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II. Imposición fiscal en Córdoba Capital (La emboscada)

El Ayuntamiento de Córdoba presume de la reducción de la presión fiscal desde 2019, con un enfoque en aliviar la carga para ciudadanos, autónomos y empresas. Sin embargo, una mayoría de ciudadanos ha denunciado, que estas reducciones son injustas, porque no benefician a la mayoría de los cordobeses sino principalmente a determinados contribuyentes, abogando por una fiscalidad más equitativa y proporcional.  

<<Análisis Crítico >>

<<Bajadas de Impuestos vs. Subidas de Tasas en Córdoba>>

1.- Contexto y Marco General.

El Ayuntamiento de Córdoba, liderado por el Partido Popular (PP) bajo el mandato del alcalde José María Bellido, ha promovido desde 2019 una política de reducción fiscal progresiva, a su manera y criterio, defendiendo siete bajadas consecutivas de impuestos municipales hasta 2026. Estas reducciones afectan a tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), especialmente, rústico, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU).

Según la delegada de Hacienda, Blanca Torrent, estas medidas han supuesto un alivio fiscal acumulado de aproximadamente 733.568 euros solo en 2025, con descensos significativos como el 15,36% en el ICIO y el 13,93% en el IBI rústico desde 2019.

Sin embargo, esta estrategia contrasta con incrementos sustanciales en las tasas por servicios públicos, gestionados por empresas municipales como EMACSA (agua) y SADECO (recogida de basura).

Las tasas han experimentado subidas notables: – Agua (EMACSA): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, acumulando una subida significativa en dos años. – Recogida de basura (SADECO): Aumento del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que representa una carga fiscal considerable para los hogares.

Estas subidas han generado inquietud y desconfianza en los ciudadanos, que perciben las políticas fiscales del Gobierno del P. P. como una <trampa> para los cordobeses, ya que, las reducciones de impuestos benefician principalmente a grandes contribuyentes, mientras que las subidas de tasas afectan de manera regresiva a toda la población, especialmente a los sectores más vulnerables.

2.- Análisis Detallado de las Bajadas de Impuestos.

Las reducciones fiscales aprobadas tienen un impacto limitado para la mayoría de los ciudadanos, lo que refuerza la percepción de una estrategia fiscal desigual:

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): -Reducción: Bajada del 2% en el IBI urbano para 2026, acumulando un 5,79% desde 2019. El IBI rústico acumula un descenso del 13,93%. -Impacto: Aunque beneficia a todos los propietarios de inmuebles, el ahorro medio por hogar es modesto (estimado en 2-5 euros anuales para una vivienda estándar, según cálculos de la oposición). Los mayores beneficiarios son propietarios de inmuebles con valores catastrales altos, como grandes empresas o propietarios de segundas residencias. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten en sus bolsillos, que la reducción del IBI (rústico) no compensa el aumento de tasas como la del agua o la basura, que tienen un impacto mucho mayor en los hogares de renta baja o media.

**Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE): -Reducción: Descenso del 1% en los coeficientes de situación para 2026, acumulando un 5% desde 2019. -Impacto: Solo afecta a empresas y autónomos con facturación superior a 1 millón de euros, excluyendo a la mayoría de pequeños negocios y autónomos. Esto beneficia principalmente a grandes empresas, lo que refuerza la percepción de una política fiscal favorable a los sectores más pudientes. *Críticas: La ciudadanía denuncia que el IAE no alivia la presión fiscal sobre los pequeños empresarios, que enfrentan mayores costes operativos debido a las tasas de servicios.

**Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM): -Reducción: Bajada del 2% en 2025, acumulando un 13,21% desde 2019. -Impacto: El ahorro medio es pequeño (entre 2 y 10 euros anuales por vehículo, dependiendo de la potencia fiscal). Aunque beneficia a todos los propietarios de vehículos, no compensa los incrementos en tasas de servicios esenciales. *Críticas: La mayoría de los ciudadanos sienten que el IVTM es un impuesto regresivo, ya que el ahorro es igual para todos los vehículos independientemente de su valor, lo que no favorece a los hogares con menos recursos.

**Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): -Reducción: Descenso del 2% en 2025, acumulando un 15,36% desde 2019, con una nueva bonificación del 50% para puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2026. -Impacto: Beneficia principalmente a promotores inmobiliarios, constructoras y propietarios que realizan reformas importantes. La bonificación para puntos de recarga es positiva para la transición energética, pero su alcance es limitado, ya que pocos ciudadanos invierten en este tipo de instalaciones. *Críticas: Es un hecho que la medida se percibe por los ciudadanos como elitista, ya que, no impacta a la mayoría de la población, que no realiza obras de gran envergadura.

**Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU): -Reducción: Descenso acumulado del 8,27% desde 2019, con una bonificación del 95% para transmisiones por herencia. -Impacto: La bonificación por herencias beneficia a un número significativo de familias, pero el impacto de la reducción general es limitado, ya que solo aplica en casos de transmisiones con incremento de valor. *Críticas: Aunque la bonificación por herencias es bien recibida por los cordobeses, se echan de menos medidas adicionales para apoyar a familias en situación de vulnerabilidad económica y una reducción real del impuesto de plusvalías.

