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Enchufados PSOE sin titulación (Faffe)- Junta Andalucía – Despedidos – Políticos con Curriculums falseados (La Vara de Medir)

Según leo en Libertad Digital un artículo de Paco Cobos – 30/7/2025 – 15:02:

 << “La Junta de Andalucía prepara el despido de los enchufados del PSOE que han trabajado 14 años sin titulación, aunque la Junta de Andalucía había cedido a la presión sindical manteniendo a 23 empleados sin méritos para el puesto, pero encargó un informe judicial que le ha dado la razón”.

“La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección”.

“Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años”.

“Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos, que verán extinguido su contratodespués de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado, que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía”.>>

La Vara de Medir.

Cito el anterior artículo, porque en Andalucía hay políticos del P. P., partido que gobierna la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, que han falseado sus curriculums públicos (como se puede comprobar en Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas y Entes Públicos), apuntándose méritos  académicos inexistentes.

La reciente controversia en torno a la falsificación del currículum de una diputada del P.P. ha encendido un debate necesario sobre la relación entre mérito académico, integridad personal y legitimidad institucional. Desgraciadamente, no se trata únicamente de un caso aislado de vanidad o ambición desmedida, se trata, se quiera ver o no, de un agravio o insulto  al pactosocial implícito que otorga valor al esfuerzo, a la formación rigurosa y a la acreditación profesional como pilares de la vida pública.

A la vista de lo dicho, el Partido Popular debería revisar con urgencia si en los curriculums de sus cargos públicos en Andalucía existen casos de méritos académicos falseados, y, si es cierto, “que se han apuntado en sus curriculums  publicitados en las Instituciones o Empresas que gobiernan méritos académicos falsos por acción u omisión por alguno de ellos”, obrar con urgencia en el saneamiento de la vida pública andaluza, obligando a los falsarios a abandonar sus cargos públicos a los que han llegado atribuyéndose méritos académicos falsos.

La confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos, no permite, que los cargos públicos sean del partido que sea, mientan públicamente, apuntándose méritos académicos que no les pertenecen, pues si engañan o mienten por eso, es claro suponer, que mentirán también cuando les interese personalmente en el ejercicio de sus cargos indebidamente conseguidos.

La vara de medir no puede ser doble y servir solo en una dirección, la ejemplaridad de los cargos públicos exige la igualdad de todos los representantes de los ciudadanos, ya que, cuando fueron votados lo fueron por la confianza de los ciudadanos en ellos, de forma, que si mienten deben ser apartados de los cargos públicos que han usurpado con engaño.

Solo es posible una cosa, concretamente, aplicar a todos los casos la misma vara de medir.

N.B. Los Enchufados PSOE sin titulación van a ser despedidos por la Junta de Andalucía, de manera, que ahora solo cabe esperar, que el P. P. aplique la misma norma con los cargos políticos con curriculums falseados de su partido, ya que, la Vara de Medir debe ser la misma ante la mentira y el engaño para devolver a la sociedad civil la confianza en las Instituciones Públicas.

Los políticos con currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P. en Andalucía, siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir gobernando si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política ante la falta de ética y honestidad es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 4 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Paro – Empleo – Afiliaciones la S. S. – Pensiones (Córdoba – una situación permanente)

.Unos de mis lectores dicen, que solo me dedico a la política y que tengo abandonados asuntos como el paro y el empleo en Córdoba, aunque quiero dejar claro que la igualdad y la seguridad jurídica no es política sino defensa de nuestros derechos fundamentales, que tienen influencia en el paro, en el empleo y en las pensiones, etc. etc., así que, aclarado este punto, entraré de lleno en el mercado laboral de Córdoba, así:

***De la realidad del empleo y del paro en Córdoba hay cosas que me preocupan y que son la razón de la realidad de la situación laboral-social de mi Ciudad y mi Provincia, de forma que detallaré algunos asuntos con ánimo abierto:

*El paro del colectivo de mujeres, que lejos de mejorar se está enquistando, llevando a una situación preocupante.

*El desempleo en los jóvenes que aumenta día a día y parece no tener muro de contención.

*El paro de los trabajadores mayores de 50 años, que a partir de los 58 años se hace permanente e irreversible.

*La calidad el empleo, que está dominado por la temporalidad y por la contratación a tiempo parcial o por horas.

*La productividad y formación de los trabajadores, que en lugar de aumentar va disminuyendo día a día.

*La pensiones en Córdoba que siguen siendo, por ejemplo un 42%, aproximadamente, inferiores a las del país Vasco, y, donde, las pensiones de viudas y trabajadores autónomos están muy por debajo del salario mínimo. (No estoy fabulando, pregunten a un abogado jubilado después de más que 40 años de ejercicio profesional, ¿cuánto cobra de pensión?).

*Las afiliaciones a la S. Social, que aumentan, pero que en casi un 70% se sitúan en las bandas más bajas de cotización y/o se trata de afiliaciones por horas y a tiempo parcial.

*La duración de los contratos de trabajo firmados, que en su mayoría se extinguen en período de prueba o se firman por semanas.

*El aumento continuo del empleo público, a la vez, que decrece el empleo en el sector privado, por no hablar de las diferencias retributivas de uno y otro y de a calidad de los de los trabajos entre ellos, donde los primeros suelen ser fijos y los segundos temporales.

***Lo que digo no es que sea pesimista, sino que sin realizar una reestructuración de nuestro mercado de trabajo no hay solución posible.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación Provincial de Córdoba aumentan sin tregua sus empleos públicos, pero en cambio destinen cantidades testimoniales a la promoción del empleo. Solo un ejemplo, la Diputación de Córdoba con un presupuesto consolidado de 585 millones de euros para el año 2024 destina a la promoción del empleo directamente e indirectamente la tremenda cifra de 2.000.000 de euros.

Vengo diciendo desde hace años que Córdoba (Andalucía también) está estancada en unas tasas de paro inasumibles, ya que, si hablamos de las tasas de desempleo de mujeres, jóvenes y mayores de 50 años es para ponerse a llorar desconsoladamente.

Otro asunto gravísimo en el mercado laboral de Córdoba es el aumento continuo de del numero de inactivos, que abandonan la búsqueda de empleo desesperanzados al no encontrar trabajo después de años de búsqueda. (Este colectivo no se cuenta como parado ni figura en ninguna cifra oficial de desempleo).

La democracia y el estado de derecho constitucional en Córdoba, por todo lo expuesto, están perdiendo la igualdad, existiendo una situación de discriminación real de los cordobeses respecto a otros españoles, que a mayor abundamiento nos dicen y los hacen singulares a porfía, pues no otra cosa el llamado cupo catalán.

N.B.  Es un hecho patente, que el paro, el empleo, las afiliaciones la S. S., las pensiones, los contratos de trabajo, etc. etc. en Córdoba están en una situación permanente de deterioro y discriminación.

Ante tanta discriminación real solo nos queda a los cordobeses  con urgencia  una rebelión pacífica y masiva en defensa de la igualdad frente a otros privilegiados a más y más.

Córdoba, a 15 de agosto de 2024

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público  realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado  a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.B. Todo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular “de que el dinero público no es de nadie”.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es “UNA INFORMACIÓN VERAZ”.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.