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Sobredimensionamiento del sector público – Contra la inversión social (Gastos de personal y Entes paralelos)

Unos lectores me dicen que ellos son partidarios de lo público, pues dicen que la mayoría de los servicios públicos deben estar administrados por un poder de carácter público.

1º.- Para empezar les digo, que no me refiero nunca a servicios esenciales, como pueden ser el orden y la seguridad públicas, la defensa, las infraestructuras, las comunicaciones básicas, la justicia y, así, un largo se asuntos de interés general.

2º.- Dicho lo anterior, aclaro, que cualquier asunto administrado por un poder público, aunque suene a verdad de Perogrullo, lo que digo es que “lo que tiene que estar es bien administrado”, de forma, que se excluya cualquier abuso de poder, como pueden ser por ejemplo, realizar gastos superfluos e innecesarios, cargar de personal afín al poder político de turno, aumentar los gastos de personal de manera que se cree una plantilla de personal desproporcionada, y, en definitiva casos parecidos donde el dinero de todos se despilfarra en temas interesados e innecesarios.

3º.- Cuando digo, que el Sector Público está sobredimensionamiento es porque creo que para cumplir sus objetivos su estructura física y de personal está desequilibrada, pues, con casi seguridad con un 60% de los recursos bien gestionados  los fines se alcanzarían igualmente, y, porque muchos gastos se dirigen a cosas inútiles, dejando de realizar inversiones necesarias sociales y económicas, de forma, que siempre se da prioridad a la que “llaman creación de empleo público”, sea o no sea necesario.

4º.- A la vez de todo lo dicho, es una realidad que se ve, que los poderes públicos en España crean a su alrededor una maraña de entes, empresas, asociaciones, fundaciones, observatorios, etc. etc., que suelen tener como características dominantes una carga de personal excesiva, un dominio de la contratación arbitrario, una falta de control relevante, y, en definitiva falta de transparencia y una opacidad excluyente.

5º.- Finalmente, es una realidad que en España existen en sus administraciones públicas (Gobierno Central, CC.AA., Corporaciones Locales y demás, Instituciones Públicas) una cantidad desconocida de entes paralelos incontrolados, que nadie conoce, ni siquiera la Hacienda Pública.

***Creo que con lo dicho he dejado centrada la cuestión, reiterando que no soy contrario a lo público sino a su mala administración en su más amplio sentido.

En España, para desgracia nuestra, no hay día que no aflore un abuso en el gasto público, que según las noticias va desde gastos de viajes fastuosos, apoderamiento del dinero público, contrataciones indebidas y contra ley de toda clase y color, gastos excesivos de personal sin control, algunos casos, según se ve de contratación de señoritas de acompañamiento completo, y, casi una lista interminable de despilfarro interesado del dinero de todos.

En mi opinión es una cosa patente, que la mayoría de los españoles si pudieran cortaría ese grifo infame, aunque, la realidad diaria demuestra que la aplicación de la ley no es igual para todos, de manera, que si un político de turno comete un abuso, máxime, si está aforado, la ley se le aplica a cámara lenta, a la vez que se rodea de asesores jurídicos, que muchas veces que pagamos todos los españoles, y, así, se crea un páramo de impunidad para vergüenza de todos.

Si el que comete el abuso es un ciudadano de a pie, la cosa cambia radicalmente, de forma, que se le juzga sin miramiento alguno y se le exigen las responsabilidades legales oportunas.

Queda claro, que la ley en España no es igual para todos ni se aplica de forma igual a todos, ya que, por un lado están los políticos varios y por otro los ciudadanos de a pie.

El poder judicial no está exento de responsabilidad, ya que, cuando existe un asunto que llamaremos político parece que cambian las reglas del juego desde la agilidad procesal al trato exquisito que se presta al político de turno.

Si alguien lo duda, que le ponga un pleito a una Administración Pública mínimamente relevante y verá que lo que sucede, que no es lo mismo, que le pasa a él cuando acude a pedir justicia a un órgano judicial.

