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Bloqueo de Grok por el Ministro Puente (Análisis Constitucional)

Un grupo de lectores habituales de mi Blog me pregunta ¿si el Ministro de Transportes Oscar Puente ha violado la C. E. de 1978 al bloquear a la IA-Grok el día 22 de octubre de 2025?

*Planteamiento.

El 22 de octubre de 2025, el Ministro de Transportes, Óscar Puente, bloqueó la cuenta de la IA Grok en la plataforma X tras una respuesta neutral a una consulta sobre pagos en efectivo. El bloqueo, seguido de una rectificación del ministro calificándolo como <-error técnico->, generó críticas y plantea la cuestión:

¿violó este acto la Constitución Española de 1978 (C.E.)?

** Marco Constitucional.

La C.E. no regula explícitamente la inteligencia artificial ni los derechos de entidades no humanas, pero establece principios aplicables al caso, como la libertad de expresión, la imparcialidad de los funcionarios y la prohibición de censura previa.

Los artículos relevantes de la C. E. son:

Artículo 1.1: España es un Estado Social y Democrático de Derecho, con valores superiores como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

Artículo 9.3: Garantiza la legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Artículo 20: Protege la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz, prohíbe la censura previa y solo permite limitaciones por derechos fundamentales (honor, intimidad) o mediante resolución judicial.

Artículo 103: Exige que la Administración Pública actúe con objetividad, imparcialidad y sometimiento al Derecho.

-Artículo 23: Garantiza el acceso igualitario a cargos públicos, implicando imparcialidad en su ejercicio.

La jurisprudencia española y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) considera los perfiles de redes sociales de funcionarios con uso oficial como foros públicos, donde bloquear usuarios puede limitar el pluralismo y el acceso a información.

**Análisis Jurídico.

1.- Libertad de Expresión (Artículo 20).

El bloqueo de Grok no constituye una violación directa del Artículo 20, ya que la C.E. protege los derechos de personas físicas o jurídicas, no de IAs como Grok, una herramienta desarrollada por xAI. Sin embargo, bloquear una cuenta en un perfil oficial como @oscar_puente_ (identificado como “Ministro de Transportes”) podría interpretarse como una restricción indirecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz en un foro público.

La jurisprudencia española desaconseja que funcionarios bloqueen usuarios en perfiles híbridos (personales con uso oficial), ya que, esto puede vulnerar el pluralismo. Aunque no equivale a censura previa (prohibida por el Artículo 20.2), el acto podría reflejar una falta de tolerancia al debate público, contraria al espíritu democrático.

2.- Imparcialidad del Funcionario (Artículos 23 y 103).

El Artículo 103 exige imparcialidad y objetividad en los funcionarios públicos. Bloquear a Grok, especialmente si se enmarca en un historial de bloqueos a críticos (según publicaciones en X), podría cuestionar esta imparcialidad. Aunque el ministro calificó el bloqueo como un “error técnico”, esta explicación resulta poco convincente ante las críticas públicas. Sin embargo, sin una resolución judicial que lo califique como abuso, no hay una violación constitucional clara, sino una práctica éticamente cuestionable.

3.- Contexto y Relevancia.

El incidente no implica un control tecnológico inconstitucional ni un ataque sistemático a la democracia, ya que Grok es una plataforma privada y el bloqueo fue un acto aislado, revertido tras críticas. Hablar de “censura” o “intolerancia autoritaria” es, quizás, una exageración, ya que, la C.E. no protege a IAs como sujetos de derechos.

Sin embargo, el acto contraviene el espíritu de pluralismo y tolerancia de la C.E., reflejando una posible falta de compromiso con los valores democráticos.

** Conclusión.

El bloqueo de Grok por el Ministro Puente no constituye una violación directa de la C.E. de 1978, ya que, la IA no es titular de derechos fundamentales.

Sin embargo, el acto podría interpretarse como una restricción indirecta al acceso a información en un foro público, cuestionando la imparcialidad exigida por los Artículos 23 y 103.

Más allá de lo jurídico, el incidente es éticamente reprochable, ya que, refleja una actitud poco tolerante que choca con los valores de pluralismo y libertad de la C.E.

Recomendaciones como fomentar el diálogo y priorizar los problemas del Ministerio (ej., retrasos en Renfe) son pertinentes, pero no tienen base constitucional vinculante.

El episodio, aunque menor, pone en entredicho la imagen de tolerancia del ministro.

