Monthly Archives: August 2026

Menores migrantes en Andalucía – (El nudo gordiano institucional y la vía de la externalización)

La gestión de los menores extranjeros no acompañados (algunas veces referidos bajo las siglas MENA) procedentes de las costas andaluzas y de la Ciudad Autónoma de Ceuta sitúa a la Junta de Andalucía en una encrucijada sin precedentes. El problema ha superado la mera gestión asistencial para convertirse en una crisis institucional, presupuestaria y constitucional de primera magnitud, que pone a prueba la arquitectura del Estado de las Autonomías y los pilares del Espacio Schengen.

1.- El conflicto autonómico y el marco legal.

**El Gobierno regional andaluz afronta una doble tensión:

*Tensión política interna: El Pacto de Gobernabilidad (PP-Vox) firmado en julio de 2026 aboga por rechazar el reparto interautonómico impulsado por el Gobierno central, priorizando los planes de retorno a los países de origen. Sin embargo, la Presidencia de la Junta –aun advirtiendo sobre el riesgo de un «efecto llamada»– reitera su compromiso con la legalidad vigente y con los convenios bilaterales previos firmados con Ceuta en 2024 para el traslado de tutela.

*Imperativo legal y fiscal: La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la tutela de menores desamparados en su territorio. Tanto la Fiscalía General como el Ministerio de Juventud e Infancia recuerdan que esta obligación es indisponible, mientras que las ONGs advierten sobre la saturación de los centros de acogida en la costa andaluza (Algeciras, Almería, Granada y Cádiz).

2.- La vía de solución – (Tramitación extraordinaria en origen o terceros países).

Ante la ineficacia de las fórmulas tradicionales y el riesgo de colapso de los servicios públicos de bienestar, la respuesta más solvente y jurídicamente _articulada pasa por un cambio de perspectiva:

“La tramitación extraordinaria fuera del territorio peninsular”.

<-Ejes del modelo.

1.- Centros de tramitación en terceros países: Establecer instalaciones de acogida y evaluación administrativa en países de tránsito o de origen mediante convenios bilaterales, garantizando que el análisis de la tutela o solicitud no implique la entrada automática al espacio Schengen.

2.- Priorización de la restitución familiar y repatriación: Ejecutar el retorno directo de los menores con sus familias en sus países de procedencia como medida prioritaria de protección, supeditando las relaciones diplomáticas y la ayuda al desarrollo a la cooperación efectiva en la readmisión.

3.- Hoja de ruta institucional para Andalucía.

Dado que las competencias en extranjería, fronteras y relaciones internacionales corresponden en exclusiva al Estado (art. 149.1.2ª y 3ª CE), Andalucía debe liderar este cambio mediante la iniciativa y la presión institucional:

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│ ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA │

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│ Iniciativa │ │ Exigencia │ │ Condición │

│ Legislativa │ │ Diplomática │ │ Presupuestal │

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Reformar la Ley Activar convenios Exigir carácter

de Protección del bilaterales con transitorio de los

Menor ante las Marruecos para centros andaluces y

Cortes Generales retornos seguros financiación 100%

1.- Iniciativa legislativa autonómica: Presentación de una Proposición de Ley autonómica ante el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Extranjería, situando la repatriación y reagrupación familiar en origen como el principio rector prioritario.

2.- Exigencia de acuerdos bilaterales: Reclamar la activación inmediata de los acuerdos internacionales vigentes (como el convenio de reactivación de retornos con Marruecos) y alinearse con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

3.- Litigación institucional y condicionado financiero: Plantear conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional si se imponen repartos obligatorios sin la correspondiente asignación presupuestaria estatal completa, exigiendo que los recursos en suelo andaluz tengan un carácter estrictamente temporal de tránsito.

<<Conclusión>>

El sostenimiento del modelo de bienestar y la seguridad jurídica en Andalucía dependen de trascender el parcheo presupuestario. La firmeza institucional, canalizada a través de iniciativas legislativas valientes ante el Estado y la UE, constituye la única vía realista para conciliar el respeto al Derecho con la sostenibilidad de nuestros recursos públicos.

N. B. Imagen. (Menores migrantes en Andalucía).

(Nota. El Puente Institucional y Diplomático: Representa la vía de la externalización y los convenios bilaterales uniendo las dos orillas del Mediterráneo (Andalucía y el Norte de África) a través de la cooperación, la legalidad y el acuerdo institucional.).

