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Formalidades excluyentes – Justicia en peligro (solo cuando truena)

Es una frase conocida y repetida, que solo se acuerda uno de Santa Barbara cuando truena, lo que viene a significar, que solo se molesta uno en hacer o pensar algo, –sólo cuando los nefastos efectos de no haberlo hecho antes (a su debido tiempo y por dejadez) se dejan sentir-.

La Justicia en España emana del Pueblo, así la Constitución en su artículo 1. dice:

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Viene lo dicho a cuenta, de la noticia difundida -urbi et orbe- de que la Sala Ordinaria (no el Pleno de la Sala) de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite los recursos de ciertos partidos políticos planteados contra ciertos indultos por falta de legitimación.

Quede claro, desde ya, que considero esa resolución, que imagino que será por Auto, equivocada y que producirá efectos perversos para la justicia, pues negar a los representantes del Pueblo legitimidad ante el Tribunal Supremo solo puede llevar a consecuencias indeseadas para los españoles.

Aunque el objeto de este pequeño artículo no es esa resolución antedicha del T. S., sino poner de manifiesto, el hecho patente y repetido de que las formalidades excluyentes -por encima de la justicia- se han apoderado del Tribunal Supremo, salvo casos donde prima la justicia frente a meras formalidades, por supuesto, más en unas Salas del mismo que en otras, afortunadamente, como ocurre con la Sala Segunda de lo Penal del T. S. donde las formalidades tienen menor peso que la justicia de sus resoluciones.

Es evidente, que esta postura crítica es una opinión personal, pero si quieren saber algo más sobre el tema pregunten a los abogados, con libre ejercicio de su profesión, sobre sus recursos al T. S., sobre las inadmisiones de sus recursos y sobre el “interés casacional y otros dislates”, aunque siempre, como no, la culpa de todo la tiene el abogado que ha planteado mal su recurso.

Cuando cualquiera acude en súplica de justicia cabe, sin duda, exigir ciertos requisitos, pero cuando meras cuestiones formales impiden el acceso a la justicia del pueblo soberano de donde emanan los poderes del Estado, es lo cierto, que algo no funciona bien, máxime, cuando son españoles de a pie con recursos económicos limitados y escasos. No es lo mismo, que una formalidad excluyente impida el acceso a la justicia a un partido político, que maneja fondos públicos de los impuestos de todos, y que cuenta, además, con una legión de abogados y asesores, que cuando la formalidad exclusiva recae sobre una persona particular sometiéndola al silencio oprobioso.

Cuando eso ocurre, la injusticia es manifiesta, aunque resulta curioso, que solo ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación y redes sociales, cuando el hecho repudiable por un exceso en la formalidad afecta a grupos sociales privilegiados o destacados, a pesar de que debería ser, al contrario, ya que, a mayor inri, los particulares se enfrentan en los Juzgado y Tribunales, además, a un ejercito de abogados públicos (fiscales, abogados del estado, letrados de la S. S., abogados de la CC. AA., abogados de los Ayuntamientos y Diputaciones, etc.) con todas sus consecuencias perversas, como pueden ser las costas judiciales.

La realidad, sin embargo, no rueda en favor del pueblo soberano sino en su contra, no solo en muchas resoluciones judiciales, sino, también, en el trato que los abogados de los particulares reciben, en comparación con los abogados de los Órganos Públicos, hecho del que cualquier abogado puede dar fe de ello.

Que un Juez o Tribunal no entre a juzgar el fondo de un asunto por una mera formalidad excluyente, es una injusticia tremenda, se mire como se mire, y, además, una equivocación manifiesta, ya que, si la justicia no es real los perjudicados serán todos los ciudadanos y los propios jueces y tribunales, de manera, que si la confianza en justicia desaparece peligra la democracia y todos nuestros derechos y libertades.

N.B. Por todo lo dicho, es evidente, que el exceso en la aplicación de las formalidades excluyentes ponen la justicia en peligro, razón por la que la frase conocida y repetida, de que “solo se acuerda uno de Santa Barbara cuando truena”, viene como anillo al dedo en el asunto expuesto, de manera, que solo molestarse uno en hacer o pensar algo, cuando los efectos nocivos de no haberlo hecho en su tiempo, por dejadez u otras causas, se ponen de manifiesto, es un error tremendo con consecuencias irreparables para todos los españoles.

