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El Subalterno – D. Tancredo – T. J. U. E. (millones de achicharrados)

Esta es una historia de mucho miedo y de muchas traiciones, donde los autores responsables del latrocinio legal se escudan insidiosamente en el “bien común”, pero sin nunca dar la cara y, además, por supuesto, sin responsabilidad personal alguna, pues todos ellos se consideran impunes (y de hecho lo son), aunque el daño acusado a España, a los españoles y a cualquier interesado-perjudicado en sus derechos ha sido incalculable, habiéndose violado derechos y libertades fundamentales garantizadas en la Constitución Española.

La SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 27 de enero de 2022 (TJUE; 27-01-2022. Asunto C-788/19. Modelo 720. {La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión. Incumplimiento de Estado. Artículo 258 TFUE. Libertad de circulación de capitales. Obligación de información sobre bienes o derechos poseídos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE). Libre circulación de los trabajadores}) ha venido a restaurar la justicia ante un espolio tremendo, aunque los autores [-el Subalterno, D. Tancredo y todos los corifeos quedarán impunes y los españoles y demás perjudicados aparrillados a fuego lento, se las verán y desearán para conseguir la justicia efectiva-] quedarán impunes y sin responsabilidad personal de clase alguna.

Por si faltara algo, además, una amnistía fiscal vergonzosa declarada inconstitucional por el T. C., aunque, quizás, un poco tarde y, también, sin responsabilidad alguna para sus autores, que eran los mismos, que manejaban la parrilla del Modelo 720 con todas sus consecuencias nefastas para los españoles, especialmente, la clase media.

Ahora, solo queda la reparación por el Estado de todo el daño causado -por un Ministro de Hacienda y su Jefe que lo nombró, junto con todos aquellos diputados que votaron  a favor o no se opusieron al expolio-, con exigencias de responsabilidad personal, aunque, visto lo visto, a esas víctimas del desafuero legal les queda un largo y doloroso camino para conseguir la reparación de los daños que se les han causado (de todos), ya que, solo pensar en una reclamación patrimonial contra el Estado (Ministerio de Hacienda) a cualquier abogado se le ponen los pelos erizados, sobre todo, cuando tiene que explicar al interesado la duración  del procedimiento y el costo del mismo (económico, social, familiar, psicológico, etc.).

Menos mal que estamos en Europa y de vez en cuando suena la flauta de la libertad, de manera, que ahora solo queda, que nuestros jueces y tribunales asuman la doctrina de la sentencia referida del TJUE y empiecen a dictar resoluciones con rapidez restaurando el orden jurídico conculcado, dejando, por supuesto, a un lado toda exigencia formal que impida reparar totalmente el daño causado.

(Nota: El asunto de las plusvalías municipales es un malísimo precedente, que espero no se repita en este caso, aunque, sinceramente, una depresión profunda se apodera de mi).

Por otro lado, hay que dejar claro, que los autores del desaguisado (el Subalterno, D. Tancredo y todos los corifeos) deben quedar estigmatizados para siempre, pues no solo han causado un daño tremendo a España, sino que, también, han violado la Constitución Española y han denostado, parapetándose insidiosamente en el bien común, los derechos y libertades de todos los españoles, siempre con toda impunidad y a sabiendas de ella.

Por último, debe quedar claro, que el responsable siempre es el manda, el que tiene el poder delgado del Pueblo y lo ejerce indebidamente contra su propio Pueblo (arts. 1. y cc. C. E.)

N.B. Los millones de españoles y demás perjudicados, achicharrados a fuego lento en la parrilla inconstitucional del Subalterno, de D. Tancredo y todos sus corifeos, en sus derechos y libertades, según ha reconocido y dictaminado el T. J. U. E. en la sentencia referida, ahora solo esperan que se haga justicia, de forma, que solo hace falta que se cumpla la SENTENCIA en sus justos términos y se repare la injusticia.

Quizás, peque de ingenuo y de olvidadizo, pero por algún sitio hay que empezar, ya que, España no puede ser una sociedad cautiva de poderes públicos que actúan al margen de la Ley y sobre ella, donde los derechos y libertades constitucionales son ignorados sin más, y,  además, sin que se pueda acudir a la justicia, porque incluso los representantes elegidos del Pueblo soberano no estás legitimados, según  dice el Tribunal Supremo, porque, entonces, la sociedad civil está en vías de destrucción.

