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Basura neumática II – Una estrategia (Abuso e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento)

A la vista de mi artículo del otro día, los lectores me recriminan, que no explique que es “la estrategia jurídica del Ayuntamiento”, así que para empezar les diré, que no tengo ni idea, pero me malicio (espero que no), que consistirá en echar sobre los ciudadanos afectados (que reclaman indignados que les devuelvan todos su gastos neumático), todo su equipo jurídico que pagamos todos los cordobeses con el fin de amendrentarlos para que desistan de sus justas reclamaciones.

En este asunto la primera estrategia del Ayuntamiento debería ser señalar a los responsables, sean quienes sean, cuantificar el daño al dinero público y al interés general, y, exigir responsabilidades a los todos los implicados en este asunto neumático de basuras.

Aquí vale cualquier cosa, menos sentarse a hablar y conseguir un acuerdo justo y razonable para todos, pues no solo han perdido los afectados directos, sino que todos los cordobeses capitalinos hemos perdido algo y mucho más con una operación pública, que ha resultado un desastre económico y social del que nadie responderá ni reconocerá el desaguisado.

Este asunto neumático es como el caso del tranvía de Jaén que nunca ha funcionado, donde el dinero público se ha dilapidado y donde nadie responde ni reconoce el mínimo error, y, por supuesto, de reintegrar el dinero público gastado al compas de un error, de una negligencia y/o de un gasto público dilapidado conscientemente de su maldad, nada de nada. El dinero público ha desaparecido, se ha malgastado y nadie responde. Es una vergüenza que pagamos todos los ciudadanos con nuestro impuestos.

Volviendo al despropósito de la “estrategia jurídica publicitada” por el Portavoz del Ayuntamiento, lo menos que se le puede exigir, es que nos explique a todos los cordobeses *en qué consistirá esa estrategia, *cuanto no va a costar a los cordobeses (-además, de todo el dinero público neumático malgastado inútilmente-) la broma jurídica y *cuáles serán los resultados y beneficios para los cordobeses.

Ya sé, que me dirán que tengo más moral que el alcoyano, pero en mi descargo, les diré, que la esperanza es lo último que se pierde, de forma, que si al final es un engaño más para eso están las urnas, llenándolas de votos liberadores de engaños inexplicados.

 Los cordobese engañados somos todos, de manera, que ha llegado la hora de que callar es complicidad, y, como pronto habrá que votar, ya sabemos lo que hay.

Abusos engaños y gasto manirroto del dinero de todos por gobernantes municipales irresponsables.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, y, está más que claro, que otra política es posible y necesaria, pues aunque estamos casi perdidos, debemos reforzar autodefensa y votar la opción política que nos garantice, que sus promesas se cumplen, pues si no estamos perdidos. 

Eso es ACOA.

N.B. Labasura neumática ha dado a luz a una estrategia jurídica ignota y presumiblemente perversa, que es un abuso y demuestra la incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento.

En este asunto la primera estrategia debería ser *señalar a los responsables, sean quienes sean, *cuantificar el daño al dinero público y al interés general, y, *exigir responsabilidades a los todos los implicados en este asunto neumático de basuras.

Aunque me temo, que solo la autodefensa y la rebelión ciudadana llevadas a las urnas solucionará el problema.

Córdoba, a 17 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Basura neumática – Un error municipal irreparable (Se llama abuso, desconfianza, inseguridad jurídica, irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento)

Me preguntan unos lectores, que si tengo algo que decir sobre la recogida neumática de basura fallida e irresponsable, de forma, que intentaré exponer mi opinión sobre un tema, que, sinceramente, apesta.

Primero expondré algunas consideraciones previas, que son una base para poder explicar lo que es algo más que un error con el dinero público de los ciudadanos, pues el problema no solo afecta a los vecinos directamente implicados, sino a todos los cordobeses, así:

1.1.- Creo que lo primero que debería haber hecho el Ayuntamiento y su Gobierno es ofrecer a los cordobeses una información veraz y completa del costo total del desaguisado, desglosándolo y explicándolo detalladamente.

1.2.- Lo segundo que debería haber hecho hace tiempo el Ayuntamiento y su Gobierno es tener un plan concreto para solucionar el problema neumático de la ciudad.

