Tag Archives: ingresos

El Agua Olvidada (Un Derecho Traicionado por la Insensibilidad Política)

Imagina un río invisible bajo las calles de Córdoba, no de agua cristalina, sino de promesas rotas y facturas infladas. El derecho humano al agua potable, reconocido por la ONU en 2010 (Resolución 64/292), se ahoga en 2025 bajo aumentos tarifarios desmedidos. En Córdoba, EMACSA ha subido las tarifas un 18% en dos años (5% en 2024 y 10% en 2025), superando la inflación y golpeando a los hogares vulnerables.

Esto no es un ajuste: “Es una traición a un derecho inalienable, no una mercancía”.

**La Traición del Derecho al Agua.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el ODS 6 exigen agua accesible, segura y asequible (máximo 3% de ingresos familiares). Sin embargo, en España, las tarifas se disparan tras ciclos electorales, disfrazadas de “inversiones contra la sequía”. En Córdoba, el costo del consumo básico (14 m³) sube hasta 4 € bimestrales, excluyendo al 20% de hogares vulnerables. Globalmente, 2.200 millones de personas carecen de agua segura, y en Europa, las desigualdades crecen por políticas que priorizan a grandes consumidores industriales sobre los más pobres.

**El Impacto: Un Tsunami Social.

Los aumentos tarifarios erosionan la dignidad:

*Asequibilidad: En Córdoba, las facturas superan el 3% de ingresos para muchos ciudadanos, forzando a familias a racionar agua o elegir entre servicios esenciales.

*Discriminación: Mujeres rurales, ancianos y migrantes sufren más, agravado por redes con fugas (10% en Córdoba) y políticas que ignoran el enfoque de derechos humanos.

*Incumplimiento estatal: Subidas injustificadas violan el PIDESC, mientras bonos sociales, como el de EMACSA, no cubren a todos los necesitados.

**Córdoba: Un Espejo Roto.

EMACSA justifica el 10% de 2025 con inversiones en redes, pero el bono social de 1 millón de euros es insuficiente. El consumo cae un 5% por miedo a facturas, y, el 18% acumulado supera la inflación sin resolver fugas ni garantizar equidad.

Políticos locales culpan al clima o a normativas, pero es un hecho patente y desgraciado que convierten el agua, un bien público, en un privilegio.

**Manifiesto AguaEsVidaDigital: Soluciones Innovadoras.

La Asociación Córdoba Abierta (ACOA) propone un ecosistema innovador:

*Digital: Una app blockchain, AguaJusta, rastreará consumos en tiempo real, alertará sobre costos excesivos y facilitará bonos sociales. Ya cuenta con 5.000 usuarios en pruebas.

*Legal: Denuncias colectivas al Comité DESC de la ONU, inspiradas en el movimiento Right2Water europeo.

*Sostenible: Tarifas progresivas con un mínimo exento (50-100 l/día), financiadas por gravámenes a grandes consumidores, huertos hídricos comunitarios con IoT y un fondo ciudadano blockchain para subsidios transparentes.

**Conclusión: Del Ahogo a la Marea Alta.

El derecho al agua no puede ser un eco lejano (sonido atenuado que viene de distancia considerable), traicionado por políticos insensibles.

Es un hecho probado y desgraciado que en Córdoba, los aumentos de EMACSA amenazan vidas, pero con tecnología, acción colectiva y presión global, podemos revertir esta injusticia.

Exijamos tarifas justas, un mínimo exento y un agua que sea vida, no lujo. Únete a AguaEsVidaDigital: en 2025, el futuro se comparte, no se cobra.

N.B. El Derecho Humano al Agua Potable, traicionado por aumentos tarifarios insensibles, clama por una revolución equitativa, que busca hacer efectivo el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.)

Córdoba, 17 de septiembre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba (Lejos de la realidad)

A la vista del mi artículo anterior sobre fantasmas y viviendas los lectores me requieren para que explique, porque creo que la promesa del Alcalde Bellido es poco realista y una historia llena de fantasmas, considerando que constituye una promesa más que pasará al olvido con más o menos consecuencias, así que vamos a ello:

<<Contexto de la promesa>>

José María Bellido, alcalde de Córdoba (PP) desde 2019, ha prometido construir 30.000 viviendas durante su mandato, en un contexto de crisis habitacional en España, con precios de alquiler y compraventa al alza y escasez de vivienda pública.

Sin embargo, no hay datos recientes (hasta septiembre de 2025) que confirmen explícitamente esta promesa, lo que sugiere que podría estar vinculada a planes urbanísticos locales o al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A continuación, analizaré su viabilidad y la compararé con las promesas nacionales de vivienda.

<<Promesas nacionales: el caso de Pedro Sánchez>>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 la movilización de 184.000 viviendas asequibles dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA). Sin embargo, hasta agosto de 2024, solo se han movilizado 80.745 viviendas (43,88%), con apenas 14.000 disponibles y 1.300 finalizadas, lo que representa un cumplimiento del 7%.