Si no levantamos la voz y reclamamos nuestras libertades, prevalecerá la injusticia implantada por unos pocos frente a todos, así que, sabiendo lo que hay, luego que nadie se queje, si se queda solo en la injusticia prevalente y autoritaria.

Córdoba, a 29 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Reforma Laboral II – el mismo modelo productivo (R. D. L. acongojado – empresarios despreciados – empleo difícil)

Para empezar unas aclaraciones:

** Otra alternativa al modelo productivo trancredista de la Exministra Bañez, que subsiste con la Reforma de la Ministra Díaz, es posible y necesaria.

** La Reforma Laboral por R. D. L. de la Ministra Díaz hará la creación de empleo difícil por su coste, incompensado o descompensado para la empresa.

** Sin cambio del modelo productivo, que posibilite aumentos de la productividad y competitividad en beneficio de la empresa y del trabajador, la Reforma light impuesta es un bluff (un farol).

** La Reforma Díaz va contra las empresas, ya que, endurece y restringe las condiciones de contratación y de despido, cuando estamos en el mundo de la flexibilidad laboral y de la competitividad.

** El paro será el único sacrificio real ofrecido en el altar de la Reforma Laboral, porque habrá que ver cuántos puestos de trabajo se destruyen y cuantos se crean, que no sean en el sector público.

** La Reforma camufla la dualidad laboral al convertir los empleos temporales de toda la vida en indefinidos, con la fórmula de una figura jurídica desagregada de su realidad, que son los trabajadores fijos continuos y cuya única verdad son los Fondos Europeos.

** Las indemnizaciones por despidos subirán, porque en las mismas se computará toda la antigüedad y no sólo el período real trabajado.

** Una de las cosas positivas de la reforma reside en los contratos de formación, un medio para que las empresas y los trabajadores mejoren a sus exigencias la cualificación profesional.

** La inflación olvidada será una losa para la calidad y la precariedad laborales.

** La regresión normativa impuesta en materia de los convenios es uno de los puntos más negativos de la Reforma, pues respetar ciertos acuerdos sectoriales, como pueden ser la ultraactividad y los salarios, en muchos casos será una merma de la productividad y de la   competitividad, dañándose, sin duda, la recuperación.

** En el mayestático Preámbulo del R. D. L. se evidencian faltas de referencias a las reformas para generar empleo y hacer más competitivas a las empresas.

Es un hecho indiscutible, que, si las empresas no mejoran su productividad y ganan más dinero, no van a poder pagar mejor a sus empleados.

Por otro lado, es evidente, que la recuperación va muy lenta, y si los incentivos que tienen las empresas son: *una subida de las cotizaciones (para sufragar las pensiones), *la llegada de impuestos verdes o medioambientales y *una inflación descontrolada; la cosa pinta mal.

**Ha sido una negociación empresarial poco equitativa y desigual, con los de la CEOE a la defensiva y rendidos al empezar, posición que aún podrá empeorar en el Congreso con la negociación con unos socios imposibles, pero, advertidos todos, que el consenso empresarial ya está dado y sin vuelta atrás.

Hechas estas aclaraciones, la Reforma Díaz, heredera de la anterior Ministra Bañez del Sr. Presidente Rajoy, es una ocasión perdida, ya que, los males de raíz del sistema permanecen e incluso en ciertos casos se acrecientan, de manera, que cuando existía una posibilidad de modernizar nuestro modelo productivo, llenándolo de flexibilidad, de mejoras de la productividad y de la competitividad, se ha optado por dar un salto al vacío de la nada, para que todo quede igual, aunque, dañando aún más el sistema, lo que impedirá reducir el paro y mejorar de verdad las condiciones de trabajo de los productores españoles, en aras, además, de una política excluyente y autoritaria, a base de sanciones e imposiciones normativas contrarias a la lógica y la razón.

Es algo patente, que las consecuencias de la Reforma light “consensuada” serán muy negativas para nuestro mercado laboral en todos los sentidos, así:

* El paro aumentará, pero lo peor será, que el daño estructural de ese desempleo se consolidará, volviéndose difícilmente reversible.

* El modelo productivo quedará inmóvil, haciéndose una crisálida impenetrable, que impedirá su modernización y su adaptación a los nuevos modelos digitales, permaneciendo en el pozo de un sector servicios empobrecido, que nuca manejaremos ni dependerá de nosotros mismos, mientras quedamos obligados a comprar la mayoría de los bienes industriales y toda la tecnología necesaria para su mantenimiento, que tampoco nunca dependerá de nosotros.