Córdoba, a 24 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Empleo y paro II (deuda – inflación – déficit público – PIB – inseguridad e incertidumbre)

En estos días de incertidumbre e inseguridad jurídica “el desempleo estructural” parece olvidado por los poderes públicos, difuminándose en el vacío, preterido por otros asuntos menos urgentes, como, pueden ser entre otros, las pensiones y la reforma laboral, que están consiguiendo, que el problema del paro quede laminado para los españoles, de manera, que se oculta el número inquietante de personas inactivas y en paro.

El número de personas sin empleo real en España es aterrador, no solo por sus cifras, desconocidas realmente (ver, los –inactivos- y las -cifras engañosas del empleo público que disfrazan el problema-, etc.), sino también, por la distribución desigual del mismo por sectores, por regiones, por razón de edad -menores y mayores de 50 años- y de género.

El paro estructural en España es una realidad muy negativa, que, además, habiéndose adoptado por los poderes públicos una actitud tancredista hacia la inanidad, ninguna solución aparece, aunque lo peor para nuestro desempleo empieza a vislumbrarse a través de otros asuntos, que indican, se quiera reconocer o no, que nuestro paro estructural va a quedar abandonado por los poderes públicos, que tendrían la responsabilidad indudable de afrontarlo y combatirlo, de forma, que ahora conviene detallar una serie de asuntos preocupantes, que distorsionarán aún más el mercado de trabajo y enquistarán nuestro paro estructural aún más si cabe, así:

** La deuda pública ha marcado un nuevo máximo histórico en septiembre y alcanza el 122,1% del PIB.

Es un hecho indiscutible, que sin planes de política fiscal fiables vamos hacia una crisis de deuda pública, máxime, por el efecto de choque que puede tener para España el final de las compras de emergencia de bonos en abril de 2022, debido al descontrol del déficit, pues, ya se da por descontado es que no se prorrogará el Programa de Compras de Emergencia Pandémica (PEPP), cuando venza en marzo.

La cuestión es clara, si el BCE deja de comprar a España todas las emisiones de deuda, como viene haciendo, el Estado tendrá que colocarlas en el mercado, y, por los fuertes desequilibrios de nuestra economía y la negativa del Gobierno a tomar medidas para reducirlos, lo normal es, que los vayan a invertir exijan una prima de riesgo cada vez más alta, lo que disparará los costes financieros del Estado, agravándose el déficit con lo que iríamos hacia crisis de deuda:   Con una prima de riesgo por encima de 600 puntos básicos España puede caer al abismo de la expulsión de la U. M. y fuera del euro.

Es un hecho, que los precios de la deuda están en máximos por las compras realizadas por el BCE, lo que quiere decir, también, que su rendimiento está en mínimos casi desconocidos y ello conlleva que una gran cantidad de bonos europeos tiene rendimientos negativos; es decir, que el comprador recibirá menos dinero de lo que invierte, lo que supone algo perverso en la política monetaria actual, sin olvidar, que esos rendimientos negativos incluyen la expectativa de una inflación nula o negativa.

La política del BCE con tipos de interés a cero, se quiera aceptar o no, tiene fecha de caducidad, de manera, que, en algunos Estados Miembros (no solo los frugales), como Alemania, se empiezan a ver movimientos de subida de los tipos de interés y la consiguiente inflación, hecho que tendrá consecuencias negativas en los países fuertemente endeudados.

** La inflación se ha salido de madre, de forma, que el IPC se dispara hasta el 5,6% en noviembre, la tasa más alta desde hace muchos años.  Los ciudadanos ven ya, que la inflación está empezando a mostrar su fea cara y, sin duda, tendrá su impacto en los tipos de interés de mercado, por lo que las cuentas públicas empezarán a notarlo.

Si las previsiones sobre la inflación se mantienen o crecen, por la razón que sea, la cotización de los títulos de deuda caería. Es decir, sus rendimientos aumentarían, aunque el BCE continuara dopando el mercado con la compra de bonos.

