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Problemas de Córdoba V – Gasto Público Innecesario (Inversión o Gasto Improductivo)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo al Gasto Público Innecesario, porque parece que las Instituciones Públicas en Córdoba (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos) dedican cada vez más dinero público a gastos superfluos e improductivos que a la inversión real.

Quinto Artículo. Gasto Público Innecesario.

El gasto público innecesario se refiere a aquellos desembolsos realizados por las Instituciones Públicas, sus empresas y entes varios, que no generan un beneficio relevante para la sociedad, carecen de eficiencia o no cumplen con los principios de austeridad y racionalidad en la gestión de los recursos públicos. Esta realidad tan extraordinaria es un problema repetido en España a todos los niveles del poder público (Estado, CC.AA, Diputaciones y Ayuntamientos), donde la ineficiencia en el gasto público limita y/o impide el desarrollo económico, la inversión en infraestructura y la calidad de los servicios públicos esenciales.

El gasto público innecesario incluye partidas presupuestarias que no generan un retorno adecuado en términos de bienestar social, productividad o desarrollo económico.

<<Características principales del gasto innecesario>>

*Duplicidad de funciones: Contratación de servicios que las entidades públicas podrían realizar internamente.

*Gastos superfluos: Publicidad excesiva, eventos promocionales o contratos de servicios no esenciales.

*Ineficiencias administrativas: Burocracia excesiva, estructuras gubernamentales sobredimensionadas y procesos redundantes.

*Subsidios mal orientados: Transferencias a sectores o personas que no los necesitan, como subsidios energéticos que benefician a no pobres.

*Gastos hormiga: Pequeños desembolsos recurrentes que, al acumularse, representan sumas significativas.

*Contratación de asesores políticos en aumento continuo, que se superponen al trabajo de los funcionarios o empleados públicos de las instituciones que se gobiernan.

El gasto público innecesario en la provincia de Córdoba, refleja un desafío común en la gestión de recursos públicos a nivel local y provincial, donde las ineficiencias, duplicidades y gastos superfluos limitan la capacidad de financiar servicios esenciales y proyectos de desarrollo.

<<Gasto Público en la Provincia de Córdoba>>

La provincia de Córdoba, sita en Andalucía, depende del gasto público del gobierno central, del gasto público gestionado por el gobierno autonómico y de los presupuestos municipales y provinciales (Diputación de Córdoba).

En Córdoba, el gasto público incluye partidas gestionadas por el Gobierno Central, por la Junta de Andalucía, por la Diputación Provincial y por los Ayuntamientos, como el de la ciudad de Córdoba. Aunque no hay datos específicos recientes sobre el gasto público innecesario exclusivo de la provincia, análisis generales sobre España, como el del Instituto de Estudios Económicos (IEE), identifican ineficiencias que superan los 60.000 millones de euros a nivel nacional, incluyendo áreas como burocracia excesiva, subsidios mal focalizados y gastos administrativos redundantes. Estas ineficiencias son aplicables a nivel provincial, especialmente en regiones con estructuras administrativas complejas como Andalucía, reflejándose en Córdoba y Provincia.

Ejemplos de gasto potencialmente innecesario en Córdoba:

-Publicidad y promoción: Gastos en campañas publicitarias no esenciales o eventos promocionales innecesarios.

-Burocracia repetida o doble: Duplicidad de funciones entre la Diputación, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía.

-Subsidios desenfocados o mal orientados: Programas de transferencias que no priorizan a los sectores más necesitados, como subsidios agrícolas o energéticos que benefician a grandes empresas en lugar de pequeños productores.

-Contratación de asesores políticos en aumento continuo, que se superponen al trabajo de los funcionarios o empleados públicos de las instituciones que se gobiernan, que implican carga de personal redundante y claramente prescindible.

<<Impacto del Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

El gasto público ineficiente en la provincia de Córdoba tiene consecuencias directas en el desarrollo económico y social:

*Limitación de inversión en infraestructura: Córdoba, con un PIB per cápita inferior a la media nacional (alrededor de 18.000 euros frente a 30.000 euros nacionales en 2023), necesita priorizar inversiones en sectores como turismo, agricultura y energías renovables, pero los gastos innecesarios reducen los recursos disponibles.