* Las empresas mantendrán una productividad baja, que les impedirá ser competitivas y mejorar las condiciones de todo tipo de sus trabajadores, no solo los salarios.

* La mejora permanente de la cualificación de los trabajadores será una fantasía, quedado inmersos en su bucle perverso de baja rentabilidad, bajos salarios y bajas condiciones de trabajo aceptables.

* Los poderes públicos seguirán utilizando las debilidades del sistema sin rubor, mientras sancionan a empresas y trabajadores que pisan la raya del sistema establecido.

Por ejemplo y para todos: ¿quién no conoce trabajos de médicos en la sanidad pública contratados por dos horas los sábados y festivos, así como, guardias contratadas por las noches y cosas parecidas de abusos públicos?

En resumen, la reforma de la Ministra Bañez y la Reforma de la Ministra Díaz son la cara y la cruz de una misma moneda, porque, simplemente, son más de lo mismo, cuándo, además, el cambio del modelo del mercado laboral es posible y realizable, permitiendo a la vez, que las condiciones de trabajo de los españoles sean mejores y sin que sea necesario limitar los derechos y libertades consagrado/as en la Constitución.

N.B. La Reforma Laboral aprobada por R. D. L. no es la que España estaba necesitando, de manera, que, ahora mismo, domina la inseguridad jurídica y la desconfianza en las relaciones de trabajo, ya que, la nueva Reforma consensuada, con imposiciones, es una continuación del despropósito de la Reforma Bañez, tan injustamente agasajada, pues seguimos con el mismo modelo productivo, que consagra el paro estructural y unas condiciones de trabajo injustas, cuando otro modelo más equitativo y justo es posible y realizable, además, sin limitar derechos y libertades constitucionales.

Se ha perdido una ocasión de oro, que será difícil de recuperar.

Córdoba, a 1 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sometimiento – política del miedo – silencio (Estado de Derecho y libertades)

El Estado de Derecho garantiza la libertad para todos, de manera, que cuando alguien, sea quien sea, se salta algunos o todos los principios que fundamentan el mismo, pierde completamente la razón, máxime, si, además, pretende imponer su voluntad sin consenso y solo con el miedo y la fuerza, empujando únicamente en una dirección y olvidando las demás; aunque una cosa es segura, que fracasará, porque se sitúa fuera del Estado de Derecho, que dice respetar y los españoles se darán cuenta.

Así mismo, es un hecho indiscutible, que, si, a mayor inri, ese alguien se somete cautivo hacia los que cree superiores (obviando en este caso el estado derecho, que en el supuesto anterior dice que fundamenta su actuación), está incurriendo no solo en una contradicción, sino también en un despropósito del tamaño de un agujero negro, por ignorar las enormes proporciones del daño que produce y por sostener dos varas de medir, cuando solo existe una verdad, que es la defensa de la libertad y de la igualdad como base de cualquier estado de derecho.

Los casos como los descritos son numerosos, aunque parezca mentira, de forma, que solo veremos algunos clamorosos, así:

1º.- * El caso de Polonia es de libro de miedo, por un lado, la U. E. con todos sus poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) atacando y poniendo contra las cuerdas a los polacos con amenazas de todo tipo, acusándoles de no respetar el estado de derecho, curiosamente, solo a ellos, aplicando una política de desigualdad entre los estados miembros de la U. E.; por otro lado, la democrática Bielorrusia apoyada sin disimulos por el democrático Sr. Putin atacan a Polonia y sus fronteras, que son las de la U. E.

Bruselas en un alarde de inanidad perversa solo realiza declaraciones vacías y melifluas, dejando a Polonia sola y abandonada, repitiendo la historia maldita de Europa, de forma, que solo los británicos, quizás como siempre, aunque fuera de la U. E. siguen siendo Europa, y, han enviado fuerzas militares a Polonia, aunque solo sea una pequeña fuerza.

2º.- * Lo del Partido Popular con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Diaz Ayuso, no es cosa de miedo, sino de –tontuna superior–, ya que, sus lideres genoveses con una conducta destructiva en vez de fijar sus fuerzas contra su único adversario real, que es el Sr. Presidente Sánchez y su Gobierno, se dedican a pegarse tiros en los pies uno tras otro.