1.3.- Lo tercero que debería hacer el Ayuntamiento y su Gobierno es explicar a los cordobeses, cuanto nos va a costar arreglar la recogida fallida neumática de la basura.

1.4.- Lo cuarto sería sentarse a hablar en serio con todos los afectados y, sí o sí, llegar a un acuerdo razonable con los afectados directos, que debe pasar por reintegrarle todos los costes realizados, sean los que sean.

En segundo lugar, como ocurre, casi siempre, el Ayuntamiento y su Gobierno de mayoría absoluta del P. P. ha optando por el dontancredismo rajoniano, es decir, a ver si escampa, ya que, decir públicamente por su portavoz, como todo argumento,  “que tienen una estrategia jurídica”, no solo es pegarse un tiro en el pie, sino, también, reírse de los cordobeses con la máxima holgura y sin recato alguno. Además, si se añade por dicho portavoz, que “es un asunto de defensa de los intereses generales” y que “no vamos a retransmitirlo en público”, se está acumulando a un proceder prepotente mentira tras mentira.

Que conste, que el asunto vine del Gobierno anterior, destacando cuando el concejal de Urbanismo y portavoz Salvador Fuentes dijo y prometió públicamente, que el gobierno municipal se sentaría a llegar a un acuerdo con los afectados, pero claro, una cosa es prometer y otra dar el trigo. Ahora, con mayoría absoluta la idea de negociar de facto ha pasado a los hechos consumados del no y al disparate de la estrategia jurídica ignota.

Los votantes engañados, que somos todos, no solo los afectados directamente, a callar sumisos y cautivos, aunque pronto llegará el momento de votar, y, ya sabemos lo que hay:

Mentiras e irresponsabilidad de los gobernantes municipales.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, y,  lo que hay está demostrado que no sirve para nada, de forma, que si hay otra política posible y necesaria habrá que votarla como sistema de autodefensa, pues si no estamos perdidos. 

Eso es ACOA.

N.B. La recogida de basura neumática es mucho más que un error municipal irreparable, pues no existe voluntad de reparar el daño, y, dicho de otra forma, eso llama abuso, desconfianza, inseguridad jurídica, irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento.

Soluciones hay, lo que no hay es voluntad política de solucionar el problema, porque el Gobierno Municipal está convencido de que son inmunes a cualquier castigo.

Solo la autodefensa y la rebelión ciudadana llevada a las urnas solucionará en problema.

Córdoba, a 14 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad – Inseguridad jurídica (Poder participar en igualdad de condiciones)

Un grupo de lectores me preguntan que es la igualdad, así, que les diré lo que pienso, empezando por dos afirmaciones:

(I)La democracia es la ley de todos y para todos, pues sin ella no existe el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica.

(II)Igualdad de derechos es lo mismo que igualdad ante la ley, pero no equivale a igualdad de oportunidades.

Dicho lo anterior, “lo decisivo es la igualdad de participar sea cual sea el inicio o el final”. En esa igualdad encontramos la libertad de hacer lo que queremos y probar a llegar lo más arriba posible, dentro de nuestras capacidades, razón por la que no creo en una inexistente igualdad de oportunidades, básicamente porque es algo imposible.

Lo contrario de lo que digo, es lo que está ocurriendo en España, que consiste, en que a todos los niveles del poder público, incluido el poder judicial, se ha introducido un gusano peligroso, que  está consiguiendo, que cada vez más poderes públicos de los diferentes niveles local, provincial, autonómico y central solo aplican la ley cuando conviene a sus intereses ideológicos o a sus intereses partidistas, con el agravante de que cuando la igualdad de resultados no se consigue (es decir, siempre), aparece un mundo insoldable de subvenciones varias.

Dicho de otra forma, “en vez de igualdad se ha instalado la inseguridad jurídica,como forma perversa de igualdad.

En España es una realidad indiscutible, que ha aparecido la incertidumbre a todos los niveles (político, social y económico), de manera, que se quiera admitir o no, reina la desigualdad y todas sus consecuencias negativas:  inseguridad, inquietud, duda, indecisión, recelo y la sospecha entre todos los ciudadanos.