*Desigualdad social: Los subsidios mal diseñados pueden beneficiar a sectores de mayores ingresos, dejando a comunidades vulnerables, como las zonas rurales de la Sierra de Córdoba, con menos apoyo.

*Déficit fiscal local: La Diputación y los ayuntamientos enfrentan restricciones presupuestarias, agravadas por gastos superfluos que limitan la capacidad de financiar servicios esenciales como sanidad, educación, transporte o promoción del empleo.

*Pérdida de competitividad: La burocracia excesiva desincentiva la inversión privada en sectores clave como el turismo, que representa una parte significativa de la economía cordobesa.

<<Causas del Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

Las principales causas identificadas incluyen:

-Falta de coordinación administrativa: La superposición de competencias entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos genera duplicidades. Por ejemplo, los servicios culturales o de promoción turística pueden estar gestionados por múltiples entidades sin una estrategia unificada.

-Gastos en promoción y publicidad: Aunque no hay datos específicos, en Córdoba y Provincia campañas de promoción turística o eventos culturales están sobredimensionados.

-Burocracia en aumento constante: Es un hecho patente, que el empleo público en España creció cuatro veces más que el privado en los últimos años, y, en Córdoba, esto puede traducirse en estructuras administrativas duplicadas en la Diputación o ayuntamientos.

-Falta de transparencia: La opacidad en la gestión de contratos y subvenciones facilita gastos ineficientes y en subvenciones “fantasma”. Por ejemplo, la subvención al concierto de Luis Miguel, que se vendió falsamente como un acto de promoción de Córdoba, disfrazado de patrocinio.

-Rigidez presupuestaria: Gran parte del presupuesto de la Diputación Provincial, de Córdoba Capital y de los Ayuntamiento en la provincia está comprometido en gastos fijos (personal, transferencias sociales y gastos superfluos), limitando la inversión real necesaria y la flexibilidad para reasignar recursos.

<<Estrategias para Corregir el Gasto Público Innecesario en Córdoba>>

Propuestas concretas para optimizar el gasto público en la provincia de Córdoba, adaptadas al contexto local y basadas en prácticas que han resultad rentables, así:

**Optimización de la Gestión Presupuestaria.

-Auditorías regulares: Implementar revisiones periódicas del gasto por parte de la Diputación y la Junta de Andalucía, similares a las realizadas en otras ciudades, que ahorraron millones al eliminar contratos redundantes.

-Digitalización de compras públicas: Adoptar plataformas electrónicas de contratación para aumentar la transparencia y reducir costos en licitaciones.

-Presupuestos basados en resultados: Priorizar partidas que generen impacto medible, como proyectos de turismo sostenible en la Mezquita-Catedral o el desarrollo rural en la Subbética.

**Reducción de Estructuras Burocráticas

-Coordinación interinstitucional: Crear un consejo provincial que alinee las competencias de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos, eliminando duplicidades en servicios como promoción turística o mantenimiento de infraestructura.

-Racionalización del empleo público: Limitar el crecimiento del personal administrativo, enfocándose en contratar perfiles técnicos para proyectos de alto impacto, como energías renovables en la provincia.

-Eliminación de contratos repetidos: Revisar contratos de consultoría y servicios externos que podrían ser asumidos por personal interno.

**Mejora en la distribución de Subsidios

-Reorientación de transferencias: Dirigir subsidios agrícolas y energéticos hacia pequeños productores y comunidades rurales, como las de la Sierra de Hornachuelos, en lugar de grandes empresas.

-Evaluación de programas sociales: Implementar sistemas de monitoreo para garantizar que los fondos lleguen a los beneficiarios previstos, reduciendo filtraciones estimadas en un 2-5% del gasto en transferencias a nivel general.

**Aumento constante de la Transparencia

-Plataformas de datos abiertos: Publicar los presupuestos y gastos de la Diputación y los ayuntamientos en portales accesibles, como el de datos.gob.es, para fomentar la supervisión ciudadana.

-Fortalecimiento de organismos fiscalizadores: Dotar a la Cámara de Cuentas de Andalucía de mayores recursos para auditar el gasto provincial.

