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Derecho a la igualdad III – Seguridad Jurídica (Cataluña es singular y las demás a callar y pagar)

(Nota: El País vasco no juega.

*^8.500 militantes de ERC votan y deciden.

* 48.000.000 de españoles a callar y pagar.

* Por algún lado tiene que reventar.)

El Tribunal Supremo lo ha dejado claro:

“Que el Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica son de todos los españoles y sin ellos no hay democracia ni estado de derecho”.

Aunque la verdad es que a una sociedad adormecida y cautiva voluntaria, que Cataluña se lleve 60.000 millones de euros de todos los españoles parece que le importa un bledo.

En el Congreso se votará la especial singularidad de Cataluña en forma de euros a pagar, así que ya veremos los diputados que votan en contra de un privilegio fiscal, que rompe el derecho a la igualdad de los españoles y que, tal como se plantea, parece más un acuerdo de una partida de bandoleros, que un acuerdo del Gobierno de España de debiera ser de todos los españoles.

Visto lo visto hasta ahora, el acuerdo está cerrado y aprobado, así, que ya veremos la prueba del nueve de lo que digo, aunque una cosa es cierta, que los Diputados del Congreso no son el Pueblo de España, sino sus representantes temporales electos, de manera, que lo que se apruebe en la Cámara Baja por la misma regla de tres se podrá volver a la línea de salida.

Por otro lado, los españoles tenemos el derecho y el deber de defendernos pacíficamente frente a la injusticia, pues nos va en ello la libertad.

Los 48 millones de españoles no somos esclavos silentes y cautivos, incapaces de hacer nada en defensa de nuestro derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica, nos va en ello  la libertad y el valor justicia, si no al tiempo.

Estoy comprobando, como otros muchos españoles, que la sociedad adormecida está despertando, cada vez con mayor rapidez, hacia la libertad en forma de un movimiento ciudadano de rebelión pacífica.

N.B. Reitero, que el Derecho a la Igualdad y la Seguridad Jurídica son la base de nuestra democracia, de forma, que “la singularidad de Cataluña es una patraña”, que nos lleva a la dictadura de unos pocos.

Hay que sublevarse contra los que quieren arrebatarnos la libertad y la igualdad, ya que, callarse es ser cómplices y/o autores de una injusticia contra el pueblo español del nacen todos los poderes.

Córdoba, a 2 de agosto de 2024

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Derecho a la igualdad II – Seguridad Jurídica (La singularidad de Cataluña)

El Tribunal Supremo lo ha dejado claro:

“Que el Derecho a la igualdad II y la Seguridad Jurídica son de todos los españoles y sin ellos no hay democracia ni estado de derecho”).

Es la pura verdad, “sin ellos no hay democracia ni estado de derecho”, de manera, que todos los españoles tenemos el derecho y el deber de defenderlos, pues nos va en ello la libertad.

El T. S. dicen, que ha obviado la Cataluña del Sub-president Sr. Illa, o, al menos, eso es lo que repiten machaconamente, los que  (contra toda España) aprobarán, que su Cataluña es una fruta “madura” como el régimen sin libertades ni derechos de Maduro-Zapatero, y, que el resto de españoles unos 48 millones somos esclavos silentes y cautivos, incapaces de hacer nada en defensa de nuestro derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica en defensa de la libertad y del valor justicia.

Eso es lo que hay, aunque creo como otros muchos españoles, que la sociedad adormecida está despertando, cada vez con mayor rapidez, hacia la libertad en forma de un movimiento ciudadano de rebelión pacífica.

N.B. El Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica son la base de nuestra democracia, de forma, que “la singularidad de Cataluña es una patraña”, que nos lleva a la dictadura de unos pocos.

La Constitución de 1978 es de todos nosotros, al menos, eso es lo que votamos y aprobamos una inmensa mayoría de españoles.

