Monthly Archives: October 2024

La Ley solo es para el Pueblo Soberano (A todos los niveles España ya no es un Estado de Derecho).

Las noticias de los últimos días son descorazonadoras respecto al cumplimiento de la Ley por los poderes públicos, cualquiera que sea el nivel público objeto de examen.

Los poderes públicos en general y a cualquier nivel no cumplen ya con el principio de legalidad (art. 9., C. E.) y el valor justicia ha caído en desuso (art. 1.1., C. E.), de forma, que lo peor es que no pasa nada a esos poderes públicos (políticos, judiciales y/o administrativos), que inaplican la ley, ignoran la ley, omiten la ley, aplican la ley a demanda subjetiva sin reglas, aunque lo verdaderamente descorazonador es que cuando el ciudadano de a pie denuncia encima esos poderes públicos paralegales lo machacan sin piedad, a base de tasas, depósitos de para recursos, multas y amenazas de todo tipo.

Lo que digo, es duro de asumir y me dirán, que no es cierto, pero no hay más que salir a la calle, a la realidad diaria, y se verá que todo lo expuesto es la pura verdad, se manera que ejemplos sobran, así:

*Políticos. Lo del Sr. Errejón lo conocían sus compañeros políticos, siendo la Ministra Yolanda Díaz un ejemplo de responsabilidad compartida y de irresponsabilidad política.

*Judiciales. Que cualquier ciudadano de a pie ponga una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra un juez por inaplicar la ley y se verá, que no pasa nada, es más, ni siquiera se hará la mínima investigación, pues la ley solo se aplica al ciudadano que denuncia.

Administrativos. Los poderes públicos administrativos (alcaldes, presidentes del Diputaciones, presidentes de CC.AA. etc.) si inaplican la ley no pasa nada, pues frente a la responsabilidad completa y total del ciudadano de a pie, las personas de esos  poderes que ignoran la ley, la inaplican y solo la usan para cobrar impuestos y otros excesos contra el ciudadano, siendo irresponsables e impunes. Si alguien lo duda, que ponga una denuncia penal por inaplicar la ley contra un alcalde, un presidente de diputación, un consejero de una CC.AA., y, se verá que no prospera ninguna, ya que, salvo casos extremos de apoderamiento de lo público, todos son irresponsable, ya que, incumplir la ley goza de impunidad para esas personas.

Por otro lado, solo una pregunta: ¿Alguien asume su responsabilidad?

La respuesta es de dominio público: “NO”.

La falta de responsabilidad y la impunidad ante el incumplimiento repetido de la ley de algunos-muchos poderes públicos es demasiado incluso para sus incondicionales, de manera, que como, además, muchos son aforados se permiten el lujo de decir, “vayan a los tribunales”, es decir, la falta de respeto a la ley no es nada para esas personas que tienen un poder que emana del pueblo según la C. E.  

En definitiva, la conclusión es la inicial: “la aplicación de la ley solo es para el Pueblo Soberano”.

N.B.  En España la Ley solo es para el Pueblo Soberano, porque, se mire como se mire, los poderes públicos (políticos, judiciales y administrativos) pasan algunos-muchos de aplicar la ley según sea de su agrado o no, respetar y aplicar el principio de legalidad para todos por igual.

El Estado Social y Democrático de Derecho constitucional está en desuso entre algunos – muchos poderes públicos, que inaplican la ley por acción u omisión.

Córdoba, a 26 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Errores – SEMPERAZO – Una vez más (Ud. iría también si lo cita Bildu – faltaría más)

Los errores del P. P. y de algunos significados de sus dirigentes son demasiado incluso para sus incondicionales (eso que se llama suelo electoral), lo último ha sido la declaración pública contra la Presidenta Ayuso del incalificable Sr. Semper, diciendo contra toda la realidad que “hay que preservar la institucionalidad”, añadiendo un guiñapo perverso contra la Presidenta de Madrid, diciendo yo si iría. Es una pena, frente a defensa imprescindible de unidad, el menosprecio a los suyos haciendo el juego al adversario, que se salta toda constitucionalidad.

Bildu es un partido constitucional, así que Sr. Borja Semper a tragar y votar como a Ud. le gusta, sobre todo si se trata de ese partido pacífico y legal.

Es más, “debería Ud. hacer una declaración pública al respecto de adhesión inquebrantable”.

Coincide Ud. con la Ministra Yolanda Diaz y todo el Gobierno del Presidente Sánchez arremetiendo contra la Presidenta Ayuso por romper con la -institucionalidad- (yo iría), que ha defendido públicamente contra todos los votantes del P.P., así que, Dios nos coja confesados si llega a ocupar alguna vez, no lo quieran los hados, un puesto de poder.

