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Suciedad – basura y roedores – (Limpieza y salud pública en el espacio urbano)

La situación de la limpieza urbana y la proliferación de roedores en Córdoba ha alcanzado un máximo negativo, transformándose de una evidente falta de mantenimiento en una alarma sanitaria. Ante el progresivo deterioro y el abandono percibido de la Ciudad las quejas ciudadanas se oyen en los lugares públicos denunciando la suciedad y la falta de limpieza en las calles y plazas.

**El problema actual se vertebra sobre dos factores estrechamente vinculados que se retroalimentan de forma constante: *el declive de la gestión de residuos urbanos y *la consiguiente dispersión de plagas a la superficie.

1.- El deterioro de la limpieza urbana y el «efecto llamada».

Vecinos, colectivos y asociaciones coinciden en denunciar un empeoramiento progresivo en la recogida de residuos por parte de la empresa municipal de saneamiento, Sadeco.

***Las principales deficiencias denunciadas se agrupan en tres vertientes:

<-Contenedores desbordados: Es habitual encontrar bolsas de basura acumuladas en el suelo durante días junto a los puntos de recogida habituales.

<-Falta de mantenimiento generalizado: Calles enteras en diversos barrios de la ciudad pasan jornadas consecutivas sin barrer, lo que  sumado a papeleras permanentemente saturadas y a las altas temperaturas estacionales, genera olores nauseabundos persistentes en las vías públicas.

<-Efecto llamada: La presencia constante de desperdicios orgánicos expuestos en las aceras funciona como el escenario idóneo para la atracción y alimentación masiva de plagas.

2.- Proliferación de roedores.

La presencia de ratas en el entorno urbano ha dejado de ser un hecho aislado o confinado al subsuelo de la red de alcantarillado, ya que, el avistamiento de ejemplares a plena luz del día en calles céntricas, plazas y parques es constante.

***Desde el sector de la sanidad ambiental, entidades como la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) explican que las ciudades españolas se enfrentan a una coyuntura extremadamente compleja:

1.- Aumento global de las temperaturas: El clima cada vez más cálido prolonga los ciclos biológicos de reproducción de las especies.

2.- Restricciones normativas: Las directivas europeas restringen de forma estricta el uso de los venenos químicos tradicionales (anticoagulantes).

3.- Resistencia biológica: Las poblaciones de roedores están desarrollando inmunidad a los principios activos empleados habitualmente.

<<La postura oficial vs. las críticas>>

Ante las quejas vecinales, Sadeco sostiene que mantiene activo un plan de control de plagas que monitoriza más de 18 000 puntos críticos en la ciudad -incluyendo la red de alcantarillado, zonas verdes y solares-. Según la empresa municipal, se emplean nuevos tratamientos y geles específicos diseñados para frenar la reproducción de roedores e insectos. Sin embargo, colectivos vecinales y asociaciones consideran que estas intervenciones en el subsuelo son estériles si no se ataja el foco principal en superficie: La acumulación incontrolada de basura.

3.- Un foco de máxima alerta – (Los Jardines de la Agricultura -El Parque de los Patos-).

El epicentro de la indignación ciudadana se sitúa de forma unánime en los Jardines de la Agricultura, conocidos popularmente como el Parque de los Patos, ya que,  este espacio familiar, frecuentado diariamente por menores y mascotas, reúne las condiciones óptimas para convertirse en un hábitat ideal para las plagas: <-Agua constante, vegetación densa y una fuente inagotable de alimento (tanto por los residuos descuidados como por la arraigada costumbre ciudadana de arrojar pan a las aves).>

Los ejemplares avistados no son pequeños roedores de campo, sino ratas pardas y negras de gran envergadura, pues debido a la ausencia de depredadores urbanos y al exceso de recursos, han alcanzado tamaños considerables y han desarrollado sinantropía: Han perdido por completo el miedo a los seres humanos, transitando con total impunidad por los paseos y zonas de césped.

<<Riesgo vs. infancia>>

Cuando una plaga invade un parque infantil, el problema escala de una queja por suciedad a una crisis real de salud pública, y, no es admisible postergar las soluciones basándose en tratamientos estándar a largo plazo. Las ratas actúan como vectores de transmisión de patologías graves como la leptospirosis y la salmonelosis, además de portar parásitos. El riesgo de mordeduras o de contacto directo con excrementos en áreas de juego infantil exige medidas de choque urgentes.

4.- El pasillo de la Avenida de Cervantes.

La prueba más irrefutable de la ineficacia de las actuaciones aisladas es el trasiego diario visible en la cercana Avenida de Cervantes, ya que, a la vista de los transeúntes y obviando el tráfico rodado, las ratas cruzan de forma continua la acera desde los parterres y arbustos del parque -donde se refugian y construyen sus madrigueras- hacia las islas de contenedores de la avenida para alimentarse.

Este flujo constante evidencia fallos estructurales que requieren una intervención perimetral urgente:

<-Contenedores como imán: Al tratarse de una arteria principal con alta actividad, el volumen de residuos es elevado. Los contenedores no herméticos o las bolsas depositadas fuera de ellos actúan como un reclamo permanente.

<-Comportamiento desinhibido: La impunidad con la que los animales cruzan entre su “madriguera” (el parque) y su “restaurante” (los contenedores) confirma que la población de roedores ha superado el umbral ordinario de control.

5.- Medidas de choque propuestas para cortar el problema de raíz.

Los expertos en sanidad ambiental señalan que las soluciones actuales no pueden limitarse a colocar raticidas en las alcantarillas, razón por la que para un espacio de alta sensibilidad como los Jardines de la Agricultura, se proponen las siguientes líneas de actuación inmediata:

<-Zonas de exclusión y vallado selectivo temporal: Clausura inmediata y precintado de parterres o focos activos de madrigueras adyacentes a las zonas de columpios para aplicar tratamientos de erradicación agresivos sin poner en riesgo a los niños.

<-Sustitución por mobiliario hermético: Retirada de las papeleras abiertas tradicionales del parque e instalación de contenedores urbanos estancos, antivandálicos y antiplagas para bloquear el acceso a los restos de comida.