Córdoba, a 30 de julio de 2024

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Semejanzas pequeñitas (lawfare contra sus votantes)

Me pregunta uno de mis lectores, porque digo que el Presidente Sr. Sánchez y el Presidente de la Diputación Sr. Fuentes Lopera aplican la misma amnistía, así que, vamos a ello:

Primera semejanza. El Presidente del Gobierno de España aprueba y aplica una amnistía para para ser votado en el Congreso por mayoría absoluta; y, el Presidente del P. P. en la Diputación de Córdoba, Sr. Fuentes Lopera (nombrado digitalmente por el P. Popular), aprueba y aplica todas las políticas socialistas de la anterior Corporación Provincial del Presidente Ruiz (perdedor de las elecciones) con la finalidad de que nadie le moleste en su mandato, aplicando a rajatabla el refrán de “ande yo caliente, ríase la gente”.

Segunda semejanza. El Presente Sr. Sánchez ha actuado legalmente, aunque de forma amoral; el Sr. Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba del P. P. está actuando, también, de forma legal, aunque al aplicar las políticas de los que no votaron al P. P. esta incurso en una evidente amoralidad.

Tercera semejanza (esta asimétrica). El Sr. Sánchez aplica su amnistía política, se admita o no, con coherencia, implantando el “lawfare” contra sus adversarios; por el contrario el Presidente del P. P. en la Diputación, Sr. Fuentes, aplica su pequeñita amnistía a sus adversarios políticos, aplicando su “lawfare” contra los votantes del Partido Popular.   

***Con tres semejanzas entiendo que es suficiente, aunque su número es mucho mayor, aunque las tres reseñadas ponen en evidencia, que el Presiente del P. P. es del tipo político, que no solo incumple sus promesas, sino que, además, está convencido de que sus votantes no le dirán nada, pues siempre callarán.

Su error consciente es un tremendo error, que perjudica al P. P., porque la hora de callar con una amnistía política perversa (aunque sea pequeñita) ha terminado para los ciudadanos de a pie, porque callar es someterse cautivo, de forma, que, repito, ha llegado la hora de la autodefensa y de publicitar actuaciones políticas dirigidas a satisfacer la tranquilidad calentita del político que nos gobierna, elegido, además, con nuestros votos, que para estar “calentito” sigue y lleva a cabo las políticas de los adversarios.

Aplicar los refranes popular de “ande yo caliente, ríase la gente” y/o “dame pan y dime tonto” ha llegado a su fin.

Si alguien del P. Popular lo duda, que vean lo que le puede ocurrir (Dios no lo quiera) al Consejero de la Junta de Andalucía de Justicia, Administración Local y Función Pública, D. José Antonio Nieto Ballesteros, cuando el Sr. Puigdemont y su partido, ERC, Bildu y demás partidos afines le apliquen su “lawfare”, pues no olvidemos que el Sr. Nieto en el llamado “process” era Secretario de Estado de Seguridad, y, esos partidos que gobiernan ya estamos viendo como han comenzado a actuar:

“Tres Comisiones de Investigación por el Lawfare en el Congreso, una querella contra el Presidente del CGPJ ante el T. S., etc., etc.”.

En la Diputación Provincial de Córdoba gobernada por el Partido Popular por la actuación de Presiente parece, que lo que está haciendo día tras día es pasar un rodillo de amnistía al revés, debiendo quedar claro, que los dirigentes del P. P. que lo nombraron digitalmente están advertidos, razón por la que, le vuelvo a decir, que escapar de la tormenta al estilo Don Tancredo es una mala elección, pues no hacer nada y esperar a que escampe, ya ha demostrado, que lleva directamente al desastre, que es lo que padecemos ahora por culpa de un Presidente tancredista de infausta memoria.