**Tasa de veladores: -Reducción: Descenso del 25% para 2026, acumulando un 20% desde 2019. -Impacto: Beneficia principalmente al sector hostelero (bares y restaurantes con terrazas), pero no tiene un impacto directo en los ciudadanos comunes. *Críticas: Los cordobeses señalan que esta medida favorece solo a un sector específico, mientras las tasas de servicios esenciales, que afectan a toda la población, han aumentado significativamente.

3.- Subidas de Tasas por Servicios Públicos: Una Carga Regresiva.

Las subidas de tasas por servicios públicos, especialmente en agua y recogida de basura, han generado un fuerte malestar entre los ciudadanos y han sido calificadas como una <trampa> por varios motivos.

**Agua (EMACSA): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, lo que supone un aumento acumulado de aproximadamente el 15% en dos años. -Impacto: El recibo medio del agua para un hogar estándar (4 personas, consumo de 12 m³ al mes) ha pasado de unos 20-25 euros mensuales en 2023 a cerca de 28-32 euros en 2025, según estimaciones basadas en las tarifas de EMACSA. Esto representa un incremento de 70-100 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: La tasa del agua es fija y no varía en función de la renta, lo que afecta proporcionalmente más a los hogares de bajos ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a servicios esenciales.

**Recogida de basura (SADECO): -Incrementos: Subida del 10% en 2025, tras un 35% en 2024, lo que acumula un aumento de aproximadamente el 49,5% en dos años. -Impacto: El recibo medio de la basura para un hogar ha pasado de unos 50-60 euros anuales en 2023 a cerca de 80-90 euros en 2025, según cálculos de la oposición y asociaciones de consumidores. Esto supone un incremento de 30-40 euros anuales por hogar. *Carácter regresivo: Al igual que la tasa del agua, la tasa de basura no tiene en cuenta la capacidad económica de los hogares, afectando más a las familias vulnerables.

**Percepción de “trampa”: *La combinación de bajadas modestas en impuestos (que generan ahorros de 2-10 euros anuales por hogar en el IBI o IVTM) con subidas significativas en tasas (que incrementan los recibos en 100-140 euros anuales por hogar) crea la percepción de que el Ayuntamiento está trasladando la carga fiscal de los impuestos a las tasas. *Las tasas por servicios públicos son obligatorias y afectan a todos los hogares, independientemente de su situación económica, mientras que las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería.

*Es un hecho, que los cordobeses ven que estas subidas son una forma de compensar la pérdida de ingresos por las reducciones fiscales, lo que contradice la narrativa del gobierno local de -alivio fiscal por bajada real de impuestos y gravámenes-.

(Nota: La única verdad es que recaudación tributaria se ha duplicado en una década en Córdoba y llega a 572 millones, de forma, que la pretendida bajada de impuestos del P. P. es una entelequia.).

4.- Críticas de la Ciudadanía.

Los ciudadanos critican la política fiscal del Ayuntamiento del P. P., así:

**Falta de progresividad: –Las reducciones fiscales, como las del IBI o el IAE, benefician desproporcionadamente a los contribuyentes con mayores recursos (propietarios de inmuebles de alto valor o grandes empresas), mientras que las subidas de tasas afectan a todos por igual, incluyendo a familias de bajos ingresos. –Los ciudadanos echan de menos medidas como bonificaciones adicionales en tasas para familias numerosas, personas en desempleo o mayores con pensiones bajas, pero estas no han sido aprobadas.

**Opacidad y comunicación: –El gobierno local ha destacado las bajadas de impuestos como un logro político, pero no ha comunicado de manera transparente el impacto de las subidas de tasas. Esto ha generado desconfianza entre los ciudadanos, que perciben que los ahorros publicitados son insignificantes frente al aumento de los recibos de agua y basura. –La percepción de los ciudadanos cordobeses es que han recibido con las subidas de tasas una <puñalada fiscal>, especialmente, tras la aprobación de incrementos del 35% en la basura en 2024.

5.- Implicaciones Políticas y Sociales.

**Descontento ciudadano: – Las subidas de tasas han generado protestas y movilizaciones, especialmente entre asociaciones y colectivos vulnerables. En 2024, el Consejo del Movimiento Ciudadano organizó concentraciones para exigir la congelación de las tasas de agua y basura, sin éxito. – La percepción de una <<trampa> fiscal ha erosionado la confianza en el gobierno local, especialmente entre los sectores de renta baja y media, que no perciben los beneficios de las reducciones fiscales.

**Impacto en la equidad: -La política fiscal actual refuerza las desigualdades, ya que, las tasas por servicios públicos son regresivas y afectan más a los hogares con menos recursos. Por ejemplo, un hogar con ingresos bajos destina un porcentaje mucho mayor de su renta a pagar el agua y la basura que un hogar de renta alta. -La falta de bonificaciones específicas para colectivos vulnerables en las tasas de servicios públicos agrava esta situación.

6.- Motivaciones y Estrategia del Ayuntamiento.

El contraste entre las bajadas de impuestos y las subidas de tasas podría responder a varias motivaciones:

**Estrategia política: – Las reducciones fiscales permiten al PP presentarse como un partido que “baja impuestos”, un mensaje atractivo para su base electoral y para sectores empresariales. Sin embargo, al compensar estas reducciones con subidas de tasas, el Ayuntamiento mantiene sus ingresos sin necesidad de recortar servicios esenciales. – La narrativa de <alivio fiscal> puede ser utilizada como una herramienta de comunicación para contrarrestar las críticas por las subidas de tasas.