Los políticos está demostrado, que ya no cumplen la ley ni por asomo, parapetándose sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables, de manera, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.

Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Está clarísimo, que los que creemos en la igualdad y en la aplicación justa de la ley consagradas en la C. E. de 1978 estamos al otro lado de la carretera, de forma, que lo que establece la Constitución, **o salimos a defenderlo **o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.

(Nota. Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.).

***Es necesario un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social,  económica y política inmediata, vamos directos a una situación de bancarrota con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa,  nos someterán cautivos y callados.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que empezar conociendo la verdad y pasar a la autodefensa colectiva, es lo único que puede salvarnos de políticas de falsa equidad, que nos llevan a la ruina, y, que se justifican diciendo que defienden lo público, cuando es algo manifiesto que la realidad es abuso de lo público.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Es una realidad perniciosa el sobredimensionamiento del sector público donde priman los gastos de personal y los Entes paralelos, mientras la inversión real está decreciendo día a día-

Si a lo dicho, añadimos  que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.

Un adivinanza imposible: ¿Cuántos entes públicos desconocidos,  incontrolados y absolutamente opacos existen en España?

Les pongo una exclamación que ya todos entendemos: Pues… ESO.

Por si faltara algo, en España ha nacido un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.

Córdoba, a 12 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Basura neumática II – Una estrategia (Abuso e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento)

A la vista de mi artículo del otro día, los lectores me recriminan, que no explique que es “la estrategia jurídica del Ayuntamiento”, así que para empezar les diré, que no tengo ni idea, pero me malicio (espero que no), que consistirá en echar sobre los ciudadanos afectados (que reclaman indignados que les devuelvan todos su gastos neumático), todo su equipo jurídico que pagamos todos los cordobeses con el fin de amendrentarlos para que desistan de sus justas reclamaciones.

En este asunto la primera estrategia del Ayuntamiento debería ser señalar a los responsables, sean quienes sean, cuantificar el daño al dinero público y al interés general, y, exigir responsabilidades a los todos los implicados en este asunto neumático de basuras.

Aquí vale cualquier cosa, menos sentarse a hablar y conseguir un acuerdo justo y razonable para todos, pues no solo han perdido los afectados directos, sino que todos los cordobeses capitalinos hemos perdido algo y mucho más con una operación pública, que ha resultado un desastre económico y social del que nadie responderá ni reconocerá el desaguisado.

Este asunto neumático es como el caso del tranvía de Jaén que nunca ha funcionado, donde el dinero público se ha dilapidado y donde nadie responde ni reconoce el mínimo error, y, por supuesto, de reintegrar el dinero público gastado al compas de un error, de una negligencia y/o de un gasto público dilapidado conscientemente de su maldad, nada de nada. El dinero público ha desaparecido, se ha malgastado y nadie responde. “Es una vergüenza que pagamos todos los ciudadanos con nuestro impuestos”.

Volviendo al despropósito de la “estrategia jurídica publicitada” por el Portavoz del Ayuntamiento, lo menos que se le puede exigir, es que nos explique a todos los cordobeses *en qué consistirá esa estrategia, *cuanto no va a costar a los cordobeses (-además, de todo el dinero público neumático malgastado inútilmente-) la broma jurídica y *cuáles serán los resultados y beneficios para los cordobeses.

Ya sé, que me dirán que tengo más moral que el alcoyano, pero en mi descargo, les diré, que la esperanza es lo último que se pierde, de forma, que si al final es un engaño más para eso están las urnas, llenándolas de votos liberadores de engaños inexplicados.

 Los cordobese engañados somos todos, de manera, que ha llegado la hora de que callar es complicidad, y, como pronto habrá que votar, ya sabemos lo que hay.

