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ABUSOS DE PODER – LA CARCOMA AVANZA EN TODO LOS NIVELES DE LO PÚBLICO (aforamientos, contratos jésicos, hermanos y parientes)

La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.

Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y  entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.

Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.

¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación  han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.

Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B.  Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.

Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.

Córdoba, a 26 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Amnesia III – La igualdad se defiende persona a persona – La exculpación es complicidad (Es la hora de la responsabilidad individual)

Algunos lectores han pasado del ¿por qué’ al “cómo”, aunque ya no tengo dudas:

ES LA HORA DE LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, PORQUE NADIE HARÁ NADA POR NOSOTROS, ES LA HORA DE LA AUDEFENSA.

En otras palabras, se impone a realizar una defensa pública, judicial y cerrada contra cualquier abuso a los ciudadanos de a píe a título personal, de forma, que no hay otra, “o *aceptamos que estamos en peligro y que hay que autodefenderse o *seremos esclavos cautivos de nuestro propio miedo”.

<<La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero>>.

Hay casos o hechos como el que nos ocupa de la desigualdad impuesta por unos pocos ante  la ley a todos los demás, que ni pueden ser silenciados ni combatidos solo con palabras, de manera, que ya solo cabe la autodefensa individual, lo demás solo es esclavitud.

A mis lectores les digo, que es lo que nos pasará a todos, si no damos todos un paso un paso adelante y dejamos claro que hasta aquí hemos llegado. En otras palabras, ya no aguantamos más.

Todos sabemos ya lo que hay, así que nadie se exculpe en la ignorancia, pues estar callados ya es *complicidad y *aceptar someterse cautivos a la injusticia de unos pocos.

El derecho a la rebelión frente a cualquier injusticia es un derecho fundamental de todos los españoles según la Constitución Española vigente de 1978, de forma, que nos autodefendemos o triunfará el poder de hecho sobre la ley de unos pocos.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la Constitución y nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, defendiendo la libertad y la igualdad de los españoles y de todos los cordobeses, hemos creado una asociación para la autodefensa.

Eso es ACOA.

N.B. La verdad es quecada uno es responsable y que la igualdad se defiende persona a persona, de forma, que cualquier exculpación  es complicidad.

(Es la hora de la responsabilidad individual)

La democracia, el estado de derecho y nuestros derechos y libertades solo depende ya de la autodefensa y la rebelión ciudadana.

Córdoba, a 20 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley solo es para el Pueblo Soberano (A todos los niveles España ya no es un Estado de Derecho).

Las noticias de los últimos días son descorazonadoras respecto al cumplimiento de la Ley por los poderes públicos, cualquiera que sea el nivel público objeto de examen.

Los poderes públicos en general y a cualquier nivel no cumplen ya con el principio de legalidad (art. 9., C. E.) y el valor justicia ha caído en desuso (art. 1.1., C. E.), de forma, que lo peor es que no pasa nada a esos poderes públicos (políticos, judiciales y/o administrativos), que inaplican la ley, ignoran la ley, omiten la ley, aplican la ley a demanda subjetiva sin reglas, aunque lo verdaderamente descorazonador es que cuando el ciudadano de a pie denuncia encima esos poderes públicos paralegales lo machacan sin piedad, a base de tasas, depósitos de para recursos, multas y amenazas de todo tipo.

Lo que digo, es duro de asumir y me dirán, que no es cierto, pero no hay más que salir a la calle, a la realidad diaria, y se verá que todo lo expuesto es la pura verdad, se manera que ejemplos sobran, así:

*Políticos. Lo del Sr. Errejón lo conocían sus compañeros políticos, siendo la Ministra Yolanda Díaz un ejemplo de responsabilidad compartida y de irresponsabilidad política.

*Judiciales. Que cualquier ciudadano de a pie ponga una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial contra un juez por inaplicar la ley y se verá, que no pasa nada, es más, ni siquiera se hará la mínima investigación, pues la ley solo se aplica al ciudadano que denuncia.

Administrativos. Los poderes públicos administrativos (alcaldes, presidentes del Diputaciones, presidentes de CC.AA. etc.) si inaplican la ley no pasa nada, pues frente a la responsabilidad completa y total del ciudadano de a pie, las personas de esos  poderes que ignoran la ley, la inaplican y solo la usan para cobrar impuestos y otros excesos contra el ciudadano, siendo irresponsables e impunes. Si alguien lo duda, que ponga una denuncia penal por inaplicar la ley contra un alcalde, un presidente de diputación, un consejero de una CC.AA., y, se verá que no prospera ninguna, ya que, salvo casos extremos de apoderamiento de lo público, todos son irresponsable, ya que, incumplir la ley goza de impunidad para esas personas.