Todas las conversaciones respetuosas con el Gobierno, como ha demostrado la toma del Tribunal Constitucional, con todo lo que ello implica para la separación de poderes y la libertad consagrada en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, se tornan en lanzas ponzoñosas contra la Sñrª. Diaz Ayuso; por cierto, la única mujer del partido que preside una Comunidad Autónoma y la única presidenta de una Comunidad que no preside su partido; además, todo el proceso trufado de amenazas veladas, seguramente convencidos que los electores son tontos de remate y sin memoria.

3º.- * El caso del Gobierno del Presidente Sr. Sánchez con las pensiones y la reforma laboral es para nota; en Europa (U.E.) dice una cosa, y, en España aprueba lo contrario, además, con amenazas para todos y falta de consenso para todos, pretendiendo hacer creer a los españoles lo que no es, con una absoluta opacidad y falta de información veraz.

La CEOE y el Sr. Garamendi ya han probado la vara de medir del Gobierno, aunque siempre estarán prestos a compartir la alegría de consensuar disuadidos por el miedo y las prebendas. Los ejemplos del consenso a la búlgara de la CEOE con el Gobierno son majestuosos, aunque siempre quedan en el vacío de la nada para los empresarios españoles. De nuevo, aparece la doble vara de medir, el miedo y la fuerza, aunque los españoles quedan a un lado, pues su memoria es frágil y su evaluación intelectual está bajo mínimos, según creen los formadores de creencias e ideas nacidas del menosprecio a la soberanía del pueblo.

El estado de bienestar hay que pagarlo, pero también, explicarlo, consensuarlo y administrarlo bien, rindiendo cuentas.

El sometimiento, la política del miedo y la doble vara de medir destruyen el estado de derecho y las libertades, bien sea en Polonia, en el Partido Popular o en el Gobierno de España, aunque lo verdaderamente perverso es lo que espera a los españoles, visto lo visto, si no se someten mansamente a las dobles varas de medir y al secuestro de sus libertades, de forma, que solo queda una oportunidad, que reside en demostrar a los que abusan del poder que se le ha delegado, que solo están recibiendo un préstamo de la soberanía popular, y, que cuando haya nuevas elecciones, ya no será posible votar el mal menor, pues está claro, que existen otras posibilidades de ejercer el derecho al votar, que sientan sus bases en prescindir de todos ellos.

El Estado de Derecho garantiza la libertad, de manera, que cuando alguien, sea quien sea, se salta algunos o todos los principios que fundamentan el mismo, pierde completamente la razón, máxime, si, además, pretende imponer su voluntad sin consenso y solo con el miedo y la fuerza, porque una cosa es segura, que fracasará, situándose a la vez fuera del Estado de Derecho, que dice respetar y los españoles se darán cuenta.

Sin embargo, lo peor de todo es, que esos que creen que el poder les pertenece, te condenan, además, al silencio con miles de pretextos perversos, como desleal, agitador, traidor, etc. etc.

El PREÁMBULO de la Constitución dice:

<< La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.>>

Como se dice ahora en España y todos entienden: “Pues, eso”.

N.B. La hora de la libertad no se puede demorar más, pues el   sometimiento y la política del miedo socaban el estado de derecho y las libertades, de forma, que aceptar la dualidad de buenos y malos al dictado según interesa al que maneja la vara, es una solución perniciosa, que solo favorece la desigualdad y la injusticia.

Se impone, además, el silencio como castigo al que disiente por los que se creen poderosos.

Sostener la libertad real precisa de la participación de todos en su defensa, de manera permanente, fluida y constante, pues, está visto, “que los enemigos de la libertad no descansan”, siendo los ejemplos reseñados solo una muestra de lo que está ocurriendo a diario y, sin duda, así no podemos seguir:

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional es una muestra desgraciada de lo que se nos viene encima, que continuará con el CGPJ.

Córdoba, a 18 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – buena noticia para los ciudadanos (reacción pública – nada de alegrías)

<< El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Gabinete del Presidente. Oficina de Prensa) ha emitido -Madrid, 26 de octubre de 2021- la NOTA INFORMATIVA Nº 99/2021, ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA, EL PLENO DEL TC DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DE LOS ARTS. 107.1 PÁRRAFO SEGUNDO, 107.2 A) Y 107.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES:

         El Pleno ha resuelto lo siguiente:

          PARTE DISPOSITIVA:

          “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

         Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.  