<-Prohibición estricta de alimentar a la fauna urbana: Campaña informativa rigurosa acompañada de señalización explícita y un régimen sancionador estricto para evitar el aporte calórico extra que proporciona el pan arrojado a las aves.

<-Trampeo inteligente y seguro: Al tratarse de un área con concurrencia infantil y de animales de compañía, se debe priorizar el despliegue de cajas de trampeo masivo seguro (mecánico o digital), fijadas al terreno y ocultas, evitando la dispersión indiscriminada de raticidas químicos.

<<Conclusión – (El deber de la Administración).

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la Administración Pública ostenta la competencia exclusiva y el deber inexcusable de garantizar la seguridad, la salubridad y la higiene de las vías y espacios públicos de forma prioritaria. Las deficiencias en la prestación del servicio esencial de recogida de residuos conllevan una vulneración directa de estas obligaciones.

La presión vecinal unificada y la formalización de denuncias en el registro del Ayuntamiento son, en este momento, las herramientas legítimas esenciales para forzar al consistorio a declarar una actuación de urgencia en los Jardines de la Agricultura y su entorno perimetral.

La inacción administrativa no es una opción cuando lo que está en juego es evitar un percance sanitario mayor en la población, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

N. B. Imagen.

Córdoba, a 30 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

CÓRDOBA 2026 – ECONOMÍA – (Desaceleración, fragilidad productiva, despoblación y oportunidades de transformación en una economía de transición)

1.- Resumen.

La economía de la provincia de Córdoba ha empezado 2026 con una clara pérdida de impulso. Las estimaciones disponibles sitúan el crecimiento del PIB provincial en el 1,6%, por debajo de la media andaluza del 2,0%, lo que vuelve a colocar a Córdoba entre las provincias con menor dinamismo de la Comunidad Andaluza. Este enfriamiento se produce tras un 2025 en el que la provincia ya había crecido menos que Andalucía, y en un contexto donde el mercado laboral presenta una señal especialmente preocupante: Córdoba fue la única provincia andaluza en la que disminuyó la ocupación al cierre de 2025.

Sin embargo, el problema de fondo no es solo coyuntural, ya que, la desaceleración de 2026 actúa como una prueba de esfuerzo que revela tres debilidades estructurales: *Elevada exposición al ciclo agrario y climático, *escasa densidad industrial transformadora y *dependencia de infraestructuras de conectividad con limitada capacidad de sustitución ante incidencias graves. A este cuadro se suma una cuarta variable crítica y silenciosa: *la crisis demográfica y *la despoblación interior, que drenan capital humano en las comarcas rurales y cronifican el desequilibrio territorial.

Aun así, la Provincia conserva activos relevantes para una estrategia de reequilibrio:

“Fortaleza exportadora, dinamismo relativo del mercado de vivienda, centralidad geográfica y potencial de especialización en agroindustria avanzada, logística interior y turismo cultural de mayor valor añadido”.

2.- Marco económico – (de la desaceleración global al impacto provincial).

El contexto macroeconómico en el que opera Córdoba es claramente menos expansivo que el de años anteriores. Analistas Económicos de Andalucía prevé una moderación del crecimiento andaluz hasta el 2,0% en 2026, en un escenario marcado por tensiones comerciales, incertidumbre geopolítica y menor tracción del ciclo internacional. En el plano internacional, la OCDE anticipaba ya una ralentización del crecimiento mundial al 2,9% en 2026, con comercio e inversión afectados por la incertidumbre y por perturbaciones en costes energéticos y cadenas de suministro.

Para Córdoba, este escenario externo tiene un efecto asimétrico, porque la Provincia no está entre las economías andaluzas más abiertas ni más intensamente industrializadas, lo que reduce parcialmente su exposición directa a ciertos shocks del comercio internacional, aunque esa menor apertura no constituye una ventaja estructural, sino más bien un síntoma de su menor sofisticación productiva. En consecuencia, Córdoba resiste algo mejor ciertos vaivenes globales, pero crece desde una base menos robusta y con menor capacidad de capturar las fases expansivas del ciclo.

Esta falta de dinamismo estructural correlaciona directamente con la emigración de talento joven hacia polos regionales más atractivos, agravando el envejecimiento demográfico de la provincia.

3.- Factores de impacto.

3.1.- Clima, costes e incertidumbre.

Las previsiones para 2026 ya incorporan el efecto de las inundaciones y del tren de borrascas de comienzos de año sobre la actividad regional, con especial incidencia en territorios donde el sector agrario sigue teniendo peso relevante. En una provincia como Córdoba, esta sensibilidad climática tiene un efecto multiplicador: “No solo afecta a cosechas y rendimientos, sino también a renta agraria, empleo temporal, demanda local y actividad de industrias auxiliares”.

A ello se suma la presión de costes. El informe de Analistas Económicos de Andalucía advierte de que la energía sigue siendo una de las principales fuentes de riesgo para la actividad, dentro de un escenario internacional marcado por elevada incertidumbre. En una provincia con fuerte presencia agroalimentaria, cualquier encarecimiento persistente de energía, agua, transporte o fertilizantes no impacta de forma marginal, sino que deteriora directamente los márgenes empresariales y limita la inversión de modernización. El carácter estacional y precario del empleo derivado de esta vulnerabilidad climática y de costes acelera el abandono de las zonas rurales, ya que, las familias buscan una mayor estabilidad residencial y económica en entornos urbanos.

3.2.- El accidente ferroviario de Adamuz.

El accidente de Adamuz introdujo un shock extraordinario sobre la conectividad andaluza y sobre la percepción de fiabilidad del ferrocarril. Diversas informaciones apuntan a cancelaciones, alteraciones de itinerarios y caída de reservas ferroviarias tras el siniestro, con descensos de demanda de billetes de entre el 16% y el 30% en las semanas posteriores. Ello refuerza la idea de que la conectividad ferroviaria es un activo económico crítico para Córdoba, tanto por su función turística como por su papel de articulación territorial.

No obstante, conviene afinar el análisis. Los datos de coyuntura hotelera de enero y del conjunto de 2025 muestran que el impacto turístico provincial no fue lineal ni devastador en todos los indicadores: En 2025 la provincia cerró con 1.162.915 viajeros, un 0,7% más que en 2024, aunque las pernoctaciones descendieron ligeramente hasta 1.990.921; y, además, en enero de 2026 el retroceso de viajeros fue moderado respecto a enero de 2025.

