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Problemas de Córdoba IV – Despoblación (Municipios de la Provincia – Pérdida continuada de habitantes)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo a la Despoblación en Córdoba y Provincia, porque parece que las Instituciones Públicas (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y los propios Ayuntamientos) pasan de largo, mientras los cordobeses siguen despoblando toda la Provincia y la Capital buscándose la vida donde pueden.

Cuarto Artículo. Despoblación en Córdoba.

La despoblación es una desgraciada realidad demográfica que afecta a un número demasiado elevado de zonas en España, especialmente en las regiones rurales. La provincia de Córdoba se ha convertido en uno de los territorios más afectados por este problema en los últimos años.

<<Situación actual de la despoblación en la provincia de Córdoba>>

Según los datos más actuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la provincia de Córdoba ha experimentado una pérdida muy relevante de población en los últimos años, situándose como una de las provincias españolas con mayor descenso demográfico.

Unos datos significativos:

-Pérdida de población actual: Entre abril de 2023 y abril de 2024, la provincia perdió 3.711 habitantes, lo que representa un descenso del 0,48% en un año, situando la población total en 770.867 habitantes. En el primer trimestre de 2024, se registraron 2.264 habitantes menos, con una caída tanto en población nacional (-1.766) como extranjera (-498).

-Evolución histórica: Desde su pico máximo en 2012, con 802.717 habitantes, la provincia ha perdido aproximadamente 33.319 personas hasta 2025, un descenso del 4,2% en trece años. Esto supone un retroceso demográfico equivalente a los niveles de población de 2003 (769.398 habitantes).

-Distribución geográfica: La despoblación afecta especialmente a las zonas rurales, con mayor incidencia en el norte de la provincia (comarcas como Los Pedroches y Alto Guadiato). Por ejemplo, municipios como Valsequillo han perdido hasta un 80% de su población desde los años 50, pasando de más de 2.000 habitantes a 361 en 2024. Córdoba capital ha empezado ya a mostrar signos de descenso (-2.300 habitantes en el primer trimestre de 2024).

-Municipios afectados: Según la Junta de Andalucía, 37 municipios de la provincia (48%) tienen menos de 3.000 habitantes, lo que los clasifica como zonas con “problemas de despoblación”. Localidades como Alcaracejos, Zuheros, Santa Eufemia, Pedroche, La Granjuela y Conquista destacan por sus pérdidas de población relevantes.

<<Causas de la despoblación>>

La despoblación en Córdoba es el resultado de múltiples factores interrelacionados:

*Baja natalidad: La provincia presenta un crecimiento vegetativo nulo o negativo, con más defunciones que nacimientos. El índice de envejecimiento ha pasado de 42,3 en 1980 a 138,9 en 2020, reflejando una población cada vez más envejecida.

*Expulsión de población joven: La falta de oportunidades laborales, especialmente para jóvenes formados, impulsa la migración hacia grandes ciudades como Madrid, Barcelona o el extranjero.

*Crisis del sector agrario: El campo, base económica de muchos municipios cordobeses, enfrenta dificultades palpables, como la falta de relevo generacional, los efectos de la sequía y la baja rentabilidad, lo que empuja a los habitantes a abandonar las zonas rurales.

*Falta de atractivos profesionales: La provincia no ha logrado desarrollar polos industriales o tecnológicos que retengan o atraigan población, a diferencia de otras regiones andaluzas como Almería. Quizás, la Base Logística del Ejército de Tierra sea la rampa de despegue de un desarrollo industrial en toda la provincia.

*Envejecimiento de la población: El aumento de la población mayor de 60 años, junto con la disminución de los grupos etarios de 0 a 59 años, agrava el problema. Por ejemplo, el 31,92% de la población cordobesa tiene más de 55 años, y la provincia es la segunda andaluza con mayor proporción de mayores.

<<Consecuencias de la despoblación>>

La pérdida de población tiene efectos negativos importantes en la provincia:

^Económicos: La reducción de la población activa limita el crecimiento económico y la generación de empleo. La tasa de paro en Córdoba es un dato preocupante, pero, quizás, lo más significativo sea el desequilibrio territorial dentro de la provincia.

^Sociales: El envejecimiento y la expulsión de la población joven generan un desequilibrio demográfico, con menos recursos para sostener servicios como escuelas, centros de salud o comercios en zonas rurales.

