Monthly Archives: September 2022

Presidente Andalucía (muy bien en economía pero mal en la explicación política)

La reforma fiscal anunciada por el Presidente Sr. Moreno Bonilla es de nota 10 sobre 10, pero le falta una motivación razonable y constitucional de principios políticos en los que se basa: Justicia, libertad, igualdad, división real de poderes, estado pleno de las autonomías, respeto a la Ley, etc.

{La Constitución Española de 1978 establece, entre otras muchas cosas:

**Artículo 1.

1.      España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2.      La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3.      La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2.

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. }

Lo dicho sobre la Constitución, es lo que Ud. Sr. Presidente de Andalucía está garantizando a los andaluces, de forma, que el enorme acierto de su reforma fiscal no es que haya eliminado el regresivo Impuesto de Patrimonio y otras cosas, sino que lo ha hecho defendiendo las libertades y derechos constitucionales, y, sinceramente, esa apuesta suya es de incalculable valor, máxime, cuando en España y en nuestra querida Andalucía está en peligro el valor justicia, mientras por el Gobierno de la Nación se está demoliendo nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por todo ello, Presidente, Sr. Moreno Bonilla, enhorabuena, y, nunca los andaluces le podrán estar más agradecidos por su gestión en defensa de sus libertades fundamentales, entre ellos, el que esto suscribe y firma con admiración completa y sincera.

N.B. Presidente, Sr. Moreno Bonilla, enhorabuena y gracias casi infinitas.

Falta, sin duda, la explicación política

Córdoba, a 21 de septiembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Bajo la bota o sobre la bota (Euro Europa y los ingleses – Reino Unido)

La diferencias son abismales, (I) la Europa de Merkel (UE) prefirió escoger el gas barato de Putin, renunciando a la auto defensa energética y las consecuencias están a la vista; (II) los ingleses (R. U.) se exiliaron de la U.E. alemana – francesa, llena de presuntas bicocas falsas y ahora viven con más energía propia de todo tipo y color.

Todo se pone de relieve, aun más, con el Funeral de Estado Cristiano, que han ofrecido a su amada Reina a la vista de todo el mundo, cosa que a algunos (muchos) nos llena de envidia, a la vez, que nos sonroja con lo que estamos permitiendo y consintiendo en España.

La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA – Aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del  Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978 – Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 – Sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes  el 27 de diciembre de 1978 – fue y es un ejemplo para el mundo y donde una gran mayoría de españoles, dirigidos por un grupo amplio de personas de todos los colores e ideas, nos dimos una Norma Suprema que no ha dado más de 40 años de convivencia, y prosperidad, aunque, curiosamente, un grupo muy reducido de españoles negacionistas han decido que hay que cargarse el Régimen de 1978.

La C. E. toda es una Norma Constitucional ejemplar, de forma, que solo con reproducir su Preámbulo se comprende su grandeza y el esfuerzo conciliador que hicimos los españoles, así:

PREÁMBULO

“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.

Está claro, clarísimo, que cuando los españoles unidos nos ponemos a hacer algo, lo hacemos bien, quizás, sería más apropiado para acercarnos a la verdad decir que “lo hacemos mejor”, aunque eso no impide, que ante el Funeral de Estado de la Reina Isabel de Inglaterra la envidia a muchos nos corroe, especialmente, porque sabemos que España es una Gran Nación llena de gestas de valor universal y de grandes personajes, que es innecesario citar, aunque, ahora, estemos metidos en un bucle de espiral autodestructiva.

N.B. Ha  llegado el momento de decidir, si los españoles estamos bajo la bota o sobre la bota, de forma, que hay que escoger entre la Constitución y todos sus derechos y libertades o la bota de Putin y todos los autócratas del mundo mundial.

Creo firmemente que la gran mayoría de españoles estamos con la libertad y la justicia dentro de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Córdoba, a 20 de septiembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Ayuntamiento de Córdoba – III – Una propuesta para las elecciones (quitar el Impuesto de Plusvalía)

El impuesto municipal que grava el incremento del valor de los terrenos, también conocido como Plusvalía Municipal, es un gravamen injusto y discriminatorio, de manera, que hay que reducirlo a la nada o eliminarlo de raíz.

Saldrán, sin duda, los defensores de los ciudadanos de a pie (esos que pagan la Plusvalía) saldrán desde sus tribunas públicas diciendo que hay que defender los servicios públicos sin dar jamás un paso atrás, pues no hay nada más sagrado que el pago de impuestos aunque sea a costa de machacar al Pueblo Soberano, pues hay que costear esos servicios sean los que sean y cuesten lo que cuesten.

La premisa inicial señalada, en si misma, es un sin sentido, si no se ponen límites y condiciones a ese gasto público, por la simple razón de que todo gasto realizado por una Administración Pública, sea la que sea, debe ser dirigido a servir al Pueblo, de forma, que el gasto público innecesario, dilapidador e improductivo debe quedar erradicado, máxime, cuando, además, nadie explica a los ciudadanos el origen del dinero que se destina a ese gasto público superfluo y suntuario, especialmente, ahora, que la inflación descontrolada y el crecimiento de la pobreza se están apoderando del ciudadano de a pie.