La conclusión más rigurosa no es que Adamuz “hundiera” por sí solo el turismo cordobés, sino que evidenció la fragilidad de un modelo demasiado dependiente de un corredor de movilidad muy concreto y afectó a confianza, reservas y normalidad operativa en un momento delicado. Este aislamiento coyuntural recuerda la histórica brecha de infraestructuras secundarias en el norte y sur de la provincia, factor determinante para la desconexión socioeconómica de los municipios rurales y su consecuente sangría demográfica.

4.- Análisis estructural – (los límites del modelo cordobés y la brecha demográfica).

La principal debilidad de Córdoba no reside en sufrir shocks, sino en sufrirlos con una estructura productiva menos diversificada que otras provincias andaluzas. Mientras el crecimiento andaluz reciente ha descansado en mayor medida en servicios, industria, inversión y cierta capacidad exportadora, Córdoba sigue más expuesta al comportamiento del campo y a actividades de menor productividad relativa. Esa composición sectorial explica por qué la provincia queda rezagada en las fases de expansión y muestra menor capacidad de absorción ante perturbaciones simultáneas.

**El mercado laboral confirma ese problema de calidad estructural. Al cierre de 2025, Córdoba contaba con 318.000 ocupados y una tasa de paro del 17,0%, por encima de Andalucía (14,7%) y muy por encima de España (9,9%), siendo una de las tasas más altas de la comunidad. Dicho de otro modo: <-El crecimiento provincial no solo es bajo, sino además insuficiente para traducirse en una mejora laboral comparable a la del entorno->.

**Esta debilidad del mercado laboral guarda una relación de retroalimentación simbiótica con la despoblación. El éxodo rural hacia la capital cordobesa o hacia el exterior de la provincia genera un fenómeno de doble velocidad:

*Desvitalización rural: Los municipios medianos y pequeños pierden masa crítica de consumidores y trabajadores cualificados, lo que provoca el cierre de comercios, la pérdida de servicios esenciales (sanidad, educación) y la falta de relevo generacional en el campo e industria local.

*Fuga de capital humano: Al ser Córdoba la única provincia andaluza que destruyó empleo al cierre de 2025, la población joven con alta cualificación emigra de forma estructural, restando masa crítica para la innovación y reduciendo de forma alarmante la tasa de natalidad provincial.

También aparece un sesgo interpretativo importante en la aparente convergencia con Andalucía. Si Córdoba reduce muy levemente distancia relativa en ciertos escenarios de desaceleración, ello no responde necesariamente a una ganancia de competitividad propia, sino a que otras provincias más dinámicas pueden verse más penalizadas por shocks externos en determinados momentos. Esa convergencia por menor caída ajena no equivale a convergencia real en productividad, empleo cualificado, innovación o renta disponible; como tampoco maquilla la pérdida continuada de peso demográfico de la provincia en el conjunto regional.

5.- Elementos de resiliencia infrautilizados.

Aunque el cuadro general es exigente, Córdoba no parte de cero. En 2025 las compraventas de viviendas crecieron un 19,4%, por encima de la media andaluza, y las exportaciones de bienes aumentaron un 3,3%, alcanzando además un récord histórico provincial según la información publicada sobre el cierre del ejercicio. Estos datos indican que existen focos de tracción económica que pueden servir de base para una estrategia menos dependiente del ciclo agrario tradicional.

Además, el turismo cordobés presenta un rasgo relevante: Mantiene capacidad de atracción de viajeros, pero muestra una estancia media contenida y una fuerte concentración en la capital, lo que limita el efecto arrastre sobre el conjunto provincial.

La innovación, por tanto, no pasa solo por más turismo, sino por un turismo distinto: *Más distribuido territorialmente, *más vinculado a patrimonio, gastronomía, congresos, cultura y experiencias de mayor gasto medio. Esta redistribución del flujo turístico es una herramienta idónea contra la despoblación, ya que, puede inyectar rentas complementarias y fijar empleo estable en comarcas deprimidas como Los Pedroches, el Guadiato o la Subbética.

6.- Propuesta innovadora – (de provincia vulnerable a nodo de especialización inteligente y repoblación económica)

La modernización de Córdoba exige abandonar una visión puramente defensiva y pasar a una estrategia de especialización inteligente, de forma, que la Provincia puede posicionarse en cuatro vectores complementarios:

<-Agroindustria avanzada: No solo producción agraria, sino transformación, trazabilidad, regadío inteligente, valorización de subproductos, biotecnología aplicada y reducción de dependencia de insumos volátiles. Este vector busca profesionalizar y hacer atractivo el sector agrario para arraigar a los jóvenes en sus comarcas de origen.

<-Logística interior resiliente: Aprovechar su posición geográfica para reforzar nodos intermodales, almacenamiento, distribución agroalimentaria y planes de contingencia ante incidencias ferroviarias. La vertebración logística debe concebirse como un elemento de cohesión que conecte las comarcas más aisladas con los grandes ejes de transporte.

<-Turismo cultural de alto valor: Aumentar estancia media, diversificar producto más allá del excursionismo y conectar capital y provincia mediante rutas patrimoniales, naturaleza, vino, aceite y calendario congresual.

<-Industria tecnológica vinculada a sectores locales: Energía distribuida, digitalización del agua, automatización agroalimentaria, sensórica y servicios avanzados para pymes. La digitalización y el teletrabajo en sectores de servicios avanzados abren la puerta a la atracción de nuevos residentes hacia el entorno rural.

La clave innovadora consiste en conectar sectores tradiciones con capas tecnológicas y de conocimiento. Córdoba no necesita copiar el modelo de Málaga o Sevilla para mejorar su posición relativa, sino que necesita convertir sus ventajas existentes en cadenas de valor más largas, más exportables, menos vulnerables al clima o a incidentes puntuales de conectividad, y, capaces de generar un ecosistema habitable y próspero que revierta la tendencia demográfica contractiva.

<<Propuestas y recomendaciones>>

1.- Blindar el sector primario con riego eficiente, agricultura de precisión, seguros mejor diseñados, diversificación varietal y reducción de dependencia energética y química.