^Culturales: La despoblación pone en riesgo el patrimonio cultural y las tradiciones de los municipios pequeños, al disminuir la población que las mantiene en vigor y en desarrollo.

^Infraestructuras y servicios: La falta de población dificulta el mantenimiento de servicios básicos, como el transporte público o la conectividad digital, lo que a su vez refuerza el éxodo.

<<Conclusiones>>

La despoblación en la provincia de Córdoba es un problema estructural que se ha agudizado en los últimos años, con una pérdida de más de 33.000 habitantes desde 2012 y un impacto especialmente severo en las zonas rurales del norte. Factores como la baja natalidad, el envejecimiento, la emigración de jóvenes y la crisis del sector agrario son las principales causas. Aunque la capital ha mostrado cierta resiliencia, también comienza a registrar descensos poblacionales. Las medidas propuestas por la Junta, la Diputación y otras instituciones son un paso adelante, pero se requiere un enfoque integral que combine incentivos económicos, mejora de infraestructuras y oportunidades laborales para revertir esta tendencia.

<<Propuestas a adoptar>>

-Fomentar el empleo juvenil: Crear incentivos para que las empresas se instalen en zonas rurales y promover sectores como el turismo sostenible o las energías renovables.

-Mejorar la conectividad: Invertir en infraestructuras digitales y de transporte para reducir el aislamiento de los municipios pequeños.

-Apoyar la natalidad y el retorno: Ampliar las ayudas a familias y establecer programas para repatriar a jóvenes emigrados.

-Revitalizar el sector agrario: Implementar políticas que faciliten el relevo generacional y la modernización del campo.

-Promoción cultural y turística: Aprovechar el patrimonio cultural y natural de la provincia para atraer población y visitantes.

(Nota. Vuelvo a señalar un cuestión previa de vital importancia, que es el dinero para realizar las inversiones necesarias, de forma, que lo digo claro, precisamos el dinero suficiente y no pararemos de decirlo hasta conseguirlo, advirtiendo que desde Córdoba Abierta -ACOA- lucharemos ante cualquier desigualdad discriminatoria para Córdoba.).

N.B. El Problema de la Despoblación por la pérdida continuada de habitantes, es quizás, uno de los asuntos más olvidados, de forma, que parece que las Instituciones Públicas (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y los Ayuntamientos) pasan de largo, cuando el futuro no se debe buscar fuera, sino dentro de Córdoba y su Provincia.

Es urgente solucionar este problema y eso solo es posible con la existencia inmediata de inversiones para desarrollar todo nuestro potencial económico y social, de manera, que desde Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje urgente.

Córdoba, a 4 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Letrados públicos – Defendiendo al que gobierna (Quien paga manda)

Esta vez unos lectores me lo ponen difícil de explicar, pues me preguntan, ¿por qué los letrados públicos están al servicio de los políticos que gobiernan, siempre y en todo lugar?

La verdad es que es difícil de explicar ciertas actuaciones de la fiscalía, de la abogacía del estado, de los letrados varios de CC.AA, Corporaciones Locales, Seguridad Social y resto de instituciones públicas, cuando se encuentran defendiendo a un político del partido político que gobierna la institución pública a que pertenecen o a algunos de sus asesores y allegados.

En principio les respondo con una pregunta: Si un político de un partido político que gobierna una institución por mayoría absoluta incumple la ley y dicta una resolución injusta,

¿debe ser defendido por los letrados públicos de la institución a la que pertenece?

En España en todos los niveles de las administraciones públicas se están dando casos donde el político de turno (y sus allegados ideológicos) en vez de acudir a un abogado particular, se escuda en su cargo para usar y abusar de la utilización de los letrados públicos que pagamos todos los españoles.

En este caso sobran las explicaciones, pues todos entienden lo que se expone, ya que, mientras el ciudadano de a pie paga sus letrados y procuradores, el político en muchos o menos casos utiliza un servicio público que pagamos todos.

No les basta a ciertos políticos con estar aforados y con un escudo legal de protección, sino que, además, utilizan descaradamente servicios públicos, que deberían estar solo para defender el bien común y el interés general.

En definitiva, lo que decimos y que se da en la práctica diaria, es un abuso manifiesto de un servicio público en beneficio de un interés particular. Dicho de otra forma, el uso de recursos públicos para defender actos presuntamente ilícitos es un abuso de poder.