A consecuencia de la no aplicación de la ley justa (de la igualdad real descrita), los españoles perciben una “incertidumbre” y “una inseguridad” persistente, que se plasma en desconfianza interior y exterior paralizándose todo.

La igualdad subvencionada a sustituido a la igualdad real basada en el esfuerzo, la superación personal y el deseo de alcanzar siempre una meta inalcanzable de superioridad y de productividad, buscando la mejora continua  personal.

Eso es lo que hay y que cada uno vote lo que quiera, pero que luego no se queje después, pues ya sabía lo que vendría de la mano de los que quieren que todos seamos iguales, sustituyendo el esfuerzo y el trabajo por una subvención perversa, que destruye la dignidad de la persona en aras de un bien colectivo igualitario.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- está para luchar por el valor justicia, la libertad y la igualdad real de los cordobeses, y,  visto lo visto, si se seguimos votando para que todo siga en manos de la desigualdad colectiva, disfrazada de igualdad de resultados, estamos perdidos, así que, todos en defensa de nuestra democracia basada en la igualdad de participación y de la superación personal, levantando un muro de autodefensa sostenido por la fuerza de todos lo que creemos, que otra política es posible y necesaria, sino para que se pide el voto para ganar unas elecciones.

En eso estamos en ACOA.

N.B. La igualdad real y verdadera es poder participar en igualdad de condiciones, lo contrario es lo que hay, igualdad de resultados y subvenciones injustas para una igualdad imposible.

La democracia es la ley de todos y para todos, pues sin ella no existe el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica.

Córdoba, a 6 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Seguridad Jurídica (Respeto y cumplimiento de la Ley por todos)

Un grupo de lectores me dicen que sus ayuntamientos no cumplen la ley y que sienten una gran inseguridad jurídica.

Solo puedo decir, que en principio, lo que dicen es cierto, pero les digo, que no son solo los ayuntamientos, porque en España está ocurriendo algo muy preocupante y perverso, que se puede resumir diciendo, que los poderes públicos en general han optado por cumplir a la ley a su manera, tanto por acción como por omisión, y, que el ciudadano de a pie queda indefenso, ya que, si quiere que se cumpla la ley tiene que denunciarlo, lo que, sin duda, le trae enormes perjuicios y una gran pérdida de energías  de todo tipo (sociales, económicas, políticas, administrativas y personales).

Pongamos un ejemplo real: Un ciudadano de a pie denuncia a un funcionario con poder de la Hacienda del Estado por la cusa que sea, y, ocurre que lejos de que su denuncia probada sea comprobada e investigada, de inmediato sobre él recaen todo tipo de acciones coercitivas sin  parar y sin medida.

Para defender su derecho el ciudadano de a pie debe acudir a los jueces y tribunales pidiendo amparo y justicia, pues bien, lo que sucede es que tiene que contratar de inicio una legión de abogados a costa de su bolsillo, mientras esos poderes públicos protegidos por una capa insondable de impunidad administrativa, a la vez, son defendidos por una legión irredenta de abogados del estado, letrados de CC.AA., abogados de todo tipo pagados por los ciudadanos de ayuntamientos, diputaciones, etc., que no solo defienden a esos poderes públicos, sino que cuando van a un juicio los jueces y tribunales parten de que la administración pública tiene un plus de legitimidad, de forma, que salvo pruebas fehacientes irrefutables el ciudadano que intenta defender sus intereses frente a una injusticia, es castigado con unas costas fastuosas para pagar, eso dicen, a esos legión de abogados y letrados que cobran de los impuestos de todos. (El Defensor del Pueblo en espera (stand by) cumpliendo sus funciones de ideología política excluyente).

Se puede discutir, lo que  digo, pero todos sabemos que es “LA PURA VERDAD”.

Aunque no es solo eso, sino, que por ejemplo:

¿Alguien conoce algún caso de una autoridad y/o funcionario público denunciado administrativamente, que se abstenga de conocer cualquier asunto vinculado al ciudadano de a pie, que ha presentado una denuncia fundada contra él/ella?