N.B. El Bloqueo de Grok por el Ministro de Transportes es más una cuestión de ética y de estética por bordear, además, el absurdo del ridículo, pues la C. E. de 1978 no protege a la IA-Grok que es una máquina no una persona física o jurídica, sin embargo, si supone un ataque sus valores y principios, que no dice nada en favor de la actuación atropellada del Sr. Puente, aunque después se haya autocorregido.

Los principios de la C. E., se mire como se mire, han quedado en entredicho y el Ministro ha demostrado poco o ningún respeto a las libertades constitucionales.

Córdoba, 23 de octubre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Comentarios (IV) – Repercusiones Negativas del Falseamiento del Currículum del Presidente de la Diputación de Córdoba en el Proyecto BLET.

Se evalúan las consecuencias del presunto falseamiento del currículum de Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, en el Proyecto de la BLET, quien tiene declarado como Presidente de la Diputación de Córdoba y como Concejal del Ayuntamiento “estudios de Derecho”, como datos académicos, sin especificar si cuenta con la licenciatura de derecho o del grado equivalente, a pesar de la ética exigida por su partido P.P. (Ver las declaraciones de la Portavoz del Congreso del P. P. Ester Muñoz sobre Patxi López portavoz del PSOE sobre sus “estudios de ingeniería industrial” en la Universidad del País Vaco).

Este hecho compromete la integridad del Proyecto Formativo Singular BLET, firmado el 8 de agosto de 2025, y, afecta la credibilidad institucional en múltiples dimensiones.

**Repercusiones:

  1. Legales.
    1. Presunta Falsedad Documental: Según el artículo 390 del Código Penal, falsear datos por omisión en un CV oficial podría conllevar la comisión de un delito, agravado por el cargo público.
    1. Sanciones Administrativas: La Ley 40/2015 exige veracidad, pudiendo derivar en inhabilitación o destitución.
    1. Demandas Civiles: Asociaciones o partidos podrían exigir indemnizaciones por daño a la confianza pública.
      A futuro, la digitalización facilitará la detección de fraudes, aumentando riesgos legales.
  2. Políticas.
    1. Pérdida de Legitimidad: Erosiona la confianza en Fuentes y el PP, generando divisiones internas y posibles dimisiones.
    1. Oposición: Partidos como PSOE o IU podrían usar el caso en campañas, afectando la gestión del BLET (9,1 millones de euros).
    1. Impacto Electoral: En 2027, el PP podría perder un 5-10% de apoyo. En el futuro, la IA en campañas amplificará estas crisis.
  3. Institucionales.
    1. Daño al BLET: La falta de integridad podría reducir inscripciones (de 7.000 proyectadas) y cuestionar la calidad formativa.
    1. Fondos y Colaboraciones: Auditorías de la Junta o la UE podrían retrasar o cancelar financiaciones.
    1. Eficiencia Interna: La desmotivación podría aumentar la rotación de empleados en un 15-20%.

A futuro, plataformas de verificación automática podrían prevenir fraudes, pero a corto plazo agravan la desconfianza.

  • Sociales y Mediáticas.
    • Indignación Pública: Protestas de asociaciones civiles y críticas a la “élite desconectada”.
    • Medios: Cobertura negativa, viral en redes, podría reducir la participación en el BLET un 20-30%.

En el futuro, la IA en redes podría intensificar “cancelaciones” públicas, polarizando la opinión.

  • Personales.
    • Daño Reputacional: Posible renuncia y limitaciones en futuras candidaturas.
    • Salud: Mayor riesgo de estrés y burnout – síndrome del quemado (40% más probable).
    • Red Social: Aislamiento por exposición mediática.

En el futuro, herramientas de rehabilitación digital podrían mitigar daños, pero requieren admisión pública.

**Propuestas Innovadoras:

  1. Auditoría Digital: Plataforma blockchain (plataforma digital) para verificar CV de cargos públicos. Comité Ético con IA: Monitoreo anual de integridad con OSC (Organizaciones de la sociedad civil) y algoritmos.
  2. Educación en Ética: Módulos en el BLET con VR para simular dilemas éticos.
  3. Canal de Denuncias: Sistema IA en portales de transparencia para reportes anónimos.
  4. Reforma Proactiva: Transformar la crisis en un caso de éxito con admisión pública y reformas, atrayendo inversiones en gobernanza digital.

**Conclusión.

Es un hecho patente, que el presunto falseamiento del currículum amenaza la credibilidad del BLET y la Diputación, pero con medidas innovadoras, Córdoba puede liderar en ética y transparencia, fortaleciendo la confianza ciudadana y el proyecto formativo.

