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El Pueblo solo el pueblo (Los poderes públicos políticos en stand by – en espera)

El movimiento ciudadano en la Dana ha demostrado en Valencia, una vez más, que los partidos políticos y sus poderes públicos que ocupan legítimamente, pero a contra palo, no cumplen con la ley, ni con su obligación legal, de forma, que los españoles de a pie se han puesto en movimiento para tratar de arreglar la catástrofe, no se sabe cuanto durará ese empujón de los ciudadanos, así, que muchos ya esperamos, que haya nacido un “movimiento permanente ciudadano” sublevado ante la adversidad.

Hablar de esas luchas políticas de todos contra todos, mientras el pueblo está sometido a los avatares de las desgracias de la naturaleza, es algo incalificable, pero servirá para que todos los españoles veamos con claridad lo que hay, es decir, “nada para los españoles que sufren en la adversidad” y, por otro lado, “fuegos fatuos políticos cargados de -fango y lodo político-“, que nos llenan de indignación a todos.  

Después cuando llegue el momento de las votaciones (esperemos que se pronto) todos los partidos a prometer que caminarán por el bien común, aunque tengo la impresión que el movimiento ciudadano nacido de la adversidad abandonada, va a continuar con su rebelión pacífica con absoluta libertad de criterio.

Ha llegado la hora de la libertad, aunque los políticos establecidos en el poder agradecido crean que nada va a cambiar, aunque creo que no, ya que, que asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” tendrán mucho que decir y hacer en defensa de nuestros derechos y libertades.

“La aplicación de la ley no solo es para el Pueblo Soberano”.

N.B.  El Pueblo solo el pueblo, pues los poderes públicos políticos están en stand by – en espera, razón que obliga a un movimiento ciudadano en defensa de la libertad y de la igualdad.

Córdoba, a 12 de noviembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

Inspector de Trabajo y S. S.

Varas de medir – AEAT y otros poderes públicos (Dobles – triples o lo que haga falta)

En la Agencia Tributaria (AEAT) se aplica una doble vara de medir según que personas, no hay más que ver el caso del hermano del Presidente del Gobierno David Sánchez para comprobar lo dicho, en contra de la igualdad de todos los españoles ante la Ley.

La discriminación en la AEAT es un hecho comprobado e injusto, pero lo peor es que esa misma discrimación se aplica en otros poderes públicos, como ayuntamientos y diputaciones, tal como ocurre en la Diputación de Córdoba Presidida por el Partido Popular y su Presidente Salvador Fuentes Lopera, que lo permite todo en aras de seguir tranquilo en su sillón, de manera, que entre la Diputación de Badajoz y la Diputación de Córdoba solo media la distancia porque en la aplicación discriminatoria de la ley están en el mismo nivel.

La doble vara de medir es un fenómeno social que implica la aplicación de diferentes valores y criterios de juicio para evaluar a las personas o situaciones iguales. Dicho de otra forma, supone tratar de manera desigual a personas en la misma situación legal según ciertos criterios negativos y de una perversidad dañina social y administrativamente.

La doble vara de medir es un dicho popular, que todos entendemos, y que sirve para señalar la injusta aplicación de la ley con criterios diferentes en casos parecidos o iguales, siendo una realidad que afecta a todos los ámbitos de nuestras vidas, desde lo personal, lo social y lo político.

En España es frecuente encontrarnos (políticamente, socialmente, administrativamente y judicialmente) con casos en los que se juzga de manera distinta a personas en función de quien sean y su unión o desunión con el pode público de turno, de manera, que existencia diaria y real de la doble vara de medir genera desigualdad y casos negativos, impidiendo así el avance hacia una sociedad más justa y equitativa.

Contra la injustica de la doble vara de medir solo queda combatirla siempre y de forma permanente, ya que, si nos sometemos cautivos y silentes la igualdad en la diversidad desaparecerá. No hay otra que defender los derechos y libertades constituciones y el valor justicia social.

La existencia real de la doble o triple vara de medir deja al Estado de Derecho en España fuera de cobertura y nos afecta a todos, de forma, que si la sociedad civil y las personas que la componen se adormecen en la inactividad y no se sublevan ante la injusticia, al final todos estaremos solos frente los abusos de poder y la desigualdad.

