Monthly Archives: April 2021

Camelos y burlas – retroceso y efecto llamada (derecho a una información veraz y respeto a la Ley)

Un camelo es una noticia falsa, una simulación, un fingimiento y una apariencia engañosa, de manera, que es una burla dirigida a alguien con ánimo de atraerlo hacia una dirección fraudulenta.

Sin embargo, a veces ocurre, que el arma falsa tiene retroceso, que provoca un movimiento contrario al que espera el que dispara la burla colectiva. De esta manera, una noticia falsa con mucho retroceso se hace difícil de manejar, sobre todo si no va equipada con un apoyo suficiente para sostener el engaño y controlar sus efectos.

El Preámbulo de la Constitución (ahora que estamos en tiempos de preámbulos, que se dice, que no son normativos, pero que sin duda son esenciales para cualquier interpretación razonable de toda norma), dice:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

*** Las noticias de cartas, balas y navajas, algo inadmisible en unas elecciones democráticas, así como, la forma de hacerse públicas, por todas sus circunstancias empiezan a tener retroceso, así:

* El misterio se cierne sobre Correos y su máximo responsable Juan Manuel Serrano, de conocido currículo al servicio de su partido y que ya ha emitido un comunicado confuso y difuso.

* Por un sino perverso y casual parece, que las tres cartas pasaron por un solo escáner a la vez, sin confundirse ni mezclarse con otros muchísimos sobres que pasan por Correos. 

* Así mismo, ¡ah los hados!, un solo empleado de la seguridad de Correos distraído, al parecer, no controló el escáner y el contenido de los sobres, que, por cierto, iban dirigidos a unas de las tres personar más vigiladas de España, lo que ya es mala suerte y, además, tenemos un responsable.

* Todos los sindicatos parece que no aceptan la versión del descuido del vigilante controlador, concluyendo, que, en su valiosa opinión, es imposible, que ocurra algo parecido, sobre todo cuando los sobres contenían objetos metálicos.

* Así mismo, parece que el Ministerio del Interior y su sistema de seguridad tampoco detectarón nada y los sobres llegaron a su destino. Las cartas de amenaza llegaron a la secretaria de Marlaska tras fallar la seguridad del Ministerio.

Parece que los jueces van a intervenir en el asunto y que alguien se va a personar en las diligencias penales, de forma, que ya lo queda, es que el poder judicial actúe con rapidez y esclarezca el asunto, ya que, aquí todos nos jugamos mucho, especialmente la libertad.

* Cabrían muchas cosas más en este pequeño comentario, pero con lo expuesto es más que razonable.

(Nota. El remitente consignó el sobre con nombre apellidos y dirección, afín de que no hubiera duda de su procedencia y autoría.

Un poco de prudencia no vendría mal a todos, pero antes de todo, gracias a la policía por su rápida intervención, aunque queda claro, que el síndrome de la imitación (se llama efecto llamada) motiva comportamientos increíbles e indeseables, y, debe servir de ejemplo de lo que no puede ser).    

*** En cualquier proceso democrático verdadero, estas cosas sumamente turbias deben ser esclarecidas por completo y de inmediato, de manera, que se coja a los culpables y se depuren todas las responsabilidades.

En nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no caben ni por asomo, estos camelos si lo son, y, si no lo son, sea cual sea la versión verdadera, hay que castigar a los culpables, sin exclusión alguna, ya que, la impunidad crea desafección de los ciudadanos en la justicia y en sus poderes públicos, además, si alguien tiene que pedir disculpas que las pida.

Con todos los asuntos problemáticos que tenemos sobre la mesa, es un insulto a los ciudadanos españoles, que ocurran estas cosas y, que, de una u otra forma se constituyan en la piedra angular de unas elecciones, que deben ser libres, pacíficas, transparentes y celebradas con el máximo respeto al estado de derecho.

El retroceso de esta trama estulta y necia debe perjudicar a sus responsables, y, aquí, el poder judicial no puede dejar pasar ni una, ya que, si llevamos tiempo hablando de la división de poderes y de la independencia de los jueces y tribunales, ahora, es un momento adecuado para demostrarnos a nosotros mismos, que estamos en un estado de derecho dónde se respeta la Ley, que es la base de nuestras libertades y derechos.