Como hablamos del Impuesto de Plusvalía Municipal, pondré sobre la mesa de la discusión un caso conocido por todos y paradigma de todo los malo de un gasto público: “El tranvía de Jaén”.

Que hay muchos más casos, por supuesto, pero con el señalado es más que suficiente para explicar a pie de calle, lo que es un gasto inadmisible, mientras los ciudadanos pagan a sus ayuntamientos impuestos duplicados y discriminatorios, que rompen la igualdad y penalizan a los ahorradores.

Solo con las viviendas poner de relieve que se pagan impuestos sin cesar y sin explicación alguna, así se grava al ciudadano:

*Cuando compra.

*Cuando mantiene su propiedad con el IBI, el acceso a su cochera, el Impuesto de Patrimonio.

*El valor catastral base del impuesto de fija arbitrariamente por el Catastro Urbano en un alarde de trilerismo político, económico y financiero, que nace de una imposición dura e inapelable.

Dicho de otra forma, hay que pagar el correspondiente IBI en base a un valor catastral que pertenece al mundo de la materia oscura del universo, hay que pagar después por aparcar el coche en el garaje, pues hay que pagar el derecho de acceso a la plaza de cochera, sufre continuas subidas del valor de su vivienda o local al albur de unos criterios desconocidos por el Catastro, pero siempre en aumento, además, sin explicaciones de los gobernantes sobre cómo se gastan el dinero público.

*Cuando vende paga de nuevo por duplicado: Plusvalía Municipal e incremento del valor de la vivienda en el IRPF.

(Tanto en un caso como en otro, además, el sistema de cálculo es arbitrario y se basa en pretendidos aumentos de valor nacidos de la ficción y de un afán recaudador discriminatorio e injusto).

Es solidario contribuir al coste de los servicios públicos necesarios, pero una cosa es eso y otra esquilmar al ciudadano que se esfuerza y ahorra para sufragar gasto público superfluo e innecesario, que gobernantes irresponsables dilapidan sin control y total impunidad, pues en último caso siempre está el indulto, al aceptarse por los justificantes de cualquier gasto público, “que en sí mismo todo él es pura justicia distributiva”, que nadie puede discutir.

Aceptado sin discusión alguna, que es necesario en una sociedad civilizada y democrática nacida de un Estado Social y Democrático de Derecho, que es justo pagar impuestos para crear y mantener servicios públicos necesarios, en base a la Constitución, se puede defender, que los impuestos deben ser justos y deben ir dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible, de manera, que nunca los gobernantes acometan gastos superfluos, innecesarios e injustificados.

**Hablando de la plusvalía municipal la realidad es que se trata de un impuesto injusto, confiscatorio y discriminatorio, que borra de un plumazo el art. 14 de la C. E. que garantiza la igualdad de todos los españoles.

La traca final viene cuando venden la finca y el ciudadano pagador se ve abocado a abonar una doble plusvalía a la Hacienda Nacional y Local.

Lo peor de todo, es que no se puede discutir con la Administración Tributaria la existencia del impuesto, sino todo lo más su cálculo la mayoría de las veces fijado de forma arbitraria, pues la regla es simple: “paga y después recurre contra las Haciendas Públicas preñadas de abogados, que pagamos todos los ciudadanos y que nunca jamás dan razón ni clemencia algún a al ciudadano recurrente”. En resumen, una alegría enorme, que seguramente conllevará, además, costas judiciales.

El Tribunal Constitucional en una conocida Sentencia de Pleno ha declarado inconstitucionales y nulos determinados artículos de la L. H.H. Locales que regulan la forma de cálculo de las plusvalías municipales, sin embargo, el Pueblo Soberano del que emanan los poderes del Estado se ha llevado una alegría efímera e irreal, la realidad injusta es tan disparatada, que todos los poderes públicos sin exclusión han llegado a la conclusión de que no se devuelva nada, admitiéndose que una ley nula de pleno derecho (contra todo respeto a la ley conocida y principios aceptados por cualquier Estado de Derecho) sigua produciendo efectos, que según la C. E. no ha tenido nunca.

N.B. Propongo eliminar completamente el impuesto de plusvalía municipal por injusto y discriminatorio, procediendo a la vez, a eliminar todo tipo de gasto innecesario y prescindible para cuadrar las cuentas municipales, como pueden los siguientes gastos: Subvenciones a los Grupos Políticos del Ayuntamiento, salarios y sueldos de asesores, gastos y dietas de viajes que no sean absolutamente necesarios, eliminar cualquier contratación que pueda ser realizada por el personal del Ayuntamiento sea laboral o funcionario, reducir la estructura de espacios y tiempos a lo estrictamente necesario, aumentar la productividad personal y material del Ayuntamiento, etc. etc. y, así, hasta conseguir una Corporación Local con el mínimo coste personal y material.

Hay que defender los impuestos justos y que van dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible, sin embargo, nunca los gobernantes deben acometer con esos impuestos gastos superfluos, innecesarios e injustificados, ya que, cualquier gasto público perteneciente a la ficción y alejado de la realidad del pueblo que lo paga es una tropelía.

Córdoba, a 13 de septiembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.