Frente a cualquier amnistía legal pero amoral solo cabe una postura combatirla y defenderse por todos los medios habidos y por haber, de manera, que el P. P. que ahora tiene el poder en la Junta de Andalucía, en las Diputaciones andaluzas, en las capitales de Andalucía y en la mayoría de los Ayuntamientos andaluces, ostentando al Presidencia de FAMP, si abdica de su obligación de defender sus políticas prometidas, solo conseguirá un resultado, que vuelvan a gobernar los políticos socialistas, que ya han demostrado que son un todo cerrado, que aceptan la amnistía y lo que sea, aunque los andaluces seamos soterrados y sometidos a unos políticos catalanes y vascos que, además, son solo unos pocos.

“LA DIMISIÓN del Sr. Fuente Lopera, forzada o no, es algo inaplazable”.

N.B. Las semejanzas son pequeñitas, porque el primero es el Presidente del Gobierno de España elegido por mayoría absoluta, y, el segundo solo es el Presidente de la Diputación de Córdoba designado digitalmente por el P.P.

Uno y otro aplican su amnistía, pero el Sr. Sánchez a favor de los que le han elegido en el Congreso y el Sr. Fuentes a favor de sus adversarios, castigando a los votantes del P. P.

Lo dije ayer y lo repito hoy: El Presidente de la Diputación del P. P. Sr. Fuentes Lopera con base a sus propios hechos y actuaciones reiteradas debe y puede ser dimitido por el P. P, además, está claro “que no le gusta la fruta”.

Córdoba, a 25 de noviembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. – en excedencia-.

Sensación de Inseguridad III – El Reparto (+ paro y + afiliaciones a la S. S.)

Hablando de la sensación de inseguridad en España son un ejemplo los datos oficiales sobre el paro y las afiliaciones a la S. S., por la sencilla razón de que esos números no cuadran.

Si fuera real en términos absolutos que hay más afiliaciones a la S. S. la cifra de parados debería ser positiva hacia la baja, de forma, que no siendo así, la realidad es que el mismo trabajo se está repartiendo entre más trabajadores. Es decir, aumentan las afiliaciones porque el mismo trabajo se está dividiendo entre más personas, lo que significa que no se crea más empleo, sino que está creciendo el empleo a tiempo parcial, sea indefinido o no, de manera, que hay más personas trabajando pero las horas de trabajo efectivo son las mismas: “Vamos, que la sensación de inseguridad y la falta de información veraz son una realidad”.

El estado de inseguridad (jurídica, de información veraz, etc. etc.)  en España es algo evidente, de manera, que si o si, que hoy solo se puede acudir buscando protección a las normas del derecho de la U. E. y a su aplicación efectiva.

Una cosa es cierta: “La forma del contar el paro que hace el Gobierno y su Ministra de Trabajo es un dislate equivocado y absurdo”.

Simplemente, no puede ser verdad.

Una cosa es medir y otra falsear la realidad, además, a la vista de todo el mundo sin ninguna clase de complejos.

El problema está en que la sensación de inseguridad en el empleo y en las cifras reales de paro aumenta día a día, porque, no se trata solo de que exista un número de parados desconocido (añadir a los número oficiales los 600.000 parados escondidos y los miles de inactivos desconocidos), sino que las cifras de desempleo real es un mundo ignoto, que parece que nadie quiere aclarar.

Si los ciudadanos nos aquietamos ante los incumplimientos silentes de las cifras de desempleo oficiales, que son falsas porque son  irreales, esperando que nunca nos tocará, sin la menor duda, nuestros derechos y libertades están en peligro de desaparecer, y, porque, además, la inseguridad en todos los aspectos va aumentando de manera contagiosa.

La seguridad en España pasa, se quiera admitir o no, por la verdad de las cifras oficiales del Estado, por el respeto al Estado de Derecho y por la aplicación efectiva de normas seguras por el Estado y por todos sus órganos políticos, administrativos y judiciales, ya que, cualquier otro cosa es simplemente una falacia.

