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La falta de respeto a la ley está ya en todos los niveles del poder público (Principio de legalidad – Inseguridad jurídica)

Lo que se está viendo publicamente a nivel nacional sobre saltarse la ley por políticos y sus partidos (incluidas las Instituciones del Estado), produce una sensación de desamparo a los españoles de a pie sobre la aplicación de la ley y una completa una falta completa del principio de legalidad en la igualdad de todos los españoles.

Aunque lo verdaderamente preocupante, que da mucho miedo, es que la falta de respeto a la ley alcanza ya todos los niveles del poder público, quedando los ciudadanos de a pie como unas personas abandonadas por la ley y por poderes públicos que la deben de aplicar, que curiosamente deben su poder al Pueblo que someten contra toda ley.

Cualquier ciudadano deja de presentar un modeo obligatorio en Hacienda y/o deja de pagar una multa de tráfico (solo a título de ejemplo) y en horas veinticuatro tiene la la aplicación rigurosa de la ley encima de él, de manera, que no hay excusa ni pretexto alguno, que le libre de la fueza corecitiva de la ley aplicable.

Por el contrario si se trata de un político, sea cual sea su nivel de poder público, si incumple la ley la “amnistía es total”, de forma, que el ciudadano-pueblo solo le queda ir de entrada a un proceso juicial contencioso administrativo, pues si el ciudadano acude a presentar una denuncia penal, porque el político de turno enchido de poder incumple la ley, que prospere su denuncia es algo  casi increible y, además, siempre obtiene la misma respuesta: “Lo que denuncia no es delito, pues solo es un posible ilícito administrativo”.

Queda claro, que NO es NO, así que a fastidiarse y a jorobarse toca. (Lo digo con delicadeza).

En España ahora la igualdad de todos los españoles ante la ley ha pasado a un deterioro irreversible del “valor justicia” y a un menosprecio de nuestro estado de Derecho, mientras la democracia real y el poder del pueblo soberano ha pasado a un universo paralelo dominado por un poder político irresponsable, ininimputable y que se cree con toda la razón de que está por encima de la ley (eso es lo que se ve y se siente a diario).

Frente a una situación de injusticia pública atrabiliaria e instaurada en el poder, ha llegado la hora de defender nuestros derechos y libertades con una rebelión pacífica de todos los ciudadanos, y, creo que asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” deben comenzar a moverse en defensa de la libertad, de la igualdad  y de la justicia.

N.B.  Es un hecho que la falta del respeto a la ley está ya istalada en todos los niveles de los poderes publicos, de manera, que si queremos justicia el principio de legalidad se debe imponer a la inseguridad jurídica de los españoles de a pie.

Si seguimos callados, silentes y cautivos unos pocos-muchos destruiran la democracia, haciendo papel mojado la Constitución Española de 1978.

Córdoba, a 25 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.B. Lo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma,  que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.  

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.