Por otro lado, solo una pregunta: ¿Alguien asume su responsabilidad?

La respuesta es de dominio público: “NO”.

La falta de responsabilidad y la impunidad ante el incumplimiento repetido de la ley de algunos-muchos poderes públicos es demasiado incluso para sus incondicionales, de manera, que como, además, muchos son aforados se permiten el lujo de decir, “vayan a los tribunales”, es decir, la falta de respeto a la ley no es nada para esas personas que tienen un poder que emana del pueblo según la C. E.  

En definitiva, la conclusión es la inicial: “la aplicación de la ley solo es para el Pueblo Soberano”.

N.B.  En España la Ley solo es para el Pueblo Soberano, porque, se mire como se mire, los poderes públicos (políticos, judiciales y administrativos) pasan algunos-muchos de aplicar la ley según sea de su agrado o no, respetar y aplicar el principio de legalidad para todos por igual.

El Estado Social y Democrático de Derecho constitucional está en desuso entre algunos – muchos poderes públicos, que inaplican la ley por acción u omisión.

Córdoba, a 26 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.B. Lo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma,  que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.  

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Pozoblanco – Subvención devolución ya – Diputación – amnistía (asemejazas contradictorias)

Es atrabiliario y contradictorio aplicar el rigor casi extremo con tus compañeros, mientras se condonan grandes cantidades de euros a los adversarios políticos, aunque lo más sorprendente es, que hay dirigentes del P. P. que parece que habitan en mundos paralelos, así:

1.- La Junta de Andalucía, por su delegación territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha reclamado al Ayuntamiento de Pozoblanco el reintegro de una subvención de 252.000 euros concedida dentro del programa para la promoción de empleo juvenil -Programa Joven Ahora-.

2.- Por el contrario, el Presidente de la Diputación de Córdoba ha amnistiado a la anterior Corporación Provincial socialista de cualquier tipo de responsabilidad, aplicando una amnistía a los políticos de la anterior corporación y a sus gestores empresariales digitales, condonándoles cualquier responsabilidad (incluida toda devolución posible) por una gestión de sus empresas, que el mismo Presidente Fuentes ha calificado repetidamente de ruinosa.

Lo dicho, viene por la contradicción manifiesta entre el Presidente de la Diputación de Córdoba (P. P.) que ha optado por la amnistía completa de sus adversarios sin exigirles devolución alguna y aceptando las políticas socialistas, mientras, la Junta de Andalucía (P. P.) ha lanzado un lawfare público contra Pozoblanco, de forma,  aquellos a los que se presume, que representan y deben defender, que son los votantes del P. P., se ven constreñidos públicamente a una cantidad pequeña, frente a las grandes cantidades amnistiadas con perdón de cualquier devolución.

3.- La actuación de la Junta de Andalucía puede ser correcta formalmente, aunque totalmente equivocada en el tempo (velocidad) y en la forma, pues, se quiera ver o no, ha llenado de “pellets imaginarios” (gránulos de plástico) toda la dehesa de Pozoblanco, además, llamando poderosamente a la atención la diferencia de trato entre la actuación amnistiadora de la Diputación y la exigencia maximalista al Ayuntamiento del Pozoblanco, que, a mayor inri, está sufriendo una situación extrema por la sequía y la falta de potencia eléctrica.

En conclusión, dado el detrimento democrático continuado al que los andaluces y cordobeses nos vemos sometidos, concretamente, el espectáculo de ayer en el Congreso con los Decretos debatidos y votados, con la actuación de Junts y el resultado final, si el P. P. se somete cautivo y si abdica de su obligación de defender sus políticas, solo conseguirá un resultado, que vuelvan a gobernar los políticos socialistas, que ya han demostrado que son un todo cerrado, que aceptan la amnistía y lo que sea, aunque los andaluces seamos soterrados y sometidos a unos políticos catalanes y vascos que, además, son solo unos pocos.

El refrán popular lo dice todo: “Lo que no puede ser, no puede ser, y, además, es imposible” (un contrasentido).

N.B.  Todo de expuesto, de nuevo, pone en razón la necesidad de un movimiento ciudadano amplio, abierto y solidario en favor de Córdoba y su Proyecto común, que beneficie a todos sus habitantes.

Lo repito, en las actuales circunstancias de deterioro democrático y de malgasto irrecuperable del dinero público callarse cautivo, es una trampa que se quieren autoimponer los conciliadores de una sola dirección, haciéndola recaer, además, sobre todos nosotros, de forma, que con lo que está cayendo, solo cabe la autodefensa

La responsabilidad siempre es del que manda.

Córdoba, a 12 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.