Por otro lado, las noticias que viene proporcionando España a nivel internacional en los últimos años son una muestra palpable de inseguridad, que atenaza y amenaza a los ciudadanos españoles, de forma, que solo queda exigir que desaparezca, cuanto antes mejor, si queremos defender y garantizar nuestro estado social y democrático de derecho.

(Nota aclaratoria: << La EPA del cuarto trimestre de 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, son las siguientes:

  • La población española es de 47.475.420 habitantes.
  • Los menores de 16 años, que no pueden legalmente trabajar, están en 7.338.920 (un  15,5% del total).
  • Los mayores de 16 años, en edad de trabajar, son un 84,5% de la población, es decir, son 40.136.500 personas.
  • La población en edad de trabajar se sitúa en 23.487.800 de españoles activos (un 49,5%), existiendo 16.648.600 de inactivos (un 35,1%).

Activos.

** Unos 3.086.800 son autónomos (un 6,5% de la población española).

** Por cuenta jena en el sector privado hay 13.850.800 trabajadores, (un 29,2% de la población),

**Los empleados que cobran del Estado (funcionarios, personal contratado, trabajadores de empresas públicas, etc. etc.) son 3.526.200 asalariados (un 7,4% del total). >>

N.B. La sensación de inseguridad dominante en España oficialmente es una realidad, de manera, que exigir datos reales del paro y de las afiliaciones a la S. S. es una necesidad más para garantizar nuestras libertades.

Una vez más:  los datos sobre el paro y las afiliaciones a la S. S., son un ejemplo de que la sensación de inseguridad en España es una realidad, porque esos números no cuadran.

Pronto habrá que escoger y votar entre inseguridad y seguridad, que viene a ser entre libertad y control colectivo, porque es una verdad indiscutible, que la seguridad beneficia a todos y la inseguridad solo al que puede huir de ella.

Córdoba, a 6 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estanflación – maldades – seguridad y silencio (rebelión contra la injusticia -sea cual sea-)

La votación del Congreso de la convalidación del R. D. L. de la Reforma Laboral es último ejemplo de una maldad a la vista pública de todos los españoles y sálvese quien pueda.

Las maldades públicas, está visto, que existen en muchas formas, pero si se ocultan en el silencio se convierten en algo peligroso en extremo, ya que, la incapacidad de cualquier sociedad civil de decir no y de sublevarse cuando es necesario, puede llevar a que la injusticia, si se opta por la  comodidad, la seguridad y el silencio, anide de forma permanente en esa sociedad que lo acepta todo, de manera, que, si se da el supuesto opresor consentido una y otra vez, quizás, entonces,  sea demasiado tarde y no se pueda ni protestar.

El caso del Modelo 720 de Hacienda, otro caso más, de una serie interminable de abusos del poder, con la Sentencia TJUE de 27-01-2022. Asunto C-788/19, ha dejado claro,  que la legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión; constituyendo un ejemplo de que la lucha contra la injusticia, aunque sea desigual, es completamente necesaria en cualquier sociedad, que quiera ser regida por un estado de derecho, de forma, que el silencio cautivo nunca es una buena solución y que siempre es necesario sublevarse ante cualquier abuso, máxime, si procede de los poderes públicos.

Desgraciadamente, el caso de Modelo 720 de Hacienda o la votación de la Reforma Laboral no son los únicos en España, sino que se vienen produciendo demasiados supuestos donde peligra seriamente nuestro estado de derecho, sin que la sociedad adocenada se mueva como las circunstancias exigen, no solo ahora, sino desde hace varios años, de forma, que casos como, la amnistía fiscal vergonzosa declarada inconstitucional, el estado de alarma confinatorio declarado contrario a la Constitución por el T. C., y otros casos más vidriosos e ilegítimos, parece, que se han apoderado de nuestros derechos y libertades constitucionales, sin que nadie responsa de nada y bajo un halo perverso de impunidad, porque, además, los interesados perjudicados se quedan solos en sus reclamaciones (patrimoniales o de otro signo) frente a la situación de privilegio de los poderes públicos, responsables de los desaguisados contra el estado de derecho.  