Córdoba, 22 de agosto de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

Nacionalismo fiscal – mito de la solidaridad en el Sistema de Pensiones

Análisis sobre la fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales

1.- RESUMEN – (EL PROBLEMA).

El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.

Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.

Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.

**Tesis central de injusticia institucional.

Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.

2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.

Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:

Dimensión de análisis Comunidades de renta alta/ Comunidades Renta Media

Regímenes Singulares. /Resto del estado

Base Cotizable

Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor

desempleo estruct.)

Media / Baja (Sectores intensivos en

mano de obra básica)

Pensión Promedio

Generada Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada

Tasa de Reemplazo

Demográfico Severamente envejecida en regiones Variable; envejecimiento rural

industriales; dependiente de inmigración acentuado

Tratamiento Fiscal

Pretendido Soberanía o balanzas fiscales neutras/ Financiación autonómica

favorables (Cupo / Ordinalidad) redistribución común

Asunción del Déficit

Contributivo Transferido a la «Caja Única» estatal

(Mutualizado) Mutualizado en el conjunto

nacional

Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.

El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.

3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.

Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:

-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.

-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.

-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.

4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).

Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.

*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).

El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.

***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:

A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.

B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.

Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.

C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).

Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:

Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]

Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.

5.- CONCLUSIONES.

El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.

<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.

N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.

1ª. Imagen. Renta alta y aportación 0.

2ª. Imagen. Andalucía postergada.

Córdoba, 21 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Inflación en Córdoba – ( La brecha entre el IPC oficial y la economía real)

(Una crítica desde la microeconomía del bolsillo cordobés)

Existe una divergencia estructural, casi enfermiza, entre las métricas macroeconómicas oficiales -ya sea el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial o nacional- y la realidad financiera que afrontan a diario los hogares en la ciudad y provincia de Córdoba.

Mientras las estadísticas públicas buscan promediar variaciones sobre una ponderación estandarizada, la economía cotidiana del ciudadano está deformada y tergiversada por distorsiones no contempladas plenamente en los índices tradicionales: *la reduflación (shrinkflation), *la degradación de calidad (skimpflation) y *la variación acelerada en los bienes de consumo masivo.

1.- Macroeconomía estadística vs. Sensación financiera.

<-La disparidad entre lo que indica el dato oficial y el impacto real en el bolsillo responde a fallas metodológicas y estructurales de origen:

*Ponderaciones desactualizadas: Los índices estadísticos asignan pesos fijos a rubros como transporte, ocio, vestimenta y alimentos. En épocas de restricción, las familias destinan hasta el 60%–70% de sus ingresos exclusivamente a alimentos y servicios básicos, donde los incrementos suelen ser superiores al promedio general.

*Dispersión geográfica en la provincia: Los precios en el interior provincial difieren significativamente de los de la capital debido a costos logísticos, intermediación comercial y menor oferta competitiva.

*Gastos ineludibles no elásticos: Servicios públicos, alquileres, salud y educación privada aumentan a ritmos que no permiten margen de sustitución, ahogando la liquidez mensual. En junio, el rubro vivienda registró una subida mensual del 6,4%, muy por encima del IPC general.

2.- Fenómenos invisibles – (Cuando los precios “mienten”).

El encarecimiento del costo de vida ya no se manifiesta únicamente en la etiqueta de precio, sino que adopta formas sutiles que erosionan la calidad de vida sin ser registradas fielmente por la estadística tradicional.

A. Reduflación (Shrinkflation).

**Consiste en reducir el tamaño, peso o cantidad de un producto manteniendo el mismo precio (o con un aumento moderado).

*Caso de los huevos y lácteos: Un maple o caja que históricamente contenía huevos de calibre Grande/Extra pasa a vender unidades de calibre Mediano/Chico sin reducción de precio.

*Productos envasados: Paquetes de galletas de 200 g reducidos a 170 g, o botellas de lubricantes y limpiadores recortadas en volumen. A los ojos del IPC, el paquete “cuesta lo mismo”, pero el costo por gramo o mililitro se ha disparado.

B.- Degradación de calidad (Skimpflation).