**Presión financiera: – Las empresas municipales como EMACSA y SADECO enfrentan costes operativos crecientes debido a la inflación, el aumento de los precios de la energía y las exigencias de normativas europeas (p. ej., en materia de reciclaje y tratamiento de residuos). Las subidas de tasas podrían ser una respuesta a estas presiones, aunque el gobierno local no ha proporcionado un desglose detallado de los costes que justifiquen incrementos tan elevados. – La reducción de impuestos, por otro lado, podría estar destinada a estimular la economía local y atraer inversiones, especialmente en sectores como la construcción y la hostelería.

7.- Implicaciones a Largo Plazo.

**Sostenibilidad financiera: – La estrategia de bajar impuestos mientras se suben tasas podría ser insostenible si los ingresos municipales no cubren los costes de los servicios públicos. Un déficit en empresas como EMACSA o SADECO podría requerir rescates financieros o recortes en otros servicios. – Es un hecho, que las reducciones fiscales podrían estar diseñadas para beneficiar a sectores específicos a corto plazo, sin una visión clara de cómo financiar las necesidades municipales a largo plazo.

**Confianza ciudadana: – La percepción de una <trampa> fiscal podría dañar la credibilidad del gobierno local, especialmente si los ciudadanos no ven mejoras tangibles en los servicios públicos que justifiquen las subidas de tasas. – La falta de medidas específicas para proteger a los colectivos vulnerables podría aumentar el descontento social y alimentar movilizaciones ciudadanas.

**Equidad y justicia fiscal: – Para mejorar la progresividad fiscal, el Ayuntamiento podría considerar bonificaciones escalonadas en las tasas de agua y basura basadas en la renta, similares a las existentes para el IBI en el caso de familias numerosas. – Una comunicación más transparente sobre los motivos de las subidas de tasas y los beneficios de las reducciones fiscales podría mitigar la percepción de “trampa”.

8.- Conclusión.

La política fiscal del Ayuntamiento de Córdoba presenta una contradicción significativa: mientras que las bajadas de impuestos (IBI, IVTM, IAE, ICIO, IIVTNU) se publicitan como un alivio fiscal, las subidas de tasas por servicios públicos (agua y basura) han generado una carga mucho mayor para la mayoría de los ciudadanos.

Las reducciones fiscales benefician principalmente a propietarios de inmuebles de alto valor, grandes empresas y sectores específicos como la hostelería, mientras que las tasas, al ser regresivas, afectan de manera desproporcionada a los hogares de bajos y medios ingresos.

Esta dinámica refuerza la percepción de una <<trampa>> fiscal, ya que, los ahorros de los impuestos (2-10 euros anuales por hogar) son insignificantes frente a los incrementos de tasas (100-140 euros anuales por hogar).

N.B. Imposición fiscal en Córdoba Capital se asemeja a una emboscada ciudadana.

Los cordobeses perciben falta de progresividad, la opacidad en la comunicación y el impacto desigual de las medidas impositivas del Ayuntamiento.

Córdoba, a 30 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Tasas en Córdoba y Provincia – Subidas (Pagan los Ciudadanos sin Recibir lo Justo)

Un grupo amplio de lectores me preguntan por la fiscalidad del Ayuntamiento de Córdoba, de los Ayuntamientos de la Provincia y de la Diputación Provincial, pues dicen que los impuestos y tasas de las Corporaciones locales (municipales y provinciales) han subido desproporcionadamente en relación con los servicios que reciben tanto en calidad como en cantidad cualificada.

La verdad es que la imposición fiscal en las Corporaciones Locales viene creciendo año tras año, sube el IBI por  el aumento del valor catastral, suben las tasas, como las del agua y la basura, sin que los ciudadanos vean mejorar los servicios, en cambio es un hecho indiscutible, que suben los gastos de personal y los gastos corrientes improductivos de las mismas, a la vez, que crecen como setas las empresas, asociaciones y chiringuitos municipales y provinciales y, además, se cubren a fondo perdido las pérdidas inexplicadas del dichos entes, algunos de ellos, fantasmas, pues nadie sabe realmente que hacen, cuanto empleados tienen, como han sido contratados y sin que nunca rindan cuentas debidamente controladas y auditadas por órganos competentes e independientes.

Así, que intentaré dar una explicación razonable empezando por las tasas municipales y provinciales, así que, es este artículo analizo las principales tasas, su incremento, las justificaciones oficiales y las críticas, ofreciendo una visión crítica, y, propuestas para los cordobeses.

Los ciudadanos de Córdoba, tanto en la capital como en la provincia, expresan su preocupación por el aumento constante de las tasas municipales y provinciales, que consideran desproporcionadas frente a la calidad y cantidad de los servicios recibidos.

<<Contexto General>>

**Aumento de Tasas y Falta de Retorno.

Las tasas municipales y provinciales, como agua y basura, han subido de forma sostenida, mientras los servicios públicos correspondientes no mejoran visiblemente.

Así mismo, los ciudadanos perciben que los incrementos financian gastos improductivos, como empresas municipales opacas o pérdidas no justificadas, en lugar de servicios proporcionales al bien común.

La falta de auditorías independientes y la percepción de mala gestión o corrupción refuerzan esta desconfianza.