-Sanciones por malgasto: Establecer consecuencias claras para casos de corrupción o ineficiencia, como los que sean identificados como subvenciones “fantasma”.

**Incentivos a la Eficiencia

-Negociación de contratos: Revisar contratos de servicios, como los de mantenimiento de edificios públicos, para negociar precios más bajos.

-Promoción de inversión privada: Reducir la burocracia para atraer inversión en sectores clave como el turismo (Patios de Córdoba, Medina Azahara) y la agroindustria, inspirándose en Madrid, donde una menor presión fiscal generó 40.000 millones de euros adicionales.

-Austeridad en publicidad: Limitar el gasto en campañas promocionales, priorizando estrategias digitales de bajo costo.

**Educación y Capacitación

-Capacitación de funcionarios: Formar al personal de la Diputación y ayuntamientos en gestión presupuestaria eficiente, con énfasis en evaluación de impacto.

-Concienciación ciudadana: Fomentar la participación de la sociedad cordobesa en la vigilancia del gasto público, a través de asociaciones locales y plataformas digitales.

<<Recomendaciones Específicas para Córdoba>>

*Auditoría provincial exhaustiva: La Diputación de Córdoba debe realizar una auditoría detallada de sus partidas presupuestarias, identificando gastos en publicidad, viáticos, contratos redundantes y subvenciones a fondo perdido a empresas públicas en la ruina por administraciones manirrotas, inspirándose en los 60.000 millones de euros de ineficiencias detectadas a nivel nacional.

*Plataforma de compras públicas: Implementar un sistema electrónico de contratación para toda la provincia, basado en modelos que han demostrado su eficiencia.

*Focalización de subsidios agrícolas: Reorientar los apoyos al sector olivarero hacia pequeños productores, promoviendo la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

*Coordinación turística: Unificar la promoción turística de la Mezquita-Catedral, Medina Azahara y los Patios bajo una estrategia provincial para evitar duplicidades.

*Inversión en infraestructura rural: Reasignar ahorros de gastos innecesarios a proyectos de conectividad en zonas como la Subbética o el Valle del Guadiato.

*Participación ciudadana: Crear un portal de transparencia provincial que permita a los cordobeses supervisar el gasto público en tiempo real.

<<Conclusión>>

El gasto público innecesario en la provincia de Córdoba, aunque no está cuantificado de manera específica en los datos disponibles, dada la falta de transparencia real, refleja problemas estructurales comunes en España, como la burocracia excesiva, la falta de coordinación administrativa y los gastos superfluos en publicidad o eventos. Estas ineficiencias limitan la capacidad de la provincia para financiar proyectos clave en turismo, agricultura y desarrollo rural, sectores vitales para su economía. Mediante auditorías regulares, digitalización, transparencia y una mejor focalización de los recursos, Córdoba puede optimizar su gasto público, generando ahorros significativos sin comprometer los servicios esenciales. La experiencia de regiones como Madrid demuestra que es posible lograr una gestión eficiente, siempre que se priorice la austeridad, la planificación estratégica y la participación ciudadana.

(Nota. Vuelvo a señalar un cuestión previa de vital importancia, que es el dinero para realizar las inversiones necesarias, y, una de las formas de encontrar ese dinero es reducir el gasto público superfluo, de forma, que lo digo claro, precisamos el dinero suficiente y no pararemos de decirlo hasta conseguirlo, advirtiendo que desde Córdoba Abierta -ACOA- lucharemos ante cualquier desigualdad discriminatoria para Córdoba.).

N.B. El Problema de Córdoba en el Gasto Público reside en que existe un crecimiento continuo de un gasto innecesario en detrimento de las inversiones reales y el gasto productivo, porque parece que las Instituciones Públicas en Córdoba (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y Ayuntamientos) dedican más a los gastos superfluos improductivos que a la inversión real

El Problema del Gasto Innecesario es quizás, uno de los asuntos olvidados, de forma, que parece que las Instituciones Públicas (Estado, Junta de Andalucía, Diputaciones y los Ayuntamientos) pasan de largo, cuando el futuro está, sin duda, en una buena administración con todo lo que ello supone.