**Ocurre cuando los fabricantes reformulan productos sustituyendo insumos de alta calidad por ingredientes de menor costo sin bajar el precio final:

*Reemplazo de materia grasa láctea por aceites vegetales de menor costo.

*Sustitución de azúcar natural por jarabe de maíz o edulcorantes sintéticos.

*Disminución del porcentaje de fruta en mermeladas o del contenido de cacao en productos de repostería.

C.- La canasta de supervivencia.

El consumidor cambia sus hábitos desplazándose hacia marcas de menor categoría o eliminando consumo superfluo. Esta degradación de la canasta de consumo oculta el empobrecimiento real, ya que, consumir un producto más económico no significa que la inflación bajó, sino que el poder adquisitivo cayó.

3.- Matriz comparativa – (Metodología estadística vs. bolsillo real).

Dimensión	Enfoque Oficial (IPC)	Impacto Real en Córdoba
Ponderación	Canasta promedio equilibrada (alimentos, servicios, ocio, bienes).	Concentración masiva del ingreso en Alimentos, Servicios y Alquiler.
Medición de Cantidad	Precio unitario por presentación comercial estándar.	Reducción no declarada del tamaño/volumen del producto (Reduflación).
Evaluación de Calidad	Se asume homogeneidad en el bien medido.	Reformulación con insumos más baratos y menor durabilidad (Skimpflation).
Lugar de Compra	Relevamiento en grandes cadenas y comercios de referencia.	Compras en comercios de cercanía con márgenes de intermediación más altos.
Respuesta de Conducta	Registra el cambio de bien en la canasta.	Degradación forzada del nivel de consumo para cubrir necesidades básicas.

4.- Consecuencias socioeconómicas en Córdoba.

1.- Endeudamiento para consumo básico: Un porcentaje creciente de las familias cordobesas recurre a tarjetas de crédito, créditos personales o financiación en comercios para adquirir alimentos básicos. En junio, el 89% de los cordobeses debió financiar la compra de alimentos.

2.- Distorsión del salario real: Los acuerdos paritarios o ajustes salariales que toman como referencia la inflación oficial quedan relegados frente a la inflación de la “canasta real de alimentos”. La canasta básica alimentaria acumula un aumento del 37,3% interanual.

3.- Pérdida de soberanía del consumidor: La imposibilidad de planificar gastos a mediano plazo genera desgaste psicológico y distorsiona la percepción de valor de los bienes. El 76,1% de las familias percibe un deterioro en su alimentación respecto al año anterior.

<<Conclusión>>

El problema inflacionario no puede diagnosticarse únicamente con las cifras promedio de la macroeconomía. Existe un desfase profundo entre la inflación de la planilla y la inflación del personal.

Mientras las mediciones oficiales celebran la desaceleración de ciertos índices, la microeconomía cotidiana de Córdoba continúa absorbiendo una pérdida sistemática del poder de compra y una reducción sostenida en la calidad de los bienes indispensables.

N.B. Imágenes. Inflación. Mentira oficial vs. bolsillo real.

(Nota. El presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la brecha existente entre las mediciones macroeconómicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitidas por organismos oficiales y el impacto inflacionario real sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos en la Provincia y la Ciudad de Córdoba.)

1ª. Imagen. Inflación IPC vs inflación real.

2ª. Imagen. La brecha entre IPC oficial y economía real.

Córdoba, 19 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El fantasma del trabajo – (Población oculta y éxodo silencioso que ahogan la economía moderna)

Existe una brecha creciente entre las estadísticas oficiales de empleo y la realidad del mercado laboral, porque mientras los indicadores macroeconómicos tradicionales muestran cifras de desempleo aparentemente estables o controladas, *bajo la superficie se consolida un fenómeno estructural sin precedentes:

“La masa de *población oculta y el *éxodo silencioso de talento”.

No estamos ante un simple ciclo de recesión o desempleo coyuntural, sino ante una desconexión sistémica donde millones de profesionales optan por *la desconexión formal, *la informalidad digital o *la migración silenciosa para eludir el estancamiento económico.

<<La anatomía del fenómeno – (Las dos caras de la crisis invisibilizada)>>

Para entender por qué los modelos económicos tradicionales fallan al diagnosticar esta situación, es necesario desglosar los dos motores que impulsan este estancamiento.