<<Tasas en la Ciudad de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Sadeco): Subió un 10% en 2025, tras un 35% en 2024, acumulando un 45% en dos años. El coste medio por vivienda aumenta 24,51 euros anuales. Sadeco justifica el alza por la reducción de ingresos de Ecoembes y la Ley 7/2022, que exige financiar el 100% del servicio con tasas. Sin embargo, la oposición (PSOE, IU, Podemos) y los ciudadanos critican la falta de mejoras en la recogida y reciclaje, comparando la tasa (100-120 euros/vivienda) con ciudades como Málaga (28 euros).

**Tasa de Agua (Emacsa): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, sumando un 15% en dos años. El coste medio sube 15-20 euros anuales por vivienda. Emacsa cita la inflación, la sequía y la modernización de infraestructuras como causas, pero los ciudadanos critican la ausencia de bonificaciones para colectivos vulnerables y el peso de la cuota fija en un contexto de menor consumo.

**Otras Tasas: La limpieza viaria no registra subidas significativas, mientras que el ICIO y las tasas de actividades bajan un 2%. Las tarifas de taxis suben un 3,6%, y las de ocupación de vía pública se mantienen congeladas.

**Medidas Compensatorias: El Ayuntamiento (PP) ha reducido el IBI rústico (-13,93%), el IVTM (-13,21%) y la plusvalía (-8,27%) desde 2019, además de congelar tarifas de transporte público (Aucorsa) hasta julio de 2025. Sin embargo, estas medidas no compensan la percepción ciudadana de presión fiscal.

<<Tasas en la Provincia de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Epremasa): La Diputación propuso un aumento del 10% para 2025, pero fue rechazado, manteniendo los valores de 2024 (60-80 euros/vivienda). Epremasa justifica los costes por combustible, personal y la Ley 7/2022, pero la oposición señala que perjudicaría a municipios pequeños. La falta de reciclaje avanzado en áreas rurales alimenta críticas sobre la calidad del servicio.

**Tasa de Agua (Emproacsa): Subió un 22% en 2024, sin cambios en 2025, con un coste medio de 100-150 euros/vivienda. La sequía, los costes energéticos y la modernización de infraestructuras son las razones oficiales. Sin embargo, la inyección de 50 millones de euros por la Diputación para salvar a Emproacsa, sin exigir responsabilidades por mala gestión, genera indignación.

**Otras Tasas: Alcantarillado y depuración también subieron un 22% en 2024. Tasas viales y de servicios culturales o cementerios varían por municipio, pero no registran incrementos significativos en 2025.

<<Comparación: Ciudad vs. Provincia>>

**Ciudad: Tasas más altas (basura: 100-120 euros; agua: 150-200 euros) debido a costes urbanos, con subidas más pronunciadas (45% basura, 15% agua), pero con reducciones en otros impuestos. Sadeco y Emacsa ofrecen cierta capacidad para bonificaciones.

**Provincia: Tasas más bajas (basura: 60-80 euros; agua: 100-150 euros), pero con menos bonificaciones y autonomía limitada por la dependencia de Epremasa y Emproacsa. La subida del agua (22%) impacta más en municipios rurales.

<<Propuestas para los Ciudadanos>>

1.-Consultar bonificaciones en la Oficina Virtual Tributaria (tributos.cordoba.es) o Ayuntamientos locales.

2.-Reducir el consumo de agua y mejorar la separación de residuos para minimizar cuotas variables.

3.-Aprovechar fraccionamientos o descuentos por pago anticipado (ej. 5% en el IBI).

4.-Exigir auditorías transparentes sobre el uso de las tasas.

5.-Presionar por tarifas progresivas y sistemas de pago por generación de residuos.

<<Conclusión>>

Las tasas de basura y agua en Córdoba han subido significativamente (45% y 15% en la capital; 22% en agua en la provincia), impulsadas por la Ley 7/2022, la sequía y la inflación.

Sin embargo, la falta de mejoras visibles en los servicios y la opacidad en la gestión de empresas como Emproacsa generan una percepción de injusticia.

Los ciudadanos deben exigir transparencia y optimizar consumos mientras se implementan medidas compensatorias insuficientes.

N.B. Los ciudadanos perciben que las tasas que pagan son excesivas y que en compensación no reciben lo justo.

Sienten, además, opacidad, mala gestión y sensación de injusticia.

Córdoba, a 29 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

PROBLEMAS DE CÓRDOBA – ARTÍCULO XVII – EMPLEADOS PÚBLICOS (UN POCO DE MISTERIO)

Un grupo de lectores me pregunta sobre algo rodeado de misterio, concretamente,

¿Cuántos empleados Públicos hay actualmente en Córdoba Capital y Provincia?

Digo que es un misterio, porque los datos disponibles son contradictorios y porque  existe una falta de transparencia considerable, que impide concretar  el número de personas que cobran de las administraciones públicas y de todas sus empresas y entes mantenidas con dinero público.

Número total de empleados públicos en Córdoba Capital y en la Provincia de Córdoba

Presentamos una estimación actualizada del número total de empleados públicos en Córdoba Capital y la Provincia de Córdoba, desglosando las cifras para cada ámbito y considerando las tendencias recientes.