Pero, rizando el rizo de la injusticia, cuando ese ciudadano acude a la justicia (sobrecargada de trabajo, en stand by, y, extraordinariamente lenta, etc. etc.), es más que un hecho patente, que esa autoridad o funcionario lejos de abstenerse inicia una cacería desde su poder administrativo contra él y contra toda su familia, saltándose toda ley. Los casos son numerosos y probados por activa y por pasiva, aunque nunca pasa nada, el funcionario que va contra el art. 103 de la C. E., siguen en su puesto y el ciudadano totalmente jodido queda en situación de espera de justicia, pero pagando.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo la igualdad y el respeto a la ley con su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1.,  que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Una cosa está clara, la ley está y existe, solo falta que todos los poderes públicos la cumplan y, además, que se proteja al ciudadano, que es el pueblo de donde nacen todos los poderes del Estado.

La no aplicación de la ley y/o su aplicación ideologizada por motivos personales y subjetivos crea inseguridad jurídica en España, que conlleva que los españoles transitemos ya por un camino de servidumbre, donde unos pocos nos someten a todos, esa gran mayoría silenciosa, que, además, piensa que ya pasará, así, vemos los desequilibrios legales por donde caminamos callados y, al parecer, conformes.

Frente a la inseguridad jurídica imperante solo cabe ya la autodefensa mediante un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, para recuperar el valor justicia de todos los españoles.

No queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

N.BFrente a la inseguridad jurídica de una ley que solo se aplica en una dirección y por la fuerza de una coyuntura política autodestructiva y malévola, solo queda la defensa del “Estado de Derecho” por todos y cada uno de nosotros (por todos los españoles).

La seguridad jurídica solo se consigue defendiendo el valor justicia, del que algunos pocos se han apoderado por la fuerza de un poder público ejercitado contra ley.

Córdoba, a 6 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Derecho a la igualdad V – Seguridad Jurídica (Tocata y fuga de Puigdemont – Tribunal Supremo)

El gran sacrificado de todo este vodevil perverso para todos los españoles que creíamos que la ley era igual para todos, es el Tribunal Supremo (especialmente, su Sala Segunda de lo Penal).

El Tribunal Supremo (Sala Segunda) en su Auto de 24 de julio de 2024 ha sentado la siguiente doctrina estéril (a la vista del espectáculo del Presidente –verdadero- Sr,), así:

“Que el Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica son de todos los españoles y sin ellos no hay democracia ni estado de derecho”.

El “Presidente” aparece y desaparece a la vista de todos y con la connivencia de los poderes públicos responsables (es decir, de todos), mientras el T. S. queda destruido públicamente dentro y fuera de España.

¿Quién va a confiar ahora en el Tribunal Supremo y en el imperio de la ley igual para todos?

Nota: Lo peor de todo este tenebroso asunto es, que la podredumbre se extiende sin remedio a todos los jueces y tribunales de España como una carcoma expansiva y destructora del derecho a la igualdad ante le ley y del principio de seguridad jurídica, pues, a partir de ahora, ¿qué español va a creer que la ley se aplica por igual a todos nosotros?

A partir de ahora, cuando acuda ante cualquier órgano judicial  alegaré en mi defensa y/o de la de mi cliente, que se me aplique la ley del Presidente, que en resumidas cuentas es “una ley a la medida”.  En otras palabras, es la no ley y la desaparición del derecho a la igualdad ante la ley, junto con el principio de seguridad jurídica.

Se podrá decir, de cualquier otra forma, pero es simplemente la destrucción de nuestra democracia y el estado de derecho constitucional.

También es cierto, que la mayoría constitucional abrumadora de españoles no somos esclavos de unas minorías, de forma, que por algún lado explosionará la defensa del pueblo soberano frente a la injusticia, nos va en ello  la libertad y la justicia, deforma, que cuanto antes mejor.

Los españoles ya sabemos que nuestra libertad hay de defenderla y que ya es imprescindible  un movimiento ciudadano de rebelión pacífica, y, si alguien cree que otros vendrán a defendernos apañados vamos.

N.B. El Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica solo las puede defender, visto lo visto, el Pueblo Español, y, que la tocata y fuga de ha puesto de manifiesto.

No hay otra.

Córdoba, a 9 de agosto de 2024

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.