2.- Crear una agenda provincial de agroindustria para que más valor añadido se quede en Córdoba, mediante transformación, envasado, innovación alimentaria y comercialización exterior, priorizando la instalación de plantas transformadoras en los municipios rurales con mayores tasas de emigración.

3.- Reforzar la resiliencia logística, con protocolos de contingencia ferroviaria, mejora de conexiones por carretera y planificación de alternativas para turismo y mercancías ante disrupciones.

4.- Replantear la política turística hacia mayor estancia media, desconcentración territorial y oferta menos dependiente del acceso rápido de fin de semana, estructurando proyectos singulares que dinamicen las economías locales del interior de la provincia.

5.- Priorizar empleo, productividad y reto demográfico, no solo el crecimiento agregado, porque el verdadero rezago cordobés aparece *en la debilidad de la ocupación, *en la persistencia de una tasa de paro elevada y *en el envejecimiento del censo.

Las políticas económicas y los incentivos fiscales deben orientarse a la creación de empleo cualificado en el entorno rural como pilar básico para la retención y atracción de población.

N.B. Imágenes. Córdoba – Recomendaciones – Despoblación.

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Imagen. 2.-

Córdoba, a 28 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

NEPOTISMO Y CORRUPCIÓN SISTÉMICA – DOCTRINA PENAL – (De la alta política al ámbito municipal)

Análisis doctrinal a la luz de la Causa Especial 20775/2020 y la realidad de la contratación arbitraria local.

I.- Introducción y marco de referencia.

La reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada el 22 de junio de 2026 en la Causa Especial 20775/2020, constituye un pronunciamiento de notable relevancia en la delimitación dogmática de los delitos contra la Administración Pública y en la concreción de sus fronteras respecto de las prácticas de corrupción vinculadas al ejercicio del poder político. Más allá de su dimensión mediática, su interés estrictamente jurídico reside en la precisión con la que perfila los elementos típicos del tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la prevaricación administrativa, configurándose como un referente interpretativo frente a conductas de nepotismo, clientelismo y desviación de poder.

El propósito de este estudio es proyectar dicha doctrina sobre la realidad de la Administración Local, donde las prácticas de contratación arbitraria de personal, designaciones de confianza desnaturalizadas o nombramientos carentes de causa objetiva presentan un evidente paralelismo material con los supuestos enjuiciados en el ámbito de la alta política estatal, si bien con singularidades estructurales que exigen un examen específico desde la perspectiva penal, administrativa y de régimen local.

II.- Tráfico de influencias y clientelismo en el ámbito municipal.

La resolución del Tribunal Supremo ofrece una lectura especialmente severa de las conductas consistentes en designar o favorecer a determinadas personas en el sector público por razones personales, sentimentales, familiares o de afinidad política. En este contexto, el Alto Tribunal subraya que las prácticas de enchufismo en la contratación pública, cuando vienen determinadas por la presión ejercida desde una posición de prevalimiento, pueden integrar el delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal.

Trasladada esta doctrina al ámbito local, la estructura organizativa de los ayuntamientos, marcada por la concentración funcional de poder en la Alcaldía y, en su caso, en la Junta de Gobierno Local, favorece la aparición de conductas de esta naturaleza. El tipo penal exige que la autoridad o funcionario público influya en otro funcionario o autoridad, prevaliéndose de su cargo, jerarquía o ascendencia política, con la finalidad de obtener una resolución que pueda reportar un beneficio económico para sí o para un tercero.

En el escenario municipal, dicha conducta se manifiesta cuando el alcalde, un concejal delegado o cualquier otro cargo con capacidad de decisión instrumentaliza su posición para ejercer presión, directa o indirecta, sobre:

<-secretarios, interventores o técnicos de recursos humanos;

<-miembros de tribunales de selección o comisiones de valoración;

<-gerentes o directivos de sociedades mercantiles municipales o entidades instrumentales.

La finalidad suele ser la alteración de la objetividad que debe presidir los procesos de selección o contratación, favoreciendo a familiares, allegados, afines políticos o personas vinculadas por relaciones de dependencia personal.

Desde esta perspectiva, el bien jurídico lesionado no es solo la legalidad formal del procedimiento, sino la rectitud, imparcialidad y objetividad de la función pública.

III.- Malversación de caudales públicos en contrataciones sin prestación real.

Uno de los aspectos de mayor relieve dogmático en la sentencia es el tratamiento de los supuestos en los que la contratación de una persona se concibe desde su origen sin intención real de prestación de servicios, de modo que la percepción de retribuciones públicas responde a una disposición patrimonial carente de causa funcional legítima. En tales casos, la conducta no puede ser reconducida a un mero incumplimiento laboral o a una irregularidad administrativa, sino que puede constituir un auténtico delito de malversación de caudales públicos, en concurso con el tráfico de influencias cuando concurran los presupuestos típicos de este último.

**Aplicación al ámbito local.

Esta modalidad de corrupción es perfectamente trasladable al ámbito municipal, donde suele presentarse en dos formas principales:

*Personal eventual o de confianza sin funciones efectivas. Nombramientos de personal eventual que, desnaturalizando la función legal de asesoramiento o confianza, perciben retribución pública sin asumir actividad real o desempeñando tareas ajenas al interés público local, de naturaleza estrictamente partidista.

*Contrataciones espurias en entidades instrumentales municipales. Utilización de sociedades mercantiles de capital público como mecanismos de colocación de personas afines, exentas de controles materiales efectivos y, en ocasiones, sin contraprestación laboral real.

La clave dogmática reside en el plan comisivo: “Cuando la contratación se diseña ab initio con la finalidad de excluir toda prestación efectiva, el abono de nóminas con cargo a fondos públicos constituye una distracción patrimonial típica, no un simple irregular funcionamiento del servicio”. El patrimonio de una corporación local merece la misma protección penal que el de cualquier otra administración pública.

IV.- Prevaricación administrativa como tipo central en el nepotismo local.

Conviene realizar aquí una precisión técnico-penal de especial importancia. La Sentencia del Tribunal Supremo, en el análisis de determinados actos de contratación en contexto de emergencia, descarta la prevaricación cuando no concurre el plus de arbitrariedad exigido por el artículo 404 del Código Penal. Sin embargo, en los supuestos de nombramiento o contratación de personal, la respuesta penal dependerá de quién adopte materialmente la resolución y de cómo se articule el circuito decisorio.