Las críticas, lideradas por el PP, señalan un historial de promesas incumplidas (420.000 viviendas desde 2018) y recortes de más de 2.000 millones de euros en el presupuesto de vivienda de 2023.

La opacidad del Ministerio de Vivienda, que no publicará datos definitivos hasta 2026, refuerza el escepticismo sobre estos compromisos.

<<Viabilidad de la promesa de Bellido>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, con una población de 320.000 habitantes y unas 150.000 viviendas existentes, implica aumentar el parque residencial en un 20%. Esto plantea desafíos:

  • Capacidad urbanística: Requiere suelos disponibles, infraestructuras y posibles modificaciones al PGOU, un proceso lento ante la histórica escasez de suelo urbanizable en Córdoba.
  • Financiación: Depende de fondos públicos o alianzas público-privadas, pero los recortes estatales limitan los recursos. Las 30.000 viviendas representan el 17% de las prometidas por Sánchez, lo que sugiere dependencia de fondos externos.
  • Plazos: Construir tal cantidad podría tomar una década, considerando retrasos burocráticos y la limitada participación del sector privado, como se observa a nivel nacional.

<<Contexto político y financiero>>

-La gestión de Bellido deberá solucionar definitivamente controversias, como el caso de la presunta corrupción en Infraestructuras en 2023, que, sin duda, podría mermar la confianza pública.

-Los ingresos del Gobierno Central, según todas las perspectivas, serán negativos, por lo que esperar ayuda para el Plan de las 30.000 viviendas es una utopía, de forma, que el Ayuntamiento solo tendrá sus propios medios y la ayuda de la inversión privada.

-Así mismo, las Empresas Públicas (Sadeco, Aucorsa y Emacsa) son deficitarias, por lo que el Ayuntamiento deberá cubrir sus resultados negativos con transferencias de capital, lo que a todas luces reducirá los ingresos públicos disponibles para financiar las viviendas.

Además, el PP critica a Sánchez por electoralismo, lo que obliga a Bellido a demostrar compromiso real para no caer en la misma percepción.

<<Comparación con Sánchez>>

-La promesa de Bellido comparte similitudes con la de Sánchez: ambas carecen de planes detallados, plazos claros y transparencia.

-La falta de coordinación entre administraciones y la dependencia de fondos estatales o autonómicos limitan su viabilidad.

-Además, la escala de la promesa parece desproporcionada para una ciudad como Córdoba, menos presionada por la demanda que grandes urbes.

<<Primera Conclusión>>

La promesa de Bellido de construir 30.000 viviendas es ambiciosa, pero las limitaciones urbanísticas, financieras y burocráticas, junto con el bajo cumplimiento de promesas similares a nivel nacional (7% en el caso de Sánchez), justifican mi escepticismo.

Para ser creíble, Bellido debe presentar un plan detallado, coordinarse con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, y garantizar transparencia en el progreso. Sin estos elementos, la promesa corre el riesgo de sumarse a la lista de compromisos incumplidos que frustran a la ciudadanía en un tema tan crucial como la vivienda.

<<Coste y plazo de la Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde>>

<<Estimación del coste>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, combinando un 70% de pisos (900 €/m²) y un 30% de viviendas unifamiliares (1.300 €/m²), con un tamaño medio de 100 m², implica:

  • Coste de construcción: 3.060 millones de euros (3.000.000 m² × 1.020 €/m²).
  • Coste del terreno: Aproximadamente 682,5 millones de euros (25% del coste de construcción, a 200 €/m² promedio).
  • Costes adicionales:
    • Licencias y permisos: 122,4 millones de euros (4% del coste de construcción).
    • Honorarios profesionales: 306 millones de euros (10% del coste de construcción).
    • Conexión a servicios públicos: 300 millones de euros (10.000 €/vivienda).
    • Imprevistos: 417,1 millones de euros (10% del total).
  • Coste total estimado: 4.889 millones de euros, o unos 162.966 € por vivienda.

<<Plazo razonable>>

Construir 30.000 viviendas requiere dividir el proyecto en promociones (100 viviendas cada una). Asumiendo 50-100 promociones anuales, con 24 meses por proyecto (12 meses de trámites + 12-24 meses de construcción):

  • Plazo estimado: 5 a 7 años, considerando limitaciones de suelo, financiación y capacidad constructiva. Un plan más agresivo (100 promociones simultáneas) podría reducirlo a 3 años, pero es poco realista por restricciones logísticas.

<<Factores clave>>

  • Suelo: Áreas como Huerta de Santa Isabel o Turruñuelos ofrecen potencial, pero urbanizar nuevos terrenos puede retrasar el proyecto.
  • Financiación: Dependerá de fondos públicos y privados, con riesgos de cuellos de botella, como en el plan estatal de 184.000 viviendas (solo 7% cumplido).
  • Capacidad constructiva: La disponibilidad de mano de obra y materiales, junto con la burocracia, limitará la ejecución.