El abuso de poder ocurre cuando una autoridad o funcionario público utiliza sus competencias de manera arbitraria, excesiva o contraria al interés general, vulnerando los principios de legalidad, imparcialidad y buena administración establecidos en el ordenamiento jurídico. En el ámbito de las administraciones públicas, este concepto se relaciona con actos que exceden las atribuciones legales, persiguen fines personales o perjudican a los ciudadanos de forma injustificada.

En España este abuso de poder se manifiesta cuando se usan recursos públicos (como letrados) para fines privados o indebidos.

¿Hay alguien que no conozca algún caso donde ocurre lo que decimos?

Todo lo dicho tiene consecuencias sociales y políticas, de un lado produce pérdida de confianza en las instituciones, y, de otro lado, desigualdad en el acceso a derechos, al favorecer a unos sobre otros.

Los políticos bordean el cumplimiento de la ley, parapetándose, además, sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables y en defensas públicas del patrimonio común de los españoles, destacándose, que si los responsables de resoluciones ilegales saben que contarán con defensa pública gratuita, se reducirá el incentivo para actuar conforme a la ley, de forma, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa de una sociedad civil (que está despertando a fuerza de sacudidas y de todo tipo de desafueros) y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.

Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace, por ejemplo, que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora, a mayor inri, solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.

Visto lo visto, es urgente un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social, económica y política inmediata, vamos directos a una situación de explosionamiento de la Constitución con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa pacífica, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa, nos someterán cautivos y callados.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Es un hecho patente, que los Letrados públicos defienden al que gobierna en casos de ilegalidad manifiesta, porque se acepta indebidamente, que “quien paga manda”, aunque, lo único cierto es que el dinero no es suyo, es de los españoles, en definitiva, del Pueblo que se dice soberano.

A mayor inri, dada la falta de transparencia y de que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe esa carcoma perversa del apoderamiento de lo público en beneficio de un interés particular espurio, que, además, se autoreproduce y aumenta sin control.

Así mismo, todo lo dicho tiene consecuencias sociales y políticas, de un lado produce pérdida de confianza en las instituciones, y, de otro lado, desigualdad en el acceso a derechos, al favorecer a unos sobre otros.

Por si faltara algo, en España está naciendo un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.

Córdoba, a 14 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. Diputación – Presupuesto “El Borrón” (Paro en Córdoba)

El P.P. Diputación ha presentado su Borrón de Presupuestos para el año 2024 por un importe total consolidado de 385,9 millones, dejando claro públicamente, que gran parte de este proyecto de presupuesto está enfocado, a salvar a dos empresas públicas provinciales, la de residuos Epremasa y la de aguas Emproacsa, dedicando al desempleo la tremenda cantidad de 2.000.000 de euros.

Con lo dicho creo, que contesto a mis lectores que me han pedido mi opinión sobre ese problema del desempleo en Córdoba, que tenemos enquistado y que va a más, especialmente, en colectivos muy vulnerables, como son “mujeres, mayores de 50 años y jóvenes”, sin que ningún organismo público se lo tome con la seriedad, que exige la magnitud y gravedad del problema.

Dicho de otra forma, dedicar 2.000.000 de euros en Córdoba a combatir la plaga endémica de paro, tal como hace el Presupuesto Borrón de la Diputación del P. P. y, encima, publicitarlo, produce tristeza, rabia, desesperanza e incredulidad, poniendo de relieve la necesidad de UN MOVIMIENTO CIUDADANO ABIERTO Y LIBRE, que denuncie una situación inaceptable y haga propuestas públicas sobre los problemas que aguantamos día tras día los cordobeses, porque callarse cautivos y sumisos en silencio, ya es algo que solo nos lleva al vacío de la nada y a la perdida de nuestras libertades, como la igualdad y la libertad.

(Nota. Con este (II) artículo sobre “El Borrón” contesto a mis lectores sobre mi opinión sobre el paro en Córdoba, que el Presupuesto para 2024 de la Diputación Provincial del P. P. de Córdoba ha dejado claro).

N.B. En esta ocasión ya no puedo decir nada más, así que, “borrón y cuenta nueva”.

Córdoba abierta y basta de silencios.

Córdoba, a 3 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.