En la Administración Local, el encaje de muchas contrataciones ilegales o nombramientos arbitrarios encuentra su acomodo más sólido en el delito de prevaricación administrativa, especialmente cuando el propio cargo político dicta la resolución de forma directa.

**Razones de su idoneidad.

a). La evidencia de la ilegalidad y la dificultad probatoria del tráfico de influencias.
El delito de tráfico de influencias exige acreditar una presión efectiva ejercida desde una posición de prevalimiento, lo que en la práctica resulta probatoriamente complejo. En los entornos municipales, las presiones suelen materializarse en conversaciones informales, indicaciones verbales o dinámicas de subordinación difícilmente documentables. En cambio, la prevaricación se proyecta sobre el acto final: la resolución injusta dictada a sabiendas de su ilegalidad.

b). La autoría directa del cargo político.

A diferencia de otros ámbitos administrativos más complejos, en el municipio el alcalde o el concejal delegado suele ostentar la competencia material para firmar el decreto o resolución de contratación. Cuando ese acto se dicta prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o vulnerando de manera palmaria los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, concurre el núcleo típico del artículo 404 del Código Penal.

**En este contexto, resultan especialmente relevantes:

<-la ausencia de procedimiento selectivo real;

<-la falta de motivación suficiente;

<-la omisión de informes preceptivos o desfavorables;

<-la contradicción frontal con la legislación de función pública y con la normativa básica de régimen local.

**Concurso de delitos.

Desde la perspectiva de la estrategia acusatoria, en los supuestos más graves no debe descartarse la articulación de un concurso de delitos. La prevaricación administrativa sanciona el dictado de la resolución arbitraria; la malversación, por su parte, castiga el menoscabo patrimonial derivado del pago de retribuciones sin causa legítima cuando existe un verdadero desvío de fondos públicos. Por ello, cuando la contratación irregular no solo es injusta, sino que además produce un perjuicio económico efectivo para las arcas municipales, el concurso entre ambos delitos puede resultar jurídicamente procedente.

V.- El papel del secretario municipal y el accidentalismo.

Un análisis completo de la corrupción sistémica en la contratación local no puede prescindir del papel de los funcionarios encargados del control de legalidad ex ante, singularmente la Secretaría y, en su caso, la Intervención. El punto más vulnerable del sistema aparece cuando el órgano llamado a velar por la juridicidad del acto administrativo participa, activa o pasivamente, en la validación de una resolución claramente ilegal.

*El secretario accidental o interino.

La proliferación de la figura del secretario accidental o interino, muchas veces derivada de la carencia estructural de habilitados nacionales, plantea un problema añadido. La falta de estabilidad en el puesto puede generar situaciones de dependencia funcional o de subordinación fáctica respecto del órgano político, pero ello no elimina por sí mismo la eventual relevancia penal de su conducta.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el temor a un cese, la precariedad laboral o la presión jerárquica no excluyen automáticamente la antijuridicidad ni la culpabilidad. Si el secretario emite un informe favorable a sabiendas de la manifiesta ilegalidad del acto, y lo hace con la finalidad de proporcionar cobertura técnica a la resolución arbitraria, su intervención puede integrar cooperación necesaria, inducción o, según el caso, complicidad en la prevaricación administrativa.

La firma del secretario otorga apariencia formal de legalidad al acuerdo municipal. Cuando se acredita un concierto previo, expreso o tácito, entre el cargo político y el técnico designado ad hoc para desactivar el control de legalidad, el principio de confianza desaparece y la imputación penal puede extenderse a ambos intervinientes.

VI.- La práctica acusatoria de las fiscalías territoriales.

Pese a la solidez dogmática de estas construcciones, la práctica forense de la instrucción penal muestra con frecuencia una asimetría acusatoria. No es infrecuente que la acusación pública dirija su reproche exclusivamente contra el responsable político, dejando al margen al funcionario o secretario que validó la ilegalidad mediante informe o conformidad técnica.

Esa orientación procesal obedece, por lo general, a razones de estrategia probatoria y de economía procesal. Desde un punto de vista práctico, la fiscalía puede preferir situar al técnico en posición de testigo para obtener de él un relato de la presión ambiental o de la mecánica interna de la decisión, sacrificando su posible responsabilidad penal para reforzar la prueba del dolo político. Asimismo, la investigación de la codelincuencia en este tipo de asuntos exige un análisis documental intenso, que no siempre se acomete con la profundidad necesaria en órganos de instrucción ordinarios.

Sin embargo, esa práctica no altera la realidad jurídico-penal de fondo: Cuando el técnico participa conscientemente en la convalidación de una resolución arbitraria, su conducta no puede quedar automáticamente absorbida por una supuesta posición de vulnerabilidad funcional.

VII.- Conclusiones.

La corrupción municipal vinculada al nepotismo, el clientelismo y la contratación arbitraria no constituye una anomalía menor ni una simple desviación administrativa, sino una manifestación estructural de deslealtad institucional frente a los principios de objetividad, mérito, capacidad y legalidad. La doctrina emanada de la Causa Especial 20775/2020 no puede entenderse como una construcción excepcional reservada a las altas esferas del Estado, sino como una interpretación general del Derecho penal aplicable a toda la Administración Pública.

En el ámbito local, la lucha contra estas prácticas no requiere tanto una expansión normativa como una aplicación rigurosa de los tipos penales ya existentes, junto con una instrucción penal efectiva y una valoración menos indulgente de las conductas de validación técnica de actos manifiestamente ilegales. La erradicación del clientelismo exige, en suma, extender la exigencia de responsabilidad penal a todos los intervinientes que, por acción u omisión relevante, contribuyen a quebrar la legalidad administrativa y a desviar el poder público hacia intereses privados o partidistas.

N.B. Imagen. – Nepotismo y corrupción sistémica – Doctrina Penal – (De la alta Política al Ámbito Municipal.).

