camp (P.P.), Presiente Cifuentes (P. P.), Presienta Aguirre (P. P.), etc., etc.

(Nota. Una advertencia, el lawfare de la amnistía del Gobierno de la Nación y sus socios multi – ideologizados alcanzará, si o si, a dirigentes del P. P. de Andalucía ligados al llamado “Process”).

Por el contrario, el Presidente de la Diputación del P. P., Sr. Fuentes, solo dicta Decretos apoyados en el lawfare del muro de sus adversarios contra los votantes del P. P. (*yo soy perjudicado directo -tengo la documentación-, así mismo, *contra los ciudadanos cordobeses -tasa de basura subida en el 40,50/%, más dos millones de subvención-, *dinero público a fondo perdido en empresas públicas – más de 30 millones de euros-, *pérdidas malgastadas no recuperables – en total se superan los 25 millones de euros-, *etc. etc.

Solo una pregunta al Sr. Fuentes Lopera:

¿HA PEDIDO UNA AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS DE LA DIPUTACIÓN Y DE TODAS SUS EMPRESAS?

Es un hecho patente, **que el Sr. Fuentes solo se fía del muro socialista tejido a su alrededor, apoyándose en personas afines a la Corporación Provincial del Sr. Ruiz**.

N.B. Dimisión inaplazable.

 “El Presidente de la Diputación es el que manda y es el que debe dimitir y/o ser dimitido por los que le nombraron, asumiendo sus responsabilidades”.

Córdoba, a 9 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Amnistía – Diputación – Responsabilidad (Irregularidades penales y administrativas)

En resumen, de todos mis artículos anteriores fijaré, por ahora, los siguientes puntos:

Primero.- Citaré solo dos artículos del Código Penal, entre otros, con carácter previo de lo que después se detalla:

*Art 408. De la omisión del deber de perseguir delitos.

La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

*Art 252 .    De la administración desleal.

1. Serán castigados con las penas del artículo 248 o, en su caso, con las del artículo 250, los qué teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

Segundo.- Se ha visto en el Pleno de la Diputación, que EMPROACSA, empresa de aguas de la Diputación de Córdoba, según declaraciones del Equipo de Gobierno de la Diputación, este año va a perder 10,5 millones de euros, situándose en quiebra técnica, razón por la que se le inyectan casi dos millones de euros.

Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas previas al Pleno la portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Ana Rosa Ruz, quien ha manifestado que “con esta aportación económica que se aprueba hoy, damos continuidad y contenido al plan de viabilidad, que se ha puesto en marcha para salvar de la quiebra a la Empresa Provincial de Aguas”.

Ruz ha matizado que “los 1,9 millones aprobados se suman a los 5,8 millones de euros, que ya han sido transferidos a Emproacsa para que pudiera hacerse frente a las nóminas y gastos e inversiones”.

“Del mismo modo, la Diputación ha decidido no compensar los 5,2 millones de euros que en 2022 la Empresa Provincial de Aguas solicitó a la institución provincial como adelanto”, ha añadido la portavoz Sñrª. Ruz.

La portavoz del Partido Popular en la Diputación ha remarcado en que “por lo tanto, es alrededor de 13 millones de euros, la cantidad que ha sido volcada en el intento de este equipo de gobierno de enmendar la actual situación de las cuentas de Emproacsa”.

(Nota. El capital social de Emproacsa en la actualidad es el mismo que se estableció en el año 1985, es decir, UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.502.530,26.eur.), representado por 2.500 acciones nominativas de 601,012104 euros de valor nominal cada una. La empresa, como se ha señalado, ha recibido varias inyecciones de capital (dinero público) por parte de la Diputación Provincial de Córdoba para tratar de evitar la quiebra y mejorar su gestión del ciclo integral del agua. La última de estas inyecciones fue de 1,9 millones de euros en el año 2023.

Es resumen, el capital social de Emproacsa no refleja su situación financiera actual, que es bastante precaria y deficitaria. Técnicamente la Empresa Emproacsa está en quiebra, sean cuales sean las aportaciones que le haya hecho la Diputación, de manera, que alguien es responsable de la mala administración y del despilfarro.)

