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Respeto a la Ley – España (Democracia bajo mínimos)

La realidad al día de hoy es, que parece que en España todos los poderes públicos han perdido el respeto a la ley en cualquiera de sus niveles, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, aquí reside el verdadero problema de la falta del respeto a la Ley, que se está apoderando de todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y a todos sus niveles.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, que lo que digo es cierto, así:

a).- Un poder legislativo que está al servicio de un Gobierno Central, que ha decidido pasar del Congreso y del Senado, aprobándolo todo por decretos leyes, o, como ahora, aprobado un gasto militar sorpresivo y superlativo al margen de cualquier control incluso de su propio Gobierno.

b).- Un poder ejecutivo autocrático sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, de manera, que vamos de sorpresa en sorpresa, de Cataluña a Waterloo, de Europa a China, de la OTAN a sin la OTAN y con EE. UU. fuera de juego.

c).- Un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ.

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que la falta del respeto a la ley se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos). No se busca ya el interés general y/o el bien común, sino ocupar espacios de poder apartando como sea al adversario político y apoderándose del empleo público sin dejar el mínimo espacio para la igualdad ante la ley.).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, nadie hace lo que ella dice, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles:

1º.- La C. E. dice en su artículo 10.1 (Dignidad, derechos y respeto a la ley), que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así lo ha consagrado, por ejemplo, nuestro T. C. en Sentencia de Pleno: “Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad Decisión: Pleno. Sentencia Nº de procedimiento: 1024-2004. Sentencia: 17/2013 [ECLI:ES:TC:2013:17]. Fecha: 31/01/2013. Fecha publicación BOE: 26/02/2013.

2º.- Digamos, que lo que dice la Constitución es la teoría, pues en la práctica diaria en España el respeto a la Ley, especialmente, por los Poderes Públicos ha pasado a la gloría de su casi extinción, así:

** Principios constitucionales:

La Constitución Española de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, donde los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Este artículo también garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

Los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) están obligados a respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, que vinculan a todas las instituciones (artículo 53). Además, la separación de poderes, consagrada en la Constitución, busca evitar abusos y garantizar un equilibrio institucional.

**Situación actual del respeto a la ley.

*Separación de poderes: Existen realidades perversas sobre la influencia del poder ejecutivo en el judicial, particularmente en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo la figura distorsionada de la Fiscalía General de Estado un ejemplo de lo que nunca deber ser una democracia regida por la ley de todos.

*Corrupción y ejemplaridad: Informes recientes, como el de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), señalan que España no ha implementado completamente recomendaciones para prevenir la corrupción en altos cargos, jueces, fiscales y cuerpos de seguridad. Esto afecta la confianza ciudadana en los poderes públicos.

*Neutralidad de los poderes públicos: La exhibición de símbolos políticos no oficiales en espacios públicos (como banderas republicanas o lazos amarillos) ha generado debates judiciales. Los tribunales, en vano, han reforzado el principio de neutralidad, exigiendo que los espacios públicos se mantengan libres de símbolos partidistas, según la Ley 39/1981.

*Cumplimiento de la ley en contextos políticos sensibles: Episodios como el referéndum ilegal de Cataluña en 2017 han puesto de manifiesto tensiones entre poderes públicos autonómicos y el Estado central.

*Legislación y participación ciudadana: Hay críticas sobre la falta de debate y participación en la elaboración de leyes, lo que puede debilitar su legitimidad.

**Percepción social.

La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

**Casos relevantes.

*Bloqueo del CGPJ: La parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en su funcionamiento ha sido objeto de críticas nacionales e internacionales, con el Tribunal Constitucional interviniendo para frenar ciertas reformas.

*Amnistía y procesos judiciales: La ley de amnistía para encausados del procés catalán ha generado controversias sobre su compatibilidad con el principio de igualdad ante la ley y el respeto al ordenamiento jurídico.

*Ciberseguridad y derechos fundamentales: El retraso en la aplicación de la ley de ciberseguridad muestra un intento de equilibrar seguridad y derechos, pero también evidencia desafíos en la implementación de normas.

*En un día el Gobierno ha decidido: (I). No someter al control parlamentario un tremendo gasto de defensa; y, (II) Apoyar el que el Fiscal General del Estado nombre una nueva fiscalía especial para que le investigue a él.