Córdoba, 26 de junio de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

SOSTENIBILIDAD DEMOGRÁFICO LABORAL – Análisis del sistema de pensiones, brecha salarial, desempleo real y perspectivas de inversión en la provincia de Córdoba

1.- El Marco General y la Brecha Territorial.

El análisis de la tasa de dependencia -la relación cuantitativa entre los cotizantes a la Seguridad Social y las pensiones en vigor- constituye uno de los indicadores más fiables para evaluar la salud estructural del modelo de reparto. Mientras que la media nacional maquilla la situación gracias al dinamismo de motores económicos específicos (como Madrid, Barcelona o Baleares), el mapa autonómico y provincial desvela fracturas territoriales de profunda gravedad.

A nivel nacional, España registra una ratio de 2,1 ocupados por cada pensión en vigor(basada en un volumen aproximado de 22,2 millones de afiliados frente a 10,4 millones de prestaciones). No obstante, este promedio esconde realidades radicalmente opuestas:

Escenario de vulnerabilidad sistémica (Noroeste): Regiones como Asturias y Galicia presentan una horquilla sumamente estrecha que ronda los 1,5 ocupados por pensión. En Asturias, la relación se concreta en 430.200 afiliados frente a 303.051 pensiones; en Galicia, se contabilizan 1.178.100 afiliados ante 788.346 pensiones.

Zonas de resiliencia y dinamismo: En el extremo opuesto, comunidades como Madrid o Canarias marcan una ratio de 2,8 ocupados por pensión, sostenidas por un tejido corporativo denso y una pirámide poblacional laboralmente activa.

Diagnóstico demográfico: Esta asimetría territorial configura una verdadera bomba de relojería demográfica y fiscal, donde el equilibrio financiero de las zonas deficitarias depende de forma íntegra de la caja única del Estado y del principio de solidaridad interterritorial.

2.- El Contexto Andaluz – (Una Media Imperfecta).

A escala regional, Andalucía refleja de forma engañosa el promedio nacional. La comunidad cuenta con 3.619.811 afiliadosfrente a 1.733.000 pensiones en vigor, lo que arroja una ratio de 2,08 ocupados por prestación. Sin embargo, esta aparente estabilidad macroeconómica enmascara una fractura interna de carácter estructural:

*El bloque dinámico/turístico:Provincias como Málaga y Sevilla traccionan el crecimiento de la afiliación debido al pujante sector servicios, el ecosistema corporativo y un sólido régimen de autoempleo (Málaga lidera la región con un 19,1% de trabajadores autónomos).

*El bloque interior/agrícola:Provincias como Jaén, Granada y, de manera acusada, Córdoba sufren una doble penalización: un envejecimiento poblacional latente y un mercado laboral fuertemente estacional, de salarios medios moderados, vinculado a campañas agrícolas que deprimen de forma continuada la base de cotización.

3.- Zoom Provincial – (El Caso Crítico de Córdoba).

Al descender al análisis de la provincia de Córdoba, la horquilla se estrecha peligrosamente, situando al territorio en una posición de riesgo técnico. A pesar de haber alcanzado hitos coyunturales en su mercado laboral -con picos estacionales en primavera que rozan el máximo histórico de 317.000 afiliados-, el volumen de pasivos consolidado presiona de forma severa el balance fiscal local:

-La provincia cuenta con más de 183.500 pensiones contributivas en vigor.

Indicador en la Provincia de Córdoba (2026) Valor Absoluto / Métrica

-Afiliados a la Seguridad Social (Picos de campaña) 317.000

-Pensiones Contributivas en Vigor 183.500

-Ratio Cotizante / Pensión 1,72.

-Cuantía de la Pensión Media Mensual 1.106 €

*El diagnóstico de la ratio 1,72 es inequívoco: Córdoba se encuentra formalmente en zona de riesgo.

Cualquier índice inferior al umbral de 2 ocupados por pensión compromete la sostenibilidad autónoma de un modelo de reparto, aproximando la realidad cordobesa a los escenarios críticos de Galicia o Asturias (1,5) y alejándola de la resiliencia fiscal de Madrid (2,8).

4.- Factores de Presión Estructural e Impacto de la Despoblación.

La precarización y el estrechamiento de la base de cotizantes en Córdoba responden a tres dinámicas transversales agravadas por el fenómeno de la despoblación rural (especialmente lesivo en comarcas del norte como Los Pedroches o el Guadiato, y en determinadas zonas del sur agrícola):

A.-Dependencia Agraria, Estacionalidad y el Espejismo Estadístico.

El tejido productivo cordobés mantiene un vínculo estructural con el Sistema Especial Agrario y los servicios básicos. Esto genera una dualidad laboral aguda tras la última reforma de la contratación. Los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad no computan como parados registrados en las cifras oficiales del SEPE, sino como “demandantes de empleo con relación laboral”, figurando estadísticamente como ocupados.

**Esta distorsión normativa provoca un desfase sustancial entre el desempleo oficial y el paro real:

Paro registrado oficial: La provincia oscila formalmente entre los 46.500 y los 52.000 parados inscritos.

Fijos discontinuos inactivos (Paro oculto): Se estima un volumen estructural de entre 8.000 y 10.000 trabajadores inactivos (concentrados en campañas agrícolas cortas de 1,5 a 3 meses como el olivar, la vendimia y los cítricos, o en los picos turísticos del “Mayo Cordobés”).

Impacto real:La suma de ambos conceptos eleva la bolsa de desempleo real por encima de las 60.000 personas, lo que sitúa la tasa de paro real entre 2 y 3 puntos porcentuales por encima de las publicaciones oficiales del SEPE.

B. Éxodo Juvenil y el Efecto Deflactor del Desempleo

La falta de un tejido industrial y tecnológico denso provoca el drenaje continuado de talento joven hacia polos de mayor densidad empresarial (Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga). Este éxodo rural y provincial genera una reducción artificial del paro oficial: al contraerse el denominador de la ecuación (la población activa total), las tasas de desempleo registradas pueden simular una mejoría o estabilidad, cuando en realidad el territorio simplemente está perdiendo su capital humano más productivo.