<<Total de empleados públicos en Córdoba Capital>>

**Estimación puntual para 2025: Considerando el crecimiento del empleo público en España (+6,8% desde 2019 a 2022) y la recuperación post-pandemia en la provincia de Córdoba (50.000 empleados públicos en 2024, según fuentes locales), se puede asumir un ligero aumento en la capital. Por lo tanto, el número total de empleados públicos en Córdoba Capital en 2025 se estima en aproximadamente 20.000 a 24.000 empleados públicos, con la siguiente distribución aproximada:

  • Funcionarios de carrera: 11.500-14.000 (58%).
  • Personal laboral: 4.800-5.500 (24%).
  • Interinos y eventuales: 4.200-4.900 (21%).
  • Cargos políticos: 250-350 (1-2%).

(Nota. En las Empresas Públicas y resto de entes públicos el número de empleados es casi secreto, aunque existe un medio infalible, que son el número de afiliaciones y  altas en la Seguridad Social, datos a los por ahora no tenemos acceso.).

<<Total de empleados públicos en la Provincia de Córdoba>>

Para la Provincia de Córdoba, los datos disponibles son más precisos. Según fuentes locales de 2024, la provincia alcanzó los 50.000 empleados públicos, la cifra más alta en una década, tras un aumento sostenido desde 2020 (47.327 en 2021, 48.687 en 2022).

Este crecimiento refleja la relajación de las restricciones de contratación post-crisis y el incremento en la contratación local y autonómica.

**Estimación para 2025: Dado el crecimiento continuo del empleo público en España (por ejemplo, +22.842 empleados en el primer trimestre de 2023, según) y la tendencia al alza en Andalucía, se estima que en 2025 la provincia de Córdoba podría tener entre 50.500 y 52.000 empleados públicos. La distribución por tipo de administración en la provincia es:

  • Junta de Andalucía: 28.300-29.000 empleados (56-57%), con énfasis en sanidad y educación.
  • Administración Local (ayuntamientos y Diputación): 11.500-12.000 empleados (23-24%).

(Nota. Aquí reside uno de los puntos más oscuros sobre el número de empleados públicos, de forma, que solo teniendo acceso a los datos de la S. S. sobre afiliaciones y altas podríamos conocer el número verdadero de trabajadores públicos en empresas, entes y chiringuitos de las corporaciones locales.).

  • Administración General del Estado: 9.300-9.500 empleados (18-19%), incluyendo fuerzas y cuerpos de seguridad (5.500).
  • Universidad de Córdoba: 1.982-2.000 empleados (4%).

**Por tipo de empleado (basado en proporciones nacionales):

  • Funcionarios de carrera: 27.000-28.000 (53-54%).
  • Personal laboral: 11.500-12.000 (23-24%).
  • Interinos y eventuales: 11.500-12.000 (23-24%).
  • Cargos políticos: 300-400 (1%).

<<Comparación entre Córdoba Capital y la Provincia>>

  • Córdoba Capital representa aproximadamente el 40% de la población provincial (319.000 de 784.000 habitantes, según INE) y concentra una parte significativa del empleo público, especialmente en administraciones locales y autonómicas. Esto explica por qué los 20.000-24.000 empleados públicos de la capital suponen cerca del 40-46% del total provincial.
  • La Provincia incluye además a los empleados públicos de otros 75 municipios, la Diputación Provincial y otras sedes autonómicas y estatales fuera de la capital, lo que eleva la cifra a 50.500-52.000.

<<Observaciones y limitaciones>>

  • Córdoba Capital: La estimación de 20.000-24.000 empleados se basa en el peso demográfico y administrativo de la ciudad, pero los datos específicos para la capital son limitados, y las cifras se derivan de proyecciones a partir de datos provinciales.
  • Provincia de Córdoba: La cifra de 50.500-52.000 es más sólida, respaldada por fuentes locales de 2024 y tendencias nacionales. Sin embargo, los datos exactos para 2025 no están disponibles, y el crecimiento proyectado asume una continuidad de las tendencias recientes.
  • No tenemos acceso a los datos de las afiliaciones y altas públicas en Córdoba y Provincia, que con seguridad nos daría una cifra exacta de su número.
  • La falta de desgloses específicos para 2025 requiere el uso de estimaciones.

<<Conclusión>>

  • Córdoba Capital: Entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en 2025, incluyendo funcionarios de carrera, personal laboral, interinos y cargos políticos, con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba como principales empleadores.
  • Provincia de Córdoba: Entre 50.500 y 52.000 empleados públicos en 2025, con una distribución similar por tipo de empleado y administración.

N.B. Aquí tenemos un problema lleno de misterio entorno al número de empleados públicos en Córdoba y Provincia, de manera, que solo podemos hacer estimaciones ante la carencia de datos oficiales, pero con una advertencia, si cometemos algún error siempre será porque calculamos de menos nunca de más.

La opacidad en los datos sobre el empleo público en Córdoba sigue siendo un misterio. Aunque estimamos entre 20.000 y 24.000 empleados públicos en la Capital y 50.500 a 52.000 en la Provincia para 2025, la ausencia de información oficial detallada dificulta conocer con precisión el impacto real de estas cifras en la administración y la economía local.

Córdoba, 6 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Problemas de Córdoba V – Gasto Público Innecesario (Inversión o Gasto Improductivo)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo al Gasto Público Innecesario, porque parece que las Instituciones Públicas en Córdoba (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos) dedican cada vez más dinero público a gastos superfluos e improductivos que a la inversión real.

Quinto Artículo. Gasto Público Innecesario.