Los jueces han salido a defender su independencia con toda la razón de mundo, y, ahora, sin la menor duda, tienen una ocasión para demostrar a los españoles, ¿por qué? luchan por ser libres e independientes de cualquier poder. Lo contrario sería una actuación engañosa a los ciudadanos, vamos un camelo.

Para terminar, destacar algo que parece una verdad absoluta, aunque con trampa: Unos pocos, quizás demasiados, están convencidos que los españoles somos gilipollas, vamos necios o estúpidos.

La verdad es que están equivocados de principio a fin, de manera, que confunden la prudencia, la moderación y el buen juicio con la estulticia y la tontuna. El tiempo dirá, ¿quién tiene razón?

N.B.  Sin duda, los camelos y las burlas tienen retroceso, pero, curiosamente, se llevan en política dónde se dicen cosas terribles con total impunidad, aunque ya va siendo hora, que tengan retroceso para sus autores.

Si no se hace justicia en este turbio asunto, la desconfianza de los españoles en el estado de derecho aumentará, además, la división de poderes estará en entredicho, máxime, cuando ciertas actuaciones de los poderes públicos se sospechan realizadas en fraude de ley.

Por otro lado, se dice que el Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro la división de poderes, razón por la que hay que devolver a los españoles la confianza en la justicia, de forma, que ahora tenemos una ocasión de oro, no cabiendo las excusas y, mucho menos, ponerse de perfil por parte de los jueces.

Defender la libertad y la democracia para todos siempre es bueno,de forma, que nada de amenazas, nada de pistolas, nada de navajas ynada de camelos, aunque si sería deseable mejorar una seguridad incompetente.

A pesar de lo que algunos demasiados creen, los españoles somos responsables, inteligentes y libres, de forma, que ahí tenemos la transición y la Constitución de 1978, como prueba irrefutable de su compromiso por la libertad y la convivencia pacífica.

Córdoba, a 28 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

III. Ertes – Eres – grandes empresas (sin reformas estructurales – política social topada)

La realidad empieza a mostrar su cara más dura, “España está en la ruina, de forma, que la política dopada de los Ertes está demostrando, que no sirve ya para nada, salvo para crear un bucle interminable de ilusiones incumplibles.  

Las empresas en dificultades ahora, que son muchas y de distintos sectores económicos, están echando el cierre o presentando un Ere, nunca un Erte, pues son conscientes de que estos instrumentos de regulación del mercado laboral están agotados, careciendo, además, de flexibilidad y encerradas en una trampa mortal, que las hace transmutarse en zombis, pues no pueden hacer frente a sus obligaciones ni, por supuesto, devolver los prestamos que se les han concedido, sean operaciones ICO o de cualquier otra entidad financiera.

Los Ertes han llegado a su final operativo real y no hay prevista otra solución, máxime, cuando las grandes empresas empiezan a despedir por Eres, demostrando que no tienen ninguna confianza en los primeros, aplicando medidas de ajuste extintivas en sus medios materiales y personales, así que, examinemos la realidad:

España está en la ruina, de forma, que no hay ningún indicador en el que estemos en una posición razonable, y, si a eso unimos, el retraso, más que evidente, de la llegada de los fondos de recuperación de la U. E. y de los planes de vacunación, más el deterioro agresivo de la situación política, que llega ya a la esfera internacional, la conclusión es muy negativa.

La política dopada de los Ertes está agotada y no sirve ya para nada, así que, la mayor baza del Gobierno llamada a ser un refugio social seguro y estable, está cayéndose a pedazos.

* Los Eres se disparan, mientras los Ertes se muestran inservibles.

Nadie se llama ya a engaño, todos saben que muchas de las empresas acogidas en Ertes acabarán en quiebra y desaparecidas, y, sus trabajadores en el paro y sin indemnización de las mismas.

* Las grandes empresas han empezado sus ajustes a lo bestia, de manera, que, como poco, 35.000 empleos desaparecerán en ellas.