         La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

         El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia.

         La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del Presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer. 

         En los próximos días se notificará la sentencia y los votos particulares junto con una nota de prensa más amplia. >>

Esperaremos a leer la sentencia y sus votos particulares, que serán los que se aplicarán en una nueva Ley exprimidora, aunque ahora un poco de alegría para los ciudadanos de a pie, ya que, resulta perverso, que los poderes públicos hayan reaccionado todos a -la contra-, dejando claro, que tamaña injusticia debe ser reparada de inmediato, al quedar desamparados todos los Órganos Públicos, que han visto como el T. Constitucional  ha metido la mano en sus bolsillos, igual que ellos durante muchos años y, a veces, con crueldad han despojado a muchos ciudadanos de parte de sus bienes, siendo por su puesto las clases medias y bajas las más oprimidas por el ilegal impuesto de plusvalía, en cumplimiento exacto del art. 31 de la Constitución que dice: <<1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. >>

Ahora a los ciudadanos beneficiados por la nulidad de una Ley inconstitucional solo les queda disfrutar mientras puedan, ya que, sin la menor duda, todos los salvadores públicos elegidos por ellos en listas cerradas, se podrán rápidamente de acuerdo para poner en vigor una nueva Ley, que con toda seguridad supondrá una nueva requisa de los patrimonios de los españoles, pues no se puede consentir, que la crueldad de unos Magistrados del T. C. (no todos, gracias a los dioses) haya esquilmado a unos organismos públicos destacados por realizar -siempre- un gasto público de forma equitativa con eficacia y economía.

N.B. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía, así que, ahora los ciudadanos a disfrutar de una buena noticia, mientras puedan, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

Lo que vendrá pronto y más duro, será una Ley urgente, que equilibrará las fuerzas publicas y privadas en aras de la justicia social, de forma, que de inmediato quedará restablecida la equidad fiscal en beneficio del pueblo soberano, todo, además, adobado e incentivado por la propaganda engañosa del bien común, como fin indiscutible y absolutamente necesario para restablecer la justicia social dañada por unos jueces insensibles.

En resumen, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley por los poderes públicos, porque la Constitución y todos nuestros derechos y libertades están al servicio de los poderes públicos, que, sin duda, son los que administran sin pudor ni decoro nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Córdoba, a 27 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

II. Libertad – Epidemia de autoritarismo y estado alarmante (derecho a criticar a los poderes públicos)

 

Decía ayer, que sentía que la libertad empezaba a estar en peligro y, además, cada día un poco más, pero parece que me equivocaba, porque es mucho peor de lo que podía imaginar.

Precisamente, ayer 19-04-20, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, en rueda de prensa del Comité de Técnicos de la pandemia del coronavirus en el Palacio de la Moncloa, ha dicho algo gravísimo para nuestra democracia, concretamente: << Que el Instituto Armado está controlando y monitorizando las críticas que se están haciendo en redes sociales a la gestión que hace el Gobierno de la pandemia >>.

Asegurando, << que la labor de defensa del Ejecutivo es una de las dos líneas de trabajo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. La otra línea, ha dicho es evitar el estrés social que persiguen todos estos bulos >>.

Las palabras del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, hizo que los ministros del Interior, Fernando Grande Marlaska (del que depende el Jefe de la G. C, en asuntos operativos), y de Defensa, Margarita Robles (en temas de personal) negaran esos hechos, pero está muy claro, que nadie puede creer, que José Manuel Santiago se inventara por su cuenta lo que declaró públicamente.

La declaración del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil tiene un contenido muy preocupante para los que defendemos la libertad como bien supremo en un estado de derecho, pues lo que ha dicho públicamente en rueda de prensa, nada menos que en la Moncloa donde reside el Presidente del Gobierno, Sr, Sánchez, es algo que solo se realiza en regímenes autoritarios y en las dictaduras.

La libertad de información, en sus dos vertientes de los derechos a recibir información veraz y a criticar a los poderes públicos (art. 20 C. E.), es esencial para garantizar una sociedad democrática y no admite cortapisas, ni siquiera con un estado de alarma en vigor. Especialmente, la libertad de criticar a los poderes públicos, siempre dentro del respeto al resto de derechos fundamentales, está protegida y garantizada en la C. E.