El gasto público innecesario se refiere a aquellos desembolsos realizados por las Instituciones Públicas, sus empresas y entes varios, que no generan un beneficio relevante para la sociedad, carecen de eficiencia o no cumplen con los principios de austeridad y racionalidad en la gestión de los recursos públicos. Esta realidad tan extraordinaria es un problema repetido en España a todos los niveles del poder público (Estado, CC.AA, Diputaciones y Ayuntamientos), donde la ineficiencia en el gasto público limita y/o impide el desarrollo económico, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios públicos esenciales.

El gasto público innecesario incluye partidas presupuestarias que no generan un retorno adecuado en términos de bienestar social, productividad o desarrollo económico.

<<Características principales del gasto innecesario>>

*Duplicidad de funciones: Contratación de servicios que las entidades públicas podrían realizar internamente.

*Gastos superfluos: Publicidad excesiva, eventos promocionales o contratos de servicios no esenciales.

*Ineficiencias administrativas: Burocracia excesiva, estructuras gubernamentales sobredimensionadas y procesos redundantes.

*Subsidios mal orientados: Transferencias a sectores o personas que no los necesitan, como subsidios energéticos que benefician a no pobres.

*Gastos hormiga: Pequeños desembolsos recurrentes que, al acumularse, representan sumas significativas.

*Contratación de asesores políticos en aumento continuo, que se superponen al trabajo de los funcionarios o empleados públicos de las instituciones que se gobiernan.

El gasto público innecesario en la provincia de Córdoba, refleja un desafío común en la gestión de recursos públicos a nivel local y provincial, donde las ineficiencias, duplicidades y gastos superfluos limitan la capacidad de financiar servicios esenciales y proyectos de desarrollo.

<<Gasto Público en la Provincia de Córdoba>>

La provincia de Córdoba, sita en Andalucía, depende del gasto público del gobierno central, del gasto público gestionado por el gobierno autonómico y de los presupuestos municipales y provinciales (Diputación de Córdoba).

En Córdoba, el gasto público incluye partidas gestionadas por el Gobierno Central, por la Junta de Andalucía, por la Diputación Provincial y por los Ayuntamientos, como el de la ciudad de Córdoba. Aunque no hay datos específicos recientes sobre el gasto público innecesario exclusivo de la provincia, análisis generales sobre España, como el del Instituto de Estudios Económicos (IEE), identifican ineficiencias que superan los 60.000 millones de euros a nivel nacional, incluyendo áreas como burocracia excesiva, subsidios mal focalizados y gastos administrativos redundantes. Estas ineficiencias son aplicables a nivel provincial, especialmente en regiones con estructuras administrativas complejas como Andalucía, reflejándose en Córdoba y Provincia.

Ejemplos de gasto potencialmente innecesario en Córdoba:

-Publicidad y promoción: Gastos en campañas publicitarias no esenciales o eventos promocionales innecesarios.

-Burocracia repetida o doble: Duplicidad de funciones entre la Diputación, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía.

-Subsidios desenfocados o mal orientados: Programas de transferencias que no priorizan a los sectores más necesitados, como subsidios agrícolas o energéticos que benefician a grandes empresas en lugar de pequeños productores.

-Contratación de asesores políticos en aumento continuo, que se superponen al trabajo de los funcionarios o empleados públicos de las instituciones que se gobiernan, que implican carga de personal redundante y claramente prescindible.

<<Impacto del Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

El gasto público ineficiente en la provincia de Córdoba tiene consecuencias directas en el desarrollo económico y social:

*Limitación de inversión en infraestructura: Córdoba, con un PIB per cápita inferior a la media nacional (alrededor de 18.000 euros frente a 30.000 euros nacionales en 2023), necesita priorizar inversiones en sectores como turismo, agricultura y energías renovables, pero los gastos innecesarios reducen los recursos disponibles.

*Desigualdad social: Los subsidios mal diseñados pueden beneficiar a sectores de mayores ingresos, dejando a comunidades vulnerables, como las zonas rurales de la Sierra de Córdoba, con menos apoyo.

*Déficit fiscal local: La Diputación y los ayuntamientos enfrentan restricciones presupuestarias, agravadas por gastos superfluos que limitan la capacidad de financiar servicios esenciales como sanidad, educación, transporte o promoción del empleo.

*Pérdida de competitividad: La burocracia excesiva desincentiva la inversión privada en sectores clave como el turismo, que representa una parte significativa de la economía cordobesa.

<<Causas del Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

Las principales causas identificadas incluyen:

-Falta de coordinación administrativa: La superposición de competencias entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos genera duplicidades. Por ejemplo, los servicios culturales o de promoción turística pueden estar gestionados por múltiples entidades sin una estrategia unificada.

-Gastos en promoción y publicidad: Aunque no hay datos específicos, en Córdoba y Provincia campañas de promoción turística o eventos culturales están sobredimensionados.

-Burocracia en aumento constante: Es un hecho patente, que el empleo público en España creció cuatro veces más que el privado en los últimos años, y, en Córdoba, esto puede traducirse en estructuras administrativas duplicadas en la Diputación o ayuntamientos.

-Falta de transparencia: La opacidad en la gestión de contratos y subvenciones facilita gastos ineficientes y en subvenciones “fantasma”. Por ejemplo, la subvención al concierto de Luis Miguel, que se vendió falsamente como un acto de promoción de Córdoba, disfrazado de patrocinio.