Es urgente solucionar este problema y eso solo es posible con la existencia inmediata de inversiones para desarrollar todo nuestro potencial económico y social, de manera, que desde Córdoba Abierta -ACOA- lanzamos otro mensaje urgente: Reducción inmediata del gasto público innecesario.

Córdoba, a 6 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Letrados públicos – Defendiendo al que gobierna (Quien paga manda)

Esta vez unos lectores me lo ponen difícil de explicar, pues me preguntan, ¿por qué los letrados públicos están al servicio de los políticos que gobiernan, siempre y en todo lugar?

La verdad es que es difícil de explicar ciertas actuaciones de la fiscalía, de la abogacía del estado, de los letrados varios de CC.AA, Corporaciones Locales, Seguridad Social y resto de instituciones públicas, cuando se encuentran defendiendo a un político del partido político que gobierna la institución pública a que pertenecen o a algunos de sus asesores y allegados.

En principio les respondo con una pregunta: Si un político de un partido político que gobierna una institución por mayoría absoluta incumple la ley y dicta una resolución injusta,

¿debe ser defendido por los letrados públicos de la institución a la que pertenece?

En España en todos los niveles de las administraciones públicas se están dando casos donde el político de turno (y sus allegados ideológicos) en vez de acudir a un abogado particular, se escuda en su cargo para usar y abusar de la utilización de los letrados públicos que pagamos todos los españoles.

En este caso sobran las explicaciones, pues todos entienden lo que se expone, ya que, mientras el ciudadano de a pie paga sus letrados y procuradores, el político en muchos o menos casos utiliza un servicio público que pagamos todos.

No les basta a ciertos políticos con estar aforados y con un escudo legal de protección, sino que, además, utilizan descaradamente servicios públicos, que deberían estar solo para defender el bien común y el interés general.

En definitiva, lo que decimos y que se da en la práctica diaria, es un abuso manifiesto de un servicio público en beneficio de un interés particular. Dicho de otra forma, el uso de recursos públicos para defender actos presuntamente ilícitos es un abuso de poder.

El abuso de poder ocurre cuando una autoridad o funcionario público utiliza sus competencias de manera arbitraria, excesiva o contraria al interés general, vulnerando los principios de legalidad, imparcialidad y buena administración establecidos en el ordenamiento jurídico. En el ámbito de las administraciones públicas, este concepto se relaciona con actos que exceden las atribuciones legales, persiguen fines personales o perjudican a los ciudadanos de forma injustificada.

En España este abuso de poder se manifiesta cuando se usan recursos públicos (como letrados) para fines privados o indebidos.

¿Hay alguien que no conozca algún caso donde ocurre lo que decimos?

Todo lo dicho tiene consecuencias sociales y políticas, de un lado produce pérdida de confianza en las instituciones, y, de otro lado, desigualdad en el acceso a derechos, al favorecer a unos sobre otros.

Los políticos bordean el cumplimiento de la ley, parapetándose, además, sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables y en defensas públicas del patrimonio común de los españoles, destacándose, que si los responsables de resoluciones ilegales saben que contarán con defensa pública gratuita, se reducirá el incentivo para actuar conforme a la ley, de forma, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa de una sociedad civil (que está despertando a fuerza de sacudidas y de todo tipo de desafueros) y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.

Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace, por ejemplo, que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora, a mayor inri, solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.

Visto lo visto, es urgente un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social, económica y política inmediata, vamos directos a una situación de explosionamiento de la Constitución con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa pacífica, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa, nos someterán cautivos y callados.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Es un hecho patente, que los Letrados públicos defienden al que gobierna en casos de ilegalidad manifiesta, porque se acepta indebidamente, que “quien paga manda”, aunque, lo único cierto es que el dinero no es suyo, es de los españoles, en definitiva, del Pueblo que se dice soberano.

A mayor inri, dada la falta de transparencia y de que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe esa carcoma perversa del apoderamiento de lo público en beneficio de un interés particular espurio, que, además, se autoreproduce y aumenta sin control.

Así mismo, todo lo dicho tiene consecuencias sociales y políticas, de un lado produce pérdida de confianza en las instituciones, y, de otro lado, desigualdad en el acceso a derechos, al favorecer a unos sobre otros.

Por si faltara algo, en España está naciendo un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.