“Abusos – engaños y gasto manirroto del dinero de todos por gobernantes municipales irresponsables”.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, y, está más que claro, que otra política es posible y necesaria, pues aunque estamos casi perdidos, debemos reforzar autodefensa y votar la opción política que nos garantice, que sus promesas se cumplen, pues si no estamos perdidos. 

Eso es ACOA.

N.B. Labasura neumática ha dado a luz a una estrategia jurídica ignota y presumiblemente perversa, que es un abuso y demuestra la incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento.

En este asunto la primera estrategia debería ser *señalar a los responsables, sean quienes sean, *cuantificar el daño al dinero público y al interés general, y, *exigir responsabilidades a los todos los implicados en este asunto neumático de basuras.

Aunque me temo, que solo la autodefensa y la rebelión ciudadana llevadas a las urnas solucionará el problema.

Córdoba, a 17 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Basura neumática – Un error municipal irreparable (Se llama abuso, desconfianza, inseguridad jurídica, irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento)

Me preguntan unos lectores, que si tengo algo que decir sobre la recogida neumática de basura fallida e irresponsable, de forma, que intentaré exponer mi opinión sobre un tema, que, sinceramente, apesta.

Primero expondré algunas consideraciones previas, que son una base para poder explicar lo que es algo más que un error con el dinero público de los ciudadanos, pues el problema no solo afecta a los vecinos directamente implicados, sino a todos los cordobeses, así:

1.1.- Creo que lo primero que debería haber hecho el Ayuntamiento y su Gobierno es ofrecer a los cordobeses una información veraz y completa del costo total del desaguisado, desglosándolo y explicándolo detalladamente.

1.2.- Lo segundo que debería haber hecho hace tiempo el Ayuntamiento y su Gobierno es tener un plan concreto para solucionar el problema neumático de la ciudad.

1.3.- Lo tercero que debería hacer el Ayuntamiento y su Gobierno es explicar a los cordobeses, cuanto nos va a costar arreglar la recogida fallida neumática de la basura.

1.4.- Lo cuarto sería sentarse a hablar en serio con todos los afectados y, sí o sí, llegar a un acuerdo razonable con los afectados directos, que debe pasar por reintegrarle todos los costes realizados, sean los que sean.

En segundo lugar, como ocurre, casi siempre, el Ayuntamiento y su Gobierno de mayoría absoluta del P. P. ha optando por el dontancredismo rajoniano, es decir, a ver si escampa, ya que, decir públicamente por su portavoz, como todo argumento,  “que tienen una estrategia jurídica”, no solo es pegarse un tiro en el pie, sino, también, reírse de los cordobeses con la máxima holgura y sin recato alguno. Además, si se añade por dicho portavoz, que “es un asunto de defensa de los intereses generales” y que “no vamos a retransmitirlo en público”, se está acumulando a un proceder prepotente mentira tras mentira.

Que conste, que el asunto vine del Gobierno anterior, destacando cuando el concejal de Urbanismo y portavoz Salvador Fuentes dijo y prometió públicamente, que el gobierno municipal se sentaría a llegar a un acuerdo con los afectados, pero claro, una cosa es prometer y otra dar el trigo. Ahora, con mayoría absoluta la idea de negociar de facto ha pasado a los hechos consumados del no y al disparate de la estrategia jurídica ignota.

Los votantes engañados, que somos todos, no solo los afectados directamente, a callar sumisos y cautivos, aunque pronto llegará el momento de votar, y, ya sabemos lo que hay:

“Mentiras e irresponsabilidad de los gobernantes municipales”.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, y,  lo que hay está demostrado que no sirve para nada, de forma, que si hay otra política posible y necesaria habrá que votarla como sistema de autodefensa, pues si no estamos perdidos. 

Eso es ACOA.

N.B. La recogida de basura neumática es mucho más que un error municipal irreparable, pues no existe voluntad de reparar el daño, y, dicho de otra forma, eso llama abuso, desconfianza, inseguridad jurídica, irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento.