Ud. es una máquina de machacar votos del Partido Popular.

Ud. votó la Ley Txapote a conciencia, de manera, que ya solo le queda votar a sanchilandia y ponerle una moción de censura a la Presidenta de Madrid Sñrª. Ayuso.

Frente a la institucionalidad que defiende irresponsablemente, sin ningún criterio ni apoyo, unidad, libertad y defensa de la Constitución de 1978.

N.B.  Una vez más, el Sr. Semper contra todos los votantes del P. P., faltaría más.

Txapoteando en el fango de la incoherencia y de la irresponsabilidad.

Córdoba, a 22 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Varas de medir – AEAT y otros poderes públicos (Dobles – triples o lo que haga falta)

En la Agencia Tributaria (AEAT) se aplica una doble vara de medir según que personas, no hay más que ver el caso del hermano del Presidente del Gobierno David Sánchez para comprobar lo dicho, en contra de la igualdad de todos los españoles ante la Ley.

La discriminación en la AEAT es un hecho comprobado e injusto, pero lo peor es que esa misma discrimación se aplica en otros poderes públicos, como ayuntamientos y diputaciones, tal como ocurre en la Diputación de Córdoba Presidida por el Partido Popular y su Presidente Salvador Fuentes Lopera, que lo permite todo en aras de seguir tranquilo en su sillón, de manera, que entre la Diputación de Badajoz y la Diputación de Córdoba solo media la distancia porque en la aplicación discriminatoria de la ley están en el mismo nivel.

La doble vara de medir es un fenómeno social que implica la aplicación de diferentes valores y criterios de juicio para evaluar a las personas o situaciones iguales. Dicho de otra forma, supone tratar de manera desigual a personas en la misma situación legal según ciertos criterios negativos y de una perversidad dañina social y administrativamente.

La doble vara de medir es un dicho popular, que todos entendemos, y que sirve para señalar la injusta aplicación de la ley con criterios diferentes en casos parecidos o iguales, siendo una realidad que afecta a todos los ámbitos de nuestras vidas, desde lo personal, lo social y lo político.

En España es frecuente encontrarnos (políticamente, socialmente, administrativamente y judicialmente) con casos en los que se juzga de manera distinta a personas en función de quien sean y su unión o desunión con el pode público de turno, de manera, que existencia diaria y real de la doble vara de medir genera desigualdad y casos negativos, impidiendo así el avance hacia una sociedad más justa y equitativa.

Contra la injustica de la doble vara de medir solo queda combatirla siempre y de forma permanente, ya que, si nos sometemos cautivos y silentes la igualdad en la diversidad desaparecerá. No hay otra que defender los derechos y libertades constituciones y el valor justicia social.

La existencia real de la doble o triple vara de medir deja al Estado de Derecho en España fuera de cobertura y nos afecta a todos, de forma, que si la sociedad civil y las personas que la componen se adormecen en la inactividad y no se sublevan ante la injusticia, al final todos estaremos solos frente los abusos de poder y la desigualdad.

N.B. Las dobles varas de medir en la AEAT y en otros poderes públicos están a pleno funcionamiento en España sometiendo a todos y excluyendo a los privilegiados de turno, pero el fundamento de su existencia perversa reside en las personas que ejercen poderes públicos contra la igualdad, porque se creen impunes y dueños de vidas y haciendas, olvidando que el poder nace del Pueblo.

Frente a la injusticia de las dobles o triples varas de medir al Pueblo, que somos todos, solo nos queda sublevarnos en defensa de nuestros derechos y libertades como personas libres, cualquiera que sea el nivel público en que se aplican las desigualdades nacidas de esas varas perversas para la libertad y la igualdad.

Córdoba, a 21 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley – el Fiscal General – los Fiscales (La confianza del ciudadano en la aplicación justa de la Ley ha desparecido)

¿Alguien confiará en la Fiscalía?

Simplemente, No.

El Estado de Derecho en España está fuera de cobertura y nos afecta a todos.

N.B. Lo cierto es, que lo dicho es verdad, lo que implica que el imperio de la Ley está afuera (Out).

Frente a tanta injusticia a la sociedad civil y a los ciudadanos de a pie solo nos queda ir a una rebelión pacífica en cualquiera de sus múltiples formas en defensa de nuestros derechos y libertades como personas libres.

Córdoba, a 18 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.BLo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma,  que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.  

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.