Tercero.- El Sr. Presidente Salvador Fuentes Lopera ha amnistiado completamente a los políticos y gestores de su Empresa Pública EMPROACSA con cargo a los ciudadanos de Córdoba y Provincia, que serán lo que pagaran una gestión de ruina, y de paso, eliminando toda responsabilidad anterior, ya que, 23,5 millones de euros no son nada.

La amnistía del Sr. Fuentes Lopera, a mayor inri, siguiendo un camino de no retorno, perdona de lleno a todos los anteriores responsables -políticos y gestores-, de manera, que ya nadie podrá exigirles responsabilidad alguna (ni administrativa, ni pecuniaria ni penal) en el caso de que ello fuera posible y legal, lo que pone de relieve el privilegio de la “AMNISTÍA POLÍTICA”, qué dicho con claridad, implica, también, seguir y seguir un camino hacia la comodidad política de así “estoy más cómodo”.

¿Quién o quiénes pierden? TODOS LOS CIUDADANOS QUE SEGÚN LA CONSTITUCIÓN DE 1978 IGUALES ANTE LA LEY. (Ver los arts. 1., 9., 10., y 14., entre otros, que dicen: que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”; que “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”; y, que “Los españoles somos iguales ante la Ley”).

Los españoles somos de varias clases, *destacando los políticos impunes y *los ciudadanos paganos y siempre responsables.

Cuarto.- Finalmente, dado que los posibles responsables de la gestión derrochadora de Emproacsa se han evaporado, como le ha ocurrido al dinero público que malgastaron en ella, gracias a la generosa amnistía del Presidente Sr. Fuente, solo una pregunta: 

¿El Presidente de la Diputación puede tener alguna responsabilidad administrativa y/o penal por todo lo expuesto?

N.B. Amnistía – Diputación – Responsabilidad – Irregularidades penales y administrativas sin devolución del dinero público y sin sanción. 

Solo el caso EMPROACSA demuestra, que 10,5 millones en pérdidas, más 13 millones de euros aportados no son nada para el político que manda, si los que pagan son los ciudadanos sobre todo cuando, además, debemos dar gracias porque nos salvan.

Cuando en Institución Pública, como la Diputación de Córdoba, se impone la “AMNISTÍA POLÍTICA”, donde la igualdad desaparece, con el Estado de Derecho Constitucional en pleno retroceso, y, además, todos los responsables salen impunes, incluso haciendo ostentación de su irresponsabilidad, algo muy grave está ocurriendo en la Diputación Provincial de Córdoba.

Una cosa es clara, “el responsable siempre es el que manda y es el que debe dimitir y/o ser dimitido por los que le nombraron, asumiendo sus responsabilidades”.

Córdoba, a 8 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Diputación de Córdoba – cuentas claras (Deuda – aportaciones a Empresas no recuperables – déficit real)

El Presidente de la Diputación de Córdoba ha amnistiado a la anterior Corporación Provincial socialista de cualquier tipo de responsabilidad, de forma, que, aparte de otras cuestiones, en aras de la transparencia total de las cuentas de la Diputación el Sr. Fuentes Lopera del P. P. debería informar con toda claridad y sin recovecos engañosos sobre los siguientes puntos:

1.- Cuanto tomó posesión de Presidente, que encontró en los apartados siguientes:

1.1.- ¿Cuál era la deuda real de la Diputación, con todas sus empresas, entes, sociedades, etc.?

1.2.- ¿Cuál era el déficit real de la Diputación?

2.- A 31/12/23 cuál será la situación económica real de la Diputación en los mismos apartados:

2.1.- ¿Cuál será la deuda real de la Diputación, con todas sus empresas, entes, sociedades, etc. a 31/12/23?

1.2.- ¿Cuál será el déficit real de la Diputación a 31/12/23?

TODOS LOS VOTANTES DEL P. P. QUEREMOS SABER ¿¡HASTA DONDE HA LLEGADO SU AMNISTÍA Y CUAL HA SIDO SU IMPORTE PARA LOS CORDOBESES?