Por otro lado, agrava la situación en España, el hecho  cierto de que los gastos del Estado han crecido de forma desmedida y, desgraciadamente, en una parte muy importante en gasto improductivo e innecesario (aunque debo aclarar, que el gasto social elemental lo considero gasto necesario y productivo, aunque siempre dentro de la realidad económica de España), mientras reina la oscuridad en asunto trascendentales para los españoles, como los Fondos Europeos y su reparto, el funcionamiento del poder judicial y su renovación, la política fiscal que se avecina y un larguísimo etc. de ejemplos de que, lo que no podía pasar está al borde de pasar.

La recuperación política, social, económica y sanitaria solo será posible, si se diseñan y aplican políticas razonables y equitativas en la aplicación de todos los recursos disponible, no de los que no hay, de forma, que, además, las medidas de reforma deben ser rápidas, eficaces y posibles, permitiendo que aumente la creación de riqueza y la productividad para superar esa barrera negativa, si o si, de que la mitad de la población de España  mantenga y sostenga a la otra mitad, pues esa situación social y económica es insostenible y perversa.

Seguimos con unas cifras de paro tremendas, que nos sitúan en una doble cabeza de la U. E.-.

Por otro lado, es evidente, que la inflación está enseñando sus patas rasposas con un encarecimiento del nivel de vida descontrolado, que, la subida tremenda de la luz, el aumento de impuestos, el gasto público desnortado, etc.  están poniendo a la vista de todos.

El IPC interanual adelantado en el primer mes de 2022 se sitúa en el 6%.

El problema se acentúa, cuando, aunque suben los salarios, los precios aumentan más para los consumidores,  estancándose la recuperación o parándose en seco, produciéndose un efecto perverso de estanflación, con riego claro de que se convierta en algo permanente.

Así mismo, lo que hay está claro, los recursos se saben cuáles son, de forma, que la demora y los errores en el arreglo rápido de la situación económica y social entra de lleno en el abismo de lo perverso, aunque, siempre hay que actuar dentro de la Constitución y del respeto a la Ley, porque aquí no valen los atajos con sacrificios de derechos y libertades.

Hechas las anteriores aclaraciones, entiendo, que lo primero que hay que hacer, es proporcionar a los españoles su derecho efectivo a una información veraz, completa e inmediata (art. 20 CE), de manera, que una vez conocida la realidad por todos los ciudadanos (hombres, mujeres, mayores y menores, etc.), conociendo la verdad económica del País, se puedan adoptar medidas racionales y justas, que necesariamente, deben ser consensuadas por todos o la gran mayoría y aceptadas por la sociedad civil.

Dicho lo dicho, lo único inadmisible, es que los españoles aguanten vulneraciones del estado de derecho constitucional en silencio cautivo, pues si callamos una y otra vez, al final prematuro quedaremos sin libertades y derechos, presos del autoritarismo de unos poderes públicos que se exceden sin mesura en el uso indebido del poder, que el pueblo al que oprimen les ha delegado.

N.B. La estanflación y demás maldades sin rebelión a cambio de seguridad y silencio contra la injusticia -sea cual sea-, es, sin duda, el peor de los negocios de una sociedad civil o de un pueblo.

La unilateralidad excluyente ya no es un valor, que consuele a nadie, los españoles, a pesar de la falta casi completa de información veraz,  saben lo que se juegan si admiten el silencio cautivo, de forma, que conocen lo que se puede hacer de verdad y lo que son brindis al sol, pues ya han superado el miedo propio y/o ajeno. Solo quieren realidades y que no les engañe nadiesea quien sea.

Conocen, que tienen que desaparecer,  *los desequilibrios, como el que está creciendo entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Córdoba, a 6 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoyafebrero

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.