C. La Brecha del Salario Medio y la Red de Seguridad Familiar.

La pensión media en Córdoba (1.106 €) figura entre las más bajas de la comunidad autónoma, reflejando las bajas bases de cotización del pasado. Si bien esto modera el gasto agregado en términos absolutos si se compara con regiones de pensiones industriales de alta cuantía, la baja remuneración de los empleos actuales impide que la recaudación por cotizaciones equilibre la balanza.

Adicionalmente, la precariedad de los salarios activos actuales (ligados frecuentemente al SMI o a jornadas parciales) convierte al pensionista en el auténtico “escudo social” y soporte financiero de las familias del interior, detrayendo recursos que debieran destinarse al consumo e inversión local.

5. Consecuencias Socioeconómicas de la Precariedad Laboral.

Aunque la naturaleza de caja única de la Seguridad Social garantiza el cobro de las prestaciones devengadas por los jubilados cordobeses, el paulatino debilitamiento de la base de cotización desencadena efectos contractivos severos sobre la economía civil del territorio:

Subvencionización estructural:Al consolidarse como una economía deficitaria e incapaz de autofinanciarse, Córdoba asume una posición de extrema vulnerabilidad política y económica ante eventuales reformas del modelo de financiación que pretendan primar la capacidad de recaudación local.

Asfixia de las haciendas locales:El envejecimiento demográfico en las comarcas incrementa de forma exponencial la demanda y el coste de servicios públicos asistenciales (ayuda a domicilio, residencias, centros de día y sanidad de proximidad), mientras los ayuntamientos ven mermados sus ingresos fiscales directos (IRPF y tasas) por la falta de empresas y activos. Ello obliga a sacrificar las partidas destinadas a infraestructuras y desarrollo cultural.

Bucle de exclusión para la inversión de valor:Los sectores de alta productividad (tecnológicos, digitales e industriales avanzados) descartan los territorios con bases laborales envejecidas o precarizadas, optando por ecosistemas con alta densidad de talento cualificado. De no revertirse, Córdoba se expone a quedar relegada de modo exclusivo a la actividad monumental/turística en la capital y a la producción agrícola primaria en la provincia, consolidando un escenario de letargo económico crónico.

6. La Respuesta Institucional: Estrategia de la Junta de Andalucía frente al Escepticismo del Terreno.

Con el objetivo de fracturar este círculo vicioso, la Junta de Andalucía ha diseñado una hoja de ruta orientada al cambio de modelo productivo, enfocada en la transición hacia la logística avanzada y la industria no estacional. Para ello, se ha asignado a la provincia un presupuesto de inversión de 523 millones de euros (678 euros por habitante, la mayor ratio por habitante de la comunidad autónoma).

Estrategia de Choque y Realidad Material:A continuación se contrastan los ejes de

planeamiento sobre el papel frente al estado de ejecución real sobre el terreno a fecha de junio de 2026.

Eje 1: Nodo de Logística Avanzada e Infraestructura Militar.

El Plan (Papel):Centralización de la estrategia en torno a la futura Base Logística del Ejército de Tierra (BLET)en Córdoba, con una aportación autonómica superior a los 100 millones de euros, complementada con el desarrollo de la tercera fase del área logística de El Higuerón. El proyecto persigue la atracción de una densa red de industria auxiliar tecnológica y de defensa, implementando en paralelo 31 nuevos ciclos de Formación Profesional (FP) en robótica y automatización.

La Realidad (Terreno):Las obras de urbanización en el sector de La Rinconada ya han dado comienzo efectivo sobre el terreno y los plazos administrativos se están cumpliendo. No obstante, el factor temporal juega en contra: la base no alcanzará su plena operatividad hasta finales de la presente década (horizonte 2028-2030), por lo que no constituye un nicho de cotización de absorción inmediata para la urgencia laboral actual.

Eje 2: Proyectos Industriales Tractores y Oasis de Empleo.

El Plan (Papel):Inyección de 9,2 millones de euros en ayudas directas para movilizar cerca de 100 millones de euros de inversión privada en corporaciones industriales estratégicas capaces de generar empleo estable de alta cotización. Destacan las partidas asignadas a Cunext Copper Industries (tecnología de cátodos de cobre para transición energética), Hiansa Panel (paneles aislantes en Villafranca de Córdoba) y Ecoenergía de Los Pedroches.

La Realidad (Terreno):Compañías como Cunext operan a pleno rendimiento y constituyen realidades materiales de alto valor de exportación y excelentes bases de cotización. Sin embargo, operan como “oasis industriales”: el volumen absoluto de empleo especializado que generan resulta insuficiente para absorber el excedente laboral de una provincia que roza los 800.000 habitantes.

Eje 3: Planes de Relevo y Transición Justa en Zonas Rurales.

El Plan (Papel):Incentivos específicos de Transición Justa para el Valle del Guadiato (orientados al desarrollo industrial sostenible de pymes en polígonos rurales) y asignación de 33,6 millones de euros para la modernización de explotaciones agrícolas e incorporación de jóvenes agricultores que frenen el despoblamiento.

La Realidad (Terreno):Es el punto de mayor fricción. Las graves deficiencias estructurales en las infraestructuras hídricas del norte provincial y los cortes de agua sufridos han golpeado severamente al sector ganadero y agroalimentario, contrarrestando la efectividad de las subvenciones. El relevo generacional en el campo encuentra serias dificultades para consolidarse debido a las duras condiciones de entorno y a una elevada carga burocrática, lo que perpetúa la pérdida de cotizantes en tiempo real.

7. Conclusión y Diagnóstico Final.

La provincia de Córdoba atraviesa un periodo crítico de descuento macroeconómico. Mientras las soluciones estructurales y los macroproyectos de diversificación avanzan al ritmo propio de la obra civil y los plazos de la administración pública, el envejecimiento demográfico, la precarización contractual y la despoblación del ámbito rural progresan a la velocidad de la realidad diaria.

Las bases de la transformación están planteadas sobre el planeamiento institucional, pero la sostenibilidad material de la hucha de pensiones local continuará sostenida con pinzas hasta que el volumen de empleos de alta cualificación y cotización formal se materialice de forma masiva sobre el tejido socioeconómico de la provincia.

N.B. Imagen. Sistema de pensiones, brecha salarial, desempleo real y perspectivas de inversión en la provincia de Córdoba.