Soluciones hay, lo que no hay es voluntad política de solucionar el problema, porque el Gobierno Municipal está convencido de que son inmunes a cualquier castigo.

Solo la autodefensa y la rebelión ciudadana llevada a las urnas solucionará en problema.

Córdoba, a 14 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Igualdad – Inseguridad jurídica (Poder participar en igualdad de condiciones)

Un grupo de lectores me preguntan que es la igualdad, así, que les diré lo que pienso, empezando por dos afirmaciones:

(I)La democracia es la ley de todos y para todos, pues sin ella no existe el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica.

(II)Igualdad de derechos es lo mismo que igualdad ante la ley, pero no equivale a igualdad de oportunidades.

Dicho lo anterior, “lo decisivo es la igualdad de participar sea cual sea el inicio o el final”. En esa igualdad encontramos la libertad de hacer lo que queremos y probar a llegar lo más arriba posible, dentro de nuestras capacidades, razón por la que no creo en una inexistente igualdad de oportunidades, básicamente porque es algo imposible.

Lo contrario de lo que digo, es lo que está ocurriendo en España, que consiste, en que a todos los niveles del poder público, incluido el poder judicial, se ha introducido un gusano peligroso, que  está consiguiendo, que cada vez más poderes públicos de los diferentes niveles local, provincial, autonómico y central solo aplican la ley cuando conviene a sus intereses ideológicos o a sus intereses partidistas, con el agravante de que cuando la igualdad de resultados no se consigue (es decir, siempre), aparece un mundo insoldable de subvenciones varias.

Dicho de otra forma, “en vez de igualdad se ha instalado la inseguridad jurídica”,como forma perversa de igualdad.

En España es una realidad indiscutible, que ha aparecido la incertidumbre a todos los niveles (político, social y económico), de manera, que se quiera admitir o no, reina la desigualdad y todas sus consecuencias negativas:  “inseguridad, inquietud, duda, indecisión, recelo y la sospecha entre todos los ciudadanos”.

A consecuencia de la no aplicación de la ley justa (de la igualdad real descrita), los españoles perciben una “incertidumbre” y “una inseguridad” persistente, que se plasma en desconfianza interior y exterior paralizándose todo.

La igualdad subvencionada a sustituido a la igualdad real basada en el esfuerzo, la superación personal y el deseo de alcanzar siempre una meta inalcanzable de superioridad y de productividad, buscando la mejora continua  personal.

Eso es lo que hay y que cada uno vote lo que quiera, pero que luego no se queje después, pues ya sabía lo que vendría de la mano de los que quieren que todos seamos iguales, sustituyendo el esfuerzo y el trabajo por una subvención perversa, que destruye la dignidad de la persona en aras de un bien colectivo igualitario.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- está para luchar por el valor justicia, la libertad y la igualdad real de los cordobeses, y,  visto lo visto, si se seguimos votando para que todo siga en manos de la desigualdad colectiva, disfrazada de igualdad de resultados, estamos perdidos, así que, todos en defensa de nuestra democracia basada en la igualdad de participación y de la superación personal, levantando un muro de autodefensa sostenido por la fuerza de todos lo que creemos, que otra política es posible y necesaria, sino para que se pide el voto para ganar unas elecciones.

En eso estamos en ACOA.

N.B. La igualdad real y verdadera es poder participar en igualdad de condiciones, lo contrario es lo que hay, igualdad de resultados y subvenciones injustas para una igualdad imposible.

La democracia es la ley de todos y para todos, pues sin ella no existe el Estado de Derecho ni la seguridad jurídica.

Córdoba, a 6 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Seguridad Jurídica (Respeto y cumplimiento de la Ley por todos)

Un grupo de lectores me dicen que sus ayuntamientos no cumplen la ley y que sienten una gran inseguridad jurídica.

