Unos lectores me dicen que ellos son partidarios de lo público, pues dicen que la mayoría de los servicios públicos deben estar administrados por un poder de carácter público.
1º.- Para empezar les digo, que no me refiero nunca a servicios esenciales, como pueden ser el orden y la seguridad públicas, la defensa, las infraestructuras, las comunicaciones básicas, la justicia y, así, un largo se asuntos de interés general.
2º.- Dicho lo anterior, aclaro, que cualquier asunto administrado por un poder público, aunque suene a verdad de Perogrullo, lo que digo es que “lo que tiene que estar es bien administrado”, de forma, que se excluya cualquier abuso de poder, como pueden ser por ejemplo, realizar gastos superfluos e innecesarios, cargar de personal afín al poder político de turno, aumentar los gastos de personal de manera que se cree una plantilla de personal desproporcionada, y, en definitiva casos parecidos donde el dinero de todos se despilfarra en temas interesados e innecesarios.
3º.- Cuando digo, que el Sector Público está sobredimensionamiento es porque creo que para cumplir sus objetivos su estructura física y de personal está desequilibrada, pues, con casi seguridad con un 60% de los recursos bien gestionados los fines se alcanzarían igualmente, y, porque muchos gastos se dirigen a cosas inútiles, dejando de realizar inversiones necesarias sociales y económicas, de forma, que siempre se da prioridad a la que “llaman creación de empleo público”, sea o no sea necesario.
4º.- A la vez de todo lo dicho, es una realidad que se ve, que los poderes públicos en España crean a su alrededor una maraña de entes, empresas, asociaciones, fundaciones, observatorios, etc. etc., que suelen tener como características dominantes una carga de personal excesiva, un dominio de la contratación arbitrario, una falta de control relevante, y, en definitiva falta de transparencia y una opacidad excluyente.
5º.- Finalmente, es una realidad que en España existen en sus administraciones públicas (Gobierno Central, CC.AA., Corporaciones Locales y demás, Instituciones Públicas) una cantidad desconocida de entes paralelos incontrolados, que nadie conoce, ni siquiera la Hacienda Pública.
***Creo que con lo dicho he dejado centrada la cuestión, reiterando que no soy contrario a lo público sino a su mala administración en su más amplio sentido.
En España, para desgracia nuestra, no hay día que no aflore un abuso en el gasto público, que según las noticias va desde gastos de viajes fastuosos, apoderamiento del dinero público, contrataciones indebidas y contra ley de toda clase y color, gastos excesivos de personal sin control, algunos casos, según se ve de contratación de señoritas de acompañamiento completo, y, casi una lista interminable de despilfarro interesado del dinero de todos.
En mi opinión es una cosa patente, que la mayoría de los españoles si pudieran cortaría ese grifo infame, aunque, la realidad diaria demuestra que la aplicación de la ley no es igual para todos, de manera, que si un político de turno comete un abuso, máxime, si está aforado, la ley se le aplica a cámara lenta, a la vez que se rodea de asesores jurídicos, que muchas veces que pagamos todos los españoles, y, así, se crea un páramo de impunidad para vergüenza de todos.
Si el que comete el abuso es un ciudadano de a pie, la cosa cambia radicalmente, de forma, que se le juzga sin miramiento alguno y se le exigen las responsabilidades legales oportunas.
Queda claro, que la ley en España no es igual para todos ni se aplica de forma igual a todos, ya que, por un lado están los políticos varios y por otro los ciudadanos de a pie.
El poder judicial no está exento de responsabilidad, ya que, cuando existe un asunto que llamaremos político parece que cambian las reglas del juego desde la agilidad procesal al trato exquisito que se presta al político de turno.
Si alguien lo duda, que le ponga un pleito a una Administración Pública mínimamente relevante y verá que lo que sucede, que no es lo mismo, que le pasa a él cuando acude a pedir justicia a un órgano judicial.
Los políticos está demostrado, que ya no cumplen la ley ni por asomo, parapetándose sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables, de manera, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.
Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
Está clarísimo, que los que creemos en la igualdad y en la aplicación justa de la ley consagradas en la C. E. de 1978 estamos al otro lado de la carretera, de forma, que lo que establece la Constitución, **o salimos a defenderlo **o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.
(Nota. Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.).
***Es necesario un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social, económica y política inmediata, vamos directos a una situación de bancarrota con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.
La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa, nos someterán cautivos y callados.
La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que empezar conociendo la verdad y pasar a la autodefensa colectiva, es lo único que puede salvarnos de políticas de falsa equidad, que nos llevan a la ruina, y, que se justifican diciendo que defienden lo público, cuando es algo manifiesto que la realidad es abuso de lo público.
En eso estamos en ACOA.
N.B. Es una realidad perniciosa el sobredimensionamiento del sector público donde priman los gastos de personal y los Entes paralelos, mientras la inversión real está decreciendo día a día-
Si a lo dicho, añadimos que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.
Un adivinanza imposible: ¿Cuántos entes públicos desconocidos, incontrolados y absolutamente opacos existen en España?
Les pongo una exclamación que ya todos entendemos: Pues… ESO.
Por si faltara algo, en España ha nacido un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.
Córdoba, a 12 de marzo de 2025
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.