Córdoba, a 24 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Colada – Agua ya y ahora – (Parálisis de la Diputación de Córdoba)

El problema del agua en el norte de Córdoba sigue exactamente igual: Encallado en la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y agravado por la alarmante inacción de la Diputación de Córdoba y de su presidente, Salvador Fuentes. Tras meses de fotos y abrazos institucionales con el Director General del Ministerio, la realidad es que la Institución Provincial parece no saber qué hacer, o peor aún, ni siquiera lo intenta.

No podemos supeditar el día a día de 80.000 ciudadanos de Los Pedroches y el Guadiato a un hipotético cambio de Gobierno en Madrid. La crisis es acuciante, ocurre ya y ahora. Por ello, presentamos este informe detallado de las acciones que la Diputación de Córdoba puede -y debe- ejecutar de manera autónoma, demostrando que la parálisis competencial es solo una excusa política.

<<El margen de maniobra de la Diputación – (Sin la CHG)>>

Aunque la CHG ostente las competencias sobre el dominio público hidráulico, la Diputación Provincial dispone de competencias propias (Art. 36 de la Ley de Bases del Régimen Local) y de un músculo financiero considerable para actuar de forma inmediata.

1.- Reparación de redes y digitalización – (Baja y Alta Municipal).

La CHG tiene competencia en el embalse, pero no en las tuberías que llevan el agua a los grifos, cuya gestión está delegada en la empresa provincial Emproacsa.

<-Plan de choque contra fugas: Financiar de inmediato la reparación de redes locales para evitar la pérdida de agua en el subsuelo.

<-Modernización de la ETAP de Sierra Boyera: Optimizar la tecnología de filtrado (carbón activo y sistemas DAF) para ser capaces de potabilizar el agua compleja de La Colada es competencia directa de la gestión provincial.

2.- Infraestructuras de Emergencia Local.

<-Sondeos y pozos locales: Identificar y poner en marcha acuíferos locales dentro de los términos municipales. La obra civil y su conexión a la red no dependen de la CHG.

<-Plantas potabilizadoras portátiles: Instalar sistemas móviles de ósmosis inversa para dar servicio inmediato a los municipios más afectados.

3.- Auxilio directo al sector ganadero y productivo.

***El motor económico del norte de Córdoba no puede esperar a la burocracia estatal.

<-Ayudas directas para cisternas y depósitos: Subvencionar el transporte de agua y la compra de tanques de almacenamiento para el ganado.

<-Eficiencia hídrica: Financiar sistemas de reutilización de aguas pluviales en las propias fincas e industrias lácteas y cárnicas.

4.- Presión jurídica activa.

En lugar de limitarse a la negociación de “salón”, la Diputación debe utilizar sus servicios jurídicos para personarse formalmente ante la Junta de Andalucía y el Ministerio, exigiendo el cumplimiento de los convenios firmados mediante requerimientos previos a la vía judicial.

<<Viabilidad Técnica y Presupuestaria – (Plan de Choque).

Para pasar de la teoría a la práctica en este año 2026, hemos estimado un presupuesto detallado basado en costes actuales de obra civil e ingeniería hidráulica. El montante total asciende a 14.850.000 €, una cifra perfectamente asumible para una institución que maneja un presupuesto anual consolidado superior a los 500 millones de euros.

<<Desglose del Presupuesto estimado>>

Bloque de ActuaciónDescripción BásicaCoste Estimado% del Total
Bloque 1: Redes y FugasAuditorías acústicas, sustitución de 20 km de tuberías obsoletas e instalación de contadores inteligentes.3.200.000 €21,5%
Bloque 2: Mejora ETAPSistema de flotación (DAF), renovación de filtros de carbón activo y 2 plantas portátiles de ósmosis.4.050.000 €27,3%
Bloque 3: Sondeos de EmergenciaEstudios geofísicos, perforación de 10 pozos de emergencia, equipamiento electromecánico y conexión.1.540.000 €10,4%
Bloque 4: Ayudas GanaderíaFondo de contingencia para camiones cisterna y ayudas a 1.200 explotaciones para depósitos de agua.4.940.000 €33,3%
Imprevistos y DirecciónMargen de seguridad del 5% para la ejecución de las obras.1.120.000 €7,5%
TOTALPlan de Emergencia Provincial14.850.000 €100%

<<¿Cómo puede la Diputación poner este dinero mañana sobre la mesa?>>

El marco legal actual (Ley de Contratos del Sector Público) y la normativa financiera local ofrecen tres vías jurídicas automáticas:

1.- Uso del remanente de Tesorería: Utilizar el superávit del ejercicio anterior para inversiones financieramente sostenibles o de emergencia.

2.- Baja por anulación: Detener temporalmente partidas no prioritarias de la Diputación (asfalto de vías secundarias, gastos de protocolo o cultura) y transferir el crédito a Emproacsa.

3.- Tramitación de emergencia (Art. 120 LCSP): Al declarar la Emergencia Hídrica Provincial, la ley permite adjudicar las obras de reparación y los sondeos sin concurso público previo, ordenando la ejecución inmediata en un plazo máximo de un mes.

El blindaje jurídico frente a la CHG: Si la Diputación ejecuta un pozo local para que la población beba en mitad de una crisis sanitaria y humanitaria, la Ley de Aguas la ampara. Si la CHG se opusiera o demorara la autorización por razones burocráticas, incurriría en una flagrante desviación de poder y responsabilidad patrimonial. La salud pública prevalece.

<<Conclusión – (Una inacción inexplicable).

Desde una perspectiva puramente técnica, jurídica y presupuestaria, la parálisis de la Diputación de Córdoba no se sostiene. Cuando una administración cuenta con la competencia legal de auxilio municipal, tiene la capacidad económica en sus remanentes y dispone de los mecanismos de contratación exprés que otorga la ley, la falta de acción se reduce a un único factor: <-falta de voluntad política e iniciativa ejecutiva->.

Utilizar el problema del agua como una estrategia de desgaste hacia el Gobierno central o como un escudo competencial es profundamente irresponsable. En derecho público, la inacción ante una competencia obligatoria en mitad de una emergencia social y económica es, sencillamente, inexplicable.

N. B. Imagen – La Colada, ya y ahora. Agua.

Córdoba, a 22 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.