<<Conclusión crítica>>

La promesa de 30.000 viviendas, con un coste de 4.889 millones de euros y un plazo de 5-7 años, enfrenta desafíos significativos: burocracia, financiación incierta y escasez de suelo urbanizable.

Sin un plan detallado, financiación asegurada y transparencia, la viabilidad del proyecto es dudosa, como lo demuestra el escaso cumplimiento de promesas similares.

Aunque ambiciosa, la propuesta del alcalde Bellido parece poco realista sin una estrategia clara.

N.B. La promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba, siendo práctico, tiene un coste y un plazo fuera de la realidad, y, aunque deseo que fuera verdad, sinceramente, lo veo con mucho escepticismo y fuera de lo posible en las actuales circunstancias políticas y económicas.

La realidad es, que el Ayuntamiento no tienen los fondos necesarios para acometer la construcción de 30.000 viviendas, ni con la ayuda total del Junta de Andalucía, de forma, que la única solución sería una aportación proporcional a las necesidades financieras del sector privado, cosa que se me antoja dificilísimo de conseguir, aunque, quizás, a través de las Empresas que participen en la BLET sea posible conseguir financiación, pero ello supone una operación de gran riesgo y exigirá una gran capacidad de consenso y conciliación, y, en todo caso, el Ayuntamiento deberá endeudarse hasta su tope máximo.

En mi opinión, la promesa del Alcalde Bellido de 30.000 viviendas ha sido un brindis al sol, donde, sin duda, se confunden los deseos con la dura realidad, y, eso,  que todos los cálculos realizados en nuestro planteamiento parten de una visión optimista, cuando lo normal es un Proyecto tan complicado es que estará saturado de aspectos negativos incontrolables.

Córdoba, 8 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

 Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S..

 Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Abogados – CGPJ – Jueces – Huelga (el mismo cajón)

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de ayer 27/04/23 ha aprobado, por unanimidad, preparar una propuesta de revisión y actualización de los sueldos de jueces y magistrados, en un gesto de apoyo explícito a sus reivindicaciones. Parece que la idea es decirle al Ministerio de la Sñrª. Llop, que los jueces quieren que se cumpla la Ley.

Todos los Abogados estamos de acuerdo en ello, con la única salvedad, de exigir el mismo cajón para todos los implicados en la “justicia”.

La huelga es un derechos de todos, jueces, laj, funcionarios y abogados, aunque, aquí hay que poner sobre la mesa las distintas varas de medir que existen en el mundo proceloso de la justicia.

Los jueces, etc. van a la huelga y a ellos la paralización del servicio no les produce ninguna distorsión personal, pero si los abogados van a la huelga las consecuencias son muy diferentes, ya que, los plazos legales siguen corriendo para ellos y, además, los clientes que les pagan están vigilando sus derechos, lo que por otra parte, es muy razonable.

Debe quedar claro, que eso ocurre, porque los Colegios de Abogados se sitúan en -posición de espera -, es decir, en “stand by”, pues si los C. de A. cuando los abogados se declaren en huelga presentan en toda España las solicitudes y requerimientos precisos exigiendo la suspensión de cualquier plazo legal a la vez en el M. de Justicia, en el CGPJ y en todos los Órganos Judiciales, y, todos los abogados se dirigen a sus clientes explicándoles la huelga y sus motivaciones, la cosa cambiaría en la posición de los abogados en su huelga.

Debe quedar claro, también, sin la menor duda, que “la situación de los Abogados actualmente es inasumible y su ruina”, tanto por sus condiciones de trabajo como por las condiciones de sus ingresos.

Solo hay que mirar a las retribuciones que “no perciben los abogados y sus condiciones de trabajo personales y materiales” para comprobar, que el despropósito no es solo que sea una injusticia, sino que es un patrón de conducta generalizado contra ellos.

Es imposible tratarlos peor, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, aunque es comprensible, solo tienen por función contribuir al cumplimiento del *valor justicia* en nuestro  Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional.

Por otro lado, la Constitución consagra en su art. 14 que todos somos iguales en derechos y obligaciones.

En este caso de los Abogados, la injusticia en su trato es un bucle perverso de maltrato continuado, ya que, no solo se le exige que trabajen, sino que encima se le toma por ilusos incapaces de hacer nada en su autodefensa, porque alguien está seguro que no pueden hacer huelga efectiva.

Tal como vengo diciendo: “todos en el mismo cajón”.

En la actual situación la huelga de los abogados es un derecho elemental de autodefensa, es decir, es una necesidad , si se quiere que los abogados contribuyan con eficacia en el mundo de la justicia.

N.B. Es de cajón. 

Espero que exista otra solución real para los Abogados que no sea una huelga indefinida, aunque todos los precedentes y el instinto me dicen que llevo toda la razón.

Córdoba, a 28 de abril de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.