N.B. Las dobles varas de medir en la AEAT y en otros poderes públicos están a pleno funcionamiento en España sometiendo a todos y excluyendo a los privilegiados de turno, pero el fundamento de su existencia perversa reside en las personas que ejercen poderes públicos contra la igualdad, porque se creen impunes y dueños de vidas y haciendas, olvidando que el poder nace del Pueblo.

Frente a la injusticia de las dobles o triples varas de medir al Pueblo, que somos todos, solo nos queda sublevarnos en defensa de nuestros derechos y libertades como personas libres, cualquiera que sea el nivel público en que se aplican las desigualdades nacidas de esas varas perversas para la libertad y la igualdad.

Córdoba, a 21 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.B. Lo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma,  que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.  

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Pues “ESO” (Banco de España – CGPJ conservadores y progresistas)

Son las dos palabras que definen a España al día de hoy y, además, son dos palabras que todos los españoles sin exclusión entendemos a la perfección.

Significan en su brevedad, que todos sabemos que nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C.- E.- de 1978, y todos sus principios y valores está agonizando, de forma, que todos nuestros derechos y libertades fundamentales son papel mojado, pues, la igualdad ante la Ley y la libertad han entrado en un bucle perverso de completa inoperancia.

Con independencia de lo dicho, la Constitución dice en su Título Preliminar, Artículo 1.-:

*1.    España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

*2.    La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La conclusión a todo lo dicho es clara y meridiana: Pues “ESO”.

Ante esa conclusión  indiscutible, que todos comprendemos, pero que una gran mayoría consideramos inaceptable, solo hay una cosa cierta, que la libertad y la igualdad las ganaremos si nos movemos todos juntos en la misma dirección y dejamos atrás cualesquiera diferencias dañinas para nuestros intereses comunes.

N.B. Pues “ESO”.

Igualdad y libertad con lo contraria a esas dos palabras que todos comprendemos y una gran mayoría rechazamos, propugnando una rebelión masiva y pacífica en defensa de nuestros derechos y libertades.

Córdoba, a 4 de septiembre de 2024.

Cdo. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Querella presidencial – Presentada y ampliada (Presunta prevaricación del juez Peinado)

(NOTA. El Abogado de Estado del Presidente Sánchez dice en su ampliación de la querella, presentada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  contra el Magistrado Peinado, que el Juez realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas” entre otras acusaciones contenidas en sus escritos de querella.

La querella pedía al T. S. J. M. que investigue al magistrado al considerar que dictó “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a “convicciones propias” que “se apartan de su deber investigador”.).

El un hecho patente y manifiesto que la querella del Presidente Sánchez contra el Magistrado Sr. Peinado a tener múltiples seguidores entre los españoles, que, además,  como pagan con sus impuestos las retribuciones del abogado de estado correspondiente, pedirán, sin duda, que sus querellas contra los órganos judiciales que por turno les correspondan, cuando crean que dictan resoluciones injustas y contra la ley aplicable.

No sé, si los jueces y tribunales adoptarán frente a esas querellas del pueblo español, la misma actitud prudente que, sin la menor duda, adoptará el TSJM en todos los sentidos incluidas las costas procesales.

Con independencia de lo dicho, lo único cierto es, que las querellas contra los órganos judiciales se van a multiplicar por mil, ya que, los españoles seguirán el camino marcado por el Presidente del Gobierno, pues, la Constitución dice en su Título Preliminar, Artículo 1.-:

*1.    España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

*2.    La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La cosa está muy clara, cuando un justiciable del pueblo no este conforme con una resolución judicial puede acudir a la abogacía del estado pidiendo que en su nombre interponga una denuncia o querella por prevaricación judicial contra el juez o tribunal, y, en caso de que su justa petición no sea atendida puede acudir a un abogado particular para que las ponga, pidiendo en el caso de que hay costas, que todas ellas sean a costa del Estado.

En conclusión,

La libertad y la igualdad las ganaremos si nos movemos todos juntos en la misma dirección y dejamos atrás cualesquiera diferencias dañinas para nuestros intereses comunes.

N.B. La necesidad de que el Pueblo Español se mueva  en defensa de sus derechos y libertades es algo necesario e indiscutible, ya que, en las actuales circunstancias de deterioro democrático estar silentes y callados es un despropósito, que a la gran mayoría de nosotros nos hace cautivos y rehenes de un poder público injusto, en contra de lo que consagra la Constitución de 1978 en sus art. 1,1, 9., y 14., y cc. sobre la igualdad.

Igualdad y libertad.

Córdoba, a 31 de agosto de 2024.

Cdo. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.