* El prohibido despedir de los Ertes ha demostrado, que es una trampa mortal para las empresas, ya que, la realidad les está demostrando, que se mueven en una entelequia artificial sin futuro. Dicho de otra forma, las empresas han entendido que están en la ruina y que no podrán remontar solo con la medida política de los Ertes, si no se adoptan medidas de ayudas directas suficientes y una política real de reformas estructurales profundas del mercado de trabajo.

* Muchos trabajadores despedidos solo cobrarán del Fogasa y, teniendo en cuenta su presupuesto, hasta donde lleguen sus fondos, es decir, muchos se quedarán sin cobrar, pues el Fogasa no tendrá dinero para pagar todas las indemnizaciones.

Los servicios públicos de desempleo, la Inspección de Trabajo y S. S., los Juzgados de lo Social y demás instituciones sociales empiezan a colapsar, con el agravante, se quiera reconocer o no por el Gobierno y la Ministra de Trabajo, Sr.ª. Díaz, que el Fogasa no tiene dinero suficiente para hacer frente al cúmulo de indemnizaciones, a las que tendrá que hacer frente.

*  El número de parados real llegará a una cifra cercana a los 7.500.000 o superior, situándose la tasa de paro en el 42,5%, si se suman los parados oficiales, los ertes fallidos, los autónomos desparecidos, los inactivos y los parados que nunca encontrarán trabajo, que llamo “incapacitados permanentes sociales”.

* El retraso en la vacunación está haciendo, que la evolución de la pandemia y sus consecuencias en España haya tomado un camino desesperante y persistente.

* Las previsiones de las empresas, que aguantan, son cada vez más negativas, y, todo apunta a que, lejos de lograr la ansiada recuperación, todos los sectores productivos se enfrentan a un desastre sin precedentes conocidos y a una destrucción de empleo en crecimiento exponencial.

* La baja cualificación profesional de una gran parte de los trabajadores desempleados les impide adaptarse a las nuevas necesidades productivas, lo que imposibilita su acceso a los nuevos empleos y el crecimiento de su productividad.

* Lo domina todo, la incertidumbre, la desesperanza, la falta de seguridad jurídica, la situación política desnortada, el Estado de Derecho en peligro, con su división de poderes bajo mínimos, y, así, un largo etc. de despropósitos, que se corresponden, además, con una falta absoluta de información veraz, que impide la participación social en la toma de decisiones y su implementación.

*** Hemos llegado a los meses más duros y peligrosos de la crisis, y, la pretendida fortaleza de los ertes ha sido conquistada por el paro y la ruina económica de España.

Es un hecho más que comprobado, que en estos meses que vienen, ninguna empresa quiere tener ligaduras administrativas voluntarias con base legal, ya que, a la vista de lo que perciben, solo quieren la máxima libertad y flexibilidad para poder llevar a cabo la estructuración de sus plantillas con despidos individuales o colectivos, si lo necesitan.

La deriva cierta reseñada, sin la menor duda, acabará con los Ertes como medida adecuada para afrontar la crisis, de manera, qué, aunque algunos autónomos, pequeñas empresas (pymes), etc. aún resisten con enormes dificultades, ya se imponen en la práctica los despidos y los cierres de centros de trabajo, siendo la realidad de las grandes empresas con sus Eres y despidos masivos, el colofón de la destrucción de empleo.

El fracaso de los ertes está, a parte de los avances descontrolados de la pandemia, en que en este tema el Gobierno y la Ministra de Trabajo han optado por el cautivismo político, alejado de la realidad y de la eficacia a medio o largo plazo, en vez de aplicar medidas de flexibilidad y de protección adecuada del mercado laboral.

 El paro real en España es ya un problema perverso y contaminado de raíz, que inunda toda la piel de toro y se distribuye desigualmente por territorios, sectores productivos y diferentes grupos de personas, especialmente, menores, mujeres, mayores de 50 años y parados de larga duración; a lo que hay que unir el retraso de la vacunación, el descontrol de los rebrotes del virus y la ausencia de reformas y medidas estructurales eficaces en España, y, por si faltara algo, el marasmo político de todos contra todos, lo que conlleva un mercado de trabajo casi destruido.

¿Alguien de verdad cree, que con tres modelos de contratos se reforma el mercado laboral?

¿Es posible que la reforma de la Seguridad Social sea aún un misterio sin resolver del Ministro Escrivá?