-Rigidez presupuestaria: Gran parte del presupuesto de la Diputación Provincial, de Córdoba Capital y de los Ayuntamiento en la provincia está comprometido en gastos fijos (personal, transferencias sociales y gastos superfluos), limitando la inversión real necesaria  y la flexibilidad para reasignar recursos.

<<Estrategias para Corregir el Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

Propuestas concretas para optimizar el gasto público en la provincia de Córdoba, adaptadas al contexto local y basadas en prácticas que han resultad rentables, así:

**Optimización de la Gestión Presupuestaria.

-Auditorías regulares: Implementar revisiones periódicas del gasto por parte de la Diputación y la Junta de Andalucía, similares a las realizadas en otras ciudades, que ahorraron millones al eliminar contratos redundantes.

-Digitalización de compras públicas: Adoptar plataformas electrónicas de contratación para aumentar la transparencia y reducir costos en licitaciones.

-Presupuestos basados en resultados: Priorizar partidas que generen impacto medible, como proyectos de turismo sostenible en la Mezquita-Catedral o el desarrollo rural en la Subbética.

**Reducción de Estructuras Burocráticas

-Coordinación interinstitucional: Crear un consejo provincial que alinee las competencias de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, eliminando duplicidades en servicios como promoción turística o mantenimiento de infraestructura.

-Racionalización del empleo público: Limitar el crecimiento del personal administrativo, enfocándose en contratar perfiles técnicos para proyectos de alto impacto, como energías renovables en la provincia.

-Eliminación de contratos repetidos: Revisar contratos de consultoría y servicios externos que podrían ser asumidos por personal interno.

**Mejora en la distribución de Subsidios

-Reorientación de transferencias: Dirigir subsidios agrícolas y energéticos hacia pequeños productores y comunidades rurales, como las de la Sierra de Hornachuelos, en lugar de grandes empresas.

-Evaluación de programas sociales: Implementar sistemas de monitoreo para garantizar que los fondos lleguen a los beneficiarios previstos, reduciendo filtraciones estimadas en un 2-5% del gasto en transferencias a nivel general.

**Aumento constante de la Transparencia

-Plataformas de datos abiertos: Publicar los presupuestos y gastos de la Diputación y los ayuntamientos en portales accesibles, como el de datos.gob.es, para fomentar la supervisión ciudadana.

-Fortalecimiento de organismos fiscalizadores: Dotar a la Cámara de Cuentas de Andalucía de mayores recursos para auditar el gasto provincial.

-Sanciones por malgasto: Establecer consecuencias claras para casos de corrupción o ineficiencia, como los que sean identificados como subvenciones “fantasma”.

**Incentivos a la Eficiencia

-Negociación de contratos: Revisar contratos de servicios, como los de mantenimiento de edificios públicos, para negociar precios más bajos.

-Promoción de inversión privada: Reducir la burocracia para atraer inversión en sectores clave como el turismo (Patios de Córdoba, Medina Azahara) y la agroindustria, inspirándose en Madrid, donde una menor presión fiscal generó 40.000 millones de euros adicionales.

-Austeridad en publicidad: Limitar el gasto en campañas promocionales, priorizando estrategias digitales de bajo costo.

**Educación y Capacitación

-Capacitación de funcionarios: Formar al personal de la Diputación y ayuntamientos en gestión presupuestaria eficiente, con énfasis en evaluación de impacto.

-Concienciación ciudadana: Fomentar la participación de la sociedad cordobesa en la vigilancia del gasto público, a través de asociaciones locales y plataformas digitales.

<<Recomendaciones Específicas para Córdoba>>

*Auditoría provincial exhaustiva: La Diputación de Córdoba debe realizar una auditoría detallada de sus partidas presupuestarias, identificando gastos en publicidad, viáticos, contratos redundantes y subvenciones a fondo perdido a empresas públicas en la ruina por administraciones manirrotas,  inspirándose en los 60.000 millones de euros de ineficiencias detectadas a nivel nacional.

*Plataforma de compras públicas: Implementar un sistema electrónico de contratación para toda la provincia, basado en modelos que han demostrado su eficiencia.

*Focalización de subsidios agrícolas: Reorientar los apoyos al sector olivarero hacia pequeños productores, promoviendo la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

*Coordinación turística: Unificar la promoción turística de la Mezquita-Catedral, Medina Azahara y los Patios bajo una estrategia provincial para evitar duplicidades.

*Inversión en infraestructura rural: Reasignar ahorros de gastos innecesarios a proyectos de conectividad en zonas como la Subbética o el Valle del Guadiato.

*Participación ciudadana: Crear un portal de transparencia provincial que permita a los cordobeses supervisar el gasto público en tiempo real.

<<Conclusión>>

El gasto público innecesario en la provincia de Córdoba, aunque no está cuantificado de manera específica en los datos disponibles, dada la falta de transparencia real, refleja problemas estructurales comunes en España, como la burocracia excesiva, la falta de coordinación administrativa y los gastos superfluos en publicidad o eventos. Estas ineficiencias limitan la capacidad de la provincia para financiar proyectos clave en turismo, agricultura y desarrollo rural, sectores vitales para su economía. Mediante auditorías regulares, digitalización, transparencia y una mejor focalización de los recursos, Córdoba puede optimizar su gasto público, generando ahorros significativos sin comprometer los servicios esenciales. La experiencia de regiones como Madrid demuestra que es posible lograr una gestión eficiente, siempre que se priorice la austeridad, la planificación estratégica y la participación ciudadana.