Solo puedo decir, que en principio, lo que dicen es cierto, pero les digo, que no son solo los ayuntamientos, porque en España está ocurriendo algo muy preocupante y perverso, que se puede resumir diciendo, que los poderes públicos en general han optado por cumplir a la ley a su manera, tanto por acción como por omisión, y, que el ciudadano de a pie queda indefenso, ya que, si quiere que se cumpla la ley tiene que denunciarlo, lo que, sin duda, le trae enormes perjuicios y una gran pérdida de energías  de todo tipo (sociales, económicas, políticas, administrativas y personales).

Pongamos un ejemplo real: Un ciudadano de a pie denuncia a un funcionario con poder de la Hacienda del Estado por la cusa que sea, y, ocurre que lejos de que su denuncia probada sea comprobada e investigada, de inmediato sobre él recaen todo tipo de acciones coercitivas sin  parar y sin medida.

Para defender su derecho el ciudadano de a pie debe acudir a los jueces y tribunales pidiendo amparo y justicia, pues bien, lo que sucede es que tiene que contratar de inicio una legión de abogados a costa de su bolsillo, mientras esos poderes públicos protegidos por una capa insondable de impunidad administrativa, a la vez, son defendidos por una legión irredenta de abogados del estado, letrados de CC.AA., abogados de todo tipo pagados por los ciudadanos de ayuntamientos, diputaciones, etc., que no solo defienden a esos poderes públicos, sino que cuando van a un juicio los jueces y tribunales parten de que la administración pública tiene un plus de legitimidad, de forma, que salvo pruebas fehacientes irrefutables el ciudadano que intenta defender sus intereses frente a una injusticia, es castigado con unas costas fastuosas para pagar, eso dicen, a esos legión de abogados y letrados que cobran de los impuestos de todos. (El Defensor del Pueblo en espera (stand by) cumpliendo sus funciones de ideología política excluyente).

Se puede discutir, lo que  digo, pero todos sabemos que es “LA PURA VERDAD”.

Aunque no es solo eso, sino, que por ejemplo:

¿Alguien conoce algún caso de una autoridad y/o funcionario público denunciado administrativamente, que se abstenga de conocer cualquier asunto vinculado al ciudadano de a pie, que ha presentado una denuncia fundada contra él/ella?

Pero, rizando el rizo de la injusticia, cuando ese ciudadano acude a la justicia (sobrecargada de trabajo, en stand by, y, extraordinariamente lenta, etc. etc.), es más que un hecho patente, que esa autoridad o funcionario lejos de abstenerse inicia una cacería desde su poder administrativo contra él y contra toda su familia, saltándose toda ley. Los casos son numerosos y probados por activa y por pasiva, aunque nunca pasa nada, el funcionario que va contra el art. 103 de la C. E., siguen en su puesto y el ciudadano totalmente jodido queda en situación de espera de justicia, pero pagando.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo la igualdad y el respeto a la ley con su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1.,  que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Una cosa está clara, la ley está y existe, solo falta que todos los poderes públicos la cumplan y, además, que se proteja al ciudadano, que es el pueblo de donde nacen todos los poderes del Estado.

La no aplicación de la ley y/o su aplicación ideologizada por motivos personales y subjetivos crea inseguridad jurídica en España, que conlleva que los españoles transitemos ya por un camino de servidumbre, donde unos pocos nos someten a todos, esa gran mayoría silenciosa, que, además, piensa que ya pasará, así, vemos los desequilibrios legales por donde caminamos callados y, al parecer, conformes.

Frente a la inseguridad jurídica imperante solo cabe ya la autodefensa mediante un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, para recuperar el valor justicia de todos los españoles.

No queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

N.B. Frente a la inseguridad jurídica de una ley que solo se aplica en una dirección y por la fuerza de una coyuntura política autodestructiva y malévola, solo queda la defensa del “Estado de Derecho” por todos y cada uno de nosotros (por todos los españoles).

La seguridad jurídica solo se consigue defendiendo el valor justicia, del que algunos pocos se han apoderado por la fuerza de un poder público ejercitado contra ley.

Córdoba, a 6 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.