Lo dicho, viene porque el Presidente de la Diputación de Córdoba ha optado por la amnistía diseñada por el Presiente Sánchez, aplicando, a la vez, políticas socialistas, mientras, ha lanzado un lawfare perverso contra aquellos a los que se presume, que representa y debe defender, que, a mayor abundamiento, son los votantes del P. P., que son todas aquellas personas que hemos votado la “lista cerrada” en la que iba designado Ud. por su partido.

Sr. Fuentes quitar a los ciudadanos cordobeses dinero público, no retornable, para entregarlo a políticos y gestores socialistas despilfarradores, es un engaño y una deslealtad a todos los cordobeses, especialmente, a todos los que hemos votado al P, Popular., no a Ud.

Sigo pidiendo su DIMISIÓN POR FALTA COMPLETA DE TRANSPARENCIA, porque se ha decretado una amnistía ilegal, y, todos queremos saber ¿por qué? y ¿por cuánto?

N.B. “Las cuentas claras y el chocolate espeso”: (Deuda – aportaciones a Empresas no recuperables – déficit real, etc.).

La frase se refiere a la necesidad de ser sinceros, cuando algo no queda claro, es un hecho que Ud. Sr. Fuentes Presidente de la Diputación del P. P., que hasta la fecha no se ha expresado con claridad sobre lo que ha amnistiado y vemos, así mismo, que no está siendo sincero, de forma, que exigimos, por favor, que informe a todos los cordobeses con absoluta transparencia sobre lo que se le pregunta.

Córdoba, a 7 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. –

Plusvalía – buena noticia para los ciudadanos (reacción pública – nada de alegrías)

<< El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Gabinete del Presidente. Oficina de Prensa) ha emitido -Madrid, 26 de octubre de 2021- la NOTA INFORMATIVA Nº 99/2021, ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA, EL PLENO DEL TC DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DE LOS ARTS. 107.1 PÁRRAFO SEGUNDO, 107.2 A) Y 107.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES:

         El Pleno ha resuelto lo siguiente:

          PARTE DISPOSITIVA:

          “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

         Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.  

         La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

         El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia.

         La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del Presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer. 

         En los próximos días se notificará la sentencia y los votos particulares junto con una nota de prensa más amplia. >>

Esperaremos a leer la sentencia y sus votos particulares, que serán los que se aplicarán en una nueva Ley exprimidora, aunque ahora un poco de alegría para los ciudadanos de a pie, ya que, resulta perverso, que los poderes públicos hayan reaccionado todos a -la contra-, dejando claro, que tamaña injusticia debe ser reparada de inmediato, al quedar desamparados todos los Órganos Públicos, que han visto como el T. Constitucional  ha metido la mano en sus bolsillos, igual que ellos durante muchos años y, a veces, con crueldad han despojado a muchos ciudadanos de parte de sus bienes, siendo por su puesto las clases medias y bajas las más oprimidas por el ilegal impuesto de plusvalía, en cumplimiento exacto del art. 31 de la Constitución que dice: <<1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. >>

Ahora a los ciudadanos beneficiados por la nulidad de una Ley inconstitucional solo les queda disfrutar mientras puedan, ya que, sin la menor duda, todos los salvadores públicos elegidos por ellos en listas cerradas, se podrán rápidamente de acuerdo para poner en vigor una nueva Ley, que con toda seguridad supondrá una nueva requisa de los patrimonios de los españoles, pues no se puede consentir, que la crueldad de unos Magistrados del T. C. (no todos, gracias a los dioses) haya esquilmado a unos organismos públicos destacados por realizar -siempre- un gasto público de forma equitativa con eficacia y economía.

N.B. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía, así que, ahora los ciudadanos a disfrutar de una buena noticia, mientras puedan, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

Lo que vendrá pronto y más duro, será una Ley urgente, que equilibrará las fuerzas publicas y privadas en aras de la justicia social, de forma, que de inmediato quedará restablecida la equidad fiscal en beneficio del pueblo soberano, todo, además, adobado e incentivado por la propaganda engañosa del bien común, como fin indiscutible y absolutamente necesario para restablecer la justicia social dañada por unos jueces insensibles.

En resumen, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley por los poderes públicos, porque la Constitución y todos nuestros derechos y libertades están al servicio de los poderes públicos, que, sin duda, son los que administran sin pudor ni decoro nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Córdoba, a 27 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.