(Nota. Vuelvo a señalar un cuestión previa de vital importancia, que es el dinero para realizar las inversiones necesarias, y, una de las formas de encontrar ese dinero es reducir el gasto público superfluo, de forma, que lo digo claro, precisamos el dinero suficiente y no pararemos de decirlo hasta conseguirlo, advirtiendo que desde Córdoba Abierta -ACOA- lucharemos ante cualquier desigualdad discriminatoria para Córdoba.).

N.B.  El Problema de Córdoba en el Gasto Público reside en que existe un crecimiento continuo de un gasto innecesario en detrimento de las inversiones reales y el gasto productivo, porque  parece que las Instituciones Públicas en Córdoba (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos) dedican más a los gastos superfluos improductivos que a la inversión real

El Problema del Gasto Innecesario es quizás, uno de los asuntos olvidados, de forma, que parece que las Instituciones Públicas (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y los Ayuntamientos) pasan de largo, cuando el futuro está, sin duda, en una buena administración con todo lo que ello supone.

Es urgente solucionar este problema y eso solo es posible con la existencia inmediata de inversiones para desarrollar todo nuestro potencial económico y social, de manera, que desde Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje urgente: Reducción inmediata del gasto público innecesario.

Córdoba, a 6 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Letrados públicos – Defendiendo al que gobierna (Quien paga manda)

Esta vez unos lectores me lo ponen difícil de explicar, pues me preguntan, ¿por qué los letrados públicos están al servicio de los políticos que gobiernan, siempre y en todo lugar?

La verdad es que es difícil de explicar ciertas actuaciones de la fiscalía, de la abogacía del estado, de los letrados varios de CC.AA, Corporaciones Locales, Seguridad Social y resto de instituciones públicas, cuando se encuentran defendiendo a un político del partido político que gobierna la institución pública a que pertenecen o a algunos de sus asesores y allegados.

En principio les respondo con una pregunta: Si un político de un partido político que gobierna una institución por mayoría absoluta incumple la ley y dicta una resolución injusta,

¿debe ser defendido por los letrados públicos de la institución a la que pertenece?

En España en todos los niveles de las administraciones públicas se están dando casos donde el político de turno (y sus allegados ideológicos) en vez de acudir a un abogado particular, se escuda en su cargo para usar y abusar de la utilización de los letrados públicos que pagamos todos los españoles.

En este caso sobran las explicaciones, pues todos entienden lo que se expone, ya que, mientras el ciudadano de a pie paga sus letrados y procuradores, el político en muchos o menos casos utiliza un servicio público que pagamos todos.

No les basta a ciertos políticos con estar aforados y con un escudo legal de protección, sino que, además, utilizan descaradamente servicios públicos, que deberían estar solo para defender el bien común y el interés general.

En definitiva, lo que decimos y que se da en la práctica diaria, es un abuso manifiesto de un servicio público en beneficio de un interés particular. Dicho de otra forma, el uso de recursos públicos para defender actos presuntamente ilícitos es un abuso de poder. 

El abuso de poder ocurre cuando una autoridad o funcionario público utiliza sus competencias de manera arbitraria, excesiva o contraria al interés general, vulnerando los principios de legalidad, imparcialidad y buena administración establecidos en el ordenamiento jurídico. En el ámbito de las administraciones públicas, este concepto se relaciona con actos que exceden las atribuciones legales, persiguen fines personales o perjudican a los ciudadanos de forma injustificada.

En España este abuso de poder se manifiesta cuando se usan  recursos públicos (como letrados) para fines privados o indebidos.

¿Hay alguien que no conozca algún caso donde ocurre lo que decimos?

Todo lo dicho tiene consecuencias sociales y políticas, de un lado produce pérdida de confianza en las instituciones, y, de otro lado, desigualdad en el acceso a derechos, al favorecer a unos sobre otros.

Los políticos bordean el cumplimiento de la ley, parapetándose, además, sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables y en defensas públicas del patrimonio común de los españoles, destacándose, que si los responsables de resoluciones ilegales saben que contarán con defensa pública gratuita, se reducirá el incentivo para actuar conforme a la ley, de forma, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa de una sociedad civil (que está despertando a fuerza de sacudidas y de todo tipo de desafueros)  y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.

Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace, por ejemplo, que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora, a mayor inri, solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.

Visto lo visto, es urgente un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social,  económica y política inmediata, vamos directos a una situación de explosionamiento de la Constitución con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa pacífica, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa, nos someterán cautivos y callados.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Es un hecho patente, que los Letrados públicos defienden al que gobierna en casos de ilegalidad manifiesta, porque se acepta indebidamente, que “quien paga manda”, aunque, lo único cierto es que el dinero no es suyo, es de los españoles, en definitiva, del Pueblo que se dice soberano.

 A mayor inri, dada la falta de transparencia y de que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe esa carcoma perversa del apoderamiento de lo público en beneficio de un interés particular espurio, que, además, se autoreproduce y aumenta sin control.

Así mismo, todo lo dicho tiene consecuencias sociales y políticas, de un lado produce pérdida de confianza en las instituciones, y, de otro lado, desigualdad en el acceso a derechos, al favorecer a unos sobre otros.

Por si faltara algo, en España está naciendo un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.

Córdoba, a 14 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.