N.B.  Es una realidad, que los ertes están siendo sustituidos por los eres, creciendo las extinciones de contratos  exponencialmente, ya que, todos admiten ya, que esos instrumentos de dopaje laboral son una trampa mortal en las actuales circunstancias, de forma, que si no se adoptan con urgencia medidas estructurales profundas, esto va ser una escabechina de quiebras y desaparición de empresas y de nuestro tejido productivo, y, también, con muchos trabajadores abandonados a su suerte sin las indemnizaciones de sus unidades productivas (empresas), y, encima, el Fogasa carece de fondos suficientes para cubrir todas las indemnizaciones, que se producirán por la quiebra o desaparición de las empresas insolventes.

El paro real en España es ya un problema extremadamente peligroso, y, lo peor es, que se vislumbra un futuro sombrío, ya que, con el descontrol en la vacunación y los rebrotes del virus y la ausencia de medidas estructurales eficaces en España, unido todo a la descomposición política, estamos solo con los Ertes dopados como solución, aunque parece, que se está realizando una reforma laboral tremenda con tres contratos y mucha propaganda, a la vez, que la reforma de la seguridad social avanza hacia la nada. 

Córdoba, a 26 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Una broma peligrosa – un Preámbulo fraudulento (Estado de Derecho sumido en la nada – la libertad descalabra)

Llevamos algún tiempo, donde día a día se impone el autoritarismo y se recorta, de una u otra forma, la Constitución Española vigente, pero sin duda, siempre cabe una sorpresa más, que demuestra, que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho está siendo ninguneado por los defensores de la única verdad y libertad posibles.

Tenemos un estado alarmante, que está destruyendo nuestros derechos y libertades; la división de poderes está en situación de “espera” (stand by) por unas disposiciones, que incluso Europa ha llamado al orden al Gobierno de España; una Ley incumplible impone el uso obligatorio de mascarillas incluso al aire libre; se controla la libertad de expresión (art. 20 C. E.); alguna policía rompe puertas a la fuerza bruta, violando derechos fundamentales (art. 18 C. E.), las instituciones del estado están siendo ocupadas sin pudor por el Poder Ejecutivo; la seguridad jurídica y el respeto a la ley por los poderes públicos están desaparecidas (arts. 9 y 10 C. DE.); y, así un larguísimo etc. de actuaciones enmarcadas en una ideología extrema y en el autoritarismo.

En este contexto preocupante y peligroso, se publica en el Boe la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. Jefatura del Estado.

{BOE núm. 97, de 23 de abril de 2021, páginas 46369 a 46370 -2 págs.}

El PREÁMBULO de la Ley citada dice literalmente lo que sigue, -que exime de cualquier comentario previo-:

<< Nuestro constituyente definió el modelo de Estado español como social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Justificado en la necesidad de equilibrar la desigual estructura en el ámbito laboral, el desarrollo posterior del artículo 37 de la Constitución se llevó a cabo en relación con el derecho a la negociación colectiva y a la adopción de las medidas de conflicto colectivo, así como con el desarrollo jurisprudencial, además de con el desarrollo de la libertad de sindicación estableciendo un sistema de relaciones laborales más democráticas para corregir la asimetría de las relaciones laborales preexistentes a 1978.

Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno.

La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno.

Así, se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.

Si bien la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, vino a mitigar la respuesta punitiva de la ley, la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga.

De otra parte, todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, han sido las razones antes expuestas y una forma de interpretación del delito, que amplió su aplicación en sentido contrario a cómo debería interpretarse teniendo en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el mismo y el deber de todo intérprete de evitar que la interpretación de la norma disuada del ejercicio del derecho fundamental que limita, las que nos llevan a la necesidad de proponer la supresión de este precepto. >>

** Así mismo, la Ley dice:

<< Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Se suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Disposición transitoria única. Revisión de sentencias.

Los jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga.

Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica.

Madrid, 22 de abril de 2021.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN >>

*** El Preámbulo precitado exime de cualquier comentario, pues hay para todos, incluidos los Gobiernos anteriores desde Felipe González hasta el día de hoy, los partidos políticos, los jueces que interpretan y aplican la ley, los ciudadanos, etc., mientras el Gobierno de la nación “luce inmaculado” de cualquier ataque a las libertades y siempre respetuoso con todos; es decir, todos menos él, incluidos los españoles de los que pasa sin más, sometidos y cautivos.