Córdoba, a 14 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Al 50% – Retribuciones Públicas y Nóminas Privadas (Sobredimensionamiento del sector público)

En España hemos llegado a una situación de igualdad y no precisamente en la aplicación de la ley, que está en retroceso, sino en el hecho patente de que ahora las personas que cobran de las administraciones públicas está a la par de las que cobran del sector privado, existiendo, a la par, un sobredimensionamiento del sector público donde la opacidad es la norma general.

Dicho de otra forma, de 17 a 18 millones de trabajadores del sector privado sostiene a 17 a 18 millones de personas, que cobran o reciben prestaciones del sector público, y, además, existe un inflación del sector con cientos de entes (chiringuitos) desconocidos e incontroladas en todos los niveles de las administraciones públicas, especialmente, en las corporaciones locales, que es la materia oscura de lo público, que se sabe que esta, pero que nadie sabe realmente donde ni cómo.

Se mire como se mire, esa situación es insostenible por mucho tiempo y por mucha deuda que asuma el Estado.

Por si faltara algo, de media de las retribuciones y/o prestaciones públicas están por encima de lo que cobran en sus nóminas los trabajadores del sector privado, y, donde hablar de productividad, asistencia al trabajo y procesos de selección en igualdad de condiciones es una entelequia.

La situación real de la Seguridad Social, el desempleo, la productividad por trabajador, el número efectivo de horas trabajadas, y, cualquier otro indicador social nos indican, que la realidad de nuestra estructura social se encuentra inmersa en un bucle perverso de destrucción, que solo lleva a la desesperanza.

A lo dicho, podemos añadir, por poner unos ejemplos:

1.- Un sobredimensionamiento del sector público donde la opacidad es la norma general, que se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.

2.- Un trocea – miento casi permanente de contratos en muchas administraciones públicas para eludir el control y esquivar los concursos públicos, y, donde la realidad de la opacidad de lo público queda retratada.

Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.

Es cierto, que habrá muchos que piensen que lo que digo es un bulo y que España tiene una economía próspera y sólida, de manera, que lo que digo es una visión pesimista de una realidad llena de cosas positivas.

Por el contrario, en mi opinión es necesario un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social, económica y política inmediata, vamos directos a una situación de bancarrota con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa, pues, la sociedad civil se despierta y pasa a la autodefensa, o nos someten cautivos y silentes voluntarios.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que empezar conociendo la verdad y pasar a la autodefensa colectiva, es lo único que puede salvarnos de políticas de falsa equidad, que nos llevan a la ruina, y, que se justifican diciendo que defienden lo público, cuando es algo manifiesto que la realidad es abuso de lo público.

En eso estamos en ACOA.

N.B. La realidad del 50% de prestaciones y retribuciones públicas y de nóminas Privadas es insostenible en España por mucho más tiempo.

Si a lo dicho, añadimos un sobredimensionamiento del sector público donde la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.

La pregunta del millón: ¿Cuántos entes públicos desconocidos, incontrolados y absolutamente opacos existen en las administraciones públicas de todos los niveles, donde se pagan favores y sirven de coladero a cientos de enchufados?

A todo ello, se suma, el nacimiento de un poder autoritario dirigido por líderes populares que está tomando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse, pues ya no se trata de escoger entre lo bueno y lo malo, cosa que es imposible, sino de asumir la autodefensa compartida antes de que quedemos sometidos sin remedio.

Córdoba, a 10 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción, resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.B. Por una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Un Borrón” de Presupuesto (P. P. y PSOE – ¿Quién da más?)

El Partido Popular en la Diputación de Córdoba ha aprobado un presupuesto con la “abstención” del PSOE, concretamente, por una cifra consolidada, que incluye empresas y organismos autónomos, que asciende a 385.950.579 euros, representando un aumento del 1,82%, destacándose, que las empresas públicas y de demás organismos de la Corporación Provincial se llevan 83.350.579 de euros de ese Presupuesto

Destaca el P.P. que el empleo y el emprendimiento, tendrá una asignación de 2.775.610 euros para impulsar estas áreas, evidenciando el compromiso de la Diputación con la actividad económica y el apoyo a los jóvenes.

Es decir, un disparate de fondos para combatir la lacra más grande que tiene Córdoba.