N.B. Este artículo destaca las repercusiones negativas del falseamiento del currículum, proponiendo acciones innovadoras para mitigar impactos y proyectar un futuro ético y transparente.

La impunidad, la no corrección de datos de un curriculum y la falta de explicaciones completas es algo inaceptable e impresentable, de forma, que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y dañará al Proyecto de la BLET.

Córdoba, 12 de agosto de 2025.


Enrique García Montoya.


Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Enchufados PSOE sin titulación (Faffe)- Junta Andalucía – Despedidos – Políticos con Curriculums falseados (La Vara de Medir)

Según leo en Libertad Digital un artículo de Paco Cobos – 30/7/2025 – 15:02:

 << La Junta de Andalucía prepara el despido de los enchufados del PSOE que han trabajado 14 años sin titulación, aunque la Junta de Andalucía había cedido a la presión sindical manteniendo a 23 empleados sin méritos para el puesto, pero encargó un informe judicial que le ha dado la razón.

La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección”.

Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años”.

Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos, que verán extinguido su contratodespués de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado, que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía.>>

La Vara de Medir.

Cito el anterior artículo, porque en Andalucía hay políticos del P. P., partido que gobierna la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, que han falseado sus curriculums públicos (como se puede comprobar en Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas y Entes Públicos), apuntándose méritos  académicos inexistentes.

La reciente controversia en torno a la falsificación del currículum de una diputada del P.P. ha encendido un debate necesario sobre la relación entre mérito académico, integridad personal y legitimidad institucional. Desgraciadamente, no se trata únicamente de un caso aislado de vanidad o ambición desmedida, se trata, se quiera ver o no, de un agravio o insulto  al pactosocial implícito que otorga valor al esfuerzo, a la formación rigurosa y a la acreditación profesional como pilares de la vida pública.

A la vista de lo dicho, el Partido Popular debería revisar con urgencia si en los curriculums de sus cargos públicos en Andalucía existen casos de méritos académicos falseados, y, si es cierto, que se han apuntado en sus curriculums  publicitados en las Instituciones o Empresas que gobiernan méritos académicos falsos por acción u omisión por alguno de ellos, obrar con urgencia en el saneamiento de la vida pública andaluza, obligando a los falsarios a abandonar sus cargos públicos a los que han llegado atribuyéndose méritos académicos falsos.

La confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos, no permite, que los cargos públicos sean del partido que sea, mientan públicamente, apuntándose méritos académicos que no les pertenecen, pues si engañan o mienten por eso, es claro suponer, que mentirán también cuando les interese personalmente en el ejercicio de sus cargos indebidamente conseguidos.

La vara de medir no puede ser doble y servir solo en una dirección, la ejemplaridad de los cargos públicos exige la igualdad de todos los representantes de los ciudadanos, ya que, cuando fueron votados lo fueron por la confianza de los ciudadanos en ellos, de forma, que si mienten deben ser apartados de los cargos públicos que han usurpado con engaño.

Solo es posible una cosa, concretamente, aplicar a todos los casos la misma vara de medir.

N.BLos Enchufados PSOE sin titulación van a ser despedidos por la Junta de Andalucía, de manera, que ahora solo cabe esperar, que el P. P. aplique la misma norma con los cargos políticos con curriculums falseados de su partido, ya que, la Vara de Medir debe ser la misma ante la mentira y el engaño para devolver a la sociedad civil la confianza en las Instituciones Públicas.

Los políticos con currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P. en Andalucía, siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir gobernando si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política ante la falta de ética y honestidad es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 4 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Asociación Córdoba Abierta –ACOA-

Junta Directiva.

Curriculums falsificados – Manifiesto por la Verdad, la Ética y la Coherencia en la Política.

Desde la Asociación Córdoba Abierta –ACOA- hacemos este llamamiento Público en defensa de una política honesta, ética y coherente con el bien común, así:

A la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los representantes públicos:

Vivimos tiempos en los que la política necesita, más que nunca, recuperar la confianza de la gente corriente (de la Sociedad Civil), de quienes cumplen con sus obligaciones, estudian, trabajan, pagan impuestos y exigen, con razón, honestidad, ética y coherencia a quienes les representan.

En los últimos días, hemos visto cómo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, exigía públicamente que el portavoz del PSOE, Patxi López, acredite los “estudios de ingeniería industrial”, que figuran en su perfil oficial. Una petición legítima si se considera que la verdad en la vida pública no es negociable, porque es algo evidente, que esa exigencia debe aplicarse a todos, sin excepciones.