Las voces en contra son multitud, diciendo, que la L.O. antedicha, “desmantela las libertades”, que no dan crédito a un Preámbulo que es una nota de prensa del PSOE o de Podemos, que nunca se ha visto algo igual, que es un panfleto, etc. etc., pero entiendo, que no hay nada como la letra simple y peligrosa del Preámbulo reproducido, de manera, que sobra cualquier crítica, cuando lo único cierto es que estamos en peligro, y, la L. O. no es sino un paso más en la demolición de la C. E de 1978, cosa que no ocultan, no pudiendo nadie llamarse a engaño.

N.B.  Como decía al principio, se trata de una broma peligrosa y de un Preámbulo fraudulento, que sumen a nuestro Estado de Derecho en la nada, eliminando de nuevo nuestros derechos y libertades constitucionales, aunque una cosa es cierta, que no engañan a nadie, de forma, que luego nadie se queje.

Los comentarios sobran.

Córdoba, a 24 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Abuso y desviación de poder – discrecionalidad – respeto a la Ley (arbitrariedad – legalidad formal – mera apariencia – injerencia política)

En el estado alarmante en el que vivimos desde hace más de un año, que, además, algunos liberticidas quieren prorrogar hasta el infinito si pueden, se han producido los mayores desafueros legales e ilegales contra el estado de derecho y la libertad, y, dónde para colmo se restringe la libertad de expresión y se elimina toda información veraz inmediata y completa (art. 20 C. E.), evitando siempre la participación social en la toma de decisiones y su implementación en la práctica.

Entre esas distorsiones contra la libertad, en este año de cautividad social y de eliminación de derechos fundamentales por los poderes públicos autoritarios, destacan la arbitrariedad, la falta de respeto a la Ley, el abuso de derecho, la desviación de poder y el fraude de ley, llevados a cabo por esos poderes que emanan de la soberanía popular, pero que solo les sirven, para ejecutar desviaciones o abusos de poder político en el “mal uso” de sus potestades para objetivos distintos de la ley, aunque amparándose siempre en una legalidad formal o de mera apariencia de sus actos fraudulentos contra la Ley, que dicen defender y aplicar. Dicho de otra forma, es pura arbitrariedad y en ningún caso discrecionalidad.

** La   Constitución establece:

– Artículo 1.

1.     España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2.     La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

– Artículo 9.

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

3.  La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

– Artículo 10.

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

** El Código Civil recoge lo siguiente:  

– Artículo 6.4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

***El fraude de ley se caracteriza por ser una actividad tendente por inutilizar la finalidad práctica de una ley material, mediante la utilización de otra que sirve de cobertura para ello, de forma, que el fraude de ley exige una serie de actos que, pese a su apariencia legal, violan el contenido ético de la Ley.  

El fraude de ley provoca como consecuencia inmediata la aplicación de la norma que se quiso eludir, que prohibía el resultado perseguido o porque imponía otro distinto. El fraude de ley exige que los actos sean contrarios al fin práctico que la norma defraudada persigue, suponiendo la violación efectiva de la ley aplicable.

Por otro lado, el fraude de ley y el abuso de derecho son instituciones jurídicas, que en la práctica no siempre resulta clara su exacta separación, dado que en general su finalidad es idéntica, impedir que los textos de la ley, estimados literalmente, puedan servir para amparar actos o situaciones contrarias a la realización de la Justicia.

El efecto del fraude no produce la nulidad de los actos fraudulentos, sino la aplicación de la ley que se ha tratado de eludir, porque la sanción del acto fraudulento es el sometimiento del mismo al imperio de la ley defraudada.

Es corriente por diversos motivos, incluso corruptelas, que este vicio de legalidad se acepta como una infracción del ordenamiento jurídico administrativo, originando la invalidez del acto, si bien, qué duda cabe, que, en muchos casos, se quiera reconocer o no, traspasa con muchos los límites de lo administrativo, entrando de lleno en el oscuro y perverso mundo de la prevaricación.