3º.- Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B. Lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

Córdoba, a 24 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estamos “condenados” – (EE. UU. – Rusia – China)

Es un hecho al descubierto, que en el mundo se ha impuesto el autoritarismo y la fuerza como la única razón verdadera.

No es nada nuevo, pero con Ucrania lo que siempre se sospechaba se ha convertido en altavoces de una realidad perversa, pues ahora resulta que Ucrania ha invadido Rusia y le ha declarado la guerra al Presidente Putin.

Europa y el resto del mundo silentes y de perfil hasta que ya no quede ni un pedazo de tierra libre y donde se pueda decir lo que se quiera con verdadera libertad de expresión.

Lo peor del autoritarismo reinante es que no solo está en la cima de los máximos poderes, sino que como una carcoma maligna se ha introducido en todos los niveles del poder, pues no hay más que mirar alrededor y se verá, que autoritarismo es un ayuntamiento con mayoría absoluta, una comunidad autónoma si contrapoder verdadero, un Congreso que se dice foro de las leyes donde la ley ha desaparecido, un Senado con mayoría absoluta inerme y rendido al poder despótico, un Tribunal Constitucional preso de un poder autoritario, un Fiscal General pasado a la fuerza oscura, y, una parte del poder judicial que se ha pasado con armas y bagajes al mundo de las sombras, donde algunos juzgados y tribunales pasan por encima de la ley imponiendo su fuerza sin razón ni derecho.

Se podrá discutir si lo que digo es cierto y creo que esas fuerzas contrarias están en su derecho de hacerlo, pero, lo que hay, lo que se ve y lo que se siente es la fuerza oscura del autoritarismo, de forma, que ya solo caben dos posturas, *o se está con la libertad, *o se está con las fuerzas autoritarias que exigen sin rubor la rendición de todos sometiéndonos cautivos a la esclavitud.

Como se dice ahora y que todos entendemos, pues ESO.

La única verdad es que los ciudadanos estamos perdidos en un laberinto de políticas donde la libertad ha sido sometida, que, además, se traduce en políticas públicas woke dominadas por lo superfluo y lo innecesario, y, ahora, por políticas autoritarias que quieren doblegar nuestra libertad, así que hemos caído de la “sartén al fuego”, que llevan a que los indicadores clave de las libertades se sitúan fuera del bien común, pues, ya no importa la libertad en cualquiera de sus versiones, sino el poder de la fuerza que se muestra impúdico, soberbio y prepotente.

La C. E. de 1978 dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Visto lo visto, está clarísimo que estamos al otro lado de la carretera, y, que lo que dice la Constitución a salimos a defenderlo o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad de los ciudadanos y la justicia, lo que significa, que basta ya de distracciones vacías de contenido, ya que nos defendemos o nos someten cautivos y silentes.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que para empezar decir la verdad es lo único que puede salvarnos de los políticos populistas y arrieros de la mentira.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Estamos “jodidos”, pues la trilateral de una fuerza perversa EE. UU. – Rusia – China nos han declarado la guerra a todos los que creemos en la libertad y en Estado de Derecho donde impera la ley y la justicia.

Un poder autoritario dirigido por pretendidos líderes del Pueblo ha tomado por la fuerza de las armas todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe defenderse, pues ya no se trata de escoger entre la paz y la guerra, al tener la guerra ya, razón por lo que solo cabe la autodefensa compartida antes de que al mirar atrás solo quedemos nosotros sin nadie nos defienda.

La igualdad ante la ley de los ciudadanos, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades apoyan lo que digo, aunque, quizás, la propaganda, el relato y la demagogia parece que se imponen a la verdad y a la justicia social real.

Córdoba, a 23 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.B. Lo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma, que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Querella presidencial – Presentada y ampliada (Presunta prevaricación del juez Peinado)

(NOTA. El Abogado de Estado del Presidente Sánchez dice en su ampliación de la querella, presentada en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra el Magistrado Peinado, que el Juez realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas” entre otras acusaciones contenidas en sus escritos de querella.

La querella pedía al T. S. J. M. que investigue al magistrado al considerar que dictó “a sabiendas” varias resoluciones “injustas” y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a “convicciones propias” que “se apartan de su deber investigador”.).