Destaca, también, el P. P. su “esfuerzo por sanear las empresas públicas”, con una inversión significativa, que se espera mejore la prestación de servicios a la población.

Traducido a lenguaje de ciudadano de a pie, se dedican a las empresas públicas para tapar sus agujeros unos 30.000.000 millones de euros, y, además, no se reclamarán los dineros públicos malgastados, que solo en Emproacsa han supuesto pérdidas por 10,5 millones en el año 2023. Es decir, se concede en aras de una conciliación cautiva un “amnistía pequeñita” a los gestores manirrotos. A destacar, “nunca se ha realizado una auditoría de las cuentas de Epremasa y Emproacsa por una entidad o empresa independiente”.

¿ESTÁ EXPLICADA LA ABSTENCIÓN DEL PSOE?

Pues, ESO.

Lo he dicho por activa y por pasiva y lo he comunicado a los dirigentes del P. P. de Córdoba y de Andalucía, que en la Diputación de Córdoba se están haciendo políticas socialistas, con claro aumento, además, del gasto público y una subida de tasas de agua y de basura confiscatorias.

El Presidente del P. P. – Diputación ha dicho que “va a luchar por mantener los 300 empleos de Emproacsa” y que eso es luchar contra el paro.

Es una forma espuria de ver justificadas las pérdidas inexplicadas y millonarias de la Empresa de Aguas, pues aunque sea cierto, que siempre que sea posible, hay que mantener los puestos de trabajo existente, hago una primera advertencia -siempre que esos empleos sean productivos y necesarios-, de forma, que no sean solo fruto de contrataciones arbitrarias, nacidas de una voluntad sin reglas en materia de contratos de personal, donde la igualdad de oportunidades para todos los cordobeses se sustituya por meras políticas de partido, y, donde la igualdad, mérito y capacidad se sustituyan por pago de favores y discriminación para los que no han sido contratados.

Dicho lo anterior, debe quedar claro, también, que mantener puestos de trabajo en Emproacsa no es crear empleo, sino sostener el que hay a cualquier precio, ya que, la situación de la Empresa de Aguas deriva de una gestión catastrófica, donde, se mire como se mire, no ha primado la lucha contra el paro y la creación de empleo productivo, sino que una gran parte de esas pérdidas mastodónticas y de derroche de gasto público solo han beneficiado a unos gestores y políticos manirrotos, que, a mayor inri, se van amnistiados e impunes, y, donde, además, el dinero dilapidado ha desaparecido sin retorno alguno.

El Presupuesto Borrón, mucho me temo, que sobre eso no dice nada, de manera, que “el que calla otorga”.

(Nota. Si alguien me lo explica razonablemente, me corregiré de inmediato)

Si el Presidente Fuentes Lopera, el responsable del Borrón para el año 2024, me explica y fundamenta porque a la Empresa de Residuos Epremasa, además, de la subida de tarifas del 41,8%, se le subvenciona con 2.000.000 de euros y a la de aguas Emproacsa se le dan solo para gasto corriente 5.000.000 de euros, más 10 millones más a fondo perdido, enjugándose, además, todas sus pérdidas del año 2023, que superan los 10,5 millones de euros, más todo lo que ya ha caído y caerá, mientras que a desempleo se dedica por el presupuesto borrón la increíble cantidad de 2.000.000 de euros,me desdigo desde ya, pero me da la impresión, que el valor “justicia” (art. 1. C. E.) ha desaparecido de este Presupuesto P.P. de 2024.

POR UN MOVIMIENTO CIUDADANO LIBRE Y UNA CÓRDOBA ABIERTA

N.B. El valor “justicia” (art. 1. C. E.) ha desaparecido de este Presupuesto de la Diputación P.P. de 2024, que solo es el ejemplo vivo de una sumisión cautiva a políticas socialistas.

El P. P. de la Diputación de Córdoba tiene que explicar a los cordobeses

¿Cuál ha sido el acuerdo al que ha llegado el Partido Popular con el PSOE para que se abstenga en los Presupuestos?

Que ha sido de balde y sin contrapartida, que se lo digan a la Zona Norte sin agua y a una Córdoba a la que han mutilado su potencia eléctrica.

Córdoba, a 22 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.