En España es reciente la resolución del Juzgado de la Audiencia Nacional sobre el Coronel Pérez de los Cobos demuestra que la pretendida discrecionalidad encubría un acto arbitrario, realizado en frade de ley y abuso de derecho, que la justicia debería investigar y sancionar como lo que seguramente es, una presunta prevaricación. Debiendo quedar claro, que lo dicho, solo es un caso de un inmenso piélago de actos y resoluciones injustas encubiertas por la legalidad formal y de mera apariencia de aplicación de la ley.

*** Discrecionalidad frente a arbitrariedad.

La primera es una facultad de los poderes públicos legítima, pero que debe ser ejercitada con prudencia y dentro de los parámetros admitidos por la propia ley, de manera, que excluye todo acto arbitrario y exige una motivación clara, que queda reflejada en una causa justa.

La C. E. en su art. 9. 3. garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, de manera, que los actos o resoluciones de los poderes públicos que se llevan a cabo bajo una causa falsa, constituyen un fraude de ley inamisible, que conlleva la obligación de restituir la realidad legal, declarando ilegal el acto fraudulento, y, adoptándose todas las medidas administrativas o penales que sean procedentes, pues no hay nada peor para la confianza de los ciudadanos en la administración o en los poderes públicos, que la sensación de impunidad ante una desviación de poder, llevada a cabo por un fraude de ley en claro abuso de derecho.

*** Una resolución es ilegal cuando incurre en desviación de poder siendo arbitraria. El vicio de la desviación de poder se residencia en -el ejercicio desviado de la potestad discrecional-, convirtiéndose en arbitraria, siendo una mera apariencia de discrecionalidad. Es decir, una resolución se ampara falsamente en la discrecionalidad, cuando en realidad encierra una causa distinta, siendo extremadamente preocupante, cuando la resolución ilegítima o espuria se debe a una injerencia política en el funcionamiento ordinario de las instituciones.

La desviación de poder, el abuso de derecho y la arbitrariedad son lo contrario al respeto de la Ley y del mundo del derecho, y, son indicativas de la eliminación de la separación de poderes, suponiendo la conculcación del Estado de Derecho.

Si el poder ejecutivo (la administración) se aparta de la neutralidad política y de su estricta sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, el poder público se convierte en un sistema autoritario de toma de decisiones.

En estos días desgraciados para las libertades, no puede sorprender la desconfianza de los españoles por la política, de ahí, que resulte urgente la necesidad de regenerar el funcionamiento de las instituciones, que son la base de la libertad.

N.B.  El abuso y la desviación de poder es lo contrario a la discrecionalidad y al respeto a la Ley, siendo sinónimo de arbitrariedad, significando una legalidad formal, una mera apariencia de ley, agravándose todo cuando, además, media la injerencia política.

Sin duda, un nuevo estado alarmante anularía la soberanía del Pueblo de nuevo, propiciando una repetición de actos de desviación de poder y una pérdida de libertades, de forma, que la desconfianza de los españoles en el estado de derecho se acrecentaría,  cuando, además, la división de poderes está en entredicho, y, cuando ciertas actuaciones de los poderes públicos se realizan en fraude de ley y jueces embridados y dependientes de su ideología desprecian el respeto a la ley, que el art. 10 de la Constitución consagra.

Por otro lado, es algo indiscutible, que el Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro nuestro Estado de Derecho y la división de poderes, destruyéndose, a la vez, la confianza del pueblo en la justicia:

La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia”.

Córdoba, a 22 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asuntos pendientes (poderes públicos en espera y dedicados a sus necesidades básicas)

El estado de alarma aprobado contra el art. 116 de la C. E., ha supuesto, una limitación extraordinaria o de eliminación de nuestros derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución de 1978, que tiene difícil encaje en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1 C. E.), aunque ese no es, el único asunto pendiente que tenemos en España, de manera, que conviene señalar algunas de esas prioridades que debemos de afrontar:

* La vacunación lenta y sin posibilidades de mejorar por ahora, de forma, que esta es sin la menor duda una prioridad.