[ Rigidez del mercado laboral + Descalce salarial ]

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【 Población Oculta 】【 Éxodo Silencioso 】

• Inactividad voluntaria • Fuga de talento digital

• Subempleo no registrado • “renuncia silenciosa” – (actitud o filosofía laboral en la que los empleados realizan únicamente lo que su rol requiere, evitando tareas adicionales o esfuerzos no remunerados.).

• Economía informal/gig • Relocalización no declarada

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[ Estancamiento Económico e Inflexibilidad ]

1.- La población oculta – (La fuerza laboral paralela).

La población oculta no figura en las listas del paro ni en los registros de la seguridad social tradicional. Se compone de:

<-Desalentados invisibles: Personas en edad trabajar que han abandonado la búsqueda activa a través de canales formales debido a la brecha entre sus cualificaciones y los salarios ofertados.

<-Trabajadores en la sombra digital: Profesionales integrados en la economía gig, monetización de plataformas descentralizadas o microcontratos transfronterizos no contabilizados en el PIB nacional.

<-Subempleo estructural: Capacidades infrautilizadas en puestos de muy baja productividad debido a la falta de dinamismo del tejido empresarial local.

2.- El éxodo silencioso – (La fuga sin maletas).

A diferencia de las grandes olas migratorias del pasado, el éxodo contemporáneo no siempre requiere cruzar físicamente una frontera con un visado de trabajo tradicional:

<-Migración fiscal y digital: Talentos de alto valor añadido que prestan servicios a mercados extranjeros de mayor poder adquisitivo, mientras residen fuera del circuito impositivo local.

<-Renuncia interior y pérdida de ambición: Trabajadores que reducen sustancialmente su productividad e innovación al nivel mínimo requerido (renuncia silenciosa) como respuesta a la falta de incentivos de movilidad social.

<-Fuga de cerebros silenciosa: Salida paulatina y constante de perfiles técnicos y cualificados hacia ecosistemas financieros e industriales más dinámicos.

<<Causa y efecto – (El bucle del estancamiento económico>>

El impacto directo de este comportamiento dual es la pérdida de tracción económica en tres niveles críticos:

Dimensión	Mecanismo del daño	Consecuencia a largo plazo
Sostenibilidad Fiscal	Reducción de la base de cotizantes e impuestos directos.	Precarización de servicios públicos y mayor presión sobre la población formal activa.
Productividad e Innovación	La pérdida o desconexión del talento capacitado merma la adopción tecnológica.	Pérdida de competitividad internacional y paralización del I+D.
Consumo e Inversión	La incertidumbre y los ingresos no estabilizados reducen el consumo interno.	Menor dinamismo en el comercio local y contracción de la inversión privada.

<<Hacia una solución rompedora – (Redefinir el pacto laboral y fiscal)>>

Seguir aplicando políticas laborales del siglo XX para responder a la flexibilidad y deslocalización del siglo XXI garantiza la perpetuación del estancamiento. **Para reincorporar la población oculta y revertir el éxodo silencioso se requieren medidas de fondo:

<-Pacto de flexibilidad y legalización activa: Diseñar marcos tributarios simplificados y progresivos adaptados a la economía digital y al trabajo por proyectos, reduciendo los costes de entrada a la formalidad.

<-Incentivo al talento y retención de valor: Crear incentivos fiscales específicos para empresas que retengan talento altamente cualificado local mediante vinculación a la innovación y participación en beneficios.

<-Modernización de la medición económica: Desarrollar indicadores en tiempo real que midan la actividad económica real en lugar de limitarse a los registros administrativos de empleo convencionales.

El estancamiento económico actual no es una causa inevitable, sino la consecuencia directa de no adaptar las estructuras instituciones a las nuevas formas de vida y trabajo. Solo reconociendo el mapa real de la fuerza laboral será posible reactivar el crecimiento.

N.B. Imágenes. El fantasma del trabajo – (Población oculta y éxodo silencioso que ahogan la economía moderna).

1ª.- Imagen.

(Imagen conceptual y crítica sobre <-el mapa fantasma del trabajo y cómo la población oculta y el éxodo silencioso ahogan la economía moderna->).

**Concepto visual:

-Estructura del mapa económico: Representa el entramado urbano e industrial mediante líneas de luz y planos digitales, reflejando la economía formal y moderna.