El un hecho patente y manifiesto que la querella del Presidente Sánchez contra el Magistrado Sr. Peinado a tener múltiples seguidores entre los españoles, que, además, como pagan con sus impuestos las retribuciones del abogado de estado correspondiente, pedirán, sin duda, que sus querellas contra los órganos judiciales que por turno les correspondan, cuando crean que dictan resoluciones injustas y contra la ley aplicable.

No sé, si los jueces y tribunales adoptarán frente a esas querellas del pueblo español, la misma actitud prudente que, sin la menor duda, adoptará el TSJM en todos los sentidos incluidas las costas procesales.

Con independencia de lo dicho, lo único cierto es, que las querellas contra los órganos judiciales se van a multiplicar por mil, ya que, los españoles seguirán el camino marcado por el Presidente del Gobierno, pues, la Constitución dice en su Título Preliminar, Artículo 1.-:

*1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

*2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

La cosa está muy clara, cuando un justiciable del pueblo no este conforme con una resolución judicial puede acudir a la abogacía del estado pidiendo que en su nombre interponga una denuncia o querella por prevaricación judicial contra el juez o tribunal, y, en caso de que su justa petición no sea atendida puede acudir a un abogado particular para que las ponga, pidiendo en el caso de que hay costas, que todas ellas sean a costa del Estado.

En conclusión,

La libertad y la igualdad las ganaremos si nos movemos todos juntos en la misma dirección y dejamos atrás cualesquiera diferencias dañinas para nuestros intereses comunes.

N.B. La necesidad de que el Pueblo Español se mueva en defensa de sus derechos y libertades es algo necesario e indiscutible, ya que, en las actuales circunstancias de deterioro democrático estar silentes y callados es un despropósito, que a la gran mayoría de nosotros nos hace cautivos y rehenes de un poder público injusto, en contra de lo que consagra la Constitución de 1978 en sus art. 1,1, 9., y 14., y cc. sobre la igualdad.

Igualdad y libertad.

Córdoba, a 31 de agosto de 2024.

Cdo. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Derecho a la igualdad III – Seguridad Jurídica (Cataluña es singular y las demás a callar y pagar)

(Nota: El País vasco no juega.

*^8.500 militantes de ERC votan y deciden.

* 48.000.000 de españoles a callar y pagar.

* Por algún lado tiene que reventar.)

El Tribunal Supremo lo ha dejado claro:

“Que el Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica son de todos los españoles y sin ellos no hay democracia ni estado de derecho”.

Aunque la verdad es que a una sociedad adormecida y cautiva voluntaria, que Cataluña se lleve 60.000 millones de euros de todos los españoles parece que le importa un bledo.

En el Congreso se votará la especial singularidad de Cataluña en forma de euros a pagar, así que ya veremos los diputados que votan en contra de un privilegio fiscal, que rompe el derecho a la igualdad de los españoles y que, tal como se plantea, parece más un acuerdo de una partida de bandoleros, que un acuerdo del Gobierno de España de debiera ser de todos los españoles.

Visto lo visto hasta ahora, el acuerdo está cerrado y aprobado, así, que ya veremos la prueba del nueve de lo que digo, aunque una cosa es cierta, que los Diputados del Congreso no son el Pueblo de España, sino sus representantes temporales electos, de manera, que lo que se apruebe en la Cámara Baja por la misma regla de tres se podrá volver a la línea de salida.

Por otro lado, los españoles tenemos el derecho y el deber de defendernos pacíficamente frente a la injusticia, pues nos va en ello la libertad.

Los 48 millones de españoles no somos esclavos silentes y cautivos, incapaces de hacer nada en defensa de nuestro derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica, nos va en ello la libertad y el valor justicia, si no al tiempo.

Estoy comprobando, como otros muchos españoles, que la sociedad adormecida está despertando, cada vez con mayor rapidez, hacia la libertad en forma de un movimiento ciudadano de rebelión pacífica.

N.B. Reitero, que el Derecho a la Igualdad y la Seguridad Jurídica son la base de nuestra democracia, de forma, que “la singularidad de Cataluña es una patraña”, que nos lleva a la dictadura de unos pocos.

Hay que sublevarse contra los que quieren arrebatarnos la libertad y la igualdad, ya que, callarse es ser cómplices y/o autores de una injusticia contra el pueblo español del nacen todos los poderes.

Córdoba, a 2 de agosto de 2024

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.