* La concreción ante Bruselas del Plan de Recuperación, que debe aportar soluciones de conformidad con las exigencias de la U.E., que tiene fecha límite, aunque, luego se prorrogue ante la tardanza de algunos Países miembros.  

* La Seguridad Social con las pensiones al frente que exige unas reformas urgentes y que es uno de los escollos señalados y vigilados por la U. E.

* La reforma laboral que no puede ir contra las peticiones de Europa y que hay que concretar en el Plan, antes o después.

* La deuda.  España aparece como la 5ª. economía más endeudada del mundo, con una ratio sobre PIB del 120%, sólo por detrás de Japón, Grecia, Italia y Singapur. El Banco de España confirma que 2020 cerró con una deuda récord de 1,35 billones. En 2020 la deuda aumentó en 7,6 billones de euros y para 2021 se espera que la misma aumente en otros 3,2 billones de euros.

* El paro problema en el que somos los campeones de Europa, de manera, que nuestro desempleo real (paro oficial + ertes + inactivos + paro oculto + incapacitados permanentes sociales), sin la menor duda, supera la cifra de 6 millones de personas, además, está distribuido irregularmente por territorios y sectores productivos produciendo una tremenda desigualdad.

* El déficit público en aumento exponencial por un gasto público descontrolado.

* Las diferencias entre el sector público y el sector privado qué crece día a día en detrimento del último, que nos está llevando a una desigualdad inasumible. Es imposible, que un tercio de la población mantenga indefinidamente a dos tercios, pues los recursos a la deuda y al déficit tienen un límite.

* La recuperación creativa del tejido productivo afrontando las nuevas realidades económicas y de productividad, que exige medidas estructurales profundas y urgentes.

* La imprescindible recualificación de los trabajadores, adecuándoles a la nueva economía, lo que pasa necesariamente por una formación continua y de calidad.

* Resolver con rapidez los problemas de nuestro Estado de Derecho, haciendo verdadera la división de poderes y recuperando nuestros derechos y libertades.    

*** Es un hecho evidente, que todos los partidos políticos con sus gobiernos están implicados exclusivamente en las elecciones, cosa que imagino debe ser una prioridad para ellos, sin embargo, dejar en “estand by” todos los asuntos pendientes es una temeridad manifiesta, pues España no se puede paralizar completamente, máxime, cuando tenemos al poder judicial cautivo y maniatado, y, al Tribunal Constitucional dedicado a sus aventuras políticas, demostrando, que lo que debía ser un lugar de cobijo y amparo para los españoles, se ha convertido en un lodazal político.

Así mismo, es una realidad, que, sin la participación social en la toma de decisiones y su implementación, acompañada de una información veraz inmediata y completa, las posibles soluciones están ubicadas en el vacío.

La Constitución Española dice en su art. 1. 2., que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

En España el Estado de Derecho está diluyéndose y desapareciendo, mientras el español de a pie está cautivo e indefenso, en una incertidumbre y en una desconfianza crecientes, viendo como sus esperanzas desaparecen. Al pueblo del que emana la soberanía según la C. E., se le ningunea de forma permanente, a la vez, que se le pide responsabilidad y se le acusa de irresponsabilidad, mientras asiste incrédulo a la completa falta de ejemplaridad de los poderes públicos.

N.B.  La realidad es que asuntos pendientes hay bastantes, algunos de ellos muy urgentes, pero los poderes públicos de España están en espera y dedicados a sus necesidades básicas, que ciertamente no son las de los ciudadanos.

Ni que decir tiene, que un nuevo estado alarmante no resolvería nuestros problemas precitados, sino que los complicaría sin remedio, y, sin la menor duda, anularía la soberanía del Pueblo de nuevo, realizándose un despojo de la misma con claro abuso de derecho, de forma, que la confianza de los españoles en el estado de derecho se difuminaría aún más, máxime, cuando la división de poderes está en entredicho, y,cuando, además, se contemplan ciertas actuaciones de los poderes públicos hegemónicos y de algunos jueces embridados y dependientes de su ideología, despreciando el respeto a la ley, que el art. 10 de la Constitución consagra.

La única posición viable es intentar resolver los problemas citados con la participación de la sociedad civil, que ha demostrado una responsabilidad indiscutible y plena.  

Córdoba, a 20 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.