** El descontrol del déficit publico es algo incontenible, de forma, que con un crecimiento del gasto grandioso difícilmente se cuadrarán los gastos con los ingresos del Estado, lo que lleva a una política continuada de endeudamiento y hasta donde se llegue llegó.

** Los Fondos de Europa tardan más de la cuenta y cuanto mayor sea la tardanza mayor será la condicionalidad exigida por Bruselas y nuestros socios cada vez más frugales.

A su vez, lo Fondos la U. E. no viene todos a la vez ni sin condiciones, de forma, que la cuestión no solo está en recibirlos, sino también como gastarlos, de forma, que ayuden a la recuperación y no provoquen rechazos ni vetos en Europa.

** La recuperación se está ralentizando y no está llegando por ahora a la gente de a pie. La OCDE hunde nuestro PIB al 4,5%, situándonos a la cola de Europa.

** Los Ertes son un instrumento fallido y agotado en su actual configuración, si no van acompañado de medidas coyunturales inmediatas y eficaces, especialmente, a través de ayudas directas a las empresas solventes y/o recuperables.

Así mismo, es un hecho real que las empresas insolventes y zombis se multiplican agazapadas en préstamos ICO y en regulaciones de empleo ficticias, que camuflan empleos inexistentes.

El B. E. calcula, que actualmente el 40% de los negocios españoles arrastra problemas para cubrir sus gastos, mientras que más de un 14% ha alcanzado la insolvencia.

** Todos los esfuerzos y toda la propaganda están en las reformas del mercado laboral unidireccionales y de las pensiones con olvido de todo lo demás, por supuesto, con olvido manifiesto del paro y sus consecuencias perversas.

El número real de desempleados estructurales se sitúa ya en una cifra desconocida de millones de personas, y, además, la cifra de paro se distribuye de forma irregular por las CC. AA. y entre ellas mismas territorialmente, a la vez, que existen colectivos de trabajadores donde el desempleo es una verdadera tragedia: Jóvenes, mayores de 50 años y mujeres.

El asunto crucial para todos los españoles que es el desempleo y su tremenda tasa, casi innombrable, está desaparecido de la discusión pública, especialmente, de todos los poderes públicos con algunas exiguas excepciones.

España necesita urgentemente reducir su tasa de paro igualándola a la de la U.E., lo que implica la adopción de medidas eficaces para aumentar la riqueza productiva, mejorar la cualificación profesional de los trabajadores de forma continua y permanente, dictar normas que acrecienten la flexibilidad y mejoren todas las condiciones de trabajo, no solo los salarios, y, en definitiva, crear un marco de empleo que propicie un mercado de trabajo justo y equitativo, dominado por la mejora de la rentabilidad y la creación de riqueza.

N.B. El paro estructural en España supera cualquier magnitud razonable, pero si le unimos la deuda, el PIB decreciente, la inflación disparada, el déficit público, el gasto público descontrolado, la inseguridad jurídica y una recuperación renqueante, la incertidumbre que atenaza a los españoles se convertirá en una desgracia permanente, donde en primera fila estarán por mucho tiempo los millones de españoles en el paro.

Por otro lado, intentar solucionar el problema con el olvido es, como se está viendo, un disparate,  pero si, además, se disparan todos los demás asuntos enunciados, el desastre será insostenible, ya que, la recuperación económica y social de España entrará en un laberinto de salida imposible.

La postura inane tancredista no da solución a ningún problema, y, en España ya vamos sobrados de actitudes de quietud extrema, que solo llevan a la desesperanza.

Córdoba, a 1 de diciembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Pensiones – Reforma Laboral – S. S. (verdades y mentiras)

Señalo algunos hechos patentes en este vidrioso asunto, opacado y oscuro de principio a fin, así:

* Al parecer, existe un extenso documento firmado por el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, donde figura según la U. E. que, a finales de 2022, España deberá llevar término la reforma de las pensiones, poniendo en vigor –el ajuste del periodo de cómputo, aumentándolo para calcular las pensiones de jubilación-.