Esta libertad es una de las bases de la democracia, y, una crisis sanitaria con miles de españoles muertos, como la que soportamos, comandada por un Gobierno inane y alejado de la verdad, no justifica limitarla ni amordazarla, evitando así el control al Gobierno.

Imponer el silencio informativo, por medio de la intervención de la Guardia Civil, deja indefensos a los ciudadanos ante la persecución de la crítica a la actuación del Gobierno, y, es lo cierto, qué no hay peor virus, se quiera reconocer o no por el Gobierno, que la censura, derivada de una vigilancia de las fuerzas de seguridad del estado, contra los ciudadanos españoles que lleven a cabo cualquier crítica que se realice al Gobierno.

Sin duda de ninguna clase, la libertad de expresión incluye el derecho a enunciar críticas a los poderes públicos, encontrándose este derecho garantizado por la Constitución, de manera, que ningún Estado de Alarma autoriza al Gobierno a vigilar, restringir, y, menos aún suspender, el derecho a la crítica a la acción del Gobierno reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española.

La Constitución exige, que la libertad de información se ejerza permitiendo la critica a los poderes públicos, puesto que la libertad de información, junto a la celebración de elecciones libres y democráticas y el principio de división de poderes son los fundamentos irrenunciables y básicos de un estado de derecho democrático.

Es un principio constitucional irrenunciable, que la seguridad jamás debe subordinar a la libertad (bajo ninguna circunstancia), que se conforma constitucionalmente como el valor supremo del estado de derecho y es el derecho fundamental primigenio.

En otras palabras, la declaración del alto mando de la Guardia Civil en la rueda de prensa de ayer, es algo inadmisible en un estado de derecho, y, resulta difícil imaginar un ataque tan directo a nuestra democracia, significando su contenido, sin duda, un acto propio de en régimen autoritario.

Desgraciadamente, las declaraciones del responsable de la Guardia Civil no son un hecho aislado, sirva como antecedentes de lo dicho, los siguientes casos:

** La encuesta del CIS del Sr. Tezanos con preguntas capciosas de igual contenido.

** La entrada por la puerta de atrás del Sr. Iglesias en el CNI, aprovechando una norma que nada tenía que ver con el asunto.

**  La homilía a bocajarro, muy  preocupante, que lanzó el Presidente del Gobierno, prorrogando el estado de alarma hasta el 10 de mayo, razón por la que, dado el modelo de aplicación del estado de alarma, que se está llevando a cabo con eliminación de derechos y libertades básicas de todos los españoles (confinamientos, controles policiales excesivos, falta continuada de toda información veraz, eliminación de toda crítica a las incalificables negligencias del Gobierno, eliminación de la libertad de empresa, cerrojazo al Congreso, paralización casi total de la justicia, múltiples reales decretos ley liberticidas, autoritarismo sin medida y decisiones unilaterales, etc. etc.), la verdad es, que era para sentir una profunda inquietud, al ver que el Presidente realizaba una declaración altanera del ejercicio de un poder fuera de la Constitución.

Como se ve, a simple vista, lo peor es que, paso a paso, el Gobierno va comiéndose nuestras libertades, pues, es una realidad, que cuanto más sufrimos enclaustrados por la pandemia del Estado de Alama excesivo y que supera la ley constitucional, más pretende el Gobierno controlar nuestra libertad, de forma, que se mire como se mire, todo parece formar parte de un plan liberticida para destruir nuestra humanidad libre y limitar día a día nuestros  derechos y libertades y, además, de manera unilateral, sin consultar a nadie, en un alarde de autoritarismo que va acotando nuestra libertad, siempre un poco más.

N. B. El Gobierno no puede seguir con su política limitativa de derechos y libertades (máxime con declaraciones tan peligrosas como las de ayer en la rueda de prensa en Moncloa), y, si el Gobierno no lo hace así, los ciudadanos en masa debemos solicitar el control judicial (tribunales ordinarios, Tribunal Constitucional y a los tribunales de justicia de la UE) y, si no es posible, acudir a cualquier otro medio legal, contra los continuos  excesos y despropósitos legales del Gobierno, que pervierte la ley para conseguir sus fines limitativos de derechos, partiendo de la base cierta de que nuestra libertad constitucional es un derecho inderogable e irrenunciable, sea cual sea la radicalidad de la epidemia, pues, siempre, es preferible morir en libertad, que vivir sin derechos y libertades.

Córdoba, a 20 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba, Inspector de Trabajo y S. S.