Por ello, y con el mismo criterio, pedimos que el PP actúe con idéntica firmeza y rigor respecto a sus propios cargos. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, figura con “estudios de Derecho” en su currículum oficial, sin acreditar si tiene o no el título. Es decir, exactamente la misma situación por la que el PP pide la dimisión de su adversario político Portavoz del PSOE.

*No pedimos dimisiones selectivas, sino igualdad.

Pedimos coherencia.

*No pedimos linchamientos políticos, sino ética y devolver la confianza de los ciudadanos en la instituciones.

Pedimos responsabilidad a todos por igual.

*No queremos más “y tú más”.

Queremos “y yo también”.

**Por todo ello, exigimos:

1.- Transparencia real y sin ambigüedades en los currículums de todos los cargos públicos, de cualquier partido.

2.- Una revisión voluntaria y pública de los perfiles académicos de los responsables políticos.

3.- La creación de un código ético común que obligue a acreditar la formación que se publica en webs oficiales o perfiles del Congreso, del Senada y de cualquier Institución Pública pagada por los ciudadanos.

4.- Que los partidos políticos actúen primero en casa antes de señalar a los de enfrente.

5.- Que el Congreso de los Diputados impulse una normativa clara y verificable sobre la presentación de méritos académicos.

**Porque la verdad no es patrimonio de ningún partido.

Es la base de la democracia.

**Porque la ética y la coherencia no debería algo extraordinario y raro, sino un deber mínimo de quien nos representa.

**Porque la ciudadanía no es tonta, y, ya no acepta excusas ni cinismo.

Nota Final. Hacemos este llamamiento público no desde una muralla política, sino desde la sociedad civil y desde la responsabilidad ciudadana. Para que la política deje de ser un espectáculo de hipocresías y vuelva a ser lo que debe ser:

“Una herramienta al servicio del bien común”.

Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 31 de julio de 2025.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-

Junta Directiva.

Aforamiento en diferido (el ejemplo perverso del no va más)

El  día 18 de agosto de 2020 colgué en este blog un artículo con el título de Un escudo desaforado (prevaricación administrativa, historia de un privilegio) hablando de los aforamiento políticos y decía, entre otras cosas, que es un hecho cierto, que resulta prácticamente imposible imputar con éxito a una autoridad y/o funcionario público, que dicta una resolución injusta con base al artículo 404 del Código Penal, ya que como he razonado, gozan de un escudo desaforado, siendo lo dicho la historia de un privilegio exorbitante.

La realidad ha demostrado que ese día me quedé corto en mi crítica a los aforamiento, ya que, el Caso del Diputado Sr. Gallardo (antes Presidente de la Diputación de Badajoz) ha batido todos los límites del aforamiento legítimo, al traspasar cualquier grado de la ética política, pues no solo se afora él en claro fraude de ley, sino que, además, afora posiblemente a todos los miembros encausados con él, lo que ya no es un simple privilegio sino un desafuero que destruye el -valor justicia constitucional- (art. 1.1. C. E.), al implicar la destrucción del principio de igualdad consagrado en el art. 14 de la C. E. de 1978.

Es una realidad preocupante y desgraciada, que España tiene el dudoso honor poder presumir de tener la plusmarca europea en aforamientos, ya que, seguramente, en nuestra piel de toro más de 250.000 personas poseen una protección jurídica privilegiada al estar aforados, que conlleva que en caso de ser juzgados lo sean por tribunales superiores en vez del ordinario que les correspondería.

La cifra de aforados de nuestro País comparada con otros países europeos produce sonrojo y mucha vergüenza, pues por ejemplo, Italia solo tiene uno y en Francia la cifra no llega a 20. 

Aunque el caso del Diputado Sr. Gallardo ha demostrado que siempre se puede empeorar, traspasando el aforamiento directo y yendo sin ética que valga al proceloso mundo de los aforamiento diferidos, lo que implica un paso más hacia la descomposición de la democracia y de nuestros derechos y libertades.

N.B. El aforamiento en diferido es el ejemplo perverso del no va más de la desigualdad y de la injusticia, y, el ejemplo vivo de como se está destruyendo nuestra democracia constitucional, que es el verdadero asunto, que nos debe preocupar a todos los que defendemos la libertad.

Se trata de un dislate increíble contra toda ley y equidad instalado en el mundo de la arbitrariedad, proscrita en el art. 9 de la C. E.

Córdoba, a 2 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.