-Las siluetas fantasma: Simbolizan tanto a la población activa no registrada (el empleo oculto) como a aquellos profesionales y trabajadores que protagonizan el «éxodo silencioso», difuminándose y desvaneciéndose fuera de la red económica visible.

-Impacto y tono crítico: El contraste entre la infraestructura rígida y las figuras etéreas enfatiza el vacío estructural y el desgaste implícito que este fenómeno causa en el sistema socioeconómico.

2ª.- Imagen. (Rompedora a simple vista y que proyecta el fenómeno oculto que se denuncia).

3ª.- Imagen.

4ª.- Imagen.

Córdoba, 17 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

ADENDA. Artículo anterior – IBI en Agosto.

1.*Propuesta ciudadana.

ESCRITO AL ALCALDE DE CÓRDOBA Y AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA PARA LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL EN LA RECAUDACIÓN DEL IBI

**Datos del firmante del Escrito**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A las puertas de las vacaciones o en pleno descanso estival, miles de familias cordobesas reciben cada año la puesta al cobro del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Que la principal obligación tributaria municipal del año coincida de forma sistemática con el mes vacacional por excelencia no es un simple detalle organizativo:

“Es una decisión política de cobranza que sitúa al ciudadano en una clara posición de desventaja”.

Aunque la ley otorga al Ayuntamiento el margen legal para fijar las fechas de cobranza, la ética pública y el Principio de Buena Administración —consagrado por el Tribunal Supremo— exigen que las instituciones actúen con empatía, facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales en lugar de complicarlo.

Poner al cobro el IBI en agosto genera perjuicios directos a los vecinos:

Dificultad de gestión: Con miles de cordobeses fuera de su residencia habitual, consultar un recibo, detectar un error o acudir a las oficinas municipales se convierte en una carrera de obstáculos.
Atención reducida: Mientras la maquinaria recaudadora no frena, la atención presencial y la resolución de incidencias en las oficinas públicas se ven reducidas por los turnos estivales.
Recargos injustificados: Un fallo en la domiciliación bancaria o un cambio de cuenta durante las vacaciones se traduce, a la vuelta en septiembre, en recargos e intereses de demora automáticos por un mero despiste provocado por las fechas.

Existen otros 11 meses en el año. Multitud de municipios en toda España fijan la cobranza del IBI en mayo, junio, septiembre u octubre para no asfixiar a los contribuyentes en periodo vacacional. Mantener el cobro en agosto en Córdoba es una elección de gestión que demuestra una preocupante falta de sensibilidad social.

Por todo lo expuesto, se eleva al Sr. Alcalde y a al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.— Modificar la Ordenanza Fiscal de Recaudación y el Calendario Tributario Municipal para que, a partir del próximo ejercicio fiscal, el periodo voluntario de cobranza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) quede fijado fuera de los meses de julio y agosto.

SEGUNDO.— Flexibilizar y facilitar los fraccionamientos de pago sin intereses para aquellos contribuyentes que deseen distribuir el abonado del IBI a lo largo del año de manera adaptada a su economía doméstica.

TERCERO.— Dar traslado de este acuerdo a las Juntas Municipales de Distrito y a las asociaciones vecinales del municipio para su general conocimiento y difusión.

En Córdoba, a — de agosto de 2026.

2.*Versión resumida para redes sociales y octavillas informativas.

¿IBI EN AGOSTO? ¡EXIGIMOS UN CALENDARIO FISCAL JUSTO EN CÓRDOBA!

Cobrar el IBI en pleno agosto no es una casualidad: es una trampa de fechas que perjudica al vecino.

Fuera de casa: Gestionar un error bancario o un recibo en vacaciones es casi imposible.
Recargos innecesarios: Si la notificación te pilló fuera, en septiembre pagas más intereses.
Sin atención: Mientras el cobro no para, la atención al público en el Ayuntamiento se reduce por los turnos de verano.

Existen otros 11 meses en el año. Exigimos al Ayuntamiento que modifique la Ordenanza Fiscal para trasladar el cobro del IBI a una fecha ética y razonable (mayo, junio u octubre).

¡La recaudación no puede estar por encima de la Buena Administración!

N. B. ADENDA – IBI EN AGOSTO.

Córdoba, 15 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal Ayuntamiento de Córdoba.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.