* Es una realidad incuestionable la ampliación de periodo de cotización para calcular la cuantía de las pensiones, aunque el Ministro Sr. Escrivá pretende obviarlo y ocultarlo en la  “nube” y “en el lado oscuro de internet”, y, por lo que se ve con poco éxito.

* Así mismo, es verdad, que cualquier aumento del tiempo de cálculo de las pensiones supondrá aminorar la pensión de casi todos los futuros jubilados.

* Es conocido, que ahora para calcular las pensiones se utilizan los últimos 25 años cotizados de la vida laboral del trabajador. Aunque el Acuerdo con la U. E. parece que no concreta, a cuántos años más se va a extender la cotización, todos los tambores anuncian que se llegará a los 35 años.

Dicho lo anterior, los españoles merecemos, que en este asunto se realice por los poderes públicos (por todos, sin exclusión) una información veraz, tal como garantiza el art. 20 de la Constitución de 1978, que establece: << 1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

2.      El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa >>.

Es algo evidente, que lo dicho no se cumple ni por asomo, de manera, que, si se quiere reformar las pensiones, realizar una reforma laboral, cuadrar las cuentas de la S. S. y, así, un largo etc. de problemas irresueltos, propongo que se adopten de inmediato una serie de medidas:

1ª.- Que se realice una información veraz a los españoles, inmediata, completa y permanente.

2ª.-, Que por los poderes públicos se aclare la situación económica del Estado para sostener el sistema de pensiones y demás, prestaciones de la S. S., dejando a un lado las medias verdades, las mentiras y los engaños. Los españoles tenemos que conocer las posibilidades económicas reales del Estado, para así, poder decidir sobre cualquier reforma del sistema de pensiones. De seguir hablando -de reformas inexplicadas-, -de gastos impropios-, -de las cuentas de la S. S. como algo ajeno a las cuentas del Estado- y -de otras entelequias engañosas., solo conseguiremos alcanzar una ruina estruendosa, antes o después.

3ª.- No queda otra, que presentar un plan serio, cuantificado de principio a fin y con ofertas concretas, sometiéndolo a la aprobación de los españoles, dejando al lado cualquier excusa, pues la Constitución es muy clara cuando dice, que la soberanía reside en el Pueblo.

4ª.- Es necesario un pacto de estado en estos asuntos de las pensiones, de la reforma laboral y de las cuentas públicas, sin descartar, la posibilidad de realizar un referéndum sobre los mismos.

5ª.- Es algo que nadie discute, que las pensiones tal y como están concebidas son imposibles de sostener, aunque es cierto, que se puede seguir como hasta ahora en la ensoñación engañosa y hasta donde se llegue se llegó. Lo único malo es que el final desastroso, si no arreglamos el problema, cada vez está más cerca y con peores soluciones si se alarga la agonía.

Se mire como se mire, la verdad es solo una, la diga Agamenón o su porquero, de forma, que los engaños, la ocultación y las mentiras tienen las patas cortas.

Si hay que hacer sacrificios los españoles deben conocerlo con claridad, entre otras cosas, porque ya han demostrado, que son responsables hasta el máximo extremo.

N.B. Reitero una verdad absoluta, que, en materia de pensiones, reforma Laboral y S. S. las mentiras y los engaños están bajo mínimos, de manera, que solo a través de la verdad y de la información veraz, con la necesaria participación de todos, se puede encontrar y aplicar una solución real, que, además, sea aceptada por una gran mayoría de españoles.

Los españoles vemos declaraciones de la U. E., del Gobierno, del Ministro de S. S., Sr. Escrivá, de los partidos políticos, de los representantes sindicales y patronales, entrando en la incertidumbre y en la desconfianza, pues soluciones se apuntan pocas y la participación social en la toma de decisiones, simplemente, no existe.

Si los poderes públicos solo continúan con todo tipo de engaños y exprimiendo a los ciudadanos en su patrimonio, los españoles viviremos atrapados por la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley demostrado por esos poderes a la Constitución.

Finalmente, poner de manifiesto, que la recuperación en España se estanca contrayéndose el PIB y la economía real no funciona para los ciudadanos de a